Este documento resume los mecanismos legales para revertir una compraventa de un inmueble realizada después de una intervención administrativa, incluyendo la acción revocatoria. Explica que la Superintendencia de Sociedades puede ordenar la toma de posesión o una liquidación judicial. También puede revocar actos realizados en los 18 meses previos a la intervención si perjudicaron a acreedores. El agente interventor o cualquier acreedor puede solicitar la acción revocatoria dentro del proceso de toma de posesión.
Anexo 2- Reglas aceptación de créditos y condiciones de prelación de créditosAndres Alarcón Lora
Este documento establece 12 reglas para la aceptación de créditos en el proceso de liquidación de una entidad. Las reglas definen criterios como la no aceptación de intereses moratorios, el tratamiento de procesos judiciales en curso, la deducción de impuestos en los pagos, y la prelación de créditos de acuerdo a la ley. Adicionalmente, se especifican requisitos como certificados bancarios y de representación legal para el pago de los valores reconocidos.
El documento resume una sentencia judicial sobre el agotamiento de la vía administrativa en materia de contratación pública. La sentencia declara improcedente la demanda al determinar que: 1) El plazo para interponer recursos de revisión en procesos de licitación cubiertos por el DR-CAFTA es de 5 días hábiles; 2) Según la nueva ley, para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa se debe agotar la vía administrativa conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos; 3) El recurso de revis
La resolución establece criterios, parámetros y procedimientos para calcular la indemnización en procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social de acuerdo con la Ley 1682 de 2013. Define conceptos como daño emergente, lucro cesante e indemnización. Asigna al IGAC la función de adoptar las normas para la elaboración de avalúos comerciales que incluyan la indemnización.
Este documento resume los principales recursos administrativos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General de Perú. Describe tres recursos: el recurso de reconsideración, que se presenta ante el mismo órgano que emitió el acto; el recurso de apelación, que se presenta ante un órgano jerárquicamente superior; y el recurso de revisión, que solo procede en casos excepcionales ante una tercera instancia nacional. También establece que los recursos deben interponerse en un plazo de 15 días y resol
i. El demandante impugnó dos resoluciones del Concejo Municipal de San José Cancaste relacionadas con un proceso de libre gestión: 1) la resolución de adjudicación que carecía de motivación y 2) la resolución que declaró inadmisible el recurso de revisión interpuesto.
ii. El Concejo argumentó que el recurso de revisión no procedía para los procesos de libre gestión, mientras que la Fiscalía consideró que los actos impugnados eran legales.
iii. La Corte Suprema determinó que
Transantiago: Justicia inicia proceso de quiebra de Subus Nathaly Lepe
La resolución acogió la solicitud presentada por la empresa operadora del transantiago para que se dictara "resolución de reorganización, con el fin de reestructurar sus activos y pasivos".
Fijan plazo de caducidad para interponer demanda de reposiciónDixon Junior
El documento establece que el plazo de caducidad para interponer una demanda de reposición por despido incausado o fraudulento será de 30 días hábiles desde que ocurrió el despido. Asimismo, señala que cuando exista una demanda de amparo en trámite por un despido, esta podrá ser reconducida ante el juez laboral ordinario si se interpuso dentro de dicho plazo.
Para presentar un recurso contencioso administrativo inquilinario, primero se debe agotar la vía administrativa impugnando el acto o resolución del ente gubernativo ante el órgano competente. Este recurso permite anular resoluciones que causen perjuicio a los derechos legítimos. Los tribunales superiores en la capital o los jueces de municipio en los estados son competentes para conocer estos recursos. El recurso de nulidad se puede interponer dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la decisión administrativa
Anexo 2- Reglas aceptación de créditos y condiciones de prelación de créditosAndres Alarcón Lora
Este documento establece 12 reglas para la aceptación de créditos en el proceso de liquidación de una entidad. Las reglas definen criterios como la no aceptación de intereses moratorios, el tratamiento de procesos judiciales en curso, la deducción de impuestos en los pagos, y la prelación de créditos de acuerdo a la ley. Adicionalmente, se especifican requisitos como certificados bancarios y de representación legal para el pago de los valores reconocidos.
El documento resume una sentencia judicial sobre el agotamiento de la vía administrativa en materia de contratación pública. La sentencia declara improcedente la demanda al determinar que: 1) El plazo para interponer recursos de revisión en procesos de licitación cubiertos por el DR-CAFTA es de 5 días hábiles; 2) Según la nueva ley, para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa se debe agotar la vía administrativa conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos; 3) El recurso de revis
La resolución establece criterios, parámetros y procedimientos para calcular la indemnización en procesos de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social de acuerdo con la Ley 1682 de 2013. Define conceptos como daño emergente, lucro cesante e indemnización. Asigna al IGAC la función de adoptar las normas para la elaboración de avalúos comerciales que incluyan la indemnización.
Este documento resume los principales recursos administrativos establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General de Perú. Describe tres recursos: el recurso de reconsideración, que se presenta ante el mismo órgano que emitió el acto; el recurso de apelación, que se presenta ante un órgano jerárquicamente superior; y el recurso de revisión, que solo procede en casos excepcionales ante una tercera instancia nacional. También establece que los recursos deben interponerse en un plazo de 15 días y resol
i. El demandante impugnó dos resoluciones del Concejo Municipal de San José Cancaste relacionadas con un proceso de libre gestión: 1) la resolución de adjudicación que carecía de motivación y 2) la resolución que declaró inadmisible el recurso de revisión interpuesto.
ii. El Concejo argumentó que el recurso de revisión no procedía para los procesos de libre gestión, mientras que la Fiscalía consideró que los actos impugnados eran legales.
iii. La Corte Suprema determinó que
Transantiago: Justicia inicia proceso de quiebra de Subus Nathaly Lepe
La resolución acogió la solicitud presentada por la empresa operadora del transantiago para que se dictara "resolución de reorganización, con el fin de reestructurar sus activos y pasivos".
Fijan plazo de caducidad para interponer demanda de reposiciónDixon Junior
El documento establece que el plazo de caducidad para interponer una demanda de reposición por despido incausado o fraudulento será de 30 días hábiles desde que ocurrió el despido. Asimismo, señala que cuando exista una demanda de amparo en trámite por un despido, esta podrá ser reconducida ante el juez laboral ordinario si se interpuso dentro de dicho plazo.
Para presentar un recurso contencioso administrativo inquilinario, primero se debe agotar la vía administrativa impugnando el acto o resolución del ente gubernativo ante el órgano competente. Este recurso permite anular resoluciones que causen perjuicio a los derechos legítimos. Los tribunales superiores en la capital o los jueces de municipio en los estados son competentes para conocer estos recursos. El recurso de nulidad se puede interponer dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la decisión administrativa
Este documento resume un proceso constitucional iniciado por Daniel Eduardo Olmedo Sánchez para declarar la inconstitucionalidad de las letras h e i del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El demandante argumentó que estas letras permiten prescindir de la licitación pública como regla general para ciertas contrataciones, lo cual viola la Constitución. La Asamblea Legislativa y el Fiscal General también intervinieron en el proceso. La Sala analizó los argumentos y determinó
Este documento describe los nuevos procedimientos establecidos por la Ley 20.720 en Chile para personas y empresas endeudadas. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR) juega roles clave en estos procedimientos, como analizar solicitudes, nombrar liquidadores, y facilitar audiencias. Los procedimientos incluyen renegociación de deudas para personas naturales, reorganización de deudas para empresas viables, y liquidación rápida de bienes para el pago de acreedores.
Este documento presenta los principales cambios propuestos en el proyecto de ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas en Chile. Introduciría nuevos procedimientos de reorganización y liquidación para empresas y personas, con plazos más cortos y tribunales especializados. También crearía un boletín concursal electrónico y tipificaría delitos asociados a procesos de insolvencia. El objetivo es mejorar la eficiencia del sistema para alinearlo con estándares internacionales.
La nueva ley otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, permitiendo iniciar un juicio ejecutivo para cobrar deudas. Para que una factura tenga mérito ejecutivo, no debe haber sido reclamada, su pago debe estar vencido y no prescrito, y debe contener el recibo de mercaderías o servicios con la fecha, lugar y firma del receptor. El recibo es necesario para ceder el crédito de la factura o iniciar un cobro forzoso si no es pagada.
El documento describe los diferentes recursos administrativos establecidos por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela. Estos incluyen el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico y el recurso de revisión. Explica los requisitos y plazos para cada recurso, así como las entidades ante las cuales deben interponerse y los poderes que tienen dichas entidades para decidir sobre los recursos.
El documento describe el procedimiento administrativo tributario para la determinación de ajustes realizados por la SAT y la sanción por infracción a las obligaciones formales. Consiste en 7 actos administrativos que incluyen la notificación al contribuyente, la audiencia con la SAT, el período de prueba, posibles diligencias adicionales, la resolución, la notificación de la resolución, y la posibilidad de recurso de revocatoria; cada uno con plazos especificados en días en el Código Tributario.
Este documento describe los aspectos tributarios de las donaciones efectuadas por personas que pagan impuestos a la renta de tercera categoría en Perú. Explica que las donaciones a entidades sin fines de lucro y al sector público son deducibles hasta un 10% de la renta neta. También especifica los requisitos que deben cumplir las entidades receptoras para ser calificadas y los comprobantes necesarios para deducir las donaciones.
Este documento describe los procedimientos de liquidación voluntaria y forzosa según la Ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas en Chile. Explica las etapas de inicio, tramitación y efectos de un proceso de liquidación, incluyendo la presentación de solicitudes, nombramiento de liquidadores, oposiciones posibles y consecuencias sobre los bienes y créditos del deudor.
Este documento presenta el manual de cobro persuasivo y coactivo de la Defensoría del Pueblo. Explica que el cobro coactivo es un procedimiento especial que permite a ciertas entidades hacer efectivos directamente los créditos a su favor sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. También describe los pasos del proceso de cobro persuasivo y coactivo, incluyendo la identificación y clasificación de deudores, el inicio de comunicaciones para promover el pago voluntario, y el paso a medidas coactivas si el deudor se
El documento anuncia la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos en el Ayuntamiento de Cazorla (Jaén). La ordenanza establece la tasa que deberán pagar las personas que soliciten la apertura o modificación de establecimientos comerciales y de servicios para cubrir los costos de las actividades de control y verificación requeridas por la ley.
1) El documento establece un impuesto sobre las ventas y servicios en Chile. 2) Define términos clave como venta, servicio, vendedor y prestador de servicios. 3) Indica que son contribuyentes las personas naturales o jurídicas que realicen ventas o presten servicios gravados con el impuesto.
El documento describe los principales aspectos del procedimiento administrativo y fiscal en Argentina. Explica que el procedimiento administrativo busca garantizar la objetividad, neutralidad e independencia de las decisiones de la administración, así como asegurar la realización del interés público de manera eficiente y respetando los derechos de los particulares. También describe las leyes y decretos que establecen la estructura normativa del procedimiento administrativo y fiscal, así como los requisitos generales, esenciales y de nulidad de los actos administrativos.
Este acuerdo establece la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras contribuciones a favor de predios restituidos o formalizados en el marco de la Ley 1448 de 2011. Se condonan los valores causados del impuesto predial desde la fecha del despojo hasta la restitución, y se exonera el pago del impuesto por dos años desde la restitución. Los beneficiarios deben figurar en sentencias judiciales de restitución o en actos administrativos de reconocimiento.
El documento describe los diferentes recursos y vías recursivas que pueden interponerse ante resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en materia tributaria. Se mencionan recursos administrativos como el de reconsideración y recursos judiciales como el de apelación ante el Tribunal Fiscal o la justicia federal, con sus respectivos plazos y requisitos. También se especifican las instancias a las que puede recurrirse en casos de repetición de tributos pagados o de clausura de un establecimiento.
El documento habla sobre la cobranza coactiva en la administración pública. Explica que la administración tiene el principio de autotutela que le permite hacer cumplir sus actuaciones sin necesitar del poder judicial. Detalla las diferentes medidas cautelares que puede dictar un ejecutor coactivo como embargos y su finalidad de asegurar el pago de deudas tributarias. Explica específicamente el embargo en forma de intervención en recaudación, designando un interventor recaudador para que recoja directamente los ingresos de la persona o empresa deudora
Este documento contiene los estatutos de la sociedad Logistic Solutions S.A.S. Establece que la sociedad se dedicará a prestar servicios logísticos en Colombia con domicilio principal en Tunja. Define su capital social autorizado de $1,000 millones representado en 10 millones de acciones de $100 cada una. Describe la estructura accionaria y los órganos de dirección y administración que son la Asamblea General de Accionistas y el Gerente General.
Este documento discute los presupuestos de la quiebra, específicamente la causa de la quiebra. Explora tres teorías sobre la definición de "cesación de pagos": la teoría restringida, intermedia y amplia. Argumenta que la teoría amplia, que define la cesación de pagos como un estado patrimonial de imposibilidad de pago permanente, es la concepción más acorde con la evolución histórica de la quiebra y el derecho comparado. También analiza cómo la legislación chilena sigue esta concepción
Este documento establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en Colombia a través de la Ley 1116 de 2006. Define los objetivos, principios y alcance del régimen, así como los procesos de reorganización y liquidación judicial. También determina las personas naturales y jurídicas que están sujetas al régimen, las excluidas, y los requisitos para iniciar un proceso de reorganización empresarial ante situaciones de cesación de pagos o incapacidad de pago inminente.
Este documento presenta un resumen de la Ley 1116 de 2006 que establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia. La ley tiene como objetivo proteger el crédito y recuperar empresas viables a través de procesos de reorganización y liquidación judicial. Establece que estarán sujetas al régimen las personas naturales y jurídicas comerciantes, exceptuando entidades como bolsas de valores, entidades financieras y empresas del Estado. Define principios como universalidad, igualdad, eficiencia e información para guiar el régimen de insolvencia.
T 4, 5 y 7 procedimientos civiles especiales -Joen Araujo
El documento describe los procedimientos especiales de ejecución de hipoteca, prenda y créditos fiscales. El procedimiento de ejecución de hipoteca es exclusivo para cobrar deudas garantizadas con hipoteca. La ejecución de prenda requiere que el acreedor presente una solicitud ante el tribunal competente junto con el documento constitutivo de la prenda. La ejecución de créditos fiscales requiere un título ejecutivo y la competencia recae en los tribunales contencioso tributarios.
Este documento resume un proceso constitucional iniciado por Daniel Eduardo Olmedo Sánchez para declarar la inconstitucionalidad de las letras h e i del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El demandante argumentó que estas letras permiten prescindir de la licitación pública como regla general para ciertas contrataciones, lo cual viola la Constitución. La Asamblea Legislativa y el Fiscal General también intervinieron en el proceso. La Sala analizó los argumentos y determinó
Este documento describe los nuevos procedimientos establecidos por la Ley 20.720 en Chile para personas y empresas endeudadas. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR) juega roles clave en estos procedimientos, como analizar solicitudes, nombrar liquidadores, y facilitar audiencias. Los procedimientos incluyen renegociación de deudas para personas naturales, reorganización de deudas para empresas viables, y liquidación rápida de bienes para el pago de acreedores.
Este documento presenta los principales cambios propuestos en el proyecto de ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas en Chile. Introduciría nuevos procedimientos de reorganización y liquidación para empresas y personas, con plazos más cortos y tribunales especializados. También crearía un boletín concursal electrónico y tipificaría delitos asociados a procesos de insolvencia. El objetivo es mejorar la eficiencia del sistema para alinearlo con estándares internacionales.
La nueva ley otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, permitiendo iniciar un juicio ejecutivo para cobrar deudas. Para que una factura tenga mérito ejecutivo, no debe haber sido reclamada, su pago debe estar vencido y no prescrito, y debe contener el recibo de mercaderías o servicios con la fecha, lugar y firma del receptor. El recibo es necesario para ceder el crédito de la factura o iniciar un cobro forzoso si no es pagada.
El documento describe los diferentes recursos administrativos establecidos por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela. Estos incluyen el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico y el recurso de revisión. Explica los requisitos y plazos para cada recurso, así como las entidades ante las cuales deben interponerse y los poderes que tienen dichas entidades para decidir sobre los recursos.
El documento describe el procedimiento administrativo tributario para la determinación de ajustes realizados por la SAT y la sanción por infracción a las obligaciones formales. Consiste en 7 actos administrativos que incluyen la notificación al contribuyente, la audiencia con la SAT, el período de prueba, posibles diligencias adicionales, la resolución, la notificación de la resolución, y la posibilidad de recurso de revocatoria; cada uno con plazos especificados en días en el Código Tributario.
Este documento describe los aspectos tributarios de las donaciones efectuadas por personas que pagan impuestos a la renta de tercera categoría en Perú. Explica que las donaciones a entidades sin fines de lucro y al sector público son deducibles hasta un 10% de la renta neta. También especifica los requisitos que deben cumplir las entidades receptoras para ser calificadas y los comprobantes necesarios para deducir las donaciones.
Este documento describe los procedimientos de liquidación voluntaria y forzosa según la Ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas en Chile. Explica las etapas de inicio, tramitación y efectos de un proceso de liquidación, incluyendo la presentación de solicitudes, nombramiento de liquidadores, oposiciones posibles y consecuencias sobre los bienes y créditos del deudor.
Este documento presenta el manual de cobro persuasivo y coactivo de la Defensoría del Pueblo. Explica que el cobro coactivo es un procedimiento especial que permite a ciertas entidades hacer efectivos directamente los créditos a su favor sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. También describe los pasos del proceso de cobro persuasivo y coactivo, incluyendo la identificación y clasificación de deudores, el inicio de comunicaciones para promover el pago voluntario, y el paso a medidas coactivas si el deudor se
El documento anuncia la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos en el Ayuntamiento de Cazorla (Jaén). La ordenanza establece la tasa que deberán pagar las personas que soliciten la apertura o modificación de establecimientos comerciales y de servicios para cubrir los costos de las actividades de control y verificación requeridas por la ley.
1) El documento establece un impuesto sobre las ventas y servicios en Chile. 2) Define términos clave como venta, servicio, vendedor y prestador de servicios. 3) Indica que son contribuyentes las personas naturales o jurídicas que realicen ventas o presten servicios gravados con el impuesto.
El documento describe los principales aspectos del procedimiento administrativo y fiscal en Argentina. Explica que el procedimiento administrativo busca garantizar la objetividad, neutralidad e independencia de las decisiones de la administración, así como asegurar la realización del interés público de manera eficiente y respetando los derechos de los particulares. También describe las leyes y decretos que establecen la estructura normativa del procedimiento administrativo y fiscal, así como los requisitos generales, esenciales y de nulidad de los actos administrativos.
Este acuerdo establece la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras contribuciones a favor de predios restituidos o formalizados en el marco de la Ley 1448 de 2011. Se condonan los valores causados del impuesto predial desde la fecha del despojo hasta la restitución, y se exonera el pago del impuesto por dos años desde la restitución. Los beneficiarios deben figurar en sentencias judiciales de restitución o en actos administrativos de reconocimiento.
El documento describe los diferentes recursos y vías recursivas que pueden interponerse ante resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en materia tributaria. Se mencionan recursos administrativos como el de reconsideración y recursos judiciales como el de apelación ante el Tribunal Fiscal o la justicia federal, con sus respectivos plazos y requisitos. También se especifican las instancias a las que puede recurrirse en casos de repetición de tributos pagados o de clausura de un establecimiento.
El documento habla sobre la cobranza coactiva en la administración pública. Explica que la administración tiene el principio de autotutela que le permite hacer cumplir sus actuaciones sin necesitar del poder judicial. Detalla las diferentes medidas cautelares que puede dictar un ejecutor coactivo como embargos y su finalidad de asegurar el pago de deudas tributarias. Explica específicamente el embargo en forma de intervención en recaudación, designando un interventor recaudador para que recoja directamente los ingresos de la persona o empresa deudora
Este documento contiene los estatutos de la sociedad Logistic Solutions S.A.S. Establece que la sociedad se dedicará a prestar servicios logísticos en Colombia con domicilio principal en Tunja. Define su capital social autorizado de $1,000 millones representado en 10 millones de acciones de $100 cada una. Describe la estructura accionaria y los órganos de dirección y administración que son la Asamblea General de Accionistas y el Gerente General.
Este documento discute los presupuestos de la quiebra, específicamente la causa de la quiebra. Explora tres teorías sobre la definición de "cesación de pagos": la teoría restringida, intermedia y amplia. Argumenta que la teoría amplia, que define la cesación de pagos como un estado patrimonial de imposibilidad de pago permanente, es la concepción más acorde con la evolución histórica de la quiebra y el derecho comparado. También analiza cómo la legislación chilena sigue esta concepción
Este documento establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en Colombia a través de la Ley 1116 de 2006. Define los objetivos, principios y alcance del régimen, así como los procesos de reorganización y liquidación judicial. También determina las personas naturales y jurídicas que están sujetas al régimen, las excluidas, y los requisitos para iniciar un proceso de reorganización empresarial ante situaciones de cesación de pagos o incapacidad de pago inminente.
Este documento presenta un resumen de la Ley 1116 de 2006 que establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia. La ley tiene como objetivo proteger el crédito y recuperar empresas viables a través de procesos de reorganización y liquidación judicial. Establece que estarán sujetas al régimen las personas naturales y jurídicas comerciantes, exceptuando entidades como bolsas de valores, entidades financieras y empresas del Estado. Define principios como universalidad, igualdad, eficiencia e información para guiar el régimen de insolvencia.
T 4, 5 y 7 procedimientos civiles especiales -Joen Araujo
El documento describe los procedimientos especiales de ejecución de hipoteca, prenda y créditos fiscales. El procedimiento de ejecución de hipoteca es exclusivo para cobrar deudas garantizadas con hipoteca. La ejecución de prenda requiere que el acreedor presente una solicitud ante el tribunal competente junto con el documento constitutivo de la prenda. La ejecución de créditos fiscales requiere un título ejecutivo y la competencia recae en los tribunales contencioso tributarios.
El documento habla sobre la evolución de la legislación concursal en el Perú. Explica que la Ley General del Sistema Concursal de 2002 estableció dos tipos de procedimientos concursales y fue modificada en 2008 para clarificar su objetivo principal como la recuperación del crédito. También resume los cambios realizados a la Comisión de Procedimientos Concursales y los requisitos para iniciar un Procedimiento Concursal Ordinario a solicitud de un deudor.
1) La Cooperativa de Cafetaleros de San José de la Majada impugna resoluciones que determinan que los intereses de créditos otorgados por la cooperativa están sujetos a impuesto. 2) La cooperativa alega que está exenta del impuesto en virtud del artículo 46 letra f) de la ley de impuestos. 3) Las autoridades demandadas sostienen que la cooperativa no cumple con los requisitos de dedicarse exclusivamente al financiamiento para gozar de la exención.
1) La Cooperativa de Cafetaleros de San José de la Majada impugna resoluciones que determinan que los intereses de créditos otorgados por la cooperativa están sujetos a impuesto. 2) La cooperativa alega que está exenta del impuesto en virtud del artículo 46 letra f) de la ley de impuestos. 3) Las autoridades demandadas sostienen que la cooperativa no cumple con los requisitos de dedicarse exclusivamente al financiamiento para gozar de la exención.
Este documento establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia. Define la finalidad de los procesos de reorganización y liquidación judicial para proteger el crédito y la empresa. Explica que el proceso de reorganización busca preservar empresas viables mediante reestructuración, mientras que la liquidación persigue la liquidación ordenada del patrimonio. También determina las personas y entidades excluidas del régimen, los principios que lo rigen como la universalidad y la igualdad, y las facultades del juez del concurso para dirigir el pro
El documento habla sobre la revisión de actos administrativos según la ley peruana. Explica que los actos pueden ser revisados de oficio por errores o cuando ya no cumplen con los requisitos. También describe los recursos administrativos como reconsideración y apelación que pueden interponer los administrados y tienen plazos de 15 días para presentarlos y 30 días para resolverlos. Finalmente resume los casos en que procede la revocación o nulidad de oficio de un acto.
Este documento presenta la Ley de Quiebras de un país. Establece que una declaración de quiebra requiere que el deudor se encuentre en estado de insolvencia por no poder pagar sus deudas a tiempo. Detalla los procedimientos de convocatoria de acreedores y declaración de quiebra, incluidos los requisitos para solicitarlos, los efectos legales y las responsabilidades del síndico designado para supervisar el proceso.
Este documento instruye sobre la enajenación de bienes en procedimientos concursales. Establece que el liquidador solo puede realizar la venta de bienes que se encuentren en riesgo de deterioro o desvalorización inminente. Además, instruye sobre el rol de los martilleros concursales en la enajenación de bienes al martillo, sus obligaciones y el proceso de publicación y rendición de cuentas posteriores a la subasta.
medios de defensa al alcance de los contribuyentes importadores/exportadores para combatir actos de autoridad de liquidación de créditos fiscales en materia aduanera
Este documento presenta una ley chilena que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para fortalecer la seguridad del suministro eléctrico y la suficiencia de los sistemas eléctricos. Las principales modificaciones incluyen: 1) Requerir que las solicitudes de concesión eléctrica se envíen también a la Superintendencia de Electricidad para su revisión; 2) Establecer nuevos requisitos para las servidumbres eléctricas; 3) Regular mejor los procesos de quiebra de empresas
Este documento presenta un resumen de tres oraciones de la Ley 20345 sobre Sistemas de Compensación y Liquidación de Instrumentos Financieros de Chile. La ley establece normas para la constitución y funcionamiento de sociedades administradoras de sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros. Define términos clave como sistema, sociedad administradora, participantes y orden de compensación. Además, establece requisitos para las sociedades administradoras y sus accionistas, y normas sobre el funcionamiento de los sistemas y
LEY DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO LEY N° 20.720 CHILE 2015Alejandra Torres
Este documento presenta la Ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente en Chile por una nueva ley de reorganización y liquidación de empresas y personas. La ley establece procedimientos para reorganizar o liquidar los activos y pasivos de empresas deudoras, y para renegociar pasivos o liquidar activos de personas deudoras. También define términos clave como deudor, acreedor, acuerdo de reorganización, liquidación forzosa, entre otros, y crea la Superintendencia de Insolvencia
La disolución y liquidación en el procedimiento concursal implica tres cosas:
1) La Junta de Acreedores puede decidir la disolución y liquidación del deudor si considera que este no podrá superar sus problemas económicos y financieros.
2) Se procede a la liquidación del patrimonio del deudor para efectuar el pago de los créditos hasta donde alcance dicho patrimonio y siguiendo el orden de prelación.
3) Para iniciar la disolución y liquidación se requiere la aprobación de un Con
Para constituir un banco se requiere:
1. Presentar documentación como estatutos, capital mínimo de $59.369.000.000, hojas de vida de socios y un estudio de factibilidad.
2. Publicar un aviso de intención de constituir el banco para recibir oposiciones.
3. El Superintendente Financiero tiene seis meses para resolver la solicitud y puede negarla si no se cumplen requisitos o los socios no son idóneos.
Ordenanza 97-2013 Modificando la Ordenanza Nº 2677-12 Retención de vehículosConcejales Fpv Gualeguay
La ordenanza modifica la Ordenanza Municipal No 2677/2012 sobre retención de vehículos. Se modifica el artículo 5 para incluir la comparecencia obligatoria del infractor o sus representantes legales y la documentación requerida para la restitución del vehículo. También se incorporan dos nuevos artículos. El artículo 6 establece el procedimiento para la intervención de terceros interesados en la restitución del vehículo. El artículo 7 faculta al juez a autorizar el retiro del vehículo por una persona con licencia si el titular
Este documento proporciona información sobre los recursos de revocación y el procedimiento contencioso administrativo en materia fiscal en México. Explica que el recurso de revocación es un medio de defensa que puede interponer un contribuyente ante actos o resoluciones de la autoridad fiscal que violen su esfera jurídica. También describe la integración y competencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la instancia que conoce de los juicios contencioso-administrativos en esta materia.
Ordenanza de actividades economicas 2014Manuel Marin
Este documento presenta una ordenanza municipal que regula las actividades económicas en el Municipio Bolivariano de San José de Guaribe, Venezuela. Establece que cualquier persona que desee realizar actividades económicas en el municipio debe obtener una licencia de la Dirección de Administración Tributaria. Define actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios. Detalla los procedimientos para solicitar, modificar o retirar una licencia de actividades económicas.
Este documento resume las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022 a la Ley 678 de 2001 sobre la acción de repetición en Colombia. En particular, modifica los artículos relacionados con la definición de dolo y culpa grave de los agentes del Estado, los plazos para ejercer la acción de repetición, y la legitimación para iniciar dicha acción.
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Diapositivas: Política de investigación del departamento de investigaciones c...Andres Alarcón Lora
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Este documento presenta el proyecto docente para el curso de Tutoría I de la Maestría en Derecho de la Universidad de Cartagena. El curso tiene una duración de 24 horas semanales durante el semestre, con el objetivo de enseñar la teoría para el diseño y construcción de propuestas de investigación. El curso se divide en tres sesiones que abordan temas como los enfoques de investigación, la elaboración de propuestas y los elementos de la investigación cualitativa. Se evaluará a los estudiantes a través de talleres, trabajos
Este documento presenta el proyecto docente para el curso de Metodología de la Investigación que se impartirá en la Maestría en Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El curso tendrá una duración de 24 semanas y busca que los estudiantes conozcan los fundamentos de la investigación jurídica y adquieran competencias teóricas, metodológicas y técnicas para formular problemas de investigación en derecho. El curso se evaluará a través de la participación en clase y
Las sociedades comerciales se clasifican según su origen de capital, autonomía, lugar de constitución y solemnidades. Existen sociedades colectivas, comanditas, anónimas y SAS. Los estatutos de una sociedad mercantil deben incluir información sobre los socios, el domicilio, objeto social, capital social, administración, convocatoria de reuniones, estados financieros, término de duración y liquidación. Los estatutos también designan al representante legal y revisor fiscal de acuerdo con la ley.
Este documento presenta información sobre las personas naturales y jurídicas en el derecho romano y ecuatoriano. Explica conceptos como la capacidad jurídica, la familia romana, el parentesco, y la terminación de la personalidad. También compara las diferencias entre la familia romana y la actual, e incluye varios artículos del código civil ecuatoriano relacionados con estas temáticas.
Este documento resume los conceptos fundamentales relacionados con los bienes y los derechos reales según el Código Civil. Explica que los bienes pueden ser corporales o incorporales, consumibles o no consumibles, fungibles o no fungibles, muebles o inmuebles. También describe las principales clasificaciones de los derechos reales como la propiedad, la posesión, el usufructo y las servidumbres, así como los modos de adquirir la propiedad.
La Unión Europea ha acordado un embargo petrolero contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. El embargo forma parte de un sexto paquete de sanciones y prohibirá la mayoría de las importaciones de petróleo ruso en la UE a finales de este año. Algunos estados miembros aún dependen en gran medida del petróleo ruso y se les ha concedido una exención, pero se espera que todo el petróleo ruso quede prohibido para fines de 2023.
Ponencia IV : Encuentro de metodología en ciencias sociales. La investigación...Andres Alarcón Lora
Este documento describe una investigación sobre cómo los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena desarrollan la competencia investigativa en los estudiantes entre 1994 y 2014. El objetivo es analizar cómo la enseñanza ha incidido en la formación de esta competencia. Se argumenta que es necesario contextualizar la enseñanza del derecho y mantenerla flexible e interdisciplinaria para formar abogados preparados para los cambios sociales.
Este documento presenta el proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto de una sociedad en liquidación judicial. Expone los antecedentes del proceso de liquidación y clasifica los créditos en 5 clases de acuerdo con el Código Civil, asignando cada créditor a una clase según su tipo de crédito.
Este documento resume los principales aspectos del régimen de insolvencia empresarial de Colombia establecido en la Ley 1116 de 2006, incluyendo los objetivos y finalidades del régimen, los procesos de reorganización y liquidación judicial, los requisitos para acogerse al régimen, y los roles del promotor y juez del concurso.
Este documento presenta una breve introducción a los conceptos generales de los contratos como contratos unilaterales y bilaterales, gratuitos y onerosos, conmutativos y aleatorios. Luego resume cuatro contratos específicos que se desarrollarán: 1) el contrato de compraventa, el cual es uno de los más usuales y establece normas para otros contratos; 2) el contrato de arrendamiento, el cual ha evolucionado de manera restrictiva; 3) el contrato de permuta, el cual tuvo una función económica preponder
Este documento presenta un resumen de los módulos y temas centrales de un curso de Derecho Civil sobre contratos. Cubre temas como la doctrina general del contrato, su naturaleza económica y jurídica, la clasificación de contratos, y la interpretación de contratos. El curso analiza conceptos como los elementos esenciales de un contrato, los principios que rigen la contratación, y las fuentes y definición legal de las obligaciones derivadas de los contratos.
Este documento discute aspectos sustantivos del régimen de insolvencia en Colombia. En primer lugar, resume la evolución del sistema concursal colombiano desde la quiebra heredada de España hasta la Ley 1116 de 2006. Luego, critica algunos aspectos de la Ley 1116, argumentando que no cumple con los mandatos constitucionales de proteger la función social de la empresa y que sus requisitos dificultan excesivamente el acceso al proceso de reorganización. Finalmente, cuestiona específicamente los supuestos de admisibilidad y del trámite establecid
Libro: Avances del derecho privado desde la optica del analisis jurisprudencialAndres Alarcón Lora
Este documento presenta un resumen de un libro publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena sobre los avances del derecho privado desde la óptica del análisis jurisprudencial. Aborda temas como el enriquecimiento sin causa, unión marital de hecho, responsabilidad civil y filiación, analizando la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia sobre cada uno de estos temas. En particular, discute un caso relacionado con la acción de enriquecimiento cambiario y si es suficiente
COONAPIP II FORO DE MUJERES BUGLÉ Elaborado por: Yanel Venado Jiménez/COONAPI...YuliPalicios
Es una copilación de fotografías y extractos
del II Foro de Mujeres Buglé: Por la Defensa de los Derechos Territoriales, realizado en el corregimiento de Guayabito Comarca Ngäbe-Buglé de Pannamá. A través de estas imágenes y sus reseñas, buscamos presentar estrategias
para responder a las amenazas a las que se enfrentan, reforzar el cuidado y vigilancia del territorio, los derechos y la cultura, como mecanismos de defensa territorial, aportes que fortalezcan colectivamente la protección de
los derechos territoriales del Pueblo Buglé.
REPÚBLICA DE CHILE - FALLO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL _Sentencia Rol 15.368-24 C...Baker Publishing Company
CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY
QUE ESTATUYE MEDIDAS PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, EN
RAZÓN DE SU GÉNERO, CONTENIDO EN EL
BOLETÍN N° 11.077-07
Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.Muy buena novela,se trata de una mujer que es ffhjknvvg fgjklkkk jsjsbsbsndnsndndndndn sjjsmsmskzjd s ajam xjsksmiz xbdksnxkosmxjxis sksojsnx s kslsidbd xvdnlsoslsnd sbsklslzjx d sislodjxbx x dbskslskjsbsbsnsnsndndzkkdkdks sjjsmsmskzjd Bienvenido al portapapeles de Gboard; todo texto que copies se guardará aquí.Para pegar un clip en el cuadro de texto, tócalo.Para fijar un clip, manténlo presionado. Después de una hora, se borrarán todos los clips que no estén fijados.Utiliza el ícono de edición para fijar, agregar o borrar cips:vvvb.
Introducción a la clasificación de bienes en el Código Civil ecuatoriano
Acciones Revocatorias Oficio 220-052310
1. OFICIO 220-052310 DEL 09 DE MARZO DE 2016
ASUNTO: ACCION REVOCATORIA Y RECONOCIMIENTO DE INEFICACIA
DENTRO DE UN PROCESO DE INTERVENCION- DECRETO 4334 DE 2008,
REGLAMENTADO POR EL DECRETO 1910 DE 2009- PARA REVERTIR
COMPRAVENTA DE UN INMUEBLE
Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2016- 01- 022251,
mediante el cual, previas las consideraciones allí expuestas, formula una consulta
relacionada con la acción revocatoria para revertir una compraventa de un
inmueble, dentro de un proceso de intervención, los siguientes interrogantes:
1. ¿Cuáles son los mecanismos o procesos judiciales para revertir esta
compraventa?
2. ¿Es procedente para este caso ejercer la acción revocatoria del artículo 74 de la
ley 1116 de 2006 sobre la venta que se realizó después de la intervención del
vendedor?
3. Respecto del numeral primero del artículo 74 de la ley 1116 de 2006, el plazo
mencionado de 18 meses anteriores cual limita el tiempo para solicitar la
revocatoria del acto, es únicamente un límite temporal pasado, ¿existe uno hacia
futuro a la intervención para ejercer esta acción?
4. En este caso, ¿se generaría un objeto ilícito por vender un bien fuera del
comercio, aun cuando la medida inscrita en el Certificado de Libertad y Tradición
del inmueble?
5. ¿Qué mecanismo puede ejercer la Superintendencia de Sociedades para
revertir este negocio?
Sobre el particular se debe señalar que en atención al derecho de petición en la
modalidad de consulta, la Superintendencia emite un concepto de carácter general
sobre las materias a su cargo, mas no en relación con una sociedad o interesado
en concreto, razón por la cual sus respuestas en esta instancia no son vinculantes
ni comprometen la responsabilidad de la entidad y que dicho sea de paso no es su
propósito asesorar sobre asuntos particulares como resulta ser el caso planteado.
Bajo ese presupuesto, a título meramente informativo es pertinente hacer las
siguientes precisiones a la luz del Decreto 4334 de 2008, reglamentado por el
Decreto 1910 de 2009:
i) El artículo 1º del Decreto 1910 de 2009, prevé que “La Superintendencia de
Sociedades, ordenará la toma de posesión para devolver o la liquidación judicial, a
2. los sujetos descritos en el artículo 5º del Decreto 4334 de 2008, medidas que, en
relación con los sujetos vinculados, operarán también respecto de la totalidad
de sus bienes, los que quedarán afectos a la devolución del total de las
reclamaciones aceptadas en el proceso o procesos. Los agentes interventores
procurarán colaborar y coordinar sus actuaciones y los conflictos que surjan entre
ellos serán resueltos por la Superintendencia de Sociedades”. (El llamado es
nuestro).
ii) Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que este Organismo
frente a las personas que son objeto de intervención puede optar: i) la toma de
posesión; y ii) la liquidación judicial, la primera, a efectos de que el agente
interventor devuelva en forma inmediata los dineros incautados, a las personas
que presentaron las respectivas reclamaciones y que le fueron aceptadas las
mismas; la segunda, a través del cual se persigue la enajenación de todos los
activos y con el producto pagar las obligaciones a cargo del deudor intervenido
con la prelación establecida en el Código Civil.
iii) Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 4334
de 2008, en desarrollo de la intervención administrativa, la Superintendencia de
Sociedades podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
a) La toma de posesión para devolver, de manera ordenada, las sumas de dinero
aprehendidas o recuperadas.
b) La revocatoria y reconocimiento de ineficacia de actos y negocios jurídicos,
celebrados con antelación a la toma de posesión.
c) La liquidación judicial de la actividad no autorizada de la persona natural sin
consideración a su calidad de comerciante.
iv) Acorde con lo anterior, el artículo 15 ibídem, preceptúa que “En lo no previsto
en el presente decreto, se aplicarán, en lo pertinente, supletivamente las reglas
establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para la toma de
posesión y en el Régimen de Insolvencia Empresarial”. (Se Subraya).
v) Por su parte, el artículo 14 del Decreto 1910 de 2009, señala que “Las acciones
revocatorias y de reconocimiento de los presupuestos de ineficacia, se tramitarán
de conformidad con lo establecido en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1116 de
2006 y procederán durante el trámite del proceso de toma de posesión para
devolver o de liquidación judicial.
La acción revocatoria como medida de intervención, podrá también interponerse
por el Agente Interventor o por cualquier reclamante del proceso de toma de
posesión para devolver.
3. Parágrafo 1°. Las acciones referentes a daciones en pago y a los actos de
disposición a título gratuito, podrán ser iniciadas por la Superintendencia de
Sociedades en los procesos de toma de posesión para devolver y se tramitarán
como incidente de conformidad con el artículo 8 de la Ley 1116 de 2006.
Parágrafo 2°. En los casos en que las acciones revocatorias sean interpuestas por
los reclamantes del proceso de toma de posesión para devolver, estos tendrán
derecho a la recompensa de que trata el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1116
de 2006.
Parágrafo 3°. Para los efectos de este decreto, quien interponga la acción de que
trata el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, deberá allegar prueba siquiera sumaria
del acto o negocio realizado por el intervenido, so pena de rechazo.
vi) A su turno, el artículo 74 ejusdem, prevé que “Durante el trámite del proceso de
insolvencia podrá demandarse ante el Juez del concurso, la revocación o
simulación de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor cuando
dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden
de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del
deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos:
1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto
que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de
gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor,
realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o
comodato que impidan el objeto del proceso, durante los dieciocho (18) meses
anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación
judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario, obró
de buena fe.
2. Todo acto a título gratuito celebrado dentro de los veinticuatro (24) meses
anteriores al inicio del proceso de reorganización o del proceso de liquidación
judicial.
3. Las reformas estatutarias acordadas de manera voluntaria por los socios,
solemnizadas e inscritas en el registro mercantil dentro de los seis (6) meses
anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación
judicial, cuando ellas disminuyan el patrimonio del deudor, en perjuicio de los
acreedores, o modifiquen el régimen de responsabilidad de los asociados.
PARÁGRAFO. En el evento que la acción prospere, total o parcialmente, el
acreedor demandante tendrá derecho a que la sentencia le reconozca a título de
recompensa, una suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor
4. comercial del bien recuperado para el patrimonio del deudor, o del beneficio que
directa o indirectamente se reporte”. (El llamado por fuera del texto original).
vii) Luego dentro del proceso de toma de posesión para devolver las sumas de
dineros recuperadas, el agente interventor o cualquier reclamante podrá solicitar la
acción revocatoria, de todo acto que implique transferencia, disposición,
constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del
dominio de bienes del deudor, realizados durante los dieciocho (18) meses
anteriores al inicio de dicho proceso de intervención.
viii) Sin embargo, es de advertir que la acción revocatoria debe adelantarse dentro
del trámite del proceso de toma de posesión para devolver, siempre y cuando los
actos se hayan realizado durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del
mismo, declaratoria está a cargo de la Superintendencia de Sociedades (literal b)
del artículo 7º del Decreto 4334 ya mencionado), cuya acción de prosperar el
reclamante tendrá derecho a que en la sentencia se le reconozca a título de
recompensa, una suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor
comercial del bien recuperado para el patrimonio del intervenido.
ix) Así mismo, es de anotar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la
Ley 1116 de 2006, las acciones revocatorias y de simulación podrán interponerse
por cualquiera de los interesados o el agente interventor, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de
créditos. La acción se tramitará como proceso verbal regulado en el Código
General del Proceso.
La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado
dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción de los derechos
del demandado vencido y las de sus causahabientes, y en su lugar ordenará
inscribir al deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan. Con tal
fin, la secretaría librará las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro
correspondientes.
Todo aquel que haya contratado con el deudor y sus causahabientes, de mala fe,
estará obligado a restituir al patrimonio las cosas enajenadas en razón de la
revocación o la declaración de simulación, así como, sus frutos y cualquier otro
beneficio percibido. Si la restitución no fuere posible, deberá entregar al deudor el
valor en dinero de las mencionadas cosas a la fecha de la sentencia.
Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de
simulación de actos del deudor, el juez, de oficio o a petición de parte y previo el
otorgamiento de la caución que fijare, decretará el embargo y secuestro de bienes
5. o la inscripción de la demanda. Estas medidas estarán sujetas a las disposiciones
previstas en el Código General del Proceso.
x) Finalmente, otra medida que puede adoptar la Superintendencia de
Sociedades, en desarrollo de la intervención administrativa, es el reconocimiento
de ineficacia de actos y negocios jurídicos, celebrados con antelación a la toma de
posesión, medida que también se puede aplicar, en criterio de esta entidad, a los
actos realizados a partir de la iniciación de dicho proceso, tal como lo prevé el
parágrafo 2º del artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, norma aplicable por analogía,
tratándose de enajenación de activos sin la respectiva autorización del citado
organismo estatal.
En los anteriores términos su solicitud se ha atendido, no sin antes reiterar que los
efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 de la Ley
1755 de 2015 e igualmente que en la P. Web de la Entidad podrá consultar entre
otros la Circular Básica Jurídica, que le proporcionará mayor ilustración sobre los
temas de su inquietud.