Este documento presenta una introducción al módulo 2 sobre las raíces históricas de Chile en el siglo XX, enfocándose en el desarrollo económico y la justicia social. Explica que se analizarán los cambios experimentados por la sociedad chilena en los últimos 100 años, incluyendo el fin del parlamentarismo, el nuevo rol del estado en la economía, y los nuevos proyectos políticos y movimientos sociales de las décadas de 1960 y 1970.

1. HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
MÓDULO 2
Eje temático: Raíces históricas de Chile.
Unidad: El siglo XX: La búsqueda del desarrollo económico y de la
justicia social
Introducción
Tú formas parte de una generación de jóvenes que llegó al mundo en el siglo
pasado y eres uno de los millones de hombres y mujeres que fue testigo del
paso de un milenio a otro. Seguramente celebraste el último año nuevo del
siglo XX y traspasaste la barrera del año 2000 con todo lo que ello significó
para la humanidad.
El final de ese siglo XX nos marcó con profundas contradicciones. Por una
parte, la violencia aterradora de las Torres Gemelas cayendo ante la mirada
atónita de los millones de testigos que observaron cómo se destruía uno de los
símbolos económicos de una de las potencias más poderosas del mundo.
Desde el otro polo, has sido testigo de innumerables cambios tecnológicos, que
nos han permitido conectarnos con el mundo a través de una compleja red de
información, acercándonos a los demás habitantes de este planeta.
El siglo XX fue un siglo de cambios y de transformaciones cuya justa
profundidad seguramente todavía no medimos.
Nuestro país, miembro de la comunidad internacional, también experimentó
radicales cambios durante el siglo pasado. ¿Te has preguntado alguna vez
cuáles fueron los cambios que experimentó tu familia en el ámbito de la vida
cotidiana durante el siglo XX?, ¿cómo cambiaron nuestras costumbres sociales
e individuales, los roles de hombres y mujeres?
La televisión, el cine, la radio, son creaciones que se integraron a nuestras
vidas durante los últimos 50 años y que cambiaron todas nuestras formas
iniciales de ver y entender el mundo.
En esta unidad revisaremos cómo cambió la sociedad chilena durante los
últimos 100 años y cómo nos estamos preparando para enfrentar el
bicentenario de nuestra independencia nacional.
¿Qué tenemos que celebrar? ¿Qué cosas crees tú que debemos recordar en las
puertas de nuestro segundo siglo de independencia? ¿Qué elementos del siglo
XX crees que debemos rescatar como logros? ¿Qué experiencias históricas no
debemos repetir?
Desde el punto de vista temporal, a través de esta unidad estudiarás el siglo
XX, y desde el punto de vista temático, deberás estudiar una serie de grandes
temas históricos.
El primero corresponde al fin de la época parlamentaria y el surgimiento de
nuevos proyectos políticos y sociales. A ello se agrega el desarrollo de nuevos
sectores sociales, como la clase media y el proletariado, organizados
políticamente. Dentro de este punto se integran las profundas
transformaciones económicas provocadas por la crisis del „29 y la caída de la
producción salitrera.
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2. Es importante que revises los cambios experimentados por el sistema liberal a
propósito de los sucesos del „29, y las repercusiones que tuvo en Chile dicha
crisis.
En segundo lugar, deberás estudiar el nuevo rol del Estado dentro del sistema
económico nacional, función que aparecerá luego de la profunda crisis
económica mundial de 1929. Este nuevo enfoque tiene que ver con el concepto
de “Estado benefactor” e industrializado que promoverá el desarrollo social de
nuestro país.
En tercer lugar, deberás conocer los nuevos proyectos políticos instalados en el
contexto político nacional, que comienzan en la década de 1920 y que
terminaron con la reformulación partidista, experimentada entre los años
1950-1960 (creación de nuevos partidos y alianzas políticas). A ello se agregan
las conquistas políticas y sociales de las mujeres, expresadas en la ampliación
del sufragio en el sistema electoral chileno.
En el cuarto punto de este eje temático revisaremos los profundos cambios que
significó la década de los años „60 y „70 en nuestro país. Ello significa que
deberás conocer y analizar los nuevos proyectos de país que se pusieron en
marcha en aquellos dinámicos tiempos: el movimiento estudiantil, las
transformaciones sociales y estéticas, las expresiones culturales juveniles.
Por último, cerraremos esta unidad con el gobierno militar y la transición a la
democracia, llegando hasta nuestros días.
Fin del parlamentarismo
Las elecciones presidenciales de 1920 inauguraron un nuevo estilo de hacer
política. El discurso y el programa de Alessandri representaban los deseos de
cambio a los cuales aspiraba la población.
Durante las dos primeras décadas del siglo XX surgieron nuevos actores
políticos: intelectuales de izquierda, estudiantes, obreros y junto a ellos los
militares, quienes tuvieron una activa participación en la vida política del país.
Este gobierno, el de Arturo Alessandri, marcó el fin del período
parlamentario
Evolución política de la década de 1920 – La campaña electoral de
Arturo Alessandri
La candidatura de Alessandri marca un cambio notable en el estilo de hacer
política en Chile. Se llevó adelante una campaña en una forma no vista hasta
entonces. Con un estilo demagógico y sentimental, Arturo Alessandri supo
atraer a importantes masas de adherentes. Si bien su programa no se
diferenciaba sustancialmente del de su contendor, Luis Barros Borgoño,
Alessandri llegó a representar la renovación frente a una política continuista.
Los discursos apasionados y llenos de promesas de Alessandri hicieron que el
pueblo se volcara a las calles, pero algunos sectores de obreros organizados
tuvieron posiciones diferentes. Mientras los anarquistas llamaron a los
trabajadores a no dejarse engañar por estas promesas, los socialistas
pensaron que democratizar el sistema era una buena oportunidad para
disminuir la represión y ganar mayor libertad. El Partido Obrero Socialista, más
tarde Partido Comunista, propuso a Luis Emilio Recabarren como su candidato
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3. presidencial.
Alessandri no logró obtener una victoria directa en las urnas, por lo que el
Tribunal de Honor debió decidir su elección. Para muchos, la elección de
Alessandri representaba una nueva oportunidad de regeneración de la política
chilen. Sin embargo, la magnitud de la crisis hacía particularmente evidente la
posibilidad de un nuevo fracaso. La economía se venía debilitando desde el
inicio de la crisis del salitre, provocada por la pérdida de los mercados
internacionales.
La cesantía crecía y las protestas y movimientos sociales se multiplicaban. Los
grupos sociales afectados no eran solamente los trabajadores de la minería,
sino también los de otras actividades económicas y la incipiente clase media.
Alessandri creía que la solución a la crisis política pasaba por una serie de
reformas constitucionales que restituyeran sus poderes al Presidente.
Así lo planteó en su mensaje a la nación de 1921 y lo reiteró en 1923,
planteando ahora una modificación de las prácticas parlamentarias y la
supresión de las facultades políticas del Senado.
Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la solución estaba en romper la
divergencia entre el Senado y la Cámara de Diputados. Por ello, a finales de
1923, inició una gira por el país que anunciaba una activa intervención
electoral. En las elecciones de marzo de 1923, Alessandri estaba convencido de
contar con un gran apoyo popular. Parte de su confianza estaba suscrita por el
amplio respaldo que habían recibido una serie de iniciativas referentes a leyes
sociales, reformas de la Constitución y una modernización de la economía a
través de la creación de un Banco Central.
Pero un aspecto que despertó particular desconfianza y generó airados
reclamos de los opositores fue su acercamiento a las Fuerzas Armadas.
Durante su gira, uno de los sitios visitados con mayor frecuencia fueron los
cuarteles. Allí, Alessandri se quejó de los graves impedimentos que se
colocaban a su programa de reformas, a sus ideas y a su aparente consonancia
con las inquietudes que ciertos grupos de oficiales demostraban. De hecho, la
prensa opositora representada por El Mercurio, denunciaba que en las
elecciones había existido una clara intervención electoral de las Fuerzas
Armadas en favor de los candidatos oficialistas.
El juego en que se había embarcado Alessandri era particularmente peligroso.
Las Fuerzas Armadas no necesitaban que el Presidente fuera a hablarles de los
problemas del país. Desde la década de 1910 se venía notando al interior de
los cuarteles un clima de creciente efervescencia. Particularmente preocupaban
a la joven oficialidad la mala calidad del contingente, la falta de equipamiento
y, lo peor, un aparente desinterés de la clase política por los problemas
militares. Todo ello se veía agravado por una inquietud frente a vecinos
hostiles y problemas limítrofes no resueltos.
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4. El movimiento militar de 1924
En agosto de 1924, Alessandri envió al Congreso una ley de reajuste de
sueldos del Ejército que fue rechazada, aduciendo la inexistencia de fondos
para cubrirla. Además, en forma inexplicable, aplazó una vez más la discusión
de leyes sobre escalafón y ascensos. Sin embargo, el Congreso inició
simultáneamente la discusión de la implantación de una dieta parlamentaria
bajo la forma de una indemnización. Si bien la iniciativa aseguraba la
posibilidad de una democratización del Congreso, el momento no podía ser
más inoportuno. La prensa atacó sin tregua a sus promotores y la Unión
Nacional los acusó de contrarios a los intereses de la nación. A pesar de todo,
el 2 de septiembre de 1924 se inició la discusión de este proyecto en
particular.
Una nota que provocó inquietud fue la presencia de un nutrido número de
oficiales de baja graduación en las tribunas, que expresaban airadamente su
repudio a los parlamentarios que apoyaban la iniciativa de la dieta. Al día
siguiente, volvieron a las tribunas y al ser interpelados por el vicepresidente de
la Cámara, abandonaron el lugar haciendo sonar sus sables por las
escalinatas,(hecho conocido como el “ruido de sables”). La prensa del día 4 de
septiembre anunciaba los hechos con grandes titulares.
La manifestación de los jóvenes oficiales no había terminado allí. Reunidos en
el Club Militar, se veía claramente que los hechos tomaban las características
de un verdadero pronunciamiento. Alessandri optó por aceptar dialogar con un
grupo de representantes. Informados los oficiales, decidieron redactar un
documento y organizarse en la forma de un Comité Militar.
Los oficiales hicieron ver a Alessandri que las Fuerzas Armadas no recibían la
debida atención de parte de los poderes públicos. Le señalaron que mientras
consumían precioso tiempo en discusiones estériles, el país se encontraba
sumido en una profunda crisis. De inmediato Alessandri se dio cuenta de la
magnitud del movimiento y que sus peticiones eran más propias de un
movimiento político que de uno gremial. Por ello aceptó la mayor parte de
estas peticiones, salvo la renuncia de su gabinete. Sin embargo, ante la
magnitud de los acontecimientos, éste renunció de todas formas. El General
Luis Altamirano fue designado Ministro del Interior e inmediatamente fue
convocado el Congreso para aprobar las reformas que el comité había
solicitado. El 8 de septiembre, en una breve sesión, fueron aprobados todos los
proyectos de ley pendientes. Dentro de ellos, los más trascendentes fueron las
llamadas “leyes sociales”, que señalamos a continuación:
• Ley 4053: sobre contratos de trabajo, fijaba la jornada en ocho horas,
limitaba el trabajo de mujeres y niños y creaba la Inspección del
Trabajo.
• Ley 4054: establecía el seguro obligatorio para todos los obreros contra
accidentes, enfermedades e invalidez. Creaba un fondo común que sería
formado con aportes del obrero, el patrón y el Estado.
• Ley 4055: sobre accidentes del trabajo. Estableció la doctrina integral
del riesgo profesional, se equipararon las enfermedades profesionales a
los accidentes laborales y se estableció la responsabilidad del patrón en
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5. el mantenimiento de medidas de seguridad.
• Ley 4056: se establecieron los tribunales de conciliación y arbitraje para
los conflictos laborales.
• Ley 4057: sobre organización sindical. Establecía los sindicatos
industriales y profesionales. Adoptaba para los primeros la participación
en los beneficios.
• Ley 4058: establecía las sociedades cooperativas de trabajadores.
• Ley 4059: reconocía el derecho de libre asociación, el período anual
obligatorio, la gratificación, y creaba la Caja de Empleados Particulares.
Alessandri creyó que con la satisfacción de las necesidades expresadas por los
militares el movimiento se iba a terminar. Sin embargo, los jóvenes oficiales se
negaron a disolver el Comité Militar e informaron al Presidente que
continuarían en funciones hasta “lograr la depuración política y administrativa
del país”. Ante la evidente pérdida de control, Alessandri decidió renunciar y
solicitar al Congreso permiso para salir del país. El comité transformado ahora
en Junta Militar, solicitó a Alessandri que retirara su renuncia y que solamente
pidiera permiso para salir. Alessandri rechazó semejante trato, ya que
implicaba someterse a la autoridad de los militares. El 9 de septiembre pedía
asilo en la Embajada de Estados Unidos. El Congreso se negó a aceptar su
renuncia y en cambio lo autorizó a salir del país, asumiendo el poder efectivo
el General Luis Altamirano. El 11 de septiembre de 1924 se instalaba una
Junta de Gobierno, integrada por los generales Altamirano y Juan Pablo Bennet
y el almirante Francisco Nef. Una de las primeras medidas que tomó esta junta
fue la de disolver el Congreso.
Para nadie fue un misterio que, desde su nacimiento, el nuevo gobierno se
identificara con la Unión Nacional. Por ello, pronto surgieron tensiones con la
Junta Militar, que veía que los principios del movimiento de septiembre
estaban siendo traicionados. Jóvenes oficiales que integraban esta última
instancia comenzaron a acusar a la junta de gobierno de reaccionaria y de no
cumplir los compromisos contraídos con el pueblo.
Un clima de creciente tensión se hizo presente en enero de 1925. Entre ciertos
círculos militares se hacían cotidianas las críticas a Altamirano y se pensaba
seriamente en solicitar a Alessandri que regresara al país. El 23 de enero de
1925, en una acción concertada, miembros de los principales regimientos de
Santiago rodearon La Moneda y apresaron a los miembros de la Junta de
Gobierno, luego de una tensa situación en la que ejército y armada estuvieron
a punto de enfrentarse. El 27 de enero se formó una nueva Junta de Gobierno
encabezada por Emilio Bello Codesido e integrada por Pedro Pablo Dartnell y
Carlos Ward. Inmediatamente se pusieron en contacto con Alessandri,
solicitándole que regresara al país, pero con la condición de llevar adelante una
completa reforma constitucional.
Habiendo retornado en marzo de 1925, Alessandri comenzó de inmediato a
buscar los medios para llevar adelante la reforma constitucional. Finalmente, el
30 de agosto, en un plebiscito que fue calificado de “excepcional” por sus
contemporáneos, se aprobaba la nueva Constitución. Entre sus aspectos más
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6. importantes conviene destacar:
1) Se suprimió la atribución del Congreso de dictar periódicamente las
leyes que autorizaban el cobro de las contribuciones y para mantener
en pie a las Fuerzas Armadas. A partir de ahora serían leyes de
carácter permanente.
2) Para la tramitación de la ley de presupuesto se fijó un plazo perentorio
al Congreso.
3) El período presidencial fue fijado en seis años no reelegible
inmediatamente.
4) Se entregó el control de las elecciones a un organismo llamado
Tribunal Calificador de Elecciones.
5) Los ministros serían de la exclusiva confianza del Presidente de la
República.
6) Se establecía un rol activo del Estado en la sociedad, al entregársele el
rol de garante de la protección del trabajo, la seguridad social y la
equitativa distribución de la riqueza. Y, además, tenía tuición sobre el
derecho de propiedad, ya que debía estar sujeto a los intereses del
bien común.
7) Declaraba la separación Iglesia-Estado, estableciendo el carácter laico
de éste y la plena libertad de culto, terminando de esta manera con el
conflicto laico religioso que había marcado gran parte del siglo XIX y
principios del XX..
Fin del ciclo salitrero
Durante la década de 1920 se produjo un significativo proceso de
transformación en el quehacer económico del país, pues mientras caía
vertiginosamente la explotación del salitre, comenzaba a adquirir importancia
la producción del cobre.
La industria salitrera se había convertido en un enclave foráneo aislado del
resto de la economía y de la sociedad chilena en general. Su aporte real para
la economía nacional era escaso, ya que esta riqueza permanecía en manos de
un pequeño sector oligárquico que malgastó sus recursos en artículos
suntuarios y amplió, de manera innecesaria, la administración pública.
A partir de 1915, el precio del salitre disminuyó debido a la introducción en los
mercados internacionales del salitre sintético y, como era de esperarse, el
aporte de la explotación del salitre al presupuesto del Estado también
disminuyó: 60% en 1915; 24% en 1919, y 17% en 1927.
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7. El ciclo del cobre
La explotación de este recurso natural pasó por diferentes etapas. Estuvo
presente desde la Colonia, pero adquirió una mayor significación en la segunda
década del siglo XX, simultáneamente con la disminución de la importancia del
salitre.
Con la explotación del cobre, la hegemonía inglesa cedió su lugar a la
hegemonía norteamericana, ya que en este período la producción de cobre
recibió un fuerte impulso de capitales provenientes de Estados Unidos.
Los dos principales yacimientos de cobre chilenos estuvieron ligados desde sus
inicios a capitales norteamericanos. La Braden Copper Company surgió por
iniciativa de la Americans William Braden and Barton Sewell, que adquirió la
mina El Teniente en 1904. Esta sociedad construyó una línea de ferrocarril de
70 kilómetros de extensión, que unió a Sewell con Rancagua. En 1915 El
Teniente fue adquirida, casi en su totalidad, por la Kennecott Copper
Corporation.
La Chile Exploration Company, formada por la familia Guggenheim, se hizo
cargo de Chuquicamata, que comenzó sus actividades en 1910. Luego de 14
años de explotación de este mineral, los Guggenheim decidieron vender la
compañía a la Anaconda Copper Company, también norteamericana, que tenía
a su cargo la administración de Potrerillos desde 1905. La empresa Andes
Copper Mining Co., inició en 1916 la explotación de una tercera mina:
Potrerillos, que se agotó en 1959 y fue reemplazada por El Salvador.
Debido a esto, la minería del cobre recobró importancia en Chile y en 1945
constituía el 22% de la producción mundial. Siendo el cobre un mineral
estratégico, durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos comenzó a
fijar su precio de manera artificial: once centavos de dólar la libra, precio
mucho más bajo que el obtenido por el cobre que se producía en los Estados
Unidos. Esta medida significó para nuestro país contribuir con una guerra con
la cual no mantenía ninguna relación de obligación, ni por el derecho interno ni
por el derecho internacional, produciéndose así un estancamiento, de manera
que en 1966 Chile representaba solamente el 13% de la producción mundial.
El Tratado de Washington de 1951 aumentó el precio de este metal a 27,5
centavos de dólar la libra y el gobierno de Chile obtuvo la franquicia de colocar
en el mercado el 20% de todo el cobre obtenido en el país al precio del
mercado mundial.
El gobierno de Chile, tratando de hacer más racional la relación entre el Estado
y la industria del cobre, dio lugar a la Ley del Nuevo Trato 11.828, que entregó
mayor injerencia al gobierno en el control de la producción y la venta del cobre.
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8. Período 1927-1932 – Crisis de 1929
El país estrenaba una nueva constitución donde el Estado se comprometía a
velar por la protección del trabajo, la industria y la previsión social,
reconociendo a cada chileno y chilena un bienestar mínimo en los temas
habitacionales y en los ligados a satisfacer sus necesidades personales y
familiares.
Luego de promulgada la Constitución de 1925 los problemas de Alessandri no
terminaron, lo que lo indujo a renunciar por segunda vez antes de terminar su
mandato. Se iniciaba así un breve período en que la pugna de poder entre
Alessandri e Ibáñez introdujo al país en la inestabilidad política marcada por
varios cuartelazos militares.
Una nueva elección llevó al poder a Emiliano Figueroa, mientras Ibáñez
continuó como Ministro de Guerra y luego como Ministro del Interior,
representando el papel de hombre fuerte del gobierno. Estas disputas de poder
llevaron a la renuncia de Emiliano Figueroa, proceso que culminó con la
consolidación del poder de Ibáñez quien fue elegido presidente en 1927.
Los años del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo coinciden con un momento
de gran prosperidad y, a la vez, con una crisis de una magnitud nunca vista.
Cuando Ibáñez asumió su nuevo cargo, una de las tareas fundamentales que
se propuso fue dotar a Chile de una infraestructura estatal y económica que
posibilitara un rápido desarrollo. Algunos aportes se habían hecho ya en 1925,
cuando el gobierno de Arturo Alessandri consiguió imponer la idea de la
creación de un Banco Central, una de las propuestas principales de la Misión
Kemerer que había sido contratada para estudiar medidas de corrección de la
economía.
El gran mentor de los cambios económicos impulsados por Ibáñez fue el
ministro de fomento, Pablo Ramírez. Este pensaba que el Estado debía asumir
un rol protagónico en el desarrollo económico; pero era necesaria, además,
una planificación que permitiera orientar los recursos a aquellas áreas que
potencialmente tenían mayores expectativas. Por ello, antes de iniciar cualquier
proceso de transformación económica, era necesario racionalizar la
administración pública.
Como consecuencia, una de las áreas de mayor crecimiento fue el aparato
estatal orientado al fomento económico. El Estado, en la perspectiva del
gobierno, debía encabezar un gran proceso de industrialización. Por ello,
aparte de la creación de una gran cantidad de organismos de fomento, se
aplicaron una serie de políticas proteccionistas y de promoción de la inversión
extranjera.
Instituciones creadas en el período: Contraloría General de la República,
Cuerpo de Carabineros, Fuerza Aérea, Línea Aérea Nacional, Servicio de Minas
del Estado, Caja de Crédito Agrario, Caja de Crédito Carbonífero, Instituto de
Crédito Industrial, Caja de Colonización Agrícola.
La expansión económica requería recursos y ellos fueron proveídos desde el
extranjero, fundamentalmente a través de la obtención de créditos a bajo
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9. interés. De esta forma se fue creando una dependencia financiera que
tendría a corto plazo efectos devastadores. Fundamentalmente se invirtió en
obras públicas orientadas a dotar al país de una importante
infraestructura de comunicaciones. Esto lo podemos ver en el siguiente
cuadro de las inversiones realizadas el año 1928, uno de los mejores de la
década:
INVERSIONES DEL ESTADO EN OBRAS PÚBLICAS EN
1928
Rubro Monto (Millones de $)
Ferrocarriles 183
Tranques 161
Obras portuarias 327
Agua potable 124
Edificios públicos 400
Fomento industrial 29
Fondo carretero 95
Otros y pérdidas en emisiones 258
Total 1577
La extraordinaria dependencia financiera que había contraído Chile hizo que
fuera muy vulnerable a cualquier crisis económica que pudiera producirse en el
mundo. Así, el 29 de octubre de 1929 se produce la caída de la Bolsa de Nueva
York, generando una de las mayores crisis económicas de la historia. La
contracción monetaria que se produjo trajo como consecuencia una inmediata
deflación y una caída de los precios de las materias básicas en los mercados. El
mercado comprador se encontraba prácticamente paralizado y el precio exterior
se contrajo a niveles nunca vistos. En los países industrializados gran cantidad
de bancos quebraron y la industria se paralizó. La crisis se había extendido de
Estados Unidos a Europa y luego al resto del mundo.
Frente a esta situación de crisis a nivel mundial, donde la única cifra que subía
era la del desempleo, el comercio mundial disminuyó en un 60% en cuatro
años (1929-1932), los Estados empezaron a levantar barreras para proteger a
sus mercados nacionales y sus monedas.
La Gran Depresión desterró al liberalismo durante medio siglo y obligó a los
gobiernos occidentales a darle mayor prioridad a los aspectos sociales en la
formulación de sus políticas, pues de lo contrario se corría el riesgo de la
radicalización de la izquierda o de la derecha, como lo demostró Alemania
(Hobsbawm, Eric: Historia del Siglo XX).
Los gobiernos se ocuparon de proteger la agricultura frente a la competencia
extranjera por medio de fuertes impuestos; subvencionaron esta actividad
garantizando los precios al productor, compraron los excedentes e incluso
pagaron a los agricultores para que no produjeran.
El objetivo principal de los gobiernos en este período fue tratar de reducir al
máximo el desempleo. Este objetivo tuvo, además, el apoyo de economistas de
la época, como fue el caso de John Maynard Keynes (1883-1946), que
consideraba la necesidad de eliminar el desempleo por razones económicas y
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10. políticas. Escribió una dura crítica a la Conferencia de Versalles afirmando que
si no se reconstruía la economía de Alemania sería imposible restaurar una
civilización y una economía liberal estables en Europa.
En este contexto internacional, Chile, que no podía escapar a las graves
consecuencias de esta crisis como país monoproductor –de hecho, el precio del
salitre experimentó una caída en los mercados mundiales de un 95%-, realizó
desesperados intentos por controlar los gastos fiscales. Solamente en la
minería se calcula que los niveles de desocupación llegaron a los 60.000
obreros cesantes en el norte salitrero. Santiago fue prácticamente invadido por
los obreros que huían de las oficinas paradas, vagando por las calles y
generando un clima de creciente inseguridad.
Evolución política: período 1932-1952
Los años de recuperación
Como ya señalamos, en 1929 se produjo una grave crisis económica a nivel
mundial que repercutió en nuestro país en la medida en que nuestras riquezas
básicas eran compradas por potencias como Estados Unidos. Ello implicó una
baja en las ventas de las riquezas básicas, lo que hizo entrar a toda la
economía nacional en una aguda crisis que revivió la inestabilidad de la década
anterior. Para hacer frente a esta situación, Ibáñez tomó una serie de
decisiones de rasgos dictatoriales: las detenciones, relegaciones, exilios y
limitación de libertades civiles fueron la tónica de los primeros años de su
administración .
Desde la presidencia se dirigieron críticas a los partidos políticos y a los
políticos en general, lo que produjo que la oposición a Ibáñez creciera
lentamente.
De forma paralela se hacían sentir los coletazos de la crisis económica en todos
los sectores de la economía nacional, agudizándose las protestas en contra del
gobierno, que entró en una escalada crítica. Esta situación haría renunciar a
Ibáñez a la presidencia en Julio de 1931.
A partir de la renuncia de Ibáñez el ambiente político recuperaba su ya
permanente inestabilidad y el 4 de Octubre de 1931 se convocó a elecciones
presidenciales. Se presentaron como candidatos Arturo Alessandri Palma,
Manuel Hidalgo (socialista), Elías Lafferte (comunista) y Juan Esteban Montero
(Radical), quien triunfó con el 63.8% de los sufragios.
El gobierno de Montero se iniciaba en medio de un caos económico,
caracterizado por el alza permanente del costo de la vida. Rápidamente
comenzaron a organizarse desde la oposición intentos por derrocar al gobierno.
Dentro de la oposición, el sector más fuerte era dirigido por tres hombres de
tendencia socialista: Marmaduke Grove, Eugenio Matte Hurtado y Carlos
Dávila, quienes dieron un golpe de Estado y terminaon con el gobierno de
Montero, instaurando lo que se denominó la Repúbliuca Socialista. Dentro de
su programa proponían organizar las fuerzas productoras bajo el control del
Estado. Se llevaron a cabo una serie de medidas con el objeto de recuperar
al país de la aguda crisis económica que experimentaba: se entregaron
maquinarias y herramientas, se otorgaron créditos a pequeños industriales y
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11. comerciantes para que pudiesen pagar sus obligaciones no canceladas, se
entregaron raciones alimenticias, etc. Estas medidas, pese a su popularidad, no
cambiaron el contexto y, desde la oposición, así como desde el interior de esta
Junta de Gobierno, seguían las presiones.
Carlos Dávila tenía serias diferencias con Marmaduke Grove, lo que culminó en
un nuevo Golpe de Estado dirigido por Dávila, dando término al efímero
gobierno anterior.
En un mes se volvieron a decretar medidas como el toque de queda y la
censura en los medios de comunicación. Luego de un breve período Carlos
Dávila renunció, quedando en la presidencia el general Bartolomé Blanche. Sin
embargo, los militares habían caído en el descrédito popular y las calles
volvieron a ser testigos de movilizaciones sociales que exigían un gobierno
civil. Las presiones obligaron al gobierno a convocar a elecciones. Blanche
entregó el poder al presidente de la Corte Suprema Abraham Oyanedel, quien
presidió el acto eleccionario que dio por resultado el triunfo de Arturo
Alessandri, que había regresado desde su exilio inmediatamente caído Ibáñez.
Al asumir Alessandri el poder, el país se debatía en una crisis de una magnitud
desconocida. A los graves problemas económicos se sumaban los políticos. Una
necesidad urgente era la de restituir el orden institucional y terminar con la
efervescencia militar, para luego acometer la recuperación económica.
Alessandri hizo un uso extensivo de las atribuciones que la constitución le
entregaba, apelando al estado de sitio cada vez que lo estimó necesario.
Igualmente alentó el desarrollo del movimiento civilista y particularmente de la
llamada Milicia Republicana. Esta organización había nacido en Santiago el año
1932, integrada por jóvenes profesionales, en su mayoría de derecha.
Adoptando una forma paramilitar, sus miembros habían jurado defender el
régimen republicano con las armas. Alessandri los alentó incluso a riesgo de
ganarse la antipatía de diversos sectores políticos. La máxima expresión de la
fuerza de la milicia fue el desfile de mediados de 1933, en que 20.000
hombres pasaron frente a La Moneda, siendo felicitados por Alessandri.
Al interior del Ejército, entretanto, iba surgiendo una doctrina llamada
“constitucionalista”, que señalaba que las Fuerzas Armadas eran, por
definición, subordinadas y obedientes del poder civil y no debían intervenir bajo
ninguna causa en política.
Mientras el Ministro de Hacienda Gustavo Ross se preocupaba de reconstruir la
economía, los diversos sectores políticos buscaban reorganizarse.
Nuevos actores se sumaron a los antiguos partidos políticos. En la izquierda,
en junio de 1933 nacía el Partido Socialista, encabezado por Marmaduke
Grove. Este nuevo conglomerado se planteaba como una opción socialista de
carácter no marxista, que aspiraba a tomar el poder por la vía constitucional.
Mientras tanto, en la derecha, la Juventud del Partido Conservador comenzaba
a ser impregnada por el creciente interés de los sectores católicos en los
problemas sociales. Específicamente la Encíclica Quadragesimo Anno (1931)
y los escritos de Jacques Maritain hicieron que en 1935 se formara la Falange
Nacional, liderada por Eduardo Frei y que sería el antecedente directo de la
Democracia Cristiana. En la izquierda, el Partido Comunista en su Congreso de
1933 asumía definitivamente la vía estalinista y se sumaba a los partidos
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12. comunistas que eran controlados desde Moscú.
El gran suceso político de la década fue sin duda la formación del Frente
Popular. En 1934 cambia la estrategia del comunismo mundial. Ante el
avance aparentemente avasallador de los fascismos en el mundo, la dirección
de la Tercera Internacional decidió buscar acuerdos con los partidos definidos
como burgueses o socialdemócratas para la formación de Frentes Populares
contra el fascismo.
En Chile, ese mismo año, se forma al interior del Congreso el llamado Bloc
Parlamentario de Izquierda, integrado por socialistas, radical-socialistas y
trotskistas. Su principal tarea, según ellos mismos lo señalan, será la de
impedir la política de expoliación de la clase trabajadora, en directa alusión a la
política económica de ajuste implementada por el gobierno. Si bien su fuerza
era bastante relativa, bastaba para demostrar la clara diferenciación entre el
gobierno y una oposición de izquierda cada vez más organizada.
En febrero de 1936, luego de que el Partido Comunista hiciera público su
abandono de la vía violenta para la toma de poder, fue invitado a integrar el
Bloc. Sin embargo, el Partido Radical permanecía renuente a integrarse. Pero
fue el gobierno, con la extraordinaria represión desatada contra la huelga
ferroviaria que se realizó ese mismo mes, el que empujó al radicalismo a
integrarse a las fuerzas de izquierda. En abril de 1936, el Partido Socialista, el
Partido Comunista y el Partido Radical declaran oficialmente organizado el
Frente Popular.
El nuevo papel del Estado: empresario y de bienestar
El modelo económico de sustitución de importaciones
La crisis del 29 dejó al descubierto la vulnerabilidad del modelo económico de
América Latina, que se centraba en la exportación de materias primas y en la
importación de productos manufacturados. El cierre de los mercados europeos
destruyó la estrategia económica llamada “desarrollo hacia afuera”, que hasta
ese momento había permitido el crecimiento y la estabilidad de los países de
este continente.
Para resolver esta aguda crisis surgió la idea de la industrialización, tomando
las medidas proteccionistas que ya se estaban aplicando tanto en Estados
Unidos como en Europa, con el objetivo de lograr una mayor independencia
económica. Se pensaba que la producción de bienes industriales, agrícolas y
minerales permitiría a las economías latinoamericanas ser más autosuficientes
y menos vulnerables a las crisis económicas internacionales.
Los coletazos de la crisis del „29 hicieron pensar en la necesidad de que el
Estado tuviese una mayor ingerencia en la economía nacional. El triunfo del
Frente Popular fue decisivo para implementar este nuevo modelo de desarrollo,
donde el Estado actuó como motor de un proceso de industrialización que
buscaba sustituir las importaciones a través de una estrategia técnico-
económica que permitiera a la población mejorar sus niveles de vida y
disminuir los altos índices de cesantía. La idea era implementar nuevas
industrias para elevar el consumo interno e intentar ser más autónomos
respecto de los mercados internacionales. Este desafío se llevó a cabo
ampliando los créditos entregados por el Estado y estableciendo una legislación
12

13. que los regulara. Se controlaron los bienes que podían ingresar al país y los
que se podían importar, desarrollándose una estrategia que buscaba acrecentar
los ingresos del Estado. Por otra parte, se adoptaron medidas tendientes a la
regulación de los precios para así proteger a los sectores más pobres.
Aparecieron empresas mixtas donde el Estado se asoció con particulares
en la búsqueda de apertura de nuevas actividades económicas.
En definitiva, el Estado actuó a modo de empresario realizando obras de gran
envergadura como electrificación, construcción de fundiciones, mejoramiento
de caminos, etc.
En 1939 se creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO),
cuyo objetivo era justamente fomentar la producción para elevar el nivel de
vida de la población aprovechando los recursos naturales del país, y
procurar la disminución de los costos de producción, además de lograr la
satisfacción de las diferentes necesidades de las regiones del país.
Con esta iniciativa del Estado de tener un rol activo en la economía nacional,
se crearon importantes proyectos gestionados por CORFO, tales como: la
Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (Endesa), que, además de crear
centrales eléctricas e hidroeléctricas, se ocupó de desarrollar un plan para la
búsqueda de yacimientos petrolíferos, naciendo de esta manera la ENAP, la
Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) y la Industria Azucarera Nacional,
S.A. (IANSA).
Durante la década de 1940, Chile quedó definitivamente en calidad de país
dependiente de Estados Unidos. Por una parte, como consecuencia de la
Segunda Guerra Mundial y, por otra, debido a los sustanciosos créditos que
fueron entregados a Chile. Así, Estados Unidos se transformó en el principal
socio comercial de nuestro país.
El esfuerzo de desarrollo de los gobiernos radicales impulsados a través de la
CORFO, tuvo un talón de Aquiles en el grave problema inflacionario y el
abandono del campo chileno.
Durante toda la década de 1940 la inflación fue constantemente alta,
particularmente en 1947. Sin embargo, los intentos del gobierno por estabilizar
la inflación resultaron al final un fracaso, incidiendo directamente en el poder
adquisitivo de los trabajadores.
La necesidad de una acción transparente por parte del gobierno, de una
administración pública que estuviera ajena a las rivalidades partidistas y el
anhelo de solución a los problemas económicos y a las diferencias sociales
llevaron al electorado a apoyar la candidatura del Carlos Ibáñez del Campo,
quien en 1952 llegó a la Presidencia con una votación del 46.8%.
A pesar de las esperanzas puestas en el nuevo mandatario, la situación no
tuvo mayores cambios y, hacia fines del decenio, el país siguió enfrentando los
mismos problemas.
Mientras se sucedían los presidentes, la sociedad en su conjunto fue
experimentando una serie de cambios: como consecuencia de la mayor
ingerencia del Estado en la economía y con la necesidad de personal calificado
que las nuevas instituciones creadas requieren, se produce un importante
afianzamiento de la clase media, sector que se había visto beneficiado con las
políticas laborales implementadas por los gobiernos radicales desde la década
13

14. del 30.
La actividad fabril que se llevó a cabo en este período atrajo mano de obra de
origen rural y también a gran cantidad de trabajadores provenientes del norte,
luego de la crisis de las salitreras. Grandes contingentes se concentraron en las
ciudades, donde experimentaron condiciones precarias de vida, escasez de
viviendas, insalubridad, ausencia de asistencia sanitaria, cesantía, hambre y
marginalidad. Esta crítica situación hizo que sectores pudientes de la sociedad
y jóvenes católicos los apoyaran con instituciones benéficas como el Ropero del
Pueblo.
En cambio, aquellos trabajadores que se insertaron en el sistema laboral
pudieron acceder a diferentes beneficios y se organizaron para defender sus
intereses en sindicatos y organizaciones obreras. Por el contrario, los
campesinos no accedieron a los beneficios de la clase trabajadora de las urbes.
Ellos tuvieron la prohibición de agruparse en sindicatos, quedando así en
condiciones de mayor miseria y retraso.
Los emigrantes de distinto origen que llegaron a Chile en la primera mitad del
siglo XX son otro elemento a considerar, ya que contribuyeron a la creación de
una sociedad más compleja y variada.
A esta cambiante realidad se incorporaron, de manera paulatina, las mujeres,
quienes votaron en las elecciones municipales por primera vez en 1935, y
luego obtuvieron sus derechos políticos en 1949. Se incorporaron también a la
educación formal, constituyendo una presencia cada vez mayor tanto en
escuelas como universidades.
Todos estos nuevos actores sociales se incorporaron a las actividades políticas,
económicas y culturales. De hecho, entre los años „30 y „50 hay una expansión
editorial y se nota un auge en la creación artística. Todo esto se vio reflejado
en los cambios que se experimentaron en la vida cotidiana; en la ciudad de
Santiago, principalmente, comenzó una especie de “época dorada” para la
bohemia, que tiene numerosos cafés y restaurantes a su disposición.
Así, en esta nueva realidad, los partidos políticos comienzan a organizarse para
enfrentar las elecciones de 1958. En este momento ya es posible distinguir los
tres tercios que dominarán la política chilena entre 1958 y 1973. En la
izquierda, luego de muchos años de lucha, los socialistas y comunistas logran
llegar a acuerdos.
En el centro, la recientemente creada Democracia Cristiana desplaza a los
radicales, y, en la derecha, los liberales y conservadores logran también un
acuerdo.
La derecha logra obtener la victoria en 1958, encabezada por Jorge Alessandri.
Así como Ibáñez representó la opción del caudillo carismático, Alessandri
representaba la opción de los técnicos.
Alessandri intentó encabezar un gobierno que estuviera por encima de los
intereses partidarios y que tuviera, como primera tarea, controlar la grave
crisis económica que afectaba al país. Sin embargo, a poco andar quedó
demostrado que gobernar con independientes era casi imposible.
Las elecciones municipales de 1963 confirmaron los más oscuros augurios que
rondaban al gobierno. La Democracia Cristiana se levantó como la primera
fuerza electoral del país, mientras que la derecha sufrió una gran derrota. Así
14

15. comenzaron los preparativos para la elección presidencial. Los pronósticos
aseguraban que la definición se iba a dar entre la Democracia Cristiana y los
partidos de izquierda unidos, desde 1956, en el Frente de Acción Popular
(FRAP); sin embargo, a fines de 1963, el panorama se complicó
extraordinariamente. El fallecimiento del diputado Óscar Naranjo hizo
necesaria la convocatoria a elecciones complementarias en Curicó. Por ser
una zona agrícola, la derecha esperaba una fácil victoria, ya que el difunto
parlamentario que pertenecía al Partido Socialista había obtenido su cargo en
una lucha muy estrecha. Sin embargo, en la elección para ocupar su sillón,
ganó Óscar Naranjo hijo, representando al FRAP. Esto generó una inmediata
reacción de la derecha, que decidió abandonar la candidatura presidencial de
Julio Durán y apoyó a la Democracia Cristiana, lo que permitió la victoria de
Eduardo Frei Montalva con una mayoría histórica.
La Revolución en libertad
La victoria de Eduardo Frei encabezando a la Democracia Cristiana representa
dos fenómenos de importancia mayor para la historia política chilena de la
segunda mitad del siglo XX. En primer lugar, los más prestigiados
historiadores coinciden en que con la administración demócrata cristiana
se inician los llamados “Proyectos Políticos Globales”, que pretendían
lograr un camino íntegro del país. En segundo lugar, la victoria demócrata
cristiana es un claro reflejo de la influencia que los sucesos internacionales
tenían sobre Chile. Diversos analistas aseguran que la experiencia de la
“Revolución en Libertad” era una clara opción frente al avance aparentemente
victorioso del comunismo en América Latina, particularmente desde el triunfo
de la revolución cubana en 1959.
Habiendo obtenido la victoria por tan amplia mayoría, la Democracia Cristiana
buscó poner en práctica su programa de gobierno, el cual consistía
esencialmente en llevar adelante grandes reformas que permitirían un cambio
radical del país. En primer lugar, se recuperarían las riquezas básicas del país
llevando adelante la “chilenización del cobre”. En segundo lugar, se impulsaría
una reforma agraria amplia y no como la del gobierno de Jorge Alessandri
(conocida popularmente como la “reforma del macetero”). En tercer lugar, se
estimularía la “Promoción Popular” a través de los organismos de carácter
intermedio, tales como las juntas de vecinos, los organismos juveniles, etc. En
cuarto lugar, se procuraría emprender un vasto plan de vivienda que permitiera
la construcción de 60.000 casas por año. Y, finalmente, se promovería la
implantación definitiva del sufragio universal, integrando a los analfabetos y a
los no videntes.
La vastedad del plan demócrata cristiano hizo que los más entusiastas
hablaran del inicio de tres décadas de gobierno de esa tendencia política. Sin
embargo, la situación del país terminó frustrando el intento.
Cuando Frei había asumido el poder señaló que “no iba a cambiar una coma de
su programa ni por un millón de votos”. Esto tenía consecuencias políticas que
no pasaron inadvertidas para los diversos sectores políticos. En primer lugar, la
Democracia Cristiana estaba anunciando que iba a intentar gobernar sola; y en
segundo lugar, que tendría que ganar necesariamente el control total del
15

16. Congreso. El ánimo claramente confrontacional que percibieron los partidos
políticos hizo que desde un primer momento se desatara una oposición
despiadada al gobierno.
En marzo de 1965, la Democracia Cristiana obtiene el control de la Cámara de
Diputados, pero el Senado queda en manos de la oposición, lo que obliga al
gobierno a tener que negociar. El primer enfrentamiento se produce a raíz del
envío del proyecto de ley de reforma agraria junto al proyecto de reforma de la
Constitución en lo referente al derecho de propiedad. La derecha se opone
inmediatamente alegando que se intentaba destruir el concepto de propiedad y
llevar la anarquía al campo. La tramitación es demorada hasta 1967, cuando
es aprobada, aunque con una serie de correcciones que hacen que el gobierno
reaccione promulgando la ley de sindicalización campesina con el apoyo de la
izquierda.
La aprobación de la ley de reforma agraria tiene consecuencias inmediatas. En
primer lugar, obliga a la derecha a cerrar filas, organizando a liberales y
conservadores en el Partido Nacional. En segundo lugar, el “entusiasmo” de
algunos funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, hace que
se genere un clima de creciente inestabilidad en el campo, representado
fundamentalmente en las tomas de terrenos.
De igual forma, el gobierno debe enfrentar a la izquierda que ganaba
rápidamente terreno. Fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido
Comunista vieron un grave peligro en la política de promoción popular
impulsada por el gobierno. No estaban equivocados, ya que el posible
éxito del gobierno significaba desplazarlos de los sectores que
tradicionalmente los habían apoyado. Por ello, como respuesta, en el Congreso
retienen la promulgación de la ley de Juntas de Vecinos hasta mediados de
1968. Y, además, promueven la agitación obrera, particularmente en la
minería. La represión del gobierno a los obreros paralizados, en marzo de
1966, hace que por primera vez la prensa de izquierda hable de violación de
derechos humanos, de tortura y de dictadura legal, para referirse a la acción del
gobierno.
Un clima de creciente polarización se estaba haciendo presente en el país.
Muchos militantes de los partidos de la izquierda tradicional no estaban de
acuerdo con el voto como un medio de acceso al poder, sino que se inclinaban
por una vía revolucionaria y organizaron movimientos que tuvieran este
objetivo. Uno de los más importantes fue el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), que nació en 1965 en la Universidad de Concepción, bajo
la inspiración de la revolución cubana. Entre los años 1967 y 1970 demostraron
su capacidad como guerrilla urbana llevando a cabo asaltos a bancos y otras
acciones que la prensa de la época se encargó de magnificar para dar a la
opinión pública la idea de una situación de beligerancia. Efectivamente, el país
vivía una situación de gran polarización de la cual fueron partícipes todos los
sectores.
Al mismo tiempo, la derecha estaba reorganizada en el Partido Nacional,
creado en 1966, en el que se habían fusionado los antiguos miembros de los
partidos Liberal y Conservador, así como los grupos nacionalistas de marcado
16

17. carácter antimarxista. Al respecto, los historiadores Correa, Figueroa, Jocelyn-
Holt, Rolle y Vicuña en Historia del Siglo XX chileno señalan:
“(…) De suerte que, al igual que en el espectro de la izquierda, en la derecha
también se hizo uso de la incontinencia verbal con el enemigo político a través
de los medios de comunicación, se utilizó la movilización social que ocupaba la
calle y grupos extremistas dispuestos a la acción violenta como fue el caso del
Movimiento Patria y Libertad. Así pues, la derecha también contribuyó a
exacerbar el creciente clima de polarización; por ejemplo, reaccionando, a
veces irracionalmente incluso, a las políticas encaminadas a profundizar de los
cambios estructurales, especialmente a la reforma agraria, en la medida que
ésta quebró el orden hacendal responsable de la persistencia de la elite
tradicional desde tiempos coloniales. (...)"
También los militares tuvieron participación en este período, ya que en 1969
se produjo un alzamiento conocido como el “Tacnazo”, en que el general
Roberto Viaux se atrincheró en el regimiento Tacna en Santiago.
El motivo esgrimido por este levantamiento fueron las malas remuneraciones y
el pobre equipamiento del ejército. Este movimiento ponía en evidencia la
existencia de un fuerte descontento entre las filas de esta institución.
En ese clima se iniciaron los preparativos para la elección presidencial que se
avecinaba. La situación de extrema polarización en que se encontraba el país
hacía que la contienda electoral se planteara como una lucha ideológica
insoluble. La victoria de la izquierda significaba para muchos la caída de Chile
en el comunismo; para la Democracia Cristiana, entretanto, era imperativo
obtener una victoria electoral si deseaba consolidar el proceso de cambios que
había iniciado; mientras que para la derecha era casi una cuestión de
sobrevivencia.
La campaña electoral alcanzó límites de violencia y tensión que nunca se
habían visto. En junio de 1969, el Ejército había descubierto una escuela de
guerrillas al interior de Concepción y arreciaban las acusaciones de violación de
derechos humanos en contra del gobierno por parte de la izquierda.
En septiembre de 1970, el abanderado de los partidos de izquierda,
agrupados en la Unidad Popular, Salvador Allende, obtenía la primera mayoría
en las elecciones, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, lo que obligaba a su
ratificación por el Congreso. La cuestión debía decidirse entre él y Jorge
Alessandri, abanderado de la derecha, que había obtenido el segundo lugar.
Si bien la Democracia Cristiana había llegado tercera, estaba en sus manos
la decisión final a raíz de su importante fuerza en el Congreso.
La Unidad Popular estuvo dispuesta a firmar un acuerdo con la Democracia
Cristiana llamado “Estatuto de Garantías”, que comprometía al conglomerado
de izquierda a no llevar adelante reformas que pusieran en peligro la
estabilidad constitucional. Con ello ganaban el apoyo demócrata cristiano en el
Congreso. Sin embargo, para la extrema derecha, la posible victoria de Allende
era el peor escenario posible. Por ello intentaron levantar a las Fuerzas
Armadas para que se tomaran el poder. Para ello, pretendieron secuestrar al
Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider; sin embargo, éste
ofreció resistencia y fue asesinado. La oportuna acción del gobierno y la rápida
designación del General Carlos Prats, ayudaron a evitar una posible asonada
17

18. militar.
Así, el 4 de noviembre de 1970, Salvador Allende juraba como Presidente de la
República, iniciando el gobierno de la Unidad Popular.
1970 – 1973: del socialismo al autoritarismo
Los contradictorios y difíciles días del “Gobierno Popular”
El 4 de septiembre de 1970 se llevaron a cabo elecciones presidenciales. Todo
ese año se había desarrollado en el país una intensa campaña política de
inusitada violencia y polarización. Se enfrentaban los tres proyectos políticos
que se perfilaban en forma excluyente desde 1958: el liberal de derecha, que
llevaba como candidato a Jorge Alessandri; socialcristiano de centro, con su
candidato Radomiro Tomic, y socialista de izquierda, con Salvador Allende
como abanderado.
El estrecho triunfo de la izquierda fue algo inesperado y sorprendente para los
círculos de derecha, que desde ese mismo instante decidieron coartar su
ascenso al poder. No obstante, el Congreso Pleno eligió a Salvador Allende
como presidente de la República, quien asumió el cargo el 4 de noviembre de
1970.
Con respecto a la crisis que vivía en ese momento el país, el Informe Rettig
señala:
“A partir de los años 1950, el país –como muchos en América Latina–
presenció la inserción de su política interna en la lucha entre las
superpotencias, la llamada “guerra fría”, que por su carga de opuestos
intereses e ideologías de nivel mundial, implicaba en sí misma una polarización.
Ella afectó a Chile, al comienzo –quizás– en escasa medida, pero muy
fuertemente a partir de los años 1960, con la Revolución Cubana. Esta
pretendía resolver los problemas que a su juicio eran comunes de
Latinoamérica, derivados de la existencia de dictaduras militares y de serios
desniveles económicos y sociales. Como se verá en la segunda parte, dicho
acontecimiento rebasó las fronteras del país en el cual se daba, y vino a ser un
episodio de la “guerra fría” y a oponer en toda Latinoamérica la “insurgencia”
cubano-soviética versus la “contrainsurgencia” norteamericana, –con sus
respectivos aliados locales–, constituyendo una forma extrema de polarización.
La acompañó la intervención activa de las dos superpotencias en la vida
política de los diversos países latinoamericanos. El nuestro no fue una
excepción, ni hubo sector alguno de la política nacional enteramente libre de
esos influjos.” (Informe Rettig. Segunda Parte. Capítulo I. Marco Político).
El período 1970 – 1973 fue intenso, complejo y contradictorio. La politización y
polarización del país llegó a extremos inesperados haciendo imposible el
entendimiento y la búsqueda de acuerdos entre los distintos sectores.
Salvador Allende llegó a la Presidencia apoyado por un conglomerado de
fuerzas de izquierda, la Unidad Popular, que durante su campaña enarboló un
programa a ser aplicado una vez obtenido el triunfo; distintas medidas de
orden económico, político y social que iniciarían el cambio estructural del país:
la “vía chilena al socialismo”.
Una de las primeras medidas del Gobierno fue un aumento masivo de sueldos
18

19. y salarios del 55% como promedio. La idea era lograr una redistribución
masiva del ingreso y así aumentar el poder adquisitivo y el consumo. Esto, a
su vez, estimularía a la industria, que utilizaría su capacidad ociosa para elevar
los niveles productivos, bajaría el desempleo y con ello se generaría un clima
de confianza que permitiría al Gobierno aplicar las medidas más
revolucionarias de su programa.
En julio de 1971 se prodeuce la Nacionalización de la gran minería del cobre,
única medida que concitó el apoyo unánime de todo el espectro político
nacional, y se aceleró la reforma agraria.
Inversiones en obra social
El programa de la Unidad Popular contemplaba medidas que iban en beneficio
directo de los más pobres e históricamente excluidos. Su preocupación
fundamental era la salud, educación y vivienda. Consecuentemente con ello se
invirtieron recursos en las tres áreas. Así, subió el número de matrículas en la
educación preescolar, básica, media y universitaria. Se aumentó la capacidad
hospitalaria y subió la demanda de atención médica en consultorios y
hospitales.
Otra de las medidas implementadas a favor de los más pobres fue la entrega
de medio litro de leche a cada niño. Si bien es cierto que no se logró cubrir el
programa completo, esta fue una ayuda en muchos hogares y un beneficio
indudable para cientos de niños.
La crisis final
El 8 octubre de 1972, los transportistas, afectados en sus intereses y
temerosos ante un futuro que sentían incierto, llamaron a un paro nacional que
fue apoyado por la oposición al gobierno. Al paro adhirieron camioneros,
autobuseros, el comercio, sectores de estudiantes y algunos gremios
profesionales; a fines de octubre, el país estaba paralizado. La situación fue
superada por el Gobierno al llamar a las Fuerzas Armadas a integrarse como
institución al gabinete. El propio comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats,
asumió el cargo de Ministro del Interior.
El 29 de junio de 1973 se producía el “Tanquetazo”, un intento golpista
comandado por el coronel Roberto Souper. La situación fue controlada por el
general y comandante en jefe del ejército, Carlos Prats. Este incidente
desencadenó la renuncia de Prats a la Comandancia: el alto mando y la
oposición se lo pedían hacía semanas, y en su reemplazo era nombrado el
general Augusto Pinochet.
La Iglesia Católica, encabezada por el arzobispo de Santiago, cardenal Raúl
Silva Henríquez, preocupada frente a la violencia diaria y polarización que vivía
el país, buscó los canales para el diálogo entre el Presidente Allende y la
Democracia Cristiana, cuyo presidente era Patricio Aylwin. El objetivo era llegar
a acuerdos sobre cuestiones fundamentales para la oposición: la determinación
jurídica de las tres áreas de la economía, el control de las tomas y la violencia.
No obstante, los esfuerzos realizados por la Iglesia eran ya tardíos, la
Democracia Cristiana había perdido toda confianza en el Gobierno, estaba
aliada a la derecha y buscaba soluciones y compromisos radicales; por su
19

20. parte, el Presidente Allende carecía de fuerza cohesionadora ante una izquierda
interiormente dividida.
Para tener una visión más amplia de este período, te sugerimos que leas los
siguientes análisis:
Documento 1
“En 1972 [...] la inflación cobró velocidad ascendente. El Gobierno perdió toda
capacidad de planificación de largo plazo: la supervivencia diaria era todo lo
que se podía lograr en esas condiciones.
La oposición hizo todo lo que estaba en sus manos para sabotear los planes
económicos y sin duda contribuyó en forma decisiva a las dificultades
económicas. En el Congreso se opuso a reformas tributarias y reajustes, y en
1972 aumentó sustancialmente el déficit fiscal al negarse a financiar el
presupuesto. [...] Hubo sabotaje a la producción y huelgas generalizadas –
como las llamadas huelgas patronales de octubre de 1972 y de junio de 1973–
que dañaron seriamente la economía.
El problema de la intervención norteamericana es un tema polémico. La CIA
estaba autorizada para gastar ocho millones de dólares a fin de asegurar el
derrocamiento de Allende; [...] Además se suspendieron los créditos
norteamericanos; Estados Unidos usó su influencia para obstruir los préstamos
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y trató de
obstaculizar la renegociación de la deuda externa chilena. [...] Es posible que
no haya existido bloqueo por parte de Estados Unidos, pero sí hubo un virtual
boicot, [...].
El centro político desapareció en el Chile de Allende. El Partido Radical se
dividió en tres fracciones. El PDC entabló relaciones de trabajo con el Partido
Nacional debido a la presión de consideraciones electorales, a la ejercida por
su propia ala derechista y a la deserción de varios parlamentarios progresistas
que formaron la Izquierda Cristiana. Su propia moderación fue dejando aislado
a Allende a medida que sus partidarios desarrollaban nuevas formas de
organización política que escapaban al control del poder Ejecutivo y constituían
el llamado “poder popular”. [...] La oposición elaboró toda una serie de
medidas destinadas a obstruir al Ejecutivo; no eran ilegales, pero violaban,
por cierto, las normas convencionales del sistema parlamentario. El Gobierno,
por su parte, empleó medidas de dudosa legalidad.”
Alan Angell. Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía. Ed.
Andrés Bello, Santiago, 1993.
Documento 2
“El balance económico del gobierno de Allende es, en definitiva, desastroso. Se
trató, sin duda, en sus resultados de la peor gestión económica de toda la
historia del país. Desde el punto de vista técnico-sustantivo la razón del
fracaso hay que buscarla en el menosprecio y desconocimiento de los líderes
políticos de la UP, empezando por el propio Presidente Allende e incluida la
mayoría de los economistas de gobierno, de la lógica y reglas de
funcionamiento de una economía de mercado.
20

21. [...] Su modelo operativo era la economía soviética. Consideraban la política
monetaria como un instrumento imperialista administrado por el FMI [...] por
lo demás, la izquierda nunca había asumido funciones de gobierno en el área
económica, de modo que carecían totalmente de experiencia de gestión en la
materia. [...], la acción de la CIA se centró en el apoyo financiero a
diversas instituciones y acciones opositoras, especialmente sus medios de
comunicación, las campañas electorales tanto políticas como en organizaciones
sociales e instituciones de relevancia nacional, los sucesivos paros (octubre 72,
mayo y agosto de 1973) y, en general, toda iniciativa encaminada a debilitar o
desestabilizar el gobierno.
En el período 71-72, la DC –de vuelta de su proyecto histórico fracasado– trató
de desempeñar, por primera vez y en circunstancias muy difíciles, el papel de
partido de centro que le asignaba la ciencia política y que siempre había
rechazado.
En ese breve período pudo haberse restablecido el esquema de tres bloques;
sin embargo, la DC fue arrastrada (por la clase media) y empujada (por la
Unidad Popular) a integrar la oposición en la confrontación dicotómica que
condujo a la crisis final.
[...] A partir de ese momento, la DC caminó inexorablemente hacia un
entendimiento con la derecha, procurando moderar la estrategia de ésta pero
con escasa capacidad de iniciativa propia. De ahí en adelante la oposición fue
endureciéndose en su conjunto, un escenario en que la voz cantante
correspondió crecientemente a los gremios radicalizados, decididos a producir
el fin del régimen de la Unidad Popular.”
Edgardo Boeninger. Democracia en Chile. Lecciones para la
gobernabilidad. Ed. Andrés Bello, Santiago, Segunda edición, 1998.
Documento 3
“Cualesquiera que hayan sido las causas de la crisis económica, no parece
discutible que ella contribuyó con singular intensidad a desarrollar la situación
que desembocaría en los sucesos de 1973.
Si la oposición partidista no tuvo [...] una posición tan neta de “vía armada”
como la que tenían algunos sectores de Gobierno, no parece discutible que, a
través de organismos políticos (partidos y Congreso) y sociales (gremios
productivos y profesionales), intentó obligar a la Unidad Popular a transigir,
preterir y abandonar su modelo de sociedad, colocándola en la disyuntiva de
hacerlo o de enfrentar un país ingobernable.
“Vía armada” e “ingobernabilidad” vinieron a ser, de tal modo, indicativas de
conceptos excluyentes de sociedad, ninguno de los cuales podía imponerse al
otro democráticamente, y sin tampoco admitirse transigirlo con el adversario,
abriendo así camino a una salida pacífica.
Sin embargo, para que los sectores gremiales y profesionales, así como las
bases más que las directivas de los partidos opositores, hayan llegado a esa
postura de extrema rebeldía –el paro conducente a la ingobernabilidad- no es
explicación bastante el apasionamiento político de la hora.
Además, esos sectores se sintieron desamparados por los mecanismos
21

22. estatales llamados a proteger sus derechos. Sintieron que dichos mecanismos
–Congreso Nacional, Contraloría, Justicia– eran impotentes para detener la
violación de aquellos.
[...] Finalmente no puede olvidarse [...] el papel jugado por los medios de
comunicación. No en todos ellos, pero sí en algunos, especialmente escritos, de
vasta difusión –y de ambos lados–, la destrucción de la persona moral de los
adversarios alcanzó límites increíbles, y se recurrió para ello a todas las armas.
Presentada así en ambos extremos, la figura del enemigo político como
despreciable, su aniquilamiento físico parecía justiciero, si no necesario, y no
pocas veces se llamó a él abiertamente.
[...] los hechos posteriores, [...], tampoco parecen dejar dudas que,
adicionalmente, existía al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden una
corriente ideológica, caracterizada (quizás) por algunas nociones más bien
vagas y simples sobre lo que debía ser la organización política, social y
económica del país, pero sobre todo por un concepto extremo y extraviado de
la guerra antisubversiva en relación con la seguridad nacional.”
Informe Rettig. Segunda Parte. Capítulo I.
Marco Político.
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973
Múltiples son las causas mediatas e inmediatas que llevaron a la profunda
crisis que el país vivió en los años 70 y que tuvieron como desenlace dramático
y drástico el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Es claro que ellas son
de todo orden: político, económico y social, y que operaron lentamente en el
tiempo desde el interior pero también del exterior del país.
El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y de Orden, en un
movimiento conjunto por aire, mar y tierra, depusieron al Gobierno de
Salvador Allende. El palacio presidencial, La Moneda, fue sitiado por unidades
del Ejército y más tarde bombardeada por la Fuerza Aérea, mientras, en su
interior, el Presidente Allende se quitaba la vida.
Producido el golpe militar, las Fuerzas Armadas y de Orden asumieron todo el
poder del Estado, a excepción del poder Judicial. De tal modo, la Junta Militar
estuvo formada por los generales Augusto Pinochet, comandante en jefe del
Ejército; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Aviación; César Mendoza,
comandante en jefe de Carabineros; y el almirante José Toribio Merino,
comandante en jefe de la Marina.
La refundación neoliberal
A partir de 1975 el gobierno militar implementó, en la economía nacional, el
modelo neoliberal, impulsado por un grupo de jóvenes economistas chilenos
formados en la Universidad de Chicago conocidos como los “Chicago Boys”.
Bajo su perspectiva, la economía social de mercado implicaba una
reestructuración de la economía y un replanteamiento necesario de la política
económica del país desde los años treinta en adelante. El Estado debía perder
su rol conductor y planificador de la economía. El proyecto económico
significaba una refundación de la economía nacional y del sistema político, y
con ello, de la sociedad en su conjunto. Para esta tarea se requerían plazos
22

23. largos y un estricto control autoritario en el plano político; solamente así se
podrían eliminar las distorsiones introducidas al ceder frente a demandas
populares, y establecer los requerimientos indispensables para que las fuerzas
del mercado pudiesen operar.
Las medidas a tomar para implantar el nuevo modelo eran claras:
• Reducción del sector público, esto era, reducir el tamaño, funciones
y, por lo tanto, gastos del Estado. Reducir el tamaño significaba la
disminución drástica del aparato burocrático, o sea, el despido de
empleados públicos. Reducir las funciones del Estado implicaba que
éste dejaba su rol conductor de la economía, la educación, la salud y
otras áreas en que históricamente había ejercido un papel rector.
• Conceder absoluta libertad a la iniciativa privada.
• Establecer las condiciones para que las fuerzas del mercado pudieran
operar, es decir, condiciones para el libre mercado; así, éste
regularía los distintos sectores de la economía sin necesidad de
apoyo estatal a sectores no competitivos. También regularía los
niveles de sueldos y salarios, debilitando cualquier negociación
política de estos.
El historiador Ricardo Krebs comenta al respecto:
“El modelo neoliberal de economía se nutría de la fe en la libertad. Creía en la
capacidad creadora del individuo para producir bienes materiales y espirituales
y promover el desarrollo integral de la sociedad. Rechazaba, por tanto, todo
sistema de planificación gubernamental centralizado y todo dirigismo
económico y social y procuraba extender al máximo el ámbito de interacción
espontánea del individuo. Consecuentemente, había que redefinir el papel del
Estado, limitar las funciones, atribuciones y acciones del poder público, reducir
el gasto fiscal y el aparato administrativo y promover una amplia liberalización
de los mercados, del comercio exterior, del sistema financiero, de las
relaciones laborales, de la seguridad social, de la salud y de la educación.”
(Ricardo Krebs. Nueva historia de Chile. Ed. Zig-Zag, Santiago, 1996).
El neoliberalismo en acción
Las medidas señaladas y consideradas imprescindibles se tomaron a partir de
abril de 1975 en lo que se llamó la política de “shock”. Después de 1982 se
introdujeron correcciones al modelo, pero en lo sustancial prevaleció
desarrollándose en torno a grandes cambios que, más que reformas,
significaron una verdadera revolución en nuestra economía.
Se inició el proceso de privatización de las empresas del Estado y como un
proceso paralelo a éste se subieron las tasas de interés. Por ello quienes
adquirieron los bienes del Estado fueron aquellos grupos económicos con
acceso a los créditos en el extranjero, cuyos intereses eran significativamente
más bajos. Este hecho dio como resultado la concentración del poder en pocos
grupos económicos que dominaron el sector financiero, bancario, industrial y
las exportaciones agrícolas. En el otro extremo, la pobreza se profundizó.
La privatización también llegó al sector agrario. Casi el 40% de la tierra
23

24. expropiada se asignó a quienes la trabajaban, pero estos debieron venderla al
no tener acceso a los créditos ni a la asistencia técnica.
Desregularización y liberalización de la economía
La economía nacional estaba sujeta a un control y planificación que el Estado
ejercía con rigurosidad. Esa realidad cambia bruscamente y se liberalizan los
precios sobre prácticamente todos lo productos, los que en adelante fijaría el
mercado según la oferta y la demanda. Lo mismo ocurrió con las tasas de
interés bancario y las operaciones financieras en general, permitiéndose la
entrada de capitales extranjeros. Además, se otorgaron franquicias como una
forma de atraer la inversión extranjera.
Consecuentemente con esta liberalización se eliminaron todas las trabas
legales que regulaban la economía; así, se redujeron los aranceles sobre las
importaciones, lo que significará la invasión de los mercados nacionales por
productos importados a bajo precio y la quiebra de la industria nacional.
La crisis de 1982: redefinición del modelo
En 1982 se inicia un período de recesión mundial. El crecimiento económico
sostenido que había tenido el país a partir de 1976, el llamado “milagro”, sufre
una crisis importante. Es a partir de esta crisis que, en 1985 y bajo la dirección
de Hernán Büchi, el modelo económico sufre algunas alteraciones.
El neoliberalismo como principio económico permanece inalterable, pero se
redefinieron las funciones del Estado, que se transformó en un “Estado
subsidiario” que conservará determinadas funciones económicas y sociales,
principalmente, aquellas que los particulares no pueden sostener por su
envergadura.
En el ámbito social, al Estado se le asignó la tarea de mantener un sistema que
ofreciese gratuitamente prestaciones de salud, educación y previsión social;
además, debía asignar subsidios habitacionales para que las familias más
pobres adquirieran una vivienda.
Institucionalidad, crisis y transición a la democracia
En 1980 es aprobada, a través de un plebiscito, una nueva carta fundamental:
la Constitución de 1980. Por medio de ella el gobierno militar daba
definitivamente un marco institucional y legitimaba su quehacer, fijando el
camino político que el país seguiría en el futuro.
La Constitución establecía una “democracia protegida” con un nuevo período
de 8 años de gobierno para el general Pinochet como Presidente de la
República y sin Parlamento; en 1988 se llamaría a un nuevo plebiscito que
decidiría si Augusto Pinochet continuaba por 8 años más. Si en este plebiscito
no era ratificado en el poder, se llamaría a elecciones abiertas y competitivas
en 1989, entrando en vigencia la Constitución.
Sin embargo, la crisis económica de 1982 sirvió de detonante para que la
oposición al gobierno se organizara. Entre 1983 y 1986 el país vivía una gran
agitación social desarrollándose una serie de jornadas de protestas llevadas
adelante por sindicatos, organizaciones estudiantiles, poblacionales y partidos
políticos.
24

25. La oposición desarticulada durante años logró finalmente formar un frente
común que se concretó en diversas organizaciones. Una de ellas fue el
Comando Nacional de Trabajadores, que logró articular el movimiento sindical
y jugar un rol importante en la oposición al régimen. Por otro lado, los partidos
de izquierda se reagruparon en el Movimiento Democrático Popular que, bajo la
política de movilización de masas, se sumó a las protestas. La Democracia
Cristiana, junto a socialistas renovados, formó la Alianza Democrática, que
buscó una salida política a través de las negociaciones y la llamada resistencia
pacífica.
En 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en un despliegue
operativo, intentó asesinar al general Pinochet. Este intento fracasó, pero fue
un elemento que influyó para que la oposición redoblara sus esfuerzos por dar
una salida pacífica a la crisis.
Llegó 1988 y con ello se cumplía la primera etapa diseñada por la Constitución.
Correspondía ahora llevar a cabo el plebiscito para ratificar o rechazar a
Augusto Pinochet por otros 8 años. Este fue fijado para el 5 de octubre y la
Junta denominó a Augusto Pinochet como único candidato; la alternativa era
votar SÍ o NO.
Se reorganizaron los registros electorales, los ciudadanos debieron inscribirse y
se dictaron las normas para el funcionamiento de los partidos políticos, los que
lentamente iniciaron su proceso de legalización.
El 2 de febrero de 1988 se concretó la formación de la Concertación de
Partidos por el NO. 16 partidos conformaron esta nueva alianza política cuyo
objetivo inmediato era lograr el triunfo del NO en el plebiscito. La vida
partidaria y política renació, y con ella grandes concentraciones, campañas por
radio y televisión, calles sembradas de panfletos y propaganda; periodistas de
todo el mundo llegaron a observar el desarrollo de la campaña y la votación:
eran los ojos de la comunidad internacional que esperaba con expectación los
sucesos.
Las elecciones se realizaron con absoluta normalidad: de los 7.400.000
inscritos votó el 97%, dando un triunfo al NO con un 57% de los votos
válidamente emitidos.
Siguiendo el itinerario constitucional, el 14 de diciembre de 1989 se realizaron
elecciones presidenciales, en las cuales triunfó el abanderado de la
Concertación, Patricio Aylwin, con un 55% de los votos, quien asumió como
Presidente del República en marzo de 1990. Con él se iniciaba la transición a la
democracia. Algunos puntos del programa de gobierno se referían a:
- Desarrollo de una política de Derechos Humanos.
- Lograr el retorno total de las Fuerzas Armadas y de Orden a sus
funciones propias, y su reinserción en la vida democrática tal como lo
dispone la Constitución.
- Reformar la Constitución suprimiendo los resabios autoritarios de ella y,
de esta forma, perfeccionar las instituciones democráticas.
- En el desarrollo económico, buscar el crecimiento con equidad.
25

26. Derechos Humanos: una responsabilidad nacional e internacional
Junto al establecimiento de un nuevo modelo económico, desde la instalación
del gobierno militar se llevó a cabo una política de persecución a sus
opositores. Ello se expresó en una represión prolongada en el tiempo; la
violación sistemática de los derechos humanos fue una realidad a la cual los
chilenos y chilenas debieron enfrentarse.
Esta realidad es la que se recoge en el Informe Rettig, que investigó las
violaciones de los Derechos Humanos con resultado de muerte, y en el
Informe Valech, que indagó sobre la aplicación sistemática de torturas
durante el régimen militar.
El Informe Rettig dice al respecto:
“La doctrina de la contrainsurgencia se reflejó, en diversos grados, sobre las
enseñanzas recibidas y las prácticas inculcadas en los entrenamientos de la
lucha antiguerrillera. El secreto de las operaciones; las “técnicas de
interrogatorio”; la educación en formas de lucha y de muerte “especiales” y
para tender emboscadas; los adiestramientos “de supervivencia”, que a
menudo incluían realizar actos degradantes para la propia dignidad, o crueles,
etc., iban acostumbrando a los alumnos a que los límites éticos fuesen
retrocediendo o desvaneciéndose, hasta desaparecer.
[...] el contrainsurgente, el luchador [...] venía a ser una especie de héroe,
que sacrificaba no sólo vida física, sino su integridad moral, para que los
demás pudieran gozar de ésta y de los beneficios de la sociedad libre.
La otra justificación era un concepto deformado de la seguridad nacional. Esta
como valor supremo, estaría por encima de la ética, formulándose así una
revivencia de la antigua “razón de Estado” que –como esta– autorizaría en
casos extremos, declarados subjetivamente por la propia autoridad, la violación
de derechos individuales por motivos de supuesto interés general.”
Informe Rettig. Segunda Parte: El marco político 1973-1990 y los
Derechos Humanos.
La Comisión de Verdad y Reconciliación
En 1990 el gobierno de Patricio Aylwin dio el primer paso oficial en la búsqueda
de respuestas y en el establecimiento de los hechos ocurridos. Para tal efecto
creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Su objetivo era:
“[...] establecer un cuadro lo más completo posible sobre las graves
violaciones a los derechos humanos, entendiendo por tales la situación de los
detenidos-desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en
que apareciera comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus
agentes o personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los
atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos
políticos.” (Comisión Rettig)
Ella reunió a personas de distintos ámbitos de la vida nacional, con distintas
visiones de nuestra historia y del período en cuestión; el producto de largos
26

27. meses de investigación y trabajo, el Informe Rettig, fue entregado al
Presidente Aylwin el 8 de febrero de 1991 y éste lo dio a conocer al país el 4
de marzo del mismo año.
Las investigaciones de la Comisión vertidas en el Informe señalaron que los
crímenes negados por tan largo tiempo existían. La evidencia era indiscutible,
las personas secuestradas, en un número cercano a 2.000, eran detenidos
desaparecidos. La responsabilidad de estos hechos recaía en los servicios de
seguridad del gobierno militar, especialmente la DINA, dirigida por el general
de Ejército Manuel Contreras. El Informe fue enfático en rechazar la existencia
de un estado de guerra interna en el período, elemento en el cual se había
sustentado el gobierno militar para explicar las muertes y desaparecimientos.
En su segunda parte este documento entrega una explicación global que ayuda
a entender las múltiples causas que condujeron a la crisis de 1973 y a la
posterior trasgresión de los derechos humanos. El informe da posibles
respuestas frente a hechos y, lo que es más importante, a través de su
explicación y reconocimiento histórico intenta prevenir que tales situaciones se
repitan.
En términos generales el Informe señala:
- La crisis de 1973 tenía raíces profundas de carácter socio-económico,
que iban más allá del período en cuestión, “... el origen último de la
crisis deberá buscarse en la lucha, a lo largo del siglo, y dentro del
régimen republicano, entre los distintos y divergentes intereses
sociales.” (Informe Rettig, Segunda Parte, cap. I).
- En orden de las causas inmediatas de esta crisis “... puede ser descrita
como una aguda polarización de dos bandos –gubernativo y opositores–
en las posturas políticas del mundo civil. Ninguno de estos bandos logró
(ni probablemente quiso) transigir con el otro, y en cada uno de ellos
hubo, aun, sectores que estimaban preferible, a cualquier transacción, el
enfrentamiento armado.” (ibid.)
- Dentro de los factores de polarización es importante señalar el
desempeñado por el marco internacional. Nuestro país se ve
involucrado, a partir de la década de 1950, en lo que fue el
enfrentamiento entre las grandes potencias hegemónicas del período,
EE.UU. y la URSS, en la llamada “Guerra Fría”. A partir de 1960, con la
Revolución Cubana, esta situación se agudiza, puesto que las fuerzas de
izquierda se convencen de que la única alternativa para la resolución de
los problemas socioeconómicos es a través del enfrentamiento y la
insurgencia. A este análisis se opuso la contrainsurgencia
norteamericana; Latinoamérica pasó así a formar parte del cuadro
general de la guerra fría.
- En este marco actúa Estados Unidos una vez obtenido el triunfo la
Unidad Popular, desarrollando un plan de desestabilización económica
contra el Gobierno.
- En el marco de la contrainsurgencia y de la Guerra Fría, los oficiales de
las Fuerzas Armadas recibieron adiestramientos sistemáticos
organizados por Estados Unidos en Panamá. Estos adiestramientos
27

28. implicaron un cambio profundo en sus planteamientos en torno a la
seguridad nacional; a partir de ese momento se visualizó un escenario
de guerra en donde el enemigo no solo provenía del exterior, sino que
existía también el enemigo interno, personificado indistintamente por las
fuerzas de izquierda y “comunistas”. Así planteada, la seguridad nacional
pasó a ser prioridad, y en la lucha contra este enemigo interno la
dignidad personal no tenía espacio ni significación.
Cabe señalar que no todos los oficiales ni las Fuerzas Armadas en su conjunto
compartieron esta línea de pensamiento.
Al margen de las respuestas dadas por el Informe Rettig, existen muchas
otras ofrecidas por historiadores, sociólogos e investigadores en general. Todas
ellas aportan elementos a considerar, puesto que ayudan a entender un difícil
período de nuestra historia.
Es importante también señalar la posición adoptada por sectores cercanos y
partidarios del régimen militar. Ellos argumentan que el país vivía un estado de
guerra interno y, en ese contexto, hubo muertes producto de los
enfrentamientos naturales en esa situación; las violaciones a los derechos
humanos habrían sido el producto de excesos cometidos por personas
claramente identificables, pero que no involucran a las Fuerzas Armadas y de
Orden en su conjunto, ni a sus altos mandos y, por lo tanto, no existió una
política de Estado destinada a exterminar a determinados grupos de la
sociedad.
Por otro lado, la izquierda chilena tiene una interpretación diferente de los
hechos. Ellos afirman que la política de exterminio existió y fue posible gracias
al poder absoluto que los militares detentaron durante los 17 años de
gobierno. El objetivo de esta fue descabezar los partidos y organizaciones de
izquierda y de esta forma desbaratar el proyecto de sociedad socialista. Estos
objetivos se relacionarían con la política de contrainsurgencia y seguridad
nacional implantada desde los Estados Unidos.
La mesa de diálogo
El Informe Rettig logró recopilar antecedentes, estableciendo como una
verdad inobjetable la trasgresión de los Derechos Humanos. No obstante,
constatado el hecho, era necesario ubicar los restos mortales de las víctimas o
establecer su destino y así ayudar a la reconciliación nacional. Con ese objetivo
fue creada en agosto de 1999 la Mesa de diálogo, la cual el 13 de junio de
2000, hizo pública una declaración en la que expresó:
“Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un
reencuentro nacional, representantes de las FF.AA. y Carabineros, abogados de
derechos humanos, autoridades de entidades éticas y personeros de la
sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta instancia de diálogo,
reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la
franqueza.”
En esa declaración propusieron distintas medidas a tomar para lograr la
ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino;
al respecto era vital dictar disposiciones legales que establecieran el secreto
28

29. profesional para aquellos que entregaran información sobre los detenidos
desaparecidos. Para esto, pedían al Congreso Nacional la aprobación rápida de
ellas y al poder Judicial el nombramiento sin dilación de Ministros en Visita
para la investigación de estos casos, cuando se produjesen.
La Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometieron a, en un plazo de seis
meses, realizar esfuerzos para obtener información útil con el fin de encontrar
los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. Igual
compromiso hicieron las instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa
de diálogo, poniéndose a disposición para recibir esta información.
Se llamaba al Presidente de la República a evaluar el trabajo y los logros
después de 6 meses, pudiendo prorrogar el trabajo por otros 6 meses si fuese
necesario.
Bibliografía
Si deseas profundizar alguno de los temas estudiados te sugerimos revisar la
siguiente bibliografía:
Aylwin, Mariana y otros, (s/f). Chile en el siglo XX. Emisión,
Santiago. Bengoa, José(1985). Historia del pueblo mapuche. Ediciones Sur,
Santiago.
De Ramón, Armando (2001). Breve Historia de Chile. Desde la invasión
incaica hasta nuestros días (1500-2000). Ed. Biblos, Buenos Aires.
Edwards, Alberto (1987). La fronda aristocrática. Editorial Universitaria,
10ª. edición, Santiago.
Garcés, Mario (1991). Crisis social y motines populares en el 1900.
Documentas, Santiago.
Godoy, Hernán (1971). La estructura social de Chile. Editorial Universitaria,
Santiago.
Góngora, Mario (1986). Ensayo sobre la noción de Estado en Chile, siglos
XIX y XX. Editorial Universitaria, Santiago.
Grez Toso, Sergio (1997). De la regeneración del pueblo a la huelga
general. Dibam, Santiago.
Izquierdo, Gonzalo (1990). Historia de Chile. Editorial Andrés Bello, 3 tomos,
Santiago.
Jocelyn-Holt, Alfredo (1997). El peso de la noche. Ariel-Planeta, Santiago.
Pinto Vallejos, Julio (1998). Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera.
USACH, Santiago.
Vial, Gonzalo (1981). Historia de Chile. Editorial Fundación, Santiago.
Villalobos, Sergio y otros (1974). Historia de Chile. Editorial Universitaria,
Santiago.
Te sugerimos visitar los siguientes SITIOS WEB, donde podrás complementar
tus conocimientos:
www.todocl.cl/sociedad/historia. Sitio en el cual podrás encontrar información
acerca de diversos temas referidos a nuestra historia nacional.
www.geocities.com/historiaenchile/radical/httm. Sitio en el que se encuentra
una serie de artículos y esquemas con diferentes temas de historia de Chile y
del mundo.
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30. www.siglo20.cl/. Aquí encontrarás imágenes, artículos y esquemas referidos a
las características históricas de nuestro siglo XX chileno.
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