El documento proporciona información sobre el período terrista en Uruguay entre 1931 y 1938. Resume los eventos clave como la elección de Gabriel Terra como presidente en 1931, su golpe de estado en 1933 que disolvió el Consejo Nacional de Administración, y la nueva constitución de 1934 que estableció un nuevo acuerdo interpartidario. También describe cómo el régimen terrista benefició económicamente a los propietarios rurales pero tuvo apoyo limitado basado principalmente en oponerse a las leyes laborales y el avance del

1. TERCER AÑO DE BACHILLERATO DIVERSIFICADO.
Repartido de Historia, 6to
Derecho. Liceo N° 9
Prof. Fernando de los Ángeles
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El Período Terrista 1931-1938
“Golpe de Estado o Revolución”
Breve Cronología
1929 24 octubre: Quiebra de la Bolsa de New York. (CRISIS DEL ECONÓMICA)
1931 1º marzo: Gabriel Terra asumió la Presidencia de la República
15: marzo: Creación de ANCAP
1932 20 de enero: Suspensión del servicio de amortización de la Deuda Externa
1933 31 marzo: Golpe de Estado de Terra
25 junio: Elección de Convención Constituyente
1934 19 abril: Se plebiscito la nueva Constitución y eligieron Cámaras Legislativas
18 mayo: Gabriel Terra asumió la Presidencia de la República
1935 enero-febrero: Revolución contra Terra: “Paso Morlan”
1938 27 marzo: Elecciones Nacionales
19 junio: Alfredo Baldomir asumió la Presidencia de la República
Tomado de Nahum, B. (2014): “Manual de Historia del Uruguay 1903-2010”
Tomo II. EBO. Montevideo, p. 133
El Uruguay hacia 1930: Coyuntura y estructura
“En setiembre de 1929, los diversos organismos patronales que representaban a las ‘ fuerzas vivas’ del
país, como la Federación Rural, la Unión Industrial del Uruguay y diversas entidades que agrupaban el comercio
mayorista y minorista, fundaron el Comité de Vigilancia Económica –la picaresca popular lo llamó ‘Comité del
Vintén’- con el objetivo de enfrentar ‘la política socializante del Poder Ejecutivo’. Para dar un alto definitivo a la
‘exageraciones demagógicas en materia económica y social’ planteó, entre otras medidas, la necesidad de una
reforma constitucional que suprimiese al Consejo Nacional de Administración, la detención del estatismo, la
disminución del gasto público, de la burocracia y la frecuencia de los actos electorales.
El Comité Nacional de Vigilancia Económica actuó como grupo de presión y movimiento extra-partidario,
constituyendo un ineludible centro de poder que aglutinó a los sectores patronales, logró hacer efectivos lock-
outs de empresas, comercios y fábricas y buscó dentro del espectro político a quienes mejor representaran sus
intereses.
También a partir de 1929, se formaron las ‘Vanguardias de la Patria’, grupos de civiles que recibieron
instrucción militar y participaron en algunos desfiles y festividades patrias, pero tuvieron corta vida.
Por su parte, la depresión económica encontró al movimiento sindical profundamente dividido. En 1929
coexistieron tres centrales obreras: la vieja Federación Obrera Regional Uruguaya (F.O.R.U.), de tendencia
Gabriel Terra

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anarquista, que había perdido gran parte de su influencia; la Unión Sindical del Uruguay, de mayoría anarco-
sindicalista, fundada en 1923, y la Confederación General del Trabajo, constituida en 1929, proclive a la línea
política del Partido Comunista. En conjunto agruparon sólo 7000 cotizantes, cifra similar a la que tuvo FORU en
su momento de apogeo, quince años atrás.”
NAHUM, Benjamín - COCCHI, Ángel - FREGA, Ana - TROCHON, Yvette (2011): "Crisis política y recuperación
económica, 1930-1958", tomo 9 de la "Historia Uruguaya", EBO, Montevideo. pp. 13-14
“Cuando la crisis de 1929 hizo sentir sus efectos en Uruguay, el país ya venía acusando algunas
dificultades. Pero con la depresión internacional cayeron más agudamente los precios de las materias primas y
se cerraron los tradicionales mercados de destino de nuestra producción pecuaria, al tiempo que se interrumpió
el crédito externo. Estas contundentes restricciones externas determinaron el fin de una importante fase de
crecimiento y el inicio de una pronunciada recesión. En el marco de la crisis económica, la situación social y
política se polarizó rápidamente volviendo a enfrentarse los dos modelos en pugna desde tiempo atrás: el
estatista-reformista, identificado con el batllismo y sus aliados, y el conservador-liberal, identificado
básicamente con el herrerismo blanco y el riverismo colorado. El escenario político y programático del Uruguay
del Centenario reproducía la pugna de modelos del Uruguay del Novecientos. Mientras que un segundo impulso
reformista que despuntaba desde fines de los veinte cobró fuerza, la articulación opositora de las fuerzas
conservadoras culminó dramáticamente en 1933 con la primera ruptura democrática del siglo y la inauguración
de la experiencia autoritaria del terrismo”.
Filgueira, Garcé, Ramos y Yaffé (2003): “Los dos ciclos del Estado uruguayo en el siglo XX”.
En “El Uruguay del siglo XX. La política”. Montevideo, EBO. p. 178
Primera Presidencia de Gabriel Terra
Apenas asumido el cargo, Gabriel Terra se negó a concurrir a las reuniones de la Agrupación Colorada de
Gobierno, donde los diferentes sectores del partido coordinaban su acción gubernamental, por las mismas
razones que había tenido Feliciano Viera: no querer subordinar su actuación en función pública a las decisiones
partidarias. Además, nombró Ministros de todas las fracciones coloradas, desconociendo el peso del batllismo
en su elección […].
[…] La situación internacional fue delicada por la composición de los órganos de Gobierno que resultó de
las elecciones: el Presidente de la República, elegido mayoritariamente por el batllismo, enseguida se apartó de
él, formando a su alrededor un grupo hostil a los batllista “netos” o “puros” […]. Estos tenían, […], la mayoría
colorada en el Consejo Nacional de Administración […], desde donde comenzaron a cuestionar las acciones del
Presidente.
En el senado, […], había una fuerte mayoría nacionalista, y en Diputados, la representación proporcional
integral no le daba mayoría a nadie. En este panorama institucional enredado, con órganos que neutralizaban
unos a otros, la efectividad de la acción gubernativa se vio muy disminuida, cuando más necesaria era para
enfrentar la crisis económica y sus secuelas sociales. […]
[…]
En 1931, el pacto entre batllistas y nacionalistas independientes, [llamado por Herrera] “Pacto del
Chinchulín”, […], que permitió la creación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP). Sus objetivos fueron monopolizar el alcohol, refinar y comercializar petróleo y derivados, fabricar
portland.
[…]

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También se autorizó al Estado a expropiar las compañías telefónicas (privadas) e instalar su monopolio de
telefonía en el país. La Administración General de las Usinas Eléctricas del Estado, el organismo al que se encargó
esta actividad, pasó a llamarse Usinas Telefónicas del Estado (UTE).
Él Estado se hizo cargo, […], de la Administración de los Puerto de Nueva Palmira y Colonia, así como cesó
la autorización de funcionar muelles particulares del puerto de Montevideo, lo cual fue contemplando su
monopolización de los servicios portuarios.
[…] Casi todos los sectores económicos y sociales tenían motivos de queja: al capital extranjero y a los
exportadores no se les permitía disponer libremente de sus ganancias o divisas; a los estancieros se les
aumentaba la contribución inmobiliaria y no se les daba todo el valor de sus productos exportables; a los
industriales se les aumentaban los impuestos y “amenazaba” con posibles estatizaciones continúas; a los
empleados públicos se les cobró el “impuesto a los sueldos”; los obreros enfrentaron desocupación y carestía
de la vida. No es de extrañar que el Consejo tuviera pocos defensores cuando sobrevino el Golpe de Estado que
lo disolvió”.
Nahum, B. (2014): “Manual de Historia del Uruguay 1903-2010”. Tomo II. EBO. Montevideo, pp. 140-143
Golpe de Estado de Terra
El golpe de Estado de 1933, aunque resolvió en beneficio de los poderes económicos el problema de su
falta de representación en el sistema político, fue, en parte, originado también por divisiones internas en el
seno mismo de los partidos. Además, el terrorismo pudo mantenerse no solo a través de medidas represivas
sino por expedientes puramente políticos. Al no destruir las organizaciones partidarias el régimen fue, a su vez
–una década más tarde- desplazado por el renacimiento del batllismo. El propio Terra había realizado toda su
carrera política en filas del batllismo y fue electo para la Presidencia de la República en 1931 como candidato de
ese sector. Posteriormente inició desde el gobierno una campaña propagandista denunciando la corrupción e
ineptitud del Colegiado que –de acuerdo con la Constitución vigente desde 1919- compartía con él las funciones
del Poder Ejecutivo.1
Desde comienzos de 1933 pudo contar con la aquiescencia de Herrera –jefe del sector
mayoritario del Partido Nacional- que tenía importantes conexiones en el medio rural. El golpe mismo, llevado
a cabo bajo la consigna de la reforma constitucional, provocó escasa resistencia popular. La fuerza de la tradición
bipartidaria y la dependencia de Terra con respecto al apoyo de un sector del nacionalismo hicieron que la nueva
Constitución se basase en un nuevo acuerdo interpartidario. La coparticipación continuó siendo, pues, el modus
vivendi de la vida política del país. “Puede decirse que la diferencia real entre las cartas constitucionales de
1918 y 1934 radica en que, mientras en la primera la coparticipación se hacía entre los dos partidos, en la
última quienes coparticipaban eran una fracción de cada uno de los dos partidos […] En esencia, el pacto de
1931 había sido informalmente constitucionales”.2
Y ya que –tal como lo hemos visto- una de las bases de la
coparticipación era el reparto de los cargos públicos entre las organizaciones partidarias, resulta significativo
señalar que en el presupuesto de 1937 figuran 39.400 puestos en la administración central que deben
compararse con los 30.100 existentes en 1924-25 y con los aproximadamente 33.000 que figuraban en 1931-
31.3
Aun cuando las modalidades del funcionamiento político pudiesen seguir siendo tradicionales, la
orientación gubernativa del nuevo régimen significó un corte con la ideología batllista. Indudablemente, el
sector más beneficios por el cambio fue el de los propietarios rurales. La nueva línea se manifestó con claridad
en el mensaje presidencial que acompaño los proyectos de reducción de los impuestos sobre el agro. “El iniciar
una tendencia de rectificaciones y correcciones en favor de la campaña, por medio de estas leyes que más
1
Bajo la constitución de 1919, el Poder Ejecutivo estaba dividido entre el Presidente –que tenía a su cargo la seguridad
interna y las relaciones exteriores– y un Consejo Nacional de Administración de 9 miembros.
2
Martin Weinstein, Uruguay: The politics of Failure (Westport, Conn. y Londres, Greenwood Press, 1975), p. 73
3
Incluyendo a las FF.AA. y excluyendo a los Entes Autónomos.

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directamente influyen sobre la vida rural, señalará el principio de una etapa histórica en la vida económica de
la República”.4
Otros beneficios económicos directos favorecieron a la campaña y entre ellos deben destacarse
la suspensión del pago de hipotecas sobre la propiedad rural, la mejora en los pagos a los productores ganadores
y de la devaluación de los tipos de cambio aplicables a las exportaciones. El apoyo de otros sectores de la clase
alta se consolidó sobre la base de una oposición a la extensión de la legislación laboral y social y a los avances
del Estado en las actividades industriales. En consecuencia se produjo una paralización casi completa de la
actividad legislativa en estos rubros.5
Sin embargo, la nueva alianza gobernante reposaba en intereses que
coincidían parcialmente. El contralor de los cambios y del comercio exterior, que se mantuvo luego del golpe,
limitaba la libertad del sector comercial mientras que los intereses industriales se veían perjudiciales por la
depreciación de los tipos de cambio en medio de una política que seguía siendo proteccionista. Una orientación
dictada exclusivamente por los sectores rurales hubiese sido insostenible en un país cuya vida política había
estado determinada en los últimos treinta años por la masa de población concentrada en Montevideo. Por eso,
la política iniciaba en 1933 se caracterizó, en realidad, tanto por la diversificación de la economía y el descenso
de la presión salarial como por la restauración de la prosperidad de los propietarios rurales.
FINCH, HENRY (2014): “La economía política del Uruguay contemporáneo 1870-2000”. EBO.
Montevideo. pp. 31-33
“Con la dictadura están solo los que medran con ella o encuentran en ella un instrumento para la mejor
defensa de sus privilegios y nadie más. Hay, sí, una masa electora que se presta a sus planes, siguiendo sus
indicaciones de los caudillos y de las camarillas dirigentes complicados con el dictador –tal caso del electorado
herrerista y del riveristas- pero sin estar, al menos en gran parte, abiertamente con la dictadura, sino prestándole
sin entusiasmo y sin convicción, el concurso del voto. Su posición electoral bajo la dictadura es más bien negativa,
porque no votan por la situación surgida el 31 de marzo, sino –contra- el batllismo neto o el nacionalismo
independiente”.
FRUGONI, EMILIO (1934): “La Revolución del machete”. Buenos Aires, Ed. Claridad, p. 180
Régimen Terrista 1933-1938
“El 31 de marzo de 1933 pasaría a la historia política uruguaya como una
fecha clave de una nueva época, breve, que cambiaría a los hombres e
instituciones. Pondría temporalmente fin a uno de los esfuerzos más serios y
buscados por la sociedad uruguaya: el de la democratización que en un clima
de diálogo permitió afianzar y consolidad la paz alcanzada –a un alto precio–
en 1904”
JACOB, RAÚL (1983): “El Uruguay de Terra, 1933-1938”.
Temas del siglo XX, N° 11. EBO, p. 76
La dictadura y su organización (1933-1934)
Mientras el gobierno de facto desarrolló una política represiva con la oposición, se preparó para gobernar
adoptando diversas medidas, especialmente en lo referido a rescatar para la presidencia la conducción
económico-financiero del país y a la reorganización del gabinete ministerial, al que se incorporan como Ministros
4
Citando en Boletín del Ministerio de Hacienda, tomo XX, N° 10 (1933).
5
“La Legislación Obrera del país, ya muy avanzada, poco a dejado a la iniciativa de los nuevos gobernantes”: Mensaje
presidencia a la Asamblea General, 15 de marzo de 1936, citado en Julio Millot, Carlos Siva y Lindor Silva, “El Desarrollo
Industrial del Uruguay de la Crisis de 1929 a la Posguerra” (Universidad de la Republica, Instituto de Economía, 1973), p. 86

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“sin cartera” César Charlones (Trabajo y Previsión Social), Eduardo Blanco Acevedo (Salud Pública) y Roberto
Berro (Protección a la Infancia).
El 25 de junio de 1933 se realizó la elección de los convencionales con el cometido de elaborar la nueva
Carta Constitucional. Hubo un 42% de abstención, pues no participaron los batllistas “netos”, los nacionalistas”,
los blancos radicales y los socialistas, como protesta por los destierros, clausura de diarios y locales partidarios,
control policial de los medios de comunicación, etc. Sufragaron un total de 246.875 ciudadanos, lo que
represento un 58% de los habitados y los resultados confirmaron otra victoria colorada, 129.959 votos contra
101.419 blancos. También concurrieron la Unión Cívica y el Partido Comunista, quienes obtuvieron 9.707 y 4.950
votos respectivamente. Cabe destacar que, amén de las condiciones irregulares en que se desarrolló la elección,
se produjeron numerosas denuncias de fraude en los padrones y en las urnas.
El 25 de agosto de 1933 se llevó a cabo la sesión inaugural de la III Convención Nacional Constituyente,
bajo la presidencia del Dr. Juan Campisteguy. Las sesiones de este organismo pronto se hicieron populares por
los constantes escándalos, renuncias e incidentes de hecho y de palabras entre sus miembros. Con total
predominio de terroristas y riveristas (entre los colorados) y herreristas (entre los blancos), la Convención no
tuvo mayores dificultades en redactar una Constitución adecuada a los deseos de los sectores golpistas.
NAHUM, Benjamín - COCCHI, Ángel - FREGA, Ana - TROCHON, Yvette (2011): "Crisis política y recuperación
económica, 1930-1958", tomo 9 de la "Historia Uruguaya", EBO, Montevideo. p. 25
La Constitución de 1934
Cuerpo Electoral Aumento por ampliación del derecho a votar otorgando a muchos extranjeros
y a la mujer.
Derechos Sociales Familia, maternidad, enseñanza, trabajo, seguridad social, etc.
Poder Ejecutivo Presidente de la Republica
Consejo de Ministros: seis puestos para la mayoría y tres a la minoría mayor.
Poder Legislativo Cámara de Senadores: 15 miembros para la mayoría, 15 para la minoría mayor
Cámara de Representantes: 99 miembros por representación proporcional
Poder Judicial Suprema Corte de Justicia quien podía declarar la Inconstitucional de las leyes
Órganos de Contralor Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)
Tribunal de Cuentas
Corte Electoral
Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados
Directores nombrados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado
Gobiernos
Departamentales
Ejecutivo a cargo de las Intendencias
Legislativo a cargo de las Juntas Departamentales: recorte de la iniciativa de
crear impuestos y empréstitos.
Nahum, B. (2014): “Manual de Historia del Uruguay 1903-2010”. Tomo II. EBO. Montevideo, pp. 151-152
La Segunda Presidencia de Constitucional de Gabriel Terra 1934-1938
“[…] El terrismo, que se consideró a sí mismo innovador (“Revolución de marzo”) y fundador de una nueva
época para el país (“La Tercera república”), se movió entre realidades políticas y sociales, nacionales e
internacionales, […].

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Quiso contemplar a los intereses económicos que lo habían respaldado para acceder al poder y apoyó
sucesivamente a los ganaderos, a los industriales, a la banca y empresas extranjeras. Pero sin comprometerse a
fondo con ningún sector y actuando más como mediador y soporte de la iniciativa privada.
La crisis mundial lo obligó a recorrer el mismo camino que los demás países latinoamericanos y aplicar las
políticas que se hicieron comunes a todos los dependientes del mercado mundial: intervencionismo estatal
acentuado, política industrial de sustitución de importaciones, proteccionismo, y todo ello a través subsidios,
aranceles, control de comercio exterior, de los cambios, de la moneda.
Hubo también influencias ideológicas del contexto internacional. Era la década en que los conservadores
del mundo se deslumbran con la “eficacia” y la “disciplina” social que imponían el fascismo italiano o el nazismo
alemán. En la dirigencia política uruguaya reclutaron algunos simpatizantes, pero sólo hubo pocas propuestas
de imitar algunas instituciones o ideas de ese cuño (el corporativismo, por ejemplo: la representación política
de sectores económicos).
Sin embargo, algo se hizo en este sentido al integrar el Directorio de la Administración Nacional de Puertos
con miembros de las Cámaras empresariales (de Comercio, de Navegación, de Productos del País), así como el
Directorio del Frigorífico Nacional con delegados de la Asociación y Federación Rural, y la Comisión de
Importación y Cambios con representantes de las patronales del comercio y la industria.
[…]
Una postura original [fue] la fundación en 1935 de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche
(CONAPROLE), organizada en forma de cooperativa privada con fiscalización estatal y municipal, e inspirada en
propuestas de origen social-cristiano que estaban aplicándose en Europa.”
Nahum, B. (2014): “Manual de Historia del Uruguay 1903-2010”. Tomo II. EBO. Montevideo, p. 154
Oposición al Terrismo
La oposición al régimen agrupó a los batllistas, los blancos no golpistas (nacionalistas independientes,
radicalismo blanco, sector liderado por Carlos Quijano), socialistas y comunistas. Muchos de ellos fueron
víctimas de la represión: hubo detenciones de dirigentes y de militantes y algunos de ellos fueron a parar a la
Isla de Flores,habilitada comopenal; también hubo destierros,aproximadamente unos sesenta. Y hubo torturas,
practicadas por la policía política. El 23 de octubre de ese año, se produjo un incidente que provocó honda
conmoción en las filas opositoras: el asesinato del dirigente batllista Julio César Grauert. Desde el punto de vista
institucional, en esta primera etapa acompañaron a Terra en su gestión una Junta de Gobierno de nueve
miembros (Teniente General Pablo Galarza, Alberto Demicheli, Francisco Ghigliani, Andrés Puyol, Pedro Manini
Ríos, José Espalter, Roberto Berro, Aniceto Patrón y Alfredo Navarro). Fue designada, asimismo, una Asamblea
Deliberante que haría las veces de poder legislativo, de 99 miembros, que al poco tiempo serían reducidos a 15.
De todas formas, llama la atención la temprana vocación de regreso a la institucionalidad: el 25 de junio de 1933
se realizaron elecciones para la Convención Nacional Constituyente que se encargaría de poner fin al original
régimen constitucional instaurado en 1919. En las elecciones participaron: herreristas, riveristas, colorados
tradicionalistas y radicales y los batllistas “reformistas” (terristas), cívicos y comunistas. Se abstuvieron: los
batllistas “netos”, nacionalistas independientes, blancos radicales y socialistas. Votaron un 58% de los
habilitados y hubo denuncias de fraude. La Convención Nacional Constituyente, que presidiría el Dr. Juan
Campisteguy, se instaló el 25 de agosto de 1933. De ella saldría, como se verá en el próximo capítulo, la tercera
Constitución de la República, la Constitución de 1934, en la que se eliminaría el criticado ejecutivo colegiado.
FREGA, Ana – RODRÍGUEZ, Ana (2007): “Historia del Uruguay en el Siglo XX (1890-2005)”.
EBO. Montevideo. pp. 82-83