El documento presenta un proyecto de ley general de educación en Chile. Busca asegurar el derecho a una educación de calidad y equidad para todos los ciudadanos chilenos estableciendo nuevos requisitos, principios y responsabilidades para el Estado, sostenedores y establecimientos educacionales. Algunos cambios clave incluyen una mayor participación de la comunidad educativa, más exigencias para el reconocimiento oficial de colegios, y una flexibilización curricular centrada en los aprendizajes de los estudiantes.