La LSSI (Ley 34/2002) establece derechos y obligaciones para los prestatarios de servicios de internet, como la obligación de proporcionar información clara sobre su identidad, precios y autorizaciones administrativas. Los prestadores de servicios de intermediación no son responsables por contenidos ajenos, salvo si participan activamente en su creación o no actúan rápidamente al conocer su ilegalidad. Además, deberán informar a los usuarios sobre seguridad en internet y las responsabilidades por usos ilícitos.