El documento establece que todas las actividades que puedan dañar los ecosistemas deben estar precedidas por estudios de impacto ambiental y prohíbe la entrada de desechos tóxicos. La ley orgánica del ambiente busca gestionar el entorno de manera sustentable, garantizando derechos a un ambiente seguro y estableciendo sanciones penales por violaciones ambientales. Además, la Constitución venezolana destaca la responsabilidad de proteger el ambiente y asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.