El tiempo de la politica

INTRODUCCION
El presente ensayo pretende dar un contexto filosófico e histórico
a la realidad nacional de Colombia en los albores de la
suscripción e implementación de los acuerdos de paz
desarrollados en la Habana Cuba, dentro del marco del
pensamiento liberal moderno.
Para ello hemos tomado gran parte de las ideas de JEREMY
WALDRON, JOHN RAWLS y JOSEPH RAZ para abordar las
circunstancias políticas especiales que vive el país ante la
posibilidad de la suscripción de un acuerdo de paz con la guerrilla
de las FARC y la inevitable cuota de impunidad que este proceso
demanda.
Este velo de ignorancia, como se ha llamado a esta medida de
justicia, parodiando a RAWLS, ha dividido a la opinión pública de
forma peligrosa en dos bandos aparentemente irreconciliables:
Quienes quieren la paz a cualquier precio y quienes reclaman una
paz sin impunidad. Pero curiosamente los dos bandos quieren la
paz
Este problema de coordinación es el desafío político más grande
que ha afrontado la dirigencia política del país en las últimas
décadas y de la manera como se ase y resuelva depende el éxito
de la paz en Colombia
Este fenómeno conocido comúnmente como el dilema del
prisionero, abre las puertas a la creación de un espacio público
abierto y transparente con reglas procedimentales claras para
decidir en el desacuerdo y establecer el grado de justicia que
queremos
Creemos para el caso exclusivamente de Colombia, que el
parlamento, escenario clásico para fabricar consensos, no es el
adecuado para decir en el desacuerdo por la maraña de vicios que
empañan las elecciones parlamentarias.
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1988 10 Colombia: Combinación de todas las formas de lucha. Entrevista a Gilberto Vieira, secretario general del Partido Comunista
Colombiano sobre el origen de las guerrillas en ese país y la relación del PC de Colombia con las FARC. Publicado en: Cuba, Biblioteca
Popular, octubre 1988; Nicaragua, Quimera Ediciones, 1988; Colombia, Ediciones Sudamérica, 1989; México, Universidad obrera de
México, 1989.
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EL TIEMPO DE LA POLITICA
“ Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre”
Isaías, 32.17.-RV
El problema fundamental del proceso de paz radica esencialmente
en identificar cuál es la circunstancia en especial que vive el país.
Es tiempo de la política o tiempo de la justicia?
Para escritores como Jeremy Waldron; a diferencia de John Rawls,
no es solamente la justicia la que opera en ciertas circunstancias
especiales como la escasez moderada y el altruismo limitado, sino
que a la política también le ocurre algo similar; es decir hay
circunstancias de la política, y eso sucede para el filósofo, cuando
existen desacuerdos en un tema sustantivo pero se requiere una
acción colectiva.
A los colombianos no nos cabe duda que una negociación con los
grupos alzados en armas es la salida para conseguir la paz; pero
existe un desacuerdo inmenso en las concesiones que se debe dar
a estos grupos armados, sobre todo en materia de adjudicación de
la justicia. Esto es, existen desacuerdos sustanciales en materia
de negociación, pero hay una imperiosa acción común que nos
dice a todos que debemos negociar. Cuál es la salida?
Indudablemente la política, porque así lo dicen las circunstancias.
Al contrario de lo que ocurre con la justicia el disenso es la llama
que prende el accionar político. La justicia para que pueda operar
requiere de consensos nucleares, sobre todo en materia de moral
y ética pública. Los pueblos generalmente deciden antes de
cualquier ordenamiento jurídico que adopten las bases éticas y
morales de su justicia, se requiere que exista un acuerdo nuclear
mínimo que permite el nacimiento de un ordenamiento jurídico.
En Colombia sesenta años de violencia y diez años de seguridad
democrática nos han destrozado ética y moralmente, hasta diluir
cualquier consenso en materia de justicia. El conflicto armado,
desde luego por su crueldad y aberración; y la política de
seguridad democrática por hacer lo correcto frente al problema.
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México, 1989.
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Hoy no sabemos con exactitud cuál de estas dos circunstancias
nos han hecho más daño
Desde los albores de nuestra patria nos hemos caracterizado por
una debilidad institucional producto de las luchas partidistas y un
regionalismo incomprendido que nos han deparado muchas
guerras civiles, violencias partidistas y defensas campesinas que
no nos han permitido forjar un tipo de estado incluyente que
interrelacione correctamente con sus asociados a través de
partidos políticos solidos o corporaciones gremiales.
Por el lado de los partidos políticos lo que hemos generado son
sectas, subculturas como muchos teóricos del conflicto los
llaman, refiriéndose a los partidos de principios de siglo, y
camarillas clientelistas en la actualidad. De parte del estado,
militarismo y regímenes de excepción; y como respuesta de la
sociedad civil a este fenómeno: autodefensas, desde las
campesinas de 1945 hasta nuestros días.
No ha habido en nuestra historia republicana un respiro para el
dialogo y la inclusión social que nos permitan construir un estado
fuerte con instituciones legitimas que nos representen como
colectivo a partir de las cuales se pueda desarrollar un modelo
colombiano de democracia y un modelo colombiano de justicia.
Esta disfunción política y social no nos ha permitido; sobre todo
en el concepto de justicia, un acuerdo mínimo sobre cuestiones
fundamentales de la justicia como la proporcionalidad de las
penas criminales, aplicación del principio de oportunidad penal, el
velo de ignorancia que se requiere para aplicar la justicia en todo
proceso de paz y derechos de las minorías, entre otros
Estos temas se han abordado a puertas cerradas en el congreso
de la república a través de actos legislativos y de forma contra
mayoritaria en algunas sentencias de la Corte Constitucional, lo
que ha generado un desconcierto ciudadano e institucional de tal
magnitud que un día vemos a avezados congresistas impulsar la
pena de muerte para violadores de niños; y a otros, de manera
soslayada introducir “micos” en cualquier proyecto de ley para
acabar con la parapolítica. Igualmente al Señor Fiscal General de
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México, 1989.
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la Republica traer extraditado al país al propietario del bus escolar
que produjo la nefasta muerte de niños en Fundación Magdalena y
a través de un enmarañado argumento jurídico solicitar 40 años de
prisión; al mismo tiempo que en otro escenario, proponer amnistía
para la guerrilla de las FARC por los delitos de lesa humanidad
cometidos por esa organización. Y por el otro lado, la Corte
Constitucional avala el cambio de sexo para las personas pero
limita la adopción de niños solos a parejas heterosexuales.
Este desconcierto en el tema de la justicia nos obliga a abordar a
la política como el mecanismo especial para decidir en el
desacuerdo y encontrar los mecanismos procedimentales que nos
permitan, a partir de la política construir los consensos
necesarios para construir la justicia que queremos y necesitamos
no solo para acabar con el conflicto armado sino para establecer
una paz duradera.
Debemos comenzar reconociendo que las reformas
constitucionales en procura de la paz, excepcionando la de Núñez
en algunos aspectos, han sido un fracaso rotundo en nuestra
historia constitucional.
Se nos escapó una gran oportunidad con la reforma plebiscitaria
de 1957 para extinguir por siempre el fenómeno de la violencia,
pero para los intereses liberal-conservadores lo único que
interesaba en el momento era un reparto milimétrico del poder
público
Con la constituyente de 1991 volvió a renacer la esperanza, pero
de nuevo intereses partidistas mezquinos tanto de la izquierda
como de la derecha, socavaron la esencia de la reforma y
terminaron politizando hasta la justicia
En materia de paz, no obstante que el preámbulo de la
constitución de 1991, la orienta como un valor fundante de la
sociedad colombiana, la decreta como un fin esencial del estado
en su artículo 2 y en su artículo 22 la enmarca como un derecho y
un deber, el constituyente del 91 abordó este tema orientándolo
mucho más hacia la realización material de los derechos
fundamentales, que hacia la búsqueda de una solución negociada
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México, 1989.
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del conflicto armado. Mientras que para los derechos
fundamentales creó verdaderos mecanismos institucionales y no
institucionales para resolver sus tensiones; para la resolución del
conflicto armado, únicamente estableció la amnistía y el indulto
para delitos políticos y una serie de artículos transitorios
orientados a la reinserción de los grupos guerrilleros
desmovilizados. Para el constituyente del 91 el respeto y
protección a los derechos humanos, aunados al fortalecimiento de
la participación ciudadana era suficiente garantía para la
convivencia pacífica de los colombianos.
Quizás el constituyente del 91 engolosinado con el proceso de paz
con el M-19 no creo conveniente adicionar otras instituciones para
la resolución del conflicto armado sino solamente las ya
mencionadas; no obstante haber incorporado al bloque de
constitucionalidad todos los tratados internacionales suscritos y a
suscribir por Colombia en materia de justicia y derechos humanos
sin tener en cuenta que para la época de su promulgación, los
grupos alzados en armas ya habían agotado todo el catálogo de
los delitos de lesa humanidad
El resultado de esta reforma es bien conocido por todos,
politización de la justicia a su más alto nivel, clientelismo,
parapolítica y el recrudecimiento del conflicto armado aunada a la
respuesta estatal militarista y paramilitar.
Lo que hemos venido haciendo es repetir la historia paso a paso,
porque las oportunidades que nos ha brindado la misma han sido
dilapidadas políticamente. No hemos sido capaces de crear un
espacio público con reglas procedimentales claras, transparentes
que nos permitan decidir en el desacuerdo e implementar las
bases sólidas del estado que queremos
Los procesos de paz fallidos y la incapacidad del estado para
combatir la insurgencia en todo el territorio nacional nos han
conducido a una violencia crónica matizada por elementos
comunes y repetitivos en donde el aparato estatal se ha nutrido de
los remanentes de la violencia y de los procesos de paz
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México, 1989.
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inconclusos para aniquilar la resistencia subversiva; y más aún, a
disidencias no armadas de las políticas estatales.
Cuenta GILBERTO VIEIRA* que bajo el incipiente proceso de paz
que se vivió en la dictadura de ROJAS PINILLA, la mayor parte de
las guerrillas liberales se acogieron a las amnistías del régimen
con la promesa de participar en el gobierno; mas no sucedió esto
con la guerrilla comunista que tenía otro tipo de reivindicaciones,
desde luego; entonces la respuesta del ejercito fue convencer a
antiguos guerrilleros liberales para combatir a la subversión
izquierdista, y fue así como se creó el grupo de “los limpios”,
antiguos guerrilleros liberales que salían con el ejército a
combatir la guerrilla comunista.
Cualquier parecido a lo sucedido en décadas pasadas entre el
ejército y los paramilitares es mera coincidencia; ojala logremos
revisar la historia con cuidado en el proceso de paz de la Habana
para no tener la desgracia de ver en el futuro a la guerrilla de las
FARC combatiendo al lado del ejercito a las BACRIM o a la misma
guerrilla del ELN
Lo primero que tenemos que hacer para evitar este fenómeno es
sanar nuestra democracia. La democracia defectuosa no fabrica
consensos sino que avasalla, hiere y deslegitima cualquier
proceso, por ello aquí en Colombia la teoría de Waldron da un
traspié en cuanto al escenario natural que tiene un país para
fabricar consensos: el parlamento, en esta nación el legislador no
es digno; y no lo es por el sistema político corrupto y mafioso que
lo impone.
Ante esta realidad, no nos queda otro camino que idear un espacio
público dieren te al parlamento para constituir un foro ciudadano
con la participación de todos, para que a través de procedimientos
trasparentes y legítimos podamos decidir en el desacuerdo.
La necesidad de actuar concertadamente en circunstancias de
desacuerdo acerca de cómo y para qué es necesario actuar
concertadamente constituye la esencia de la política, por ello si
políticamente somos incapaces de una acción colectiva, no vamos
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México, 1989.
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a obtener el velo de ignorancia con que vamos a adjudicar la
justicia en el proceso de paz.
Colombia tiene más de 7 millones de víctimas y el presidente
Santos accedió al poder con una cifra parecida, sería una locura
pactar una paz que ofenda a la mayoría de las víctimas.
Lo importante en estos momentos históricos no es la justicia, sino
la política; solo a través de esta lograremos concertar la medida
de justicia indispensable para implementar los acuerdos de la
Habana
Se equivocan los que pretenden a puertas cerradas en un
congreso desprestigiado ante la opinión pública conseguir el aval
ciudadano a un proceso de paz que no se ha caracterizado por la
publicidad de sus acuerdos y actuaciones; y mucho menos
pretender regularlo a través de leyes habilitantes.
Es la gran oportunidad de la política, el Presidente Santos debe
ser capaz de líder este proceso sin miedos ni temores, esta es una
ocasión “única y feliz” que no puede dejarse a un lado porque la
historia ha sido estricta en el pasado y ha cobrado con sangre
estos errores.
El tiempo de la justicia es el futuro, si logramos crear los espacios
de concertación adecuados veremos aflorar la paz como el efecto
de la aplicación de una justicia recta y equitativa; entonces los
colombianos tendremos reposo y seguridad para siempre como
dice el profeta Isaías en el epígrafe de este escrito.
Todo lo demás es accesorio, incluida la verdad, porque la verdad
es políticamente irrelevante
El pasado y la revancha deben quedar atrás, como bien lo ha
recogido PETER HÄBERLE en su magistral obra, VERDAD Y
DERECHO CONSTITUCIONAL, UNAM, www.bibliojuridica.org, ISBN
970-32-3142-X, pagina 100: “En la historia se ha ensayado dejar
en paz al pasado con el fin de darle una oportunidad al futuro y
aun nuevo comienzo. Esto sobre todo debido a la dificultad de
seguir la pista correcta que lleve a la verdad; lo que a su vez
significa hacer justicia basándose en leyes generales y
abstractas”
*
México, 1989.
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BIBLIOGRAFIA
DWORKIN Ronald. Los Derechos en serio. Ariel. Barcelona
------------- Ronald. El Imperio de la Justicia. Ariel Barcelona
HABERMAS, Jurgen, Facticidad y valides del derecho, Madrid,
Trotta, 1998
__________, Jurgen, Verdad y justificación, Madrid, Trotta, 2002
HABERLE, Peter, verdad y derecho constitucional, UNAM,
www.bibliojuridica.org, ISBN 970-32-3142-X
_________, Peter, Constitución como cultura, U externado, Bogotá,
2002
NINO, Carlos Santiago, La paradoja de la irrelevancia moral del
gobierno y el valor epistemológico de la democracia, en varios
autores, En torno a la democracia, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni,
1990, pp. 97 y ss
RAZ, Joseph, Practical reason and norms 2ª ed NJ, Princeton,
University Press, 1990
RAWLS, John, teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura
Económica, 1979.)
WALDROM, Jeremy, Law and disagreement, Oxford, Claredon
Press, 1999
________, Jeremy, The dignity of legislation, Cambridge University
Press, 1999
*
México, 1989.
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AUTOR:
AGUSTIN LEAL JEREZ
PERFIL PROFESIONAL
Abogado, especialista en derecho público con experiencia en
derecho urbanístico, ordenamiento territorial, en contratación
estatal, litigios en la jurisdicción ordinaria y en lo contencioso
administrativo; gerencia de la defensoría pública, Abogado
consultor de varias empresas importantes del país, y el exterior;
entre las cuales se destacan, GRUPO AREA SA, PUERTO BAHIA
SA, CORPAC STEEL LTD y STEEL CITY LTDA.
Otras publicaciones: El Neoliberalismo y la Crisis de los Partidos
Políticos, Diario El Universal, Magazín Dominical,1992
La Seguridad Democrática y el Constituyente de 1991, comentada
por el Ex presidente Álvaro Uribe Velez
Dirección: Barrio de Manda, 2 Avenida No. 2061, apto 1103,
Cartagena
Celular: 3008099303
E-Mail: agustinleal24@yahoo.es
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México, 1989.
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