Este decreto reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994. Establece que un centro de trabajo puede ser clasificado en un riesgo diferente si sus actividades y factores de riesgo son claramente distintos de los otros centros de la empresa. También requiere que las ARP realicen investigaciones sobre accidentes laborales mortales y contraten aseguradores para nuevas afiliaciones. Además, exige que las empresas de servicios temporales incluyan a los trabajadores en misión en sus programas de salud ocupacional.