El documento resume las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Discute cómo las negociaciones de paz con la guerrilla M-19 en la década de 1980 influyeron en el proceso de paz en El Salvador. También analiza los obstáculos restantes en las negociaciones con las FARC, incluida la lentitud de las FARC y la resistencia del ELN a un acuerdo. Argumenta que el pragmatismo es necesario para lograr la paz y que las insurgencias deben superar sus amarres ideológicos.

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Colombia: patria o muerte, transaremos
Las negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana han alcanzado su
punto de no retorno, todo gira ya sobre cómo lograr la paz y no sobre la guerra.
Y esto incluye a quienes están en desacuerdo con el proceso.
JOAQUÍN VILLALOBOS 18 MAR 2015 - 00:00 CET
A principios de 1982 tuvo lugar en La Habana un hecho de gran importancia
para mi aprendizaje político. En una casa del conocido barrio del Laguito, donde
ahora se llevan a cabo las conversaciones entre las FARC y el Gobierno de
Colombia, Manuel Piñeiro, el legendario comandante cubano Barbarroja,
promovió una reunión entre Jaime Bateman, dirigente ya fallecido de la guerrilla
del M19 de Colombia, y quien escribe. Por aquellos años negociar era traicionar
para las guerrillas. Bateman estaba en comunicación con el Gobierno
colombiano para una posible negociación. Hablaba de esto con entusiasmo y sin
remordimientos ideológicos. Había hecho una propuesta con la certeza de que
sería rechazada; el problema era, me dijo Bateman, “que todo indica que la van
a aceptar”. Ante esto le pregunté: “¿Qué harás entonces?”. Me respondió
rápidamente con una gran sonrisa: “No sé, pero esto se está poniendo bueno”,
y Piñeiro remató diciendo: “Lo bueno de esto es lo complicado que se está
poniendo”.
Bateman asumía los riesgos de la política con coraje y entusiasmo. No hubo en
la conversación argumentos para defender la idea de negociar y aquello me
resultó alucinante. Yo venía de sufrir debates sobre el conflicto entre
negociación e ideología en El Salvador. Esta reunión me permitió concluir que el
pragmatismo era la forma más inteligente de defender los principios, que
política era sinónimo de negociar y que no existían victorias absolutas porque
los progresos son siempre graduales, relativos e imperfectos. La negociación
entre el M19 y el Gobierno de Colombia tuvo una gran influencia sobre la
insurgencia salvadoreña. El M19 fue la primera guerrilla latinoamericana que
dejó las armas a partir de un acuerdo de paz en 1990 y la de El Salvador fue la
segunda en 1992. Ambas contribuyeron a grandes transformaciones en sus
países y ambas han sido políticamente muy exitosas.
Dice el filósofo británico John Gray que “los movimientos revolucionarios
modernos son una continuación de la religión por otros medios”. Efectivamente,
y con todos sus componentes de sagradas escrituras, misterios, teólogos,

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rituales, existencia del cielo, oraciones, santoral, culto a la muerte y el dolor,
etcétera. Gray sostiene que esa influencia religiosa abarca también al
liberalismo y creo que tiene total razón: los intentos de implantar la democracia
en Irak y Libia lo demuestran. Sin embargo, los liberales logran olvidar por ratos
su catecismo o lo interpretan al gusto y por tanto tienen menos problemas para
pecar.
Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana ya
alcanzaron su punto de no retorno, es evidente que ahora toda la narrativa
colombiana sobre el conflicto gira alrededor de la negociación y no más sobre la
guerra. Esto incluye a quienes están en desacuerdo con el proceso. Ya no se
habla de no, sino de cómo. El cese de fuego de las FARC, la suspensión de los
bombardeos por el Gobierno y el inicio del desminado son anuncios
extraordinarios; las FARC renuncian a su principal arma defensiva y el Gobierno
a su principal arma ofensiva. La guerra está virtualmente terminada, ahora el
problema es terminar la negociación.
Existen tres últimos obstáculos importantes: el ELN, una guerrilla más pequeña
que las FARC, se resiste a un acuerdo realista que la sume al proceso; la lentitud
de las FARC y las dificultades que representa la justicia para tratar las
atrocidades cometidas por distintos actores durante el conflicto. Muy a pesar de
esto, el peligro ahora no es el regreso a la guerra, sino el empantanamiento del
proceso y la pérdida del sentido político del tiempo. El Gobierno actual tiene en
la práctica menos de tres años en los que debe firmar e implementar; Venezuela
y Cuba tienen sus tiempos determinados por graves problemas económicos y
políticos; en Estados Unidos podría llegar el próximo año un Gobierno que ya no
sea tan favorable al proceso; la disposición de Europa para ayudar a reducir los
problemas con la Corte Penal Internacional no será eterna y finalmente una
negociación prolongada se volverá todavía más impopular entre los propios
colombianos.
La práctica paralización de la guerra entre el Gobierno y las FARC convierte al
ELN en el principal objetivo militar del Estado. Esto implica que se concentrarán
sobre este grupo guerrillero todas las capacidades policiales y militares de la
poderosa y eficaz Fuerza Pública de Colombia. En términos generales, tanto la
lentitud de las FARC como la resistencia del ELN responden a un problema de
carácter político religioso. Las insurgencias no son lentas para negociar solo por
estrategia o táctica, sino porque cada acuerdo puede constituir para estas un

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pecado ideológico. Esto se complica cuando deben explicar los acuerdos a unos
seguidores con los que por mucho tiempo rezaron otra verdad. No es casual que
algunos cambien el contenido y sostengan la nominación; como por ejemplo
cuando se dice que se profundiza el socialismo con reformas capitalistas o
cuando en El Salvador los guerrilleros decidimos autodestruir nuestras armas
para evitar la palabra desarme.
La prolongación de la negociación por parte de las FARC y la decisión del ELN de
no aceptar un acuerdo a la medida de sus fuerzas van en contra de sus propios
intereses. La guerrilla guatemalteca se tomó muchos años negociando, terminó
derrotada y los acuerdos que firmó no se cumplieron. Lo perfecto es enemigo
de lo posible. En Colombia el predominio de una narrativa de paz y una realidad
que evidencia el final del conflicto reducirán la autoridad de los dirigentes y
minarán la moral de los guerrilleros. Es comprensible que el ELN y las FARC
tengan dificultades para romper sus amarres ideológicos, pero el pragmatismo
se les ha vuelto una emergencia política. No existen las revoluciones sociales de
mesa y decenas de victorias electorales de la izquierda en Latinoamérica
demuestran que las armas ahora no ayudan, sino que estorban.
Sin embargo, la religiosidad en política no es exclusiva de los revolucionarios,
como señala John Gray. En una negociación, un Estado democrático puede
volverse lento por no atreverse a “traicionar” principios jurídicos que le impiden
reinsertar y permitir a los insurgentes desmovilizados actuar en política. No
existe conflicto en el mundo que no haya tenido que aceptar una dosis de
impunidad a la hora de negociar un acuerdo; ese es el precio de la paz. Nadie
firma para ir a la cárcel y tampoco es justo que unos queden presos y otros
libres. Colombia necesita reconciliarse con su violento pasado y esto demanda
una gran dosis de perdón hacia todos los que se involucraron en el conflicto por
motivaciones políticas. La historia colombiana generó dos realidades que lucen
como dos países distintos, una Colombia rural salvaje que asusta y una
Colombia bogotana sofisticada que asombra. La primera ha vivido dominada por
paramilitares y guerrilleros y la otra ha vivido dominada por abogados y
gramáticos. Esto plantea los riesgos de una lucha entre extremismo ideológico y
extremismo jurídico en la última etapa del proceso de paz.
A lo largo de los últimos 25 años, ocho Gobiernos facilitaron la reinserción de
decenas de miles de insurgentes individual o colectivamente. Todos esos
Gobiernos buscaron la paz, actuaron con pragmatismo y obtuvieron éxitos

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parciales que contribuyeron a configurar la actual oportunidad de paz para
Colombia. Paradójicamente, ahora es necesario superar una realidad jurídica y
política más compleja para obtener un resultado superior, porque se trata de
alcanzar el final definitivo del conflicto. Las oportunidades económicas, sociales
de seguridad y la madurez institucional y política que dejaría la paz son
indiscutibles, porque Colombia ya tiene progresos en todos esos órdenes. A los
insurgentes colombianos quizás sirva contarles que en Centroamérica, en medio
de los debates y temores ideológicos que desataban las negociaciones para
terminar los conflictos, el general Humberto Ortega, jefe del entonces Ejército
Popular Sandinista, planteó que nuestra consigna en aquellas circunstancias
debía ser: “patria o muerte, transaremos” y efectivamente transamos con
mucho éxito.
Joaquín Villalobos fue guerrillero salvadoreño y es consultor para la resolución
de conflictos internacionales.