El documento describe las funciones y responsabilidades de un comité y su secretaría técnica relacionadas con los asentamientos humanos irregulares. El comité iniciará acciones penales contra traficantes de tierras e invasores, coordinará las instituciones del Estado involucradas, vigilará el cumplimiento de la política, emitirá normas técnicas y propondrá políticas públicas sobre prevención y control de asentamientos irregulares.