La comunidad de paz de San José de Apartadó, compuesta por más de 1,300 personas, celebra su octavo aniversario buscando alternativas de vida digna en medio de la violencia en Urabá, Colombia, donde han sufrido más de 380 violaciones de derechos humanos y 146 asesinatos. La comunidad, a pesar de las amenazas y agresiones por parte del ejército y paramilitares, sigue esforzándose por establecer zonas de paz y alternativas de vida justas. Recientemente, han enfrentado una masacre que dejó varios miembros destacados asesinados, lo que ha reafirmado su demanda de justicia y respeto por los derechos humanos.

1. Ocho años de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Bogotá – Colombia
24 de 2005
Redacción Actualidad Étnica
Foto Clara I. Restrepo
Las 1300 personas que constituyen la Comunidad de San José de Apartadó,
ubicada en la conflictiva zona del Urabá antioqueño, celebran ocho años de
recorrido como propuesta que busca alternativas de vida digna en medio de la
guerra.
Sin embargo, sus inmensos esfuerzos, que le han valido un reconocimiento
nacional e internacional, no han sido suficientes para que la tranquilidad sea una realidad en la
región, toda vez que desde su misma constitución las violaciones han sido sistemáticas y constantes,
al punto que en los ocho años se han registrado 380 acciones violatorias, con el triste saldo de 146
personas asesinadas.
Como lo reconocen las propias comunidades, buena parte de las vejaciones y atropellos han sido
cometidos por la Fuerza Pública, en combinación con los grupos paramilitares.
“Toda la creatividad de la muerte se ha utilizado contra nosotros; todos los métodos y acciones de
terror: asesinatos, desplazamiento, desapariciones, desalojo de tierras, torturas, amenazas,
calumnias, judicializaciones, quema de cosechas y viviendas, violaciones carnales, robos, bloqueos,
bombardeos”, expresa la Comunidad de Paz.
A pesar de ese crudo panorama que aún los sigue golpeando, las 1300 personas que integran la
comunidad no renuncian en sus sueños por alcanzar tranquilidad, para cual continúan generando
formas de vida justas.
“Cuando comenzamos éramos sólo 350 personas; hoy la comunidad somos más de 1.300 personas y
ahora anexándose en búsquedas de respeto las demás veredas, mostrando que tiene sentido nuestra
búsqueda”.
A continuación Actualidad Étnica presenta el comunicado emitido por la Comunidad:
Una búsqueda de vida ante el terror y la muerte: octavo aniversario de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó
Desde hace ocho años nuestra comunidad comenzó a caminar en la búsqueda de alternativas de
crear espacios diferentes en medio de la guerra. Cuando comenzamos, la realidad era igual a la de
hoy: una guerra que se ensaña contra la población civil y en la que los actores armados (ejército-
paramilitares y guerrilla) no se abstienen de utilizar y crear nuevos métodos de muerte y destrucción.
Desde ese día hasta hoy han sido innumerables las vejaciones y atropellos que hemos sufrido, la
gran mayoría realizadas por la fuerza Publica en acción conjunta con los paramilitares. Hoy se suman
más de 146 asesinatos y más de 380 violaciones de derechos humanos. Toda la creatividad de la
muerte se ha utilizado contra nosotros; todos los métodos y acciones de terror: asesinatos,
desplazamiento, desapariciones, desalojo de tierras, torturas, amenazas, calumnias, judicializaciones,
quema de cosechas y viviendas, violaciones carnales, robos, bloqueos, bombardeos (anexamos los
hechos recogidos durante estos años).

2. Pero en medio de este panorama hemos creado mucha esperanza y ante los hechos de muerte
hemos sembrado vida, generando ilusiones para aquellos que vivimos en medio de la guerra tanto en
nuestro país como en otros lugares del mundo. Hemos ido generando una nueva forma de vida más
justa, más solidaria con búsquedas de dignidad para todos, todo ello desde el trabajo comunitario y
conjunto, desde la formación y desde una economía solidaria.
Cuando comenzamos éramos sólo 350 personas; hoy la comunidad somos más de 1.300 personas y
ahora anexándose en búsquedas de respeto las demás veredas, mostrando que tiene sentido nuestra
búsqueda.
Hoy nos enfrentamos a uno de los momentos más oscuros: la paramilitarización no sólo de Urabá
sino de todo el país. Mientras tanto, el mundo está a las puertas de sufrir una afrenta contra la
dignidad humana al intentar buscarse total impunidad para los horrores de muerte que son la infinidad
de crímenes de lesa humanidad realizados por los paramilitares y en la mayoría con la complacencia
y el accionar conjunto de la fuerza Pública.
Pero el triunfo de esta injusticia no es sólo la impunidad para los crímenes cometidos. El p delan
exterminio continúa y se viene realizando por parte del paramilitarismo que sigue actuando protegidos
por el silencio. Su desmovilización es una farsa y fe de ello podemos dar las víctimas.
Una de las últimas acciones para consolidar el paramilitarismo es el desalojo y toma de tierras para la
construcción de sus proyectos económicos y militares. Basta contar rápidamente lo sucedido este
año: los paramilitares han ido tomándose veredas y desalojando campesinos después de operativos
militares que se dan cada mes o cada dos meses usando bombardeos indiscriminados, torturas,
detenciones y judicializaciones.
Hace un año la vereda Mulatos tenía 98 familias y en estos meses han sufrido ocho desplazamientos
en donde la Fuerza Pública ha bombardeado, ha quemado sus pertenencias, casas y cosechas, han
sido torturados, detenidos, asesinato de niños. Hoy dicha vereda sólo cuenta con 11 familias. Los
paramilitares han tomado Rodoxali, la vereda contigua y han anunciado que la próxima vereda a
tomar es Mulatos.
La misma historia han sufrido la Esperanza y el Porvenir veredas deshabitadas por la misma
estrategia de muerte, bombardeos y quemas. Veredas vecinas a estas como Playa Larga han sido
tomadas por los paramilitares con el apoyo de la Fuerza Pública.
Por todos estos hechos hemos decidido crear zonas de Paz en cada vereda; en estos lugares
humanitarios se exige la no presencia de ningún actor armado y las familias podrán refugiarse en
ellas en caso de combate o bombardeos. Estos espacios contarán con medios de comunicación para
dejar constancia de las acciones en contra de la población civil y para facilitar la búsqueda del respeto
en medio de las confrontaciones.
Las zonas de Paz son lugares demarcados visiblemente para que allí no se agreda a la población
civil y para que no exista presencia de ningún actor armado. Allí no se admite ninguna clase de arma
o artefacto de guerra o cualquier elemento logístico de los actores armados pues estas zonas son
exclusivamente para la población civil. De esta forma no se desalojará a la gente de sus veredas y
será más fácil exigir respeto para sus productos, posesiones y viviendas. Estas zonas serán además
lugares de encuentro para la formación y organización de la vereda. Los espacios humanitarios serán
las escuelas y sus alrededores donde se vienen construyendo unos kioscos. Las veredas que han
tomado dicha decisión y exigen un respeto a esto son Cristalina, La Linda, Miramar, Bellevista,
Buenos Aires, Alto Bonito, Arenas Bajas. Asimismo se comienza el retorno a la vereda la Esperanza
con varias familias pertenecientes a la Comunidad de Paz de San José.

3. Estas búsquedas son alternativas de vida en medio de tanta muerte y dificultades. Estos avances son
posibles gracias al apoyo nacional e internacional de muchas organizaciones, es por ello que ante
esta solidaridad que nos han manifestado siempre, queremos invitarlos a que nos acompañen y se
solidaricen con estas búsquedas de zonas de paz, como lugares humanitarios y el retorno a La
Esperanza. Estas alternativas de vida desde opciones civiles se harán públicas y comenzarán a
funcionar el 23 de marzo de 2005 en el octavo aniversario de la Comunidad de Paz de San José.
Por ello los invitamos a participar. La celebración comenzará el 22 y 23 de marzo y se harán visitas a
tres lugares de paz- zonas humanitarias- y una reunión con las familias de los demás lugares. En las
zonas humanitarias colocaremos una placa para inaugurar y declararlas zonas de paz. El 23 en la
noche tendremos un conversatorio sobre el sentido y búsqueda de verdad, justicia y reparación y el
proceso de los paras en la zona de Urabá como un plan de la paramilitarización. Luego un rato
cultural con una obra de teatro.
Para nuestras búsquedas y alternativas es esencial su acompañamiento y su solidaridad por ello los
invitamos a estar participando de esta iniciativa de vida.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó

4. EJERCITO REALIZA MASACRE CONTRA LA COMUNIDAD DE PAZ
DE SAN JOSE DE APARTADO
ASESINAN A LUIS EDUARDO GUERRA, MIEMBRO DEL CONSEJO
No podemos decir nada más; el dolor nos embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El
Estado colombiano, como muestra de su increíble ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña
de sangre nuestras tierras. El ejército ha masacrado a LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, de 35
años de edad, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso. A
su compañera BELLANIRA AREIZA GUZMAN de 17 años, a quien hace tan sólo unos días se había
unido, a su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años y quien había sido herido el 11 de agosto de
2004 con una granada dejada por el ejército. A ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO de30
años líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de las zona humanitaria de Mulatos. A su
compañera SANDRA MILENA MUÑOZ POZO de 24 años y a sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA
MUÑOZ de 2 años y a NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ de 6 años.
LUIS EDUARDO GUERRA había salido el sábado 19 de febrero de su casa en San José hacia su
finca en la vereda Mulatos (queda a unas 7 horas de San José) con el fin de recoger cacao; sus
planes eran regresar el lunes 21. Pero ese lunes 21 hacia las 11 a.m. fueron detenidos en el
río Mulatos por miembros de la Brigada XI (once) del ejército. Luis Eduardo iba de salida hacia San
José con su compañera BELLANIRA, su hijo DEINER y otro joven, medio hermano de Luis Eduardo.
El ejército los amenazó y les dijo que iban a llevárselos para asesinarlos. Al escuchar esto, el medio
hermano de LUIS EDUARDO logró correr. Pero LUIS EDUARDO, BELLANIRA y DEINER fueron
llevados desde ese sitio de la vereda Mulatos hasta La Resbalosa, la vereda siguiente. Allí los
llevan a la casa del señor ALFONSO BOLIVAR.
El martes 22 el medio hermano de Luis Eduardo, quien había logrado huir del ejército, va a buscarlos
y en la casa de ALFONSO BOLIVAR encuentra sangre y sigue su rastro hasta encontrar, cerca de la
casa, una fosa con los cadáveres despedazados totalmente. Este terrible hallazgo fue hecho por el
joven y otras personas de la vereda Mulatos que habían salido a buscar a los desaparecidos.
Estos son los hechos que hemos logrado esclarecer. LUIS EDUARDO gran amigo y gran líder,
defensor de los derechos humanos, fundador de nuestra comunidad, delegado desde hace cinco
años por la comunidad para interlocutar con el Estado en la concertación de las medidas
provisionales, desde hace tres años integrante y coordinador del comité de derechos humanos de la
comunidad, viajó varias veces por invitación de Europa y Estados Unidos a compartir su experiencia.
Su muerte nos embarga de un dolor indecible y las circunstancias de su asesinato como el de las
personas que fueron masacradas con él, nos llena de rabia e indignación.
Aún hay hechos alrededor de esta masacre que quedan por aclarar. Pero este comunicado es
urgente pues queremos recuperar los cuerpos de nuestros amigos. Para ello saldrá una comisión de
unas 300 personas hacia la vereda La Resbalosa, que queda a unas nueve horas de San José.
Nuestro sentido de humanidad nos demanda hacerlo. No podemos dejar que el olvido y la sevicia del
Estado haga que nuestros compañeros sean abandonados. Por lo tanto dejamos esta constancia a la
historia y pedimos la solidaridad nacional e internacional para que se pronuncie en contra de este
hecho aberrante que afecta a toda la humanidad. También pedimos que se exija al Estado
colombiano el respeto a esta comisión de personas que vamos a ir a recuperar los cadáveres que ha
dejado esta masacre. Creemos que el mismo terror habla por sí mismo. LUIS EDUARDO, tu
memoria, tu compromiso, tu claridad, tu amistad, nos da fuerza en medio del dolor. Como siempre lo
reflexionamos, no retrocederemos en nuestros principios aunque el Estado, con sus paramilitares,
nos acaben a todos.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó - Febrero 24 de 2005

5. COMUNICADO PUBLICO
La Corporación Jurídica Libertad informa a la Comunidad Nacional e Internacional los graves
acontecimientos que afectan a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y que una vez más
vulnera los derechos a la vida y libertad.
Hechos:
El Lunes 21 de febrero de 2004, personal uniformado y armado que se identificó como perteneciente
a la Brigada XI del Ejercito nacional retuvo en el río Mulatos, a LUIS EDUARDO GUERRA, a su hijo
de 11 años DEINER ANDRES GUERRA, a la señora DEYANIRA AREIZA, y a otros cuatro personas
más. Los condujeron hacia la Vereda La Resbalosa a la finca de propiedad de ALFONSO BOLIVAR.
Una de las personas retenidas por los militares logró huir del procedimiento ilegal, ya que no se les
informó el motivo de la retención ni del traslado hacia la vereda la Resbalosa.
Al día siguiente, la persona que logró escapar salió a buscar a los retenidos y logró avizorar en la
finca del señor Alfonso Bolívar, huellas de sangre y lo que al parecer es una fosa. Removió un poco la
tierra y observó el cuerpo mutilado de quien se cree es DEINER ANDRES GUERRA. Ante la
gravedad del hallazgo decidió no continuar con la búsqueda y se traslado al casco urbano del
corregimiento de San José de Apartadó donde informó lo sucedido al Consejo Interno de la
Comunidad de Paz. Otros campesinos de la Vereda igualmente se acercaron al Consejo Interno y
comunicaron lo relativo a la fosa común.
Hasta el momento no se conoce el paradero de LUIS EDUARDO GUERRA ni de las otras personas
retenidas ilegal y arbitrariamente. Y con la información sumaria de que se dispone se presume
fundadamente que se ha ocasionado una cruel masacre en contra de miembros de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó.
LUIS EDUARDO GUERRA es un reconocido líder del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó, y quien ha sido designado para la interlocución con el Gobierno Nacional en el
marco de la implementación de las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA desde el 9 de octubre de 2000. En tres oportunidades se reunió con el
Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos, quien se había comprometido personalmente
en el impulso de las citadas medidas provisionales.
Antecedentes:
El día 20 de febrero de 2005 hacia las 4 a.m. el ejército llego a la vereda las Nieves, del corregimiento
de San José de Apartadó, dos horas más tarde entró disparando a la casa de la señora GLADYS
GUZMÁN PALACIOS quien se encontraba con su hija DIANA MARCELA GUZMAN de cuatro años
de edad y el padre de la menor, quien las visitaba. En los disparos que realizó el ejército dentro de la
casa resultó muerto esta persona, quien era señalado de pertenecer a las milicias de las FARC, y
herida la menor Diana Marcela, la que está internada en el hospital de Apartadó. Se tiene
conocimiento que el personal militar que se halla en la zona es el 33 contraguerrilla de la Brigada
XVII.
El día 22 de febrero, también en el área rural del corregimiento de San José de Apartadó, en
inmediaciones de las Veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, se presentaron bombardeos
indiscriminados por parte de helicópteros del ejército, colocando en riesgo a más de 200 campesinos
que habitan dichas veredas. Se había alertado sobre esta situación con la finalidad de evitar el
desplazamiento forzado de estas familias, ya que en otras ocasiones como sucedió durante los
meses de diciembre de 2004 y enero de 2005 en desarrollo de operativos militares similares se

6. cometieron una serie de atropellos y de afectaciones a los derechos fundamentales de los
campesinos.
Peticiones urgentes:
En razón de los hechos que se ponen en conocimiento público, solicitamos de manera urgente:
1. Que el gobierno Nacional disponga todo lo necesario para lograr que sea directamente la
Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía y personal especializado de Medicina Legal
quien inicie la respectiva investigación penal por estos graves hechos.
2. Que el Procurador General de la Nación designe a un grupo de sus asesores para que inicie
las respectivas investigaciones disciplinarias.
3. Que bajo ninguna circunstancia se permita que personal perteneciente a la Brigada XI del
Ejército participe en las diligencias judiciales para evitar la manipulación de la escena del crimen.
A la Comunidad Nacional e internacional solidaria se le propone de manera inminente la
conformación de una comisión que se desplace a la zona y acompañe a la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó en estos trágicos hechos.
CORPORACION JURÍDICA LIBERTAD
Conmocionado por la terrible sensación de impotencia ante la descarada arremetida oficial contra los
espacios de dignidad que las comunidades de la región de Urabá han construido con altísimas cuotas
de dolor y muerte, redirecciono el correo que desde Alemania envían con la información sobre el
atroz crimen de que fue víctima Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó, hecho articulado a una serie de atropellos que en los últimos días ha realizado
el Ejército contra quienes en San José de Apartadó optaron por la independencia total de los actores
del conflicto armado, por la construcción de un modelo de vida basado en la justicia, la dignidad y en
el sano relacionamiento con el medio ambiente.
A los amigos y amigas de la Comunidad de Paz, un saludo de solidaridad y compromiso con su lucha,
que es la nuestra. Luis Eduardo es un ejemplo de tenacidad y resistencia. Su memoria y la lucha por
lograr el castigo para los responsables de su muerte - seguramente los mismos responsables de la
muerte y desaparición de más de 100 pobladores de San José-, hace parte del legado irrenunciable
de quienes estamos comprometidos en la defensa de los derechos humanos.
Nos llena un dolor muy profundo al recibir esta noticia del vil asesinato de Luis Eduardo. Recibimos a
Luis Eduardo en Alemania, en los primeros tiempos de fundada la Comunidad. Lo encontramos en
Colombia. Vimos el dolor en sus ojos, su sufrimiento, al tiempo, su fuerza, su sinceridad e integridad.
El Estado colombiano mato a su mejor gente. Mata a los que tantas veces y con tanto esfuerzo,
reclaman la vigencia y el cumplimiento del DIH y del derecho internacional de derechos humanos.
Mata a los que realmente construyen la paz. Solo nos queda solicitar a tod@s que la Comunidad de
Paz de San José de Apartado en este momento de luto y dolor, reciba los gestos de solidaridad y
apoyo nacional e internacional que necesita para poder seguir.
Desde Alemania, Bettina Reis, ila-kol

7. LA HISTORIA SE REPITE
"La guerra en el Chocó ahora no solo se despliega por río y selva. Ahora viene por aire". Tathiana
Montaña, Febrero de 2005, INDEPAZ
“A finales de diciembre, en forma sorpresiva, sin notificar ni a Codechoco, ni a la Gobernación, ni a
procuraduría ni a nadie, comenzaron a aterrizar unos aviones de la Policía, a desembarcar tanques y
elementos raros. Un amigo que llegó en ese momento de Medellín me informo, “hombre, llegaron los
de antinarcóticos”.
Habían llegado a fumigar. Las fumigaciones iniciaron el 31 de diciembre. Estuvieron entre el 31 de
diciembre y el 12 de enero (...) El aeropuerto el Caraño de Quibdo es muy pequeño, apenas tiene
una plataforma donde caben 4 o 5 aviones bien apretados; ellos llegaron con 4 avionetas, 6
helicópteros y sus tanques. Los pasajeros, debían transitar por medio de los tanques y de los
grandes hombres de vestido anómalo. Todo esto a solo de 5 metros de la cafetería”. Jorge Salgado,
director Chocó 7 días, 13 de febrero de 2005.
“Regresaba a Quibdo de Cali el 3 de enero. Me sorprendió la cantidad de aviones, de helicópteros y
unos tanques tapados que estaban en la pista; el olor era diferente y me dije “ya el Chocó no volverá
a ser como antes”. Ventura Díaz, Consejero de paz del Chocó, 13 de febrero de 2005
La guerra en el Chocó ahora no solo se despliega por río y selva. Ahora viene por aire. A propósito,
me preguntaba un joven de una organización que trabaja por los derechos humanos de los niños y
las niñas en Quibdo, ¿Y a quien se le ocurre echarle veneno a la selva?
Ante esta amenaza contra la vida y el territorio, la respuesta de los chocoanos fue inmediata. La
sociedad civil en el Chocó, integrada por los afros colombianos, los indígenas, la iglesia y la academia
entre otros, reaccionó, se pronunció y exigen que no se les fumigue. En el San Juan, en Itsmina, en
el Alto Baudó y en Tadó, sus habitantes a pesar de estar huyendo de la guerra que las FARC y los
paramilitares diariamente desatan en sus territorios colectivos por el control de los corredores de
narcotráfico, se pronunciaron en contra de las fumigaciones. Y hasta los “brujos, los chamanes,
conjuraron para que lloviera permanentemente” para que los aviones regresaran a sus plataformas,
ahora en Pereira.
El cultivo de coca ha crecido. Hoy existen unas 2.500 hectáreas sembradas y la solución no está en
las fumigaciones. La idea, asegura el Instituto de Investigaciones del Pacífico, es crear mecanismos
alternativos que permitan a las comunidades tener acceso a su pan coger y a disfrutar del agua que
la selva les regala. Es este el reclamo de las comunidades afectadas.
En una entrevista concedida por el consejero de paz del Chocó a INDEPAZ, quedó claro que la crisis
humanitaria en el departamento tiene sus raíces en “los cultivos de uso ilícito (…) los comerciantes,
mineros, paramilitares y la misma guerrilla han determinado que el San Juan sea una zona de
cultivo”1[1][1][1].
Algunas ONG que trabajan en la región alertaron sobre el aumento de asesinatos
selectivos de población civil en la zona limítrofe entre los departamentos d e Chocó y
Risaralda. Esta zona actualmente está en disputa entre los actores armados que buscan
el control estratégico de una zona de interés multinacional, que además permite la
movilización y el tráfico de armas y drogas. Fuente: Sala de situación humanitaria,
Naciones Unidas, informe octubre 2004, Vol. 3, Nº 10

8. Esto evidencia la “grave situación humanitaria”,
§ Las fuerzas irregulares y el ejército siguen en combates, acentuando el
desplazamiento forzado. Acozó, una población de tan solo 75 casas, hoy tan solo tiene 4 habitantes
mujeres, y la Unión tiene 13 habitantes. Ahora son pueblos fantasma
§ El bloqueo de alimentos y medicinas es evidente. La visita de una comisión
humanitaria durante la primera semana de febrero de 2005 integrada por delegados de ACNUR, la
Defensoría del Pueblo, la personería de Condoto, la Procuraduría, la consejería de paz evidencian lo
anterior: 25 personas de una muestra de 54 analizadas, presentan malaria y paludismo.
§ Los cultivos de coca con fines ilícitos, que conllevan a que las normas humanitarias
del derecho internacional no se respeten, aumentan vertiginosamente.
El representante en Colombia del Programa Mundial de Alimentos, Peter Grossens, alertó sobre la
difícil situación que atravesaban 1500 desplazados en el Chocó y la falta de recursos para atenderlos.
Según el representante, al parecer miembros de los grupos armados que hacen presencia en esa
zona han saqueado e impedido el acceso a estas comunidades. Ante estas circunstancias, muchas
familias se han visto forzadas a alimentarse de manera exclusiva de plátanos para evitar morir de
hambre. El Colombiano, 21 de diciembre del 2004, pagina 9a.
La disputa entre guerrilla y paramilitares por zonas con cultivos de coca en la zona del río San Juan,
que ocasionó un desplazamiento masivo de 1.240 personas desde Medio San Juan, las comunidades
Fujiadó hacia la zona de Itsmina y Andagoya. Además, según información recogida durante la Misión
Humanitaria del 18 de agosto realizada por Naciones Unidas, Iglesia, gobiernos local y regional y
CODHES, por lo menos 5.900 personas había quedado confinadas como consecuencia del
escalamiento del conflicto en la región.
Fuente: Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento,
No. 56. Bogotá, 1 de febrero de 2005.
Y a pesar que el batallón Alfonso Monosalva Flores ha incrementado su pie de fuerza en la región, las
condiciones no han cambiado.
Esta guerra no se resuelve con las armas, ni fumigando campesinos que han sido desplazados por
causa del conflicto interno como los señala el comunicado del 16 de febrero de 2005 entregado a la
opinión pública por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato
COCOMACIA y la Diócesis de Quibdo.
Las acciones de la sociedad civil en el Chocó cada vez son ma s y tienen mayor fuerza. Se sigue
resistiendo a creer que la salida es la guerra y a pesar de las amenazas contra sus vida, dignidad y
territorio, los campesinos, indígenas, afro colombianos están dispuestos a crear mecanismos de
protección de los derechos humanos para sostener su cultura y su identidad.
ednatmm@yahoo.com
Bogotá, Colombia.

9. Comunicado a la opinión pública sobre un nuevo desplazamiento masivo de las comunidades
Afrodescendientes de Bojayá
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA y la
Diocesis de Quibdó, denuncian ante la opinión pública regional, nacional e internacional y a las
autoridades públicas, que a tres años de la masacre de Bojayá se viene presentando una situación
similar a la que llevó a la TRAGEDIA DEL 2 DE MAYO del 2002
HECHOS
Desde el mes de marzo del 2004, los habitantes afrodescendientes e indígenas en el Medio Atrato
están observando una avanzada masiva de paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas desde los ríos
Opogadò y Napipi. Esta avanzada paramilitar bajo el silencio y consentimiento de las fuerzas
militares, provocó el desplazamiento masivo de cinco comunidades indígenas y ha sido denunciado
en reiteradas ocasiones por la Defensoría del Pueblo, las organizaciones COCOMACIA- OREWA y
la Diocesis de Quibdó.
Los paramilitares, en los últimos dos meses, han manifestado abiertamente su propósito de
apoderarse de la cuenca del río Bojayá actualmente controlado por el frente 57 de las FARC que
también han aumentado su presencia.
Ante estas circunstancias y por temor a confrontaciones inminentes, desde el 11 del mes de febrero
del 2005 unas 1000 personas de las comunidades afrodescendientes Pogue, Piedra Candela, La
Loma de Bojayá, Cuia, Caimanero y Corazón de Jesús del río Bojayá, iniciaron lamentablemente un
nuevo desplazamiento hacia Bellavista cabecera municipal de Bojayá que se ve totalmente
desbordada para atender humanitariamente una población que supera la propia, con el agravante de
que aún no se han recuperado sicológica y físicamente de los traumas sufridos en el genocidio del
2002.
Es dramático que dos de estas comunidades, Piedra Candela y Caimanero apenas en el mes de
septiembre del 2004 retornaron a sus lugares de origen después de su último desplazamiento.
Alertamos además que aún se encuentran aproximadamente 500 personas de estos pueblos que no
han podido salir de sus comunidades por falta de seguridad y medios de transporte.
Los indígenas, a pe sar de la aguda situación que se evidencia en la zona han manifestado de manera
expresa que van a resistir en sus comunidades como muestra de defensa de su territorio y por no
querer repetir la amarga experiencia del desplazamiento y retorno de las comunidades Egoroquera,
Unión Baquiaza, Playita, Unión Cuití y Hoja Blanca en julio del 2004 en el cual se evidenció el
incumplimiento de lo acordado con las instituciones del Estado.
EXIGIMOS
A los actores armados:
1. Para que cumplan las normas del DIH.
2. Que eviten confrontación directa en lugares donde se encuentre la población civil.
3. Permitir la libre movilización de las personas de las comunidades y las comisiones humanitarias.
4. No restringir el paso de alimentos, medicinas, combustible y otros artículos de primera necesidad.
5. Que se suscriban a la propuesta del Acuerdo Humanitario elaborado por las organizaciones del
Foro Interétnico Solidaridad Chocó.
A las Instituciones civiles del Estado:
1. Que cumplan sus obligaciones constitucionales tanto con la población desplazada, la población
receptora y la población resistente en su territorio.
2. Que busquen por todos los medios posibles una solución negociada al conflicto.

10. 3. Dar las garantías necesarias para la movilización y protección de las personas que se encuentran
en medio del conflicto y que desean salir de su territorio para defender su vida y la de sus hijos.
A la comunidad internacional:
1. Apoyo a las iniciativas de protección de la sociedad civil de las organizaciones de base.
2. Visibilización de las consecuencias de la guerra que afectan el pueblo Chocoano.
Quibdo, 16 de febrero del 2005

11. Bojayá y Urabá: nuevas tragedias: asesinado líder fundador de Comunidad de Paz
Fuente: Actualidad Étnica
Comunidades indígenas y negras de los municipios de Río Sucio y Bojayá (Chocó, Colombia) están
nuevamente expuestas a la barbarie de paramilitares y guerrilleros que desde hace meses vienen
disputándose el control de varios corredores para el tráfico de armas por el Pacífico y la frontera con
Panamá. La intensificación de los combates en la presente semana se debe a la arremetida de los
paramilitares para tratar de sacar a las FARC de esta región estratégica por ser zona de frontera con
Panamá y de acceso al Océano Pacífico, zona de alta biodiversidad y rica en minerales, sobre la que
se han tejido varios megaproyectos.
Como consecuencia de las acciones bélicas y amenazas contra la población civil, 350 familias de
comunidades negras tuvieron que desplazarse, en tanto que mil indígenas que decidieron no
abandonar sus territorios -al igual que otras comunidades negras- están sometidas al confinamiento
forzado, enfrentando cada día los peligros de vivir en medio de la barbarie entre paramilitares y
guerrilleros. Ante esta situación uno se pregunta:
- Dónde está la efectividad de la fuerza pública? No han sido suficientemente advertida de estos
procesos que se vienen denunciando en los medios de comunicación desde hace meses? No
fueron suficientes los 109 muertos que dejó la masacre de Bojayá hace tres años (mayo de
2002)? Será que allí no funciona la política de seguridad democrática en la que este gobierno y
los Estados Unidos han invertido tantos recursos?
- Será que los paramilitares siguen siendo imprescindibles para la politica de guerra contra el
terrorismo? No dizque están en cese de hostilidades porque –como lo repite el Presidente Uribe-
lo único que el gobierno le pide a los grupos armados para sentarse a negociar con ellos es un
cese de hostilidades? Qué puede decir sobre este “cese de hostilidades”el Comisionado de
Ralito, tan ocupado estos días en tratar de garantizarle a los autores de crímenes atroces que no
tengan que pagar cárcel?
También cerca de la frontera con Panamá, pero por el lado del Atlántico, la comunidad de paz de San
José de Apartadó ha venido siendo víctima de amenazas de paramilitares y bombardeos por parte del
ejército en su guerra contra las FARC. Desde hace siete años se conformó la comunidad de paz,
declarándose en resistencia civil contra todos los actores armados: guerrilla, paramiltares y fuerza
pública. La Corte Interamericana y la Corte Constitucional de Colombia conminaron al Estado a
brindarle medidas especiales de protección. Pero lo que han estado recibiendo es persecución y
amenazas continuas, bombardeos y una nueva masacre.
En un comunicado del 24 de Febrero la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia: “El
día 22 de febrero desde la 1 p.m. y hasta las 2 p.m. se han presentado bombardeos indiscriminados
por parte de helicópteros del ejército contra las veredas Bellavista, Alto Bonito y Buenos Aires, en
dichas veredas se encuentran viviendo más de 200 personas campesinas. Esto puede generar un
nuevo desplazamiento, así mismo nos preocupa la vida de las familias ya que en otras ocasiones
como en el mes de diciembre de 2004 y enero de 2005 en dichos operativos militares se ha detenido
campesinos injustamente, se les ha torturado y herido”. Se entiende que las fuerzas armadas tienen
que actuar, pero si esta es la protección que brinda a la población civil, entonces hay que preguntarse
si es mejor el remedio que la enfermedad.
Hoy 24 de febrero, el periódico El Tiempo (p.6) trae la noticia de que posiblemente se acaba de
cometer una nueva masacre en la que murieron siete personas. Un comunicado de la Comunidad de
Paz afirma que sí hubo masacre y que la cometió el ejército. Uno de los muertos es LUIS EDUARDO
GUERRA GUERRA, líder y fundador de dicha comunidad de paz, destacado defensor de los

12. derechos humanos. “La comunidad de paz son campesinos hombres y mujeres que tienen como
únicas armas: el amor por su tierra, la democracia, la paz, el trabajo comunitario, LA RESISTENCIA
PACÍFICA”.
Los hechos narrados nos permiten concluir que si bien la seguridad democrática ha logrado calmar el
conflicto armado en el centro del país, éste se está intensificando en las fronteras donde la mayor
parte de la gente son indígenas y afrocolombianos, o colonos pobres, dispersos y marginados, sin
protección por parte del Estado y sin posibilidades de cruzar la frontera para salvar sus vidas ya que,
como ha ocurrido con Panamá, no les prestan ayuda y los devuelven para Colombia. Todos los
gobiernos vecinos están blindando militarmente sus fronteras para que no se les desborde el conflicto
armado y el problema del narcotráfico. Los colombianos son mirados como sospechosos, se le niega
refugio o asilo.
Dónde está la política del gobierno para proteger a la población en zonas de fronteras? Cuál es la
política frente al confinamiento forzado, como el que están afrontando las comunidades de Rio Sucio,
Bojayá, San José de Apartadó y muchas otras comunidades del país? El gobierno no ha sido siquiera
capaz de responder suficientemente con los desplazados, para los cuales hay una ley específica (ley
387) y toda una política. El problema es que la voluntad política y los recursos económicos están
comprometidos con una guerra con resultados como los que aquí se mencionan. Cuántos muertos y
cuánto sufrimiento más será necesario para sentarse a negociar una paz de verdad, sin trampas, con
acuerdos de reformas sociales que garanticen la paz y la justicia social a largo plazo?.
Desafortunadamente la guerra se incrementará a lo largo de este año si las FARC deciden lanzarse a
la contraofensiva. Por ahora no soplan vientos de paz y lo que se está dando en Ralito es una
vergüenza.
Pedro Cortés
Sociólogo
Feb. 25 de 2005

13. INFORME COMISION VERIFICACION SAN JOSE DE APARTADÓ
La Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" REENVIA el siguiente informe de la
Comisión de verificación que viajó el pasado viernes a San José de Apartadó, lugar de los hechos de
la masacre cometida la semana pasada. Igualmente anexa una carta modelo, con el ánimo de que las
organizaciones sociales nacionales e internacionales se pronuncien sobre estos execrables hechos.
San José de Apartadó, febrero 27 de 2005
Queridos amigos:
Este es el epílogo de una jornada triste. El viernes 25 de febrero hacia mediodía encontramos la
evidencia de la masacre: dos fosas comunes con los cuerpos mutilados de ALFONSO BOLIVAR
TUBERQUIA, SANDRA MILENA MUÑOZ y sus hijos NATALIA ANDREA TUBERQUIA de 4 años y
SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 18 meses. También encontramos en una de las fosas los restos
de ALEJANDRO PEREZ, de 30 años, quien vivía con su compañera y su hijo en La Resbalosa.
Alejandro no hacía parte del proceso de la Comunidad de Paz ni de las Zonas Humanitarias de las
veredas de la zona. Todos ellos fueron asesinados a machetazos, totalmente cercenadas sus
cabezas y ex tremidades, muestra de la sevicia y la increíble crueldad de sus victimarios. De acuerdo
con un testigo sobreviviente, el ejército entró disparando a la casa del señor ALFONSO TUBERQUIA
y uno de esos disparos hirió a SANDRA MILENA, su compañera. A unos 40 metros de la casa,
venían acercándose ALEJANDRO PEREZ y otro campesino. Al escuchar los disparos, ambos
salieron corriendo pero Alejandro cayó herido y no se supo más de él. Por su parte, Alfonso
Tuberquia y un trabajador, que estaba en su casa en esos momentos, lograron salir corriendo pero
Alfonso se detuvo al escuchar los gritos de su compañera rogando al ejército que no asesinara a sus
hijos. Alfonso dijo a su compañero que prefería morir con su familia, que no podía dejarlos
abandonados y regresó a la casa.
El levantamiento de los cinco cuerpos fue hecho por la Fiscalía que llegó en helicóptero a La
Resbalosa en la tarde del viernes 25. Desde que nosotros llegamos a Mulatos y la Resbalosa nos
encontramos rodeados por el ejército que, como lo habíamos denunciado, desde el jueves 17 de
febrero había desplegado un operativo por toda la zona. Desde ese día, el ejército mantiene una
fuerte presencia de tropa en todas las veredas de San José. En la constancia que dejamos,
mencionamos la estrategia ejército-paramilitar para desalojar las veredas y tomar control de las
tierras. Primero, bombardeos indiscriminados y luego operativos en los que arrasan con lo que
encuentran: animales, cosechas, viviendas y, como lo muestran los últimos hechos, familias enteras,
niños de tan sólo 4 años, bebés de tan sólo 18 meses, todos caen víctimas de un conflicto inhumano
y peor aún, a manos de las fuerzas del mismo estado colombiano, cuya función constitucional es
proteger a sus ciudadanos.
Pero de lo que no cabe duda es que la estrategia funciona: hace tan sólo dos semanas señalamos
que por todos esos operativos en Mulatos y Resbalosa sólo quedaban unas 10 familias pues ahora 9
de ellas ya han llegado desplazadas a San José. Nos preocupa que aún 3 familias de la vereda Las
Nieves siguen desaparecidas.
Pero con las fosas comunes, no terminaron los terribles hallazgos. Casi al caer la noche, nosotros
mismos nos vimos obligados a salir en busca de los cuerpos de Luis Eduardo Guerra, líder de la
comunidad, y su familia. Los encontramos al lado del río Mulatos, tirados al lado de un camino. No
presentaban ningún impacto de bala y sí mostraban claramente que habían sido fuertemente
golpeados y finalmente degolllados. Luis Eduardo, Bellamira y Deiner. Sus cuerpos aún permanecían
allí el sábado 26 a mediodía porque la Fiscalía transportó primero los cadáveres de las fosas y
prometió volver a primera hora. No lo hicieron. Una parte de la comisión se quedó allí esperando que
cumplieran con su palabra para poder enterrar a nuestros amigos. Finalmente hoy fueron
transportados sus cuerpos.

14. En medio de toda esta tragedia, vemos cómo la estrategia de terror del Estado no se detiene. Los
militares que mantienen una fuerte presencia en todas las veredas, han dicho a varias familias de la
zona que es una lástima que la cosa se hubiera sabido tan pronto, porque si no, serían más los
muertos. Y la tropa que estuvo rodeándonos todo el tiempo, comentaba que "eso huele a puro
guerrillero muerto", refiriéndose a las ocho personas masacradas. A pesar de que el comandante de
la tropa, prometió no tomar ni fotografía ni video, hicieron todo lo contrario. Los militares instigaron a
la comisión todo el tiempo, acusándonos de ser guerrilleros; además preguntaron y señalaron a
varios líderes con sus nombres concretos.
Los medios de comunicación han intentado distorsionar la realidad informando que la masacre fue
hecha por la guerrilla y otras versiones sostienen que fue hecha por paramilitares. Para nosotros es
claro, y los testigos así lo afirman, que se trató de un operativo del ejército que acordonó la zona
antes de la masacre (desde el 17 de febrero) y quienes todavía se encuentran en todas las veredas.
Los medios también han dicho que Luis Eduardo estuvo involucrado con el estallido de una bomba en
el mes de agosto del año pasado. La verdad es que fue todo lo contrario: la familia de Luis Eduardo y
otras personas fueron víctimas de la explosión de una granada abandonada por el ejército. El mismo
Deiner, hijo de Luis Eduardo, estuvo gravemente herido y casi pierde una de sus piernas debido a tal
hecho.
Pero no es extraño que se trate de ocultar la verdad de lo sucedido. Sin embargo, la contundencia de
las pruebas, la evidente presencia militar en la zona antes, durante y después de la masacre señala
claramente la responsabilidad del ejército colombiano en este nuevo atentado contra la población
civil. Estamos ante una nueva crisis humanitaria en la zona y la muerte de nuestros amigos y de Luis
Eduardo, líder de la comunidad, es muy fuerte para el proceso. Sabemos que toda la estrategia de
terror e impunidad va a continuar. Los militares han amenazado a varias familias de las veredas y les
han advertido que si no se van, les va a suceder lo mismo. Por otro lado, se quiere llamar a los
testigos sobrevivientes de la masacre quienes tienen temor ante el gran peligro que corren sus vidas.
Y es que los hechos son demasiado contundentes: hemos sufrido ya 152 asesinatos, sin que haya un
solo condenado por alguno de ellos. Y la justicia colombiana ha recogido cientos de testimonios
señalando a los responsables. A pesar de ello, la impunidad se mantiene y se mantendrá porque es
totalmente necesaria para proteger a los asesinos.
Por ello, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir que cese la
estrategia de terror que se ha desplegado en contra de la Comunidad de Paz de San José y en contra
de la población de las veredas del corregimiento. Pedimos que se exija respeto al proceso de San
José y al de las Zonas Humanitarias que se desarrolla en las veredas. Esta vez fueron ocho muertos,
civiles inocentes, familias enteras, niños, quienes han caído víctimas del terror. Mañana lunes 28 de
febrero esperamos realizar el entierro colectivo en el cementerio de San José. Pero las palabras de
Luis Eduardo, sus ideas y sus argumentos, seguirán con nosotros y con más fuerza que nunca. El
creía que la población civil tiene derecho a vivir dignamente. Nosotros también lo creemos y
seguiremos defendiendo este principio así nos cueste la vida misma.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

15. Señor
ÁLVARO URIBE VELEZ
Presidente de Colombia
Casa de Nariño
Excelentísimo Señor Presidente,
Inmensamente consternados (as) hemos recibido la noticia de la masacre de campesinos y
campesinas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ocurrida en la vereda la Resbalosa,
donde han sido asesinados por el ejército nacional LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, líder de la
comunidad y miembro del Consejo Interno, su esposa BELLANIRA AREIZA GUZMAN, su hijo
DEINER ANDRES GUERRA de 11 años, ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO miembro
del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos, su esposa SANDRA MILENA MUÑOZ POZO,
sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ y NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ.
Según testigos, el día 21 de febrer o LUIS EDUARDO GUERRA y su familia fueron detenidos en el río
Mulatos por miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional; fueron trasladados hasta la vereda La
Resbalosa a la casa del señor ALFONSO BOLIVAR. El viernes 25 de febrero una Comisión de
verificación encontró dos fosas comunes con los cuerpos mutilados de ALFONSO BOLIVAR
TUBERQUIA, SANDRA MILENA MUÑOZ y sus hijos NATALIA ANDREA TUBERQUIA de 4 años,
SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 18 meses y de ALEJANDRO PEREZ. LUIS EDUARDO
GUERRA, BELLAMIRA y DEINER, fueron encontrados a la orilla del río Mulatos, Sus cuerpos no
presentaban ningún impacto de bala y sí mostraban claramente que habían sido fuertemente
golpeados y finalmente degolllados.
Nos llena de indignación la ocurrencia de estos crímenes contra una comunidad pacifista que lucha
por el derecho a permanecer en su territorio en plena autonomía frente a los actores armado del
conflicto interno de Colombia. Estos crímenes atroces contradicen totalmente los compromisos
firmados por su gobierno en la reciente cumbre de Cartagena de "reforzar las medidas existentes de
protección para garantizar el derecho a la vida y la libertad de expresión a los sindicalistas, los
periodistas, los defensores de los derechos humanos y los líderes de la sociedad civil en su legítima e
importante labor... "
Nos dirigimos a Usted, para demandarle :
Esclarecimiento inmediato de estos crímenes, castigo a los responsables y reparación a las víctimas;
cese la estrategia de terror que se ha desplegado en contra de la Comunidad de Paz de San José y
en contra de las poblaciones de la región; respetar los procesos organizativos de San José y de las
Zonas Humanitarias.
Atentamente,
DIRECCIONES
Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez,
Cra. 8 No..7-26, Palacio de Nariño,
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: auribe@presidencia.gov.co ;
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos

16. E-mail:fsantos@presidencia.gov.co
Ministerio de Defensa Nacional
Dr. Jorge Alberto Uribe
El Dorado con Carrera. 52 CAN,
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+57 1)222.18.74
E-mail: siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co,
Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón
Carrera 5 No. 15-80
Santa Fe de Bogotá.
Fax: (+57 1)342.97.23
E-mail: reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Dr. Carlos Franco
Calle 7 N° 5-54
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: cefranco@presidencia.gov.co
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Dr. Luis Camilo Osorio
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario
E-mail: elbsilva@fiscalia.gov.co
Defensoría del Pueblo
Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz.
Calle 55 No. 10-32
Santa Fe de Bogotá.
Fax: (+571) 640 04 91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Chemin du Champ d'Anier 17 -19, 1209 Ginebra.
FAX: (+4122)791.07.87; (+4122)798.45.55
E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Calle 16 No. 6 – 66 Oficina 2506 Edificio Avianca
Bogotá D.C., Sudamérica
Fax. 1- 2824270
E-mail: colect@etb.net.co

17. NACIONES UNIDAS
ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS
OFICINA EN COLOMBIA
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Condena por matanza en San José de Apartadó
Bogotá, D.C., 28 de febrero de 2005
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
condena la masacre de la que fueron víctimas: Luis Eduardo Guerra Guerra, de 35 años; Alfonso
Bolívar Tuberquia Graciano, de 30; Sandra Milena Muñoz Pozo, de 24; Alejandro Pérez Cuirez, no se
conoce la edad; y los niños y jóvenes: Bellanyra Aleiza, de 17 años; Deiner Andrés Guerra, de 11;
Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6; y Santiago Tuberquia Muñoz, de 2.
Estos asesinatos fueron perpetrados entre los días 21 y 22 de febrero del presente año en la vereda
la Resbalosa de San José de Apartadó. Cinco de los cadáveres encontrados presentaban
mutilaciones con machete y algunas de estas personas habrían muerto por impacto de bala. Los
cuerpos de las tres víctimas restantes se encontraron en avanzado estado de descomposición. Las
autoridades aún desconocen quienes fueron los responsables de estos crímenes atroces.
Las víctimas pertenecían a la comunidad de paz de San José de Apartadó, Antioquia. Entre ellas
figura Eduardo Guerra Guerra, quien era un importante líder de la comunidad y defensor de derechos
humanos.
La Oficina desea recordar que la comunidad de San José de Apartadó goza de medidas provisionales
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la Corte Constitucional colombiana pidió
protección efectiva para estos pobladores, en marzo de 2004. Estas disposiciones obligan al Estado
Colombiano a tomar medidas especiales de seguridad en favor de la comunidad y de sus
integrantes.
Al repudiar estos graves hechos, la Oficina solicita a las autoridades adelantar una investigación,
pronta y eficaz, que permita esclarecer lo ocurrido, y juzgar y sancionar a los autores de este crueles
crímenes.
La Oficina desea expresar sus sentimientos de condolencia a los familiares de las víctimas y a la
comunidad de paz de San José de Apartadó.
El ACNUR condena masacre en comunidad de paz de San José de Apartadó
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, condena firmemente el
asesinato la semana pasada de ocho personas, incluidos tres niños, de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó, en el Urabá.
Estas muertes son las últimas en una serie de ataques que, de acuerdo con la comunidad de paz de
San José de Apartadó, han provocado la muerte a 154 de sus miembros desde 1997. Las
comunidades de paz fueron establecidas en el Urabá a finales de los años 90 por personas

18. desplaza das por el conflicto que gradualmente comenzaron a retornar a sus territorios. Las
comunidades de paz han declarado su compromiso con la resistencia civil pacífica y la neutralidad.
Uno de los asesinados, el señor Luis Eduardo Guerra, fue uno de los fundadores de la comunidad de
paz de San José de Apartadó y la representó en negociaciones con el gobierno. El ACNUR ha
apoyado a San José de Apartadó mediante proyectos de fortalecimiento comunitario desde la
fundación de la comunidad en 1997. Ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos solicitó medidas especiales de protección a favor de la comunidad de paz de San José de
Apartadó.
Funcionarios del ACNUR visitaron San José de Apartadó el pasado viernes 25 de febrero, y volvieron
a hacerlo este lunes 28 de febrero. El representante del ACNUR en Colombia Roberto Meier y el
encargado de programas para America Latina del ACNUR en Ginebra, Suiza, Jozef Merkx, viajarán
mañana miércoles 2 de marzo a San José de Apartadó para solidarizarse con la c omunidad y
encontrarse con las autoridades militares. Los asesinatos muestran claramente la difícil situación que
enfrentan las comunidades de paz y los riesgos para sus líderes. En los últimos ocho años, el Estado
colombiano no ha sido capaz de tomar medidas suficientes para proteger a estas comunidades y
resolver los problemas que los afectan.
El ACNUR ofrece sus condolencias a la comunidad de San José de Apartadó y solicita a las
autoridades colombianas investigar a profundidad estos crímenes deplorables y judicializar a los
responsables. El ACNUR también urge a las autoridades asegurar la protección de los líderes
comunitarios y los miembros de las asociaciones de la población desplazada que se encuentran en
peligro por violencia, amenazas e intimidación en toda Colombia. El ACNUR continuará trabajando
con la comunidad de San José de Apartadó y otras comunidades en riesgo, fortaleciéndolas y
apoyándolas en la defensa de sus derechos.
El trabajo del ACNUR en Colombia busca proteger y promover los derechos de las personas
desplazadas internamente, así como apoyar y fortalecer la respuesta del gobierno y la sociedad civil
al desplazamiento forzado. El ACNUR trabaja en coordinación con las autoridades colombianas, las
iglesias, las ONG, las asociaciones de población desplazada y otras agencias de las Naciones
Unidas.
Bogotá, 1 de marzo de 2005

19. La Corporación Jurídica Libertad presenta ante la opinión pública nacional e internacional una
relación de acontecimientos sucedidos en San José de Apartadó durante los días comprendidos entre
el 21 y 27 de febrero de 2005.
HECHOS
1. El 21 de febrero de 2005, hacia las 11:00 a.m., fueron retenidos en la Vereda Mulatos Medio, en
inmediaciones del río Mulatos, en el camino que conduce hacia el sitio conocido como Cantarrana,
LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA (35 años de edad), miembro del Consejo Interno de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, DEINER ANDRES GUERRA TUBERQUIA (hijo de Luis
Eduardo, de 11 años de edad), BEYANIRA AREIZA GUMAN (17 años de edad).
Al día siguiente habitantes de la región encontraron la mula en que se movilizaba Luis Eduardo en la
Vereda La Resbalosa, y en la Finca de propiedad de ALFONSO BOLIVAR encontraron huellas de
sangre y una fosa con varios cuerpos entre ellos de menores de edad. Algunos de los cuerpos
mostraban señales de mutilación. Esta circunstancia hizo suponer que allí se encontraba el cuerpo de
Deiner Andrés, y por ende de las otras personas que habían sido retenidas, al igual que la familia
completa del señor ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA.
Ante este hallazgo, algunos campesinos se desplazaron hacía el casco urbano de San José de
Apartadó y comunicaron lo sucedido en al Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Paralelamente,
otros habitantes de la Vereda La Resbalosa deciden instalarse en la finca del señor Alfonso Bolívar y
esperar allí hasta tanto se trasladara una Comisión Judicial para que se practicaran las primeras
diligencias penales.
Desde el mismo momento en que se tiene información de lo sucedido. Esto es, el 23 de febrero de
2005, en las horas de la tarde, la CJL envió una comunicación al Director del Programa de derechos
Humanos y Derecho Internacional humanitario de la Vicepresidencia, Dr. Carlos Franco, solicitándole
de manera urgente, la conformación de una Comisión especial de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos para que iniciara las respectivas investigaciones penales, y efectuara el levantamiento de
los cadáveres. Efectivamente, el día 24 de febrero en las horas de la tarde, una Comisión compuesta
por 1 Fiscal, 1 Procurador y 10 técnicos judiciales, llegó al municipio de Apartadó. Solo hacia el
medio día del 25 de febrero en helicópteros de la Fuerza Pública, se trasladó a la Finca de propiedad
del Señor Alfonso Bolívar. En las horas de la tarde, lograron corroborar el hallazgo de cinco cuerpos.
Esto es, DOS MENORES DE EDAD, (uno de 6 años, otro de un año) UNA MUJER y DOS
HOMBRES. Los nombres de las personas asesinadas fueron NATALIA ANDREA TUBERQUIA
MUÑOZ (6 años de edad), SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ (2 años de edad), SANDRA MILENA
MUÑOZ, ALFONSO BOLIVAR y ALEJANDRO PEREZ CUILES. Los adultos mostraban señales de
descuartizamiento.
El 25 de febrero, hacia las 5 y 30 de la tarde, los cuerpos de LUIS EDUARDO, DEINER ANDRES y
BELLANYRA fueron encontrados por miembros de la Comunidad, en inmediaciones del centro de
salud de Mulatos Medio, expuestos al aire, en campo abierto. Esta circunstancia fue comunicada de
inmediato al Dr. Franco, con el fin de que la Comisión Judicial se desplazara hacia ese lugar y

20. continuara con las diligencias judiciales. Sin embargo, solo hasta el día 27 de febrero en horas de la
mañana se produjo el levantamiento de los cuerpos.
2. El día lunes 21 de febrero de 2005, tropas del ejército pertenecientes al Batallón Contraguerrilla
No. 33 Cacique Lutaima, adscrito a la Brigada XVII del Ejército Nacional, se hicieron presentes en la
Vereda Mulatos, en el sitio El Barro. Allí mantuvieron retenidas a seis familias de ese lugar, hasta el
día 26 de febrero cuando una comisión de la Comunidad llegó hasta el lugar y logró que dichas
personas pudieran abandonar el sitio, ya que no lo habían podido hacer debido a las constantes
amenazas e intimidaciones efectuadas por los soldados en contra de mujeres, niños y jóvenes, que
incluso impedían que salieran a recoger algún tipo de comida para los menores; cavaron dos fosas en
la que presumiblemente iban a ser inhumadas ya que constantemente les manifestaban que solo
estaban esperando la orden para proceder a asesinarlos. En el tiempo que permanecieron en ese
lugar, los uniformados profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz y los acompañantes
internacionales.
Al arribo de los uniformados, manifestaron a los pobladores que habían dado de baja a tres
guerrilleros, tratándose de un hombre, una mujer y un niño. En vista de que Luis Eduardo Guerra,
Líder de la Comunidad de Paz, su compañera Beyanira y su hijo Deiner Andrés, momentos antes
había salido del sitio El Barro en dirección a Cantarrana donde se encontraba su finca con producción
de cacao, los pobladores les manifestaron a los militares que se trataba de campesinos miembros de
la Comunidad de Paz. Ante esta situación, lo que adujeron los soldados era que esas muertes las
habían ocasionado los paramilitares. Igualmente manifestaron que venían de la vereda Las Nieves y
en lugar habían asesinado a cuatro miembros de una familia.
Los militares escribieron un graffiti con consignas contra la guerrilla y con la identificación del Batallón
No. 33 contraguerrilla, sin embargo, éste fue posteriormente borrado, por ellos mismos cuando la
comisión de rescate se hizo presente en el lugar.
La comisión de la Comunidad de paz y el equipo de acompañantes desde que arribó a la vereda
Mulatos Medio recibió una información que habían logrado enviar la familias cautivas en El Barro
implorando que llegaran hasta el lugar para rescatarlas ya que se encontraban bajo la absoluta
intimidación y sin alimentos porque no se les permitía siquiera salir a recoger productos agrícolas
para poder alimentarse. Una vez se tuvo contacto con un oficial de los que estaba a cargo del
Batallón 33 se le informó que el día 27 de febrero algunos integrantes de la Comunidad y
acompañantes llegarían hasta El Barro a recoger unas familias que allí se encontraban, precisamente
en el mismo lugar donde la tropa se encontraba acantonada. Este oficial negó que allí se encontraran
familias campesinas y que se perdería el tiempo por cuanto el lugar se encontraba completamente
desocupado.
El día sábado, 26 de febrero en las horas de la tarde, en el sitio donde fueron encontrados los
cuerpos de Luis Eduardo, Beyanira y Deiner Andrés por parte de la Comunidad, se hicieron presentes
para acordonar la zona tropas de la Contraguerrilla de la Policía Urabá, del Batallón Vélez y del
Batallón No. 33 Cacique Lutaima. En ese lugar, un soldado perteneciente a este último batallón, se
acercó al sitio donde se encontraban los cuerpos y recogió un machete con visibles muestras de

21. sangre. Delante de todos los asistentes, lo llevó hasta el río Mulatos y con arena limpio la sangre.
Paso seguido dijo en tono alto dirigiéndose a los demás soldados que ese era “el machete
degollador”. Esta circunstancia fue inmediatamente informada al Capitán Castro de la Policía. Al día
siguiente ante la comisión de la Fiscalía que practicó los levantamientos de los cadáveres integrantes
de ONG que hacían parte de la comisión dejaron una constancia escrita del grave hecho que se
había presenciado con la alteración y ocultamiento de las evidencias por parte de los uniformados.
Durante los tres días que permaneció la comisión de la Comunidad y el grupo de acompañantes se
pudo constatar que en la zona solo había presencia de personal uniformado perteneciente a la
Brigada XVII, se recibieron testimonios que dan cuenta que desde el viernes 18 de febrero de 2005
se inicio un fuerte operativo militar con el ingreso de tropas desde diferentes veredas con dirección a
Mulatos. Se logro igualmente recoger información aportadas por los campesinos de la región que da
cuenta que algunas familias de las veredas La esperanza, Las Nieves y Mulatos se encuentran
desaparecidas y otras pertenecientes a La Resbalosa se encuentran a la espera que de algún tipo de
acompañamiento para poder salir de la zona.
La Corporación Jurídica Libertad quiere dejar constancias que durante los últimos 12 meses le había
señalado al gobierno nacional la importancia de ofrecer verdaderas y efectivas medidas de protección
a la comunidad de San José tal y como lo había dispuestos en diferentes oportunidade s la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo frente a la necesidad de remover el cuerpo de
oficiales de pertenecientes a la Brigada XVII frente a sus evidentes nexos con acciones paramilitares
realizadas en la zona y frente a la multitud de crímenes que se les ha atribuido en contra del proceso
de Comunidad de Paz, cometidos con la clara intención de lograr el exterminio de esta propuesta de
paz. Las diferentes instancias del estado comprometidas con el proceso de concertación e
implementación de las medidas provisionales, esto es gobierno central, Fiscalía General de la Nación,
Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, han mostrado una actitud renuente a
cumplir con lo dispuesto por la COIDH.
Medellín, marzo 1º de 2005