El documento resume que durante la dictadura militar en Argentina conocida como "El Proceso", el gobierno aplicó una política cultural y educativa acorde con su política represiva de terrorismo de estado. Se explicita que las propuestas educativas se basaron en un modelo económico neoclásico que trataba a las escuelas como empresas y medía la eficiencia por tasas de retorno. Además, el gobierno militar creó un grupo especial para controlar y censurar toda producción científica, cultural, política o artística.