La acción popular sirve para proteger derechos e intereses colectivos como un ambiente sano, los recursos naturales, el patrimonio público, la moralidad administrativa, los servicios públicos y los derechos de los consumidores. Cualquier persona puede presentar una acción popular ante un juez civil o contencioso administrativo. El proceso incluye solicitar a las autoridades que adopten medidas para proteger el derecho antes de interponer la acción, e incluye incentivos y sanciones para quien la presente y para la parte vencida.