El documento establece un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estipula que deben cumplir la ley y proteger los derechos humanos, y que sólo pueden usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. También prohíbe la tortura y actos de corrupción, y requiere que protejan la salud de las personas bajo su custodia.