Este documento establece un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estipula que deben cumplir con la ley y proteger los derechos humanos. Solo pueden usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario y de forma proporcional. Prohíbe la tortura y asegura la protección de la salud de las personas bajo su custodia. También prohíbe la corrupción y requiere que informen sobre cualquier violación al código.