Este decreto reglamenta la acción de tutela establecida en el decreto 2591 de 1991. Establece que la acción de tutela solo protege derechos constitucionales fundamentales y no puede usarse para hacer cumplir leyes u otras normas de rango inferior. Además, especifica los procedimientos para notificar decisiones a las partes, el contenido de los fallos de tutela, y los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional sobre fallos de tutela.
La acción de cumplimiento es una garantía constitucional que permite exigir a autoridades o funcionarios que cumplan con normas legales o actos administrativos. Puede ser interpuesta por el afectado, su representante, o el Defensor del Pueblo. El juez especializado en lo civil es competente. El trámite incluye requerimiento previo, resolución de primera instancia en 3 días, y posibilidad de apelación y recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional. La acción popular permite impugnar normas de menor jerarquía contrarias a
Este documento presenta un resumen de los principales delitos contra la vida contenidos en el Código Penal peruano. Explica brevemente el homicidio, homicidio calificado, parricidio, feminicidio, homicidio por emoción violenta, infanticidio, homicidio piadoso, instigación al suicidio y sicariato. Define cada delito, indicando su tipo penal, tipicidad objetiva y subjetiva. El documento tiene como objetivo brindar una introducción general a estos delitos contra la vida.
Este documento presenta un modelo de acción de cumplimiento para exigir a una autoridad el cumplimiento de una obligación legal u administrativa que ha sido omitida. La acción de cumplimiento puede ser iniciada por cualquier persona natural o jurídica pública o privada y debe incluir la norma incumplida, los hechos que demuestran el incumplimiento, pruebas y la pretensión de que se cumpla la norma.
Este documento trata sobre la nacionalidad. Explica que la nacionalidad es un derecho humano fundamental que crea un vínculo jurídico entre una persona y un estado. Detalla los diferentes modos de adquisición de la nacionalidad española, como por residencia, carta de naturaleza o por origen. También cubre temas como la doble nacionalidad, la pérdida de nacionalidad y la recuperación de la misma.
El documento discute la carga de la prueba y la teoría de la carga dinámica de la prueba. Explica que la carga de la prueba indica qué parte debe probar los hechos en disputa y qué sucede si no se presenta prueba. La teoría de la carga dinámica sostiene que la carga de la prueba debe recaer en la parte que esté en mejor posición para presentarla. El documento también analiza la aplicación de esta teoría en casos de responsabilidad médica.
La notificación, Desistimiento, Reprogramacion de audienciaa de conciliacionRafael Medina Rospigliosi
Este documento describe varios aspectos del proceso de notificación en la conciliación, incluyendo las formalidades requeridas para las notificaciones, los plazos de notificación, y cómo se manejan situaciones como la reprogramación de audiencias o las reconvenciones.
El documento resume los conceptos clave relacionados con la anulabilidad de los actos jurídicos. Explica que un acto es anulable cuando tiene un vicio subsanable, como cuando se realiza bajo incapacidad relativa, error, dolo, violencia o intimidación. Detalla las causales de anulabilidad reconocidas en la ley y el proceso para declarar la nulidad, incluyendo que produce efectos retroactivos. Finalmente, contrasta la anulabilidad con la nulidad y otras figuras como la rescisión y resolución.
El documento resume los principales códigos agrarios de México desde 1934 hasta 1971. El primer código agrario de 1934 estableció las primeras leyes de reforma agraria del país. Posteriormente, los códigos de 1940 y 1942 intentaron perfeccionar y ordenar mejor las instituciones agrarias existentes. Finalmente, la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 introdujo innovaciones como reconocer la capacidad jurídica de la mujer en materia agraria y establecer la prohibición de que la pequeña propiedad permanezca sin explotación por más de dos
La acción de cumplimiento es una garantía constitucional que permite exigir a autoridades o funcionarios que cumplan con normas legales o actos administrativos. Puede ser interpuesta por el afectado, su representante, o el Defensor del Pueblo. El juez especializado en lo civil es competente. El trámite incluye requerimiento previo, resolución de primera instancia en 3 días, y posibilidad de apelación y recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional. La acción popular permite impugnar normas de menor jerarquía contrarias a
Este documento presenta un resumen de los principales delitos contra la vida contenidos en el Código Penal peruano. Explica brevemente el homicidio, homicidio calificado, parricidio, feminicidio, homicidio por emoción violenta, infanticidio, homicidio piadoso, instigación al suicidio y sicariato. Define cada delito, indicando su tipo penal, tipicidad objetiva y subjetiva. El documento tiene como objetivo brindar una introducción general a estos delitos contra la vida.
Este documento presenta un modelo de acción de cumplimiento para exigir a una autoridad el cumplimiento de una obligación legal u administrativa que ha sido omitida. La acción de cumplimiento puede ser iniciada por cualquier persona natural o jurídica pública o privada y debe incluir la norma incumplida, los hechos que demuestran el incumplimiento, pruebas y la pretensión de que se cumpla la norma.
Este documento trata sobre la nacionalidad. Explica que la nacionalidad es un derecho humano fundamental que crea un vínculo jurídico entre una persona y un estado. Detalla los diferentes modos de adquisición de la nacionalidad española, como por residencia, carta de naturaleza o por origen. También cubre temas como la doble nacionalidad, la pérdida de nacionalidad y la recuperación de la misma.
El documento discute la carga de la prueba y la teoría de la carga dinámica de la prueba. Explica que la carga de la prueba indica qué parte debe probar los hechos en disputa y qué sucede si no se presenta prueba. La teoría de la carga dinámica sostiene que la carga de la prueba debe recaer en la parte que esté en mejor posición para presentarla. El documento también analiza la aplicación de esta teoría en casos de responsabilidad médica.
La notificación, Desistimiento, Reprogramacion de audienciaa de conciliacionRafael Medina Rospigliosi
Este documento describe varios aspectos del proceso de notificación en la conciliación, incluyendo las formalidades requeridas para las notificaciones, los plazos de notificación, y cómo se manejan situaciones como la reprogramación de audiencias o las reconvenciones.
El documento resume los conceptos clave relacionados con la anulabilidad de los actos jurídicos. Explica que un acto es anulable cuando tiene un vicio subsanable, como cuando se realiza bajo incapacidad relativa, error, dolo, violencia o intimidación. Detalla las causales de anulabilidad reconocidas en la ley y el proceso para declarar la nulidad, incluyendo que produce efectos retroactivos. Finalmente, contrasta la anulabilidad con la nulidad y otras figuras como la rescisión y resolución.
El documento resume los principales códigos agrarios de México desde 1934 hasta 1971. El primer código agrario de 1934 estableció las primeras leyes de reforma agraria del país. Posteriormente, los códigos de 1940 y 1942 intentaron perfeccionar y ordenar mejor las instituciones agrarias existentes. Finalmente, la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 introdujo innovaciones como reconocer la capacidad jurídica de la mujer en materia agraria y establecer la prohibición de que la pequeña propiedad permanezca sin explotación por más de dos
Acumulacion Procesal, Litisconsorcio e Intervención de Terceros en el Proceso...Ronald Lobaton
Acumulación Procesal, Litisconsorcio e Intervención de Terceros en el Proceso Civil. PPT práctico para estudiantes del curso de Teoría General del Proceso
Este documento describe los conceptos clave de la parte especial del derecho penal. Explica que la parte especial se dedica al estudio concreto de los delitos y las penas correspondientes a cada figura delictiva tipificada en el Código Penal. Luego presenta ejemplos de delitos como el homicidio simple, aborto y secuestro. Más adelante analiza conceptos relacionados a los delitos contra la vida como la vida dependiente, vida independiente y homicidio simple. Finalmente, introduce los delitos de homicidio calificado y parricidio.
Este documento resume las principales características del Estado Constitucional de Derecho y del sistema de fuentes del derecho peruano según la Constitución. Explica que la Constitución es la norma jurídica suprema, fuente primaria de derecho y delimita el sistema de fuentes. Además, describe las diferentes fuentes formales del derecho peruano como las leyes, decretos legislativos, tratados y jurisprudencia, entre otras. Finalmente, aborda conceptos como la justicia constitucional y el control constitucional.
Este documento define y clasifica los diferentes tipos de actos jurídicos. Resume los elementos esenciales de un acto jurídico como la capacidad, el consentimiento y la voluntad. Además, clasifica los actos jurídicos en unilaterales y bilaterales/multilaterales, formales y no formales, entre vivos y mortis causa, gratuitos y onerosos, de administración y disposición.
Este documento presenta un resumen de la legislación vigente aplicable al derecho notarial en Perú. Aunque no existe un código notarial, la ley reguladora es la Ley del Notariado de 2008. Otras normas como la Ley de Competencia Notarial también son aplicables. El derecho notarial peruano se compone de leyes, decretos, jurisprudencia y doctrina. El objetivo es regular la función notarial y los instrumentos públicos notariales de manera autónoma e imparcial.
La personalidad jurídica se refiere a entidades como organizaciones y compañías que son tratadas como sujetos de derecho. Estas personas jurídicas tienen capacidad para adquirir derechos y obligaciones al igual que las personas naturales. Se crean mediante leyes o contratos para cumplir funciones específicas. Algunos elementos clave de las personas jurídicas incluyen un nombre, domicilio, nacionalidad, y diferentes clases como entidades públicas o privadas con fines lucrativos o no lucrativos.
El documento contiene numerosos modelos de solicitudes y recursos relacionados con medidas cautelares en procesos judiciales. Incluye modelos para solicitar, modificar o apelar medidas cautelares anticipadas, dentro de un proceso, o relacionadas con la contracautela, la variación del monto o los bienes afectados, entre otros. También presenta modelos para solicitar indemnizaciones o sanciones en caso de incumplimiento o negligencia en la aplicación de medidas cautelares.
En el siguiente estudio analizaremos los presupuestos subjetivos y objetivos que debe cumplir quien quiera someterse a este beneficio, tomando esto en cuenta, tendríamos como presupuesto subjetivo que solamente el deudor tiene la legitimación activa para proponer un convenio colectivo, ya que este es un proceso voluntario, solo puede ser iniciado por el deudor.
Este documento describe la historia y el desarrollo del habeas corpus en Perú y América Latina. Explica que el habeas corpus apareció por primera vez en Perú en una ley de 1897 y ha evolucionado desde entonces para proteger la libertad individual y otros derechos constitucionales. También resume brevemente los orígenes del habeas corpus en Inglaterra y cómo se expandió a través de América Latina en el siglo XIX.
Taller de normas y procedimientos del r.c.John Delgado
Este documento presenta una guía sobre los procedimientos y requisitos del Registro Civil en Venezuela. Explica los procedimientos ordinarios como nacimientos, reconocimientos y matrimonios, así como procedimientos especiales como inscripción de mayores de edad y rectificaciones. Además, detalla los requisitos para la inscripción de diferentes actos como nacimientos en hospitales, extrahospitalarios o en el extranjero. Finalmente, resume los requisitos para realizar un reconocimiento de paternidad o maternidad.
El documento resume el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas según el artículo 296 del código penal peruano. Explica que este delito incluye cualquier acto que promueva, favorezca o facilite el consumo ilegal de drogas, incluyendo la fabricación o tráfico. También define los sujetos activos y pasivos, las acciones típicas, y los objetos materiales del delito.
El documento presenta una introducción a la teoría general del proceso civil en Chile. Explica que el sistema procesal civil chileno se compone de varias ramas, incluyendo lo civil, penal, administrativo y otros. Luego describe la estructura y aplicación del Código de Procedimiento Civil chileno, el cual consta de cuatro libros y regula tanto los procesos civiles como los actos judiciales no contenciosos. Finalmente, analiza conceptos como el procedimiento y cómo se determina qué normas deben aplicarse a cada caso concreto.
- Se procederá a la citación del demandado entregándole la copia certificada de la demanda. La citación puede realizarse de forma personal, por correo, mediante carteles o edictos dependiendo de las circunstancias.
- La citación tiene como propósito notificar al demandado del juicio en su contra y garantizar que tome conocimiento del mismo. Interrumpe la prescripción y coloca en mora al demandado de cumplir con sus obligaciones.
- Existen diferentes reglas y formalidades que deben cumplirse para que la citación sea vál
Este documento resume los requisitos de los actos administrativos según la Ley de Procedimiento Administrativo. Explica que los actos administrativos deben cumplir con requisitos de fondo como competencia, fundamento jurídico y objeto, y requisitos de forma como indicar el organismo emisor, fecha, destinatario, fundamentos legales y decisión. También clasifica los actos según sus efectos y establece el orden de su aplicación y ejecución.
Este documento presenta información sobre el delito de hurto simple y hurto agravado en el derecho penal peruano. Describe los elementos objetivos y subjetivos de ambos delitos, incluyendo las agravantes que convierten un hurto simple en uno agravado, como la comisión del delito en casa habitada, durante la noche, o mediante destreza, escalamiento o destrucción de obstáculos.
El documento trata sobre la teoría del abuso del derecho. Brevemente:
1) El abuso del derecho surge como limitación a los derechos subjetivos cuando su ejercicio es desmedido y contrario al principio de buena fe.
2) Existen criterios objetivistas y subjetivistas para determinar un abuso, aunque lo esencial es no apartarse de la función social del derecho.
3) La irretroactividad es el principio general, aunque existen excepciones como la retroactividad benigna en derecho penal.
El derecho laboral regula las relaciones entre empleadores y empleados, buscando proteger a los trabajadores como parte débil de la relación a través de normas como la ley de contrato de trabajo y convenios colectivos. Sus principales fuentes son la constitución, tratados internacionales, códigos laborales, leyes especiales, reglamentos y contratos individuales y colectivos de trabajo.
El documento describe las funciones de varios profesionales del derecho como abogados, consultores jurídicos, secretarios judiciales y fiscales. Explica que los abogados asesoran e representan a clientes, los consultores jurídicos asesoran a empresas, los secretarios judiciales asisten a jueces, y los fiscales representan al estado en procesos penales. También compara las similitudes y diferencias entre estas roles.
Este documento presenta un examen de grado para obtener la licenciatura en derecho. Incluye una introducción al derecho y las obligaciones desde una perspectiva histórica y legal. También describe la metodología de investigación utilizada, que incluye un análisis descriptivo y aplicación del método analítico. Finalmente, presenta el marco institucional y legal relevante para comprender el examen de grado y sus objetivos.
Este decreto establece las regulaciones para la acción de tutela consagrada en la Constitución de Colombia. Define la acción de tutela como un mecanismo para proteger los derechos constitucionales fundamentales de forma preferente y sumaria. Establece los principios, procedimientos, y autoridades involucradas en una solicitud de tutela. Además, especifica las circunstancias en las que la acción de tutela es procedente o improcedente.
Este decreto establece las disposiciones generales y el procedimiento para la acción de tutela consagrada en la Constitución Política de Colombia. Define los derechos protegidos, los principios que rigen el trámite, la interpretación de los derechos tutelados, los casos en que procede y no procede la acción, y las medidas provisionales que puede ordenar el juez para proteger el derecho. Además, regula aspectos como la legitimidad e interés para interponer la acción, el contenido de la solicitud, los trámites prefer
Acumulacion Procesal, Litisconsorcio e Intervención de Terceros en el Proceso...Ronald Lobaton
Acumulación Procesal, Litisconsorcio e Intervención de Terceros en el Proceso Civil. PPT práctico para estudiantes del curso de Teoría General del Proceso
Este documento describe los conceptos clave de la parte especial del derecho penal. Explica que la parte especial se dedica al estudio concreto de los delitos y las penas correspondientes a cada figura delictiva tipificada en el Código Penal. Luego presenta ejemplos de delitos como el homicidio simple, aborto y secuestro. Más adelante analiza conceptos relacionados a los delitos contra la vida como la vida dependiente, vida independiente y homicidio simple. Finalmente, introduce los delitos de homicidio calificado y parricidio.
Este documento resume las principales características del Estado Constitucional de Derecho y del sistema de fuentes del derecho peruano según la Constitución. Explica que la Constitución es la norma jurídica suprema, fuente primaria de derecho y delimita el sistema de fuentes. Además, describe las diferentes fuentes formales del derecho peruano como las leyes, decretos legislativos, tratados y jurisprudencia, entre otras. Finalmente, aborda conceptos como la justicia constitucional y el control constitucional.
Este documento define y clasifica los diferentes tipos de actos jurídicos. Resume los elementos esenciales de un acto jurídico como la capacidad, el consentimiento y la voluntad. Además, clasifica los actos jurídicos en unilaterales y bilaterales/multilaterales, formales y no formales, entre vivos y mortis causa, gratuitos y onerosos, de administración y disposición.
Este documento presenta un resumen de la legislación vigente aplicable al derecho notarial en Perú. Aunque no existe un código notarial, la ley reguladora es la Ley del Notariado de 2008. Otras normas como la Ley de Competencia Notarial también son aplicables. El derecho notarial peruano se compone de leyes, decretos, jurisprudencia y doctrina. El objetivo es regular la función notarial y los instrumentos públicos notariales de manera autónoma e imparcial.
La personalidad jurídica se refiere a entidades como organizaciones y compañías que son tratadas como sujetos de derecho. Estas personas jurídicas tienen capacidad para adquirir derechos y obligaciones al igual que las personas naturales. Se crean mediante leyes o contratos para cumplir funciones específicas. Algunos elementos clave de las personas jurídicas incluyen un nombre, domicilio, nacionalidad, y diferentes clases como entidades públicas o privadas con fines lucrativos o no lucrativos.
El documento contiene numerosos modelos de solicitudes y recursos relacionados con medidas cautelares en procesos judiciales. Incluye modelos para solicitar, modificar o apelar medidas cautelares anticipadas, dentro de un proceso, o relacionadas con la contracautela, la variación del monto o los bienes afectados, entre otros. También presenta modelos para solicitar indemnizaciones o sanciones en caso de incumplimiento o negligencia en la aplicación de medidas cautelares.
En el siguiente estudio analizaremos los presupuestos subjetivos y objetivos que debe cumplir quien quiera someterse a este beneficio, tomando esto en cuenta, tendríamos como presupuesto subjetivo que solamente el deudor tiene la legitimación activa para proponer un convenio colectivo, ya que este es un proceso voluntario, solo puede ser iniciado por el deudor.
Este documento describe la historia y el desarrollo del habeas corpus en Perú y América Latina. Explica que el habeas corpus apareció por primera vez en Perú en una ley de 1897 y ha evolucionado desde entonces para proteger la libertad individual y otros derechos constitucionales. También resume brevemente los orígenes del habeas corpus en Inglaterra y cómo se expandió a través de América Latina en el siglo XIX.
Taller de normas y procedimientos del r.c.John Delgado
Este documento presenta una guía sobre los procedimientos y requisitos del Registro Civil en Venezuela. Explica los procedimientos ordinarios como nacimientos, reconocimientos y matrimonios, así como procedimientos especiales como inscripción de mayores de edad y rectificaciones. Además, detalla los requisitos para la inscripción de diferentes actos como nacimientos en hospitales, extrahospitalarios o en el extranjero. Finalmente, resume los requisitos para realizar un reconocimiento de paternidad o maternidad.
El documento resume el delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas según el artículo 296 del código penal peruano. Explica que este delito incluye cualquier acto que promueva, favorezca o facilite el consumo ilegal de drogas, incluyendo la fabricación o tráfico. También define los sujetos activos y pasivos, las acciones típicas, y los objetos materiales del delito.
El documento presenta una introducción a la teoría general del proceso civil en Chile. Explica que el sistema procesal civil chileno se compone de varias ramas, incluyendo lo civil, penal, administrativo y otros. Luego describe la estructura y aplicación del Código de Procedimiento Civil chileno, el cual consta de cuatro libros y regula tanto los procesos civiles como los actos judiciales no contenciosos. Finalmente, analiza conceptos como el procedimiento y cómo se determina qué normas deben aplicarse a cada caso concreto.
- Se procederá a la citación del demandado entregándole la copia certificada de la demanda. La citación puede realizarse de forma personal, por correo, mediante carteles o edictos dependiendo de las circunstancias.
- La citación tiene como propósito notificar al demandado del juicio en su contra y garantizar que tome conocimiento del mismo. Interrumpe la prescripción y coloca en mora al demandado de cumplir con sus obligaciones.
- Existen diferentes reglas y formalidades que deben cumplirse para que la citación sea vál
Este documento resume los requisitos de los actos administrativos según la Ley de Procedimiento Administrativo. Explica que los actos administrativos deben cumplir con requisitos de fondo como competencia, fundamento jurídico y objeto, y requisitos de forma como indicar el organismo emisor, fecha, destinatario, fundamentos legales y decisión. También clasifica los actos según sus efectos y establece el orden de su aplicación y ejecución.
Este documento presenta información sobre el delito de hurto simple y hurto agravado en el derecho penal peruano. Describe los elementos objetivos y subjetivos de ambos delitos, incluyendo las agravantes que convierten un hurto simple en uno agravado, como la comisión del delito en casa habitada, durante la noche, o mediante destreza, escalamiento o destrucción de obstáculos.
El documento trata sobre la teoría del abuso del derecho. Brevemente:
1) El abuso del derecho surge como limitación a los derechos subjetivos cuando su ejercicio es desmedido y contrario al principio de buena fe.
2) Existen criterios objetivistas y subjetivistas para determinar un abuso, aunque lo esencial es no apartarse de la función social del derecho.
3) La irretroactividad es el principio general, aunque existen excepciones como la retroactividad benigna en derecho penal.
El derecho laboral regula las relaciones entre empleadores y empleados, buscando proteger a los trabajadores como parte débil de la relación a través de normas como la ley de contrato de trabajo y convenios colectivos. Sus principales fuentes son la constitución, tratados internacionales, códigos laborales, leyes especiales, reglamentos y contratos individuales y colectivos de trabajo.
El documento describe las funciones de varios profesionales del derecho como abogados, consultores jurídicos, secretarios judiciales y fiscales. Explica que los abogados asesoran e representan a clientes, los consultores jurídicos asesoran a empresas, los secretarios judiciales asisten a jueces, y los fiscales representan al estado en procesos penales. También compara las similitudes y diferencias entre estas roles.
Este documento presenta un examen de grado para obtener la licenciatura en derecho. Incluye una introducción al derecho y las obligaciones desde una perspectiva histórica y legal. También describe la metodología de investigación utilizada, que incluye un análisis descriptivo y aplicación del método analítico. Finalmente, presenta el marco institucional y legal relevante para comprender el examen de grado y sus objetivos.
Este decreto establece las regulaciones para la acción de tutela consagrada en la Constitución de Colombia. Define la acción de tutela como un mecanismo para proteger los derechos constitucionales fundamentales de forma preferente y sumaria. Establece los principios, procedimientos, y autoridades involucradas en una solicitud de tutela. Además, especifica las circunstancias en las que la acción de tutela es procedente o improcedente.
Este decreto establece las disposiciones generales y el procedimiento para la acción de tutela consagrada en la Constitución Política de Colombia. Define los derechos protegidos, los principios que rigen el trámite, la interpretación de los derechos tutelados, los casos en que procede y no procede la acción, y las medidas provisionales que puede ordenar el juez para proteger el derecho. Además, regula aspectos como la legitimidad e interés para interponer la acción, el contenido de la solicitud, los trámites prefer
La acción de tutela es un mecanismo creado en la Constitución de 1991 para proteger los derechos constitucionales fundamentales de los habitantes de Colombia. El documento explica que la acción de tutela permite solicitar protección de los derechos ante los jueces de manera preferente y sumaria cuando estos resulten vulnerados o amenazados por autoridades públicas. Además, proporciona un modelo para interponer una acción de tutela e indica cuáles son los derechos fundamentales tutelables según la Constitución.
Decreto 2591 acción de tutela y herramientas participación ciudadana lyomYaneth Ocampo Martinez
El documento resume los principales cambios introducidos por la Constitución de 1991 en Colombia, incluyendo el paso de una democracia representativa a una participativa y de un Estado de derecho a un Estado social de derecho. También describe la acción de tutela y sus características como un mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Finalmente, presenta varios mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución como el voto, el plebiscito, el referendo y la iniciativa popular.
El documento proporciona información sobre la clasificación internacional de los servicios y los trámites para exportar e importar servicios. Explica que la clasificación internacional se utiliza para identificar, agrupar y facilitar el comercio de servicios. Luego describe los pasos para exportar e importar servicios, incluida la clasificación de los servicios según la Clasificación Central de Productos.
El decreto 1834 de 1994 reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales en Colombia. Establece que las entidades administradoras de riesgos profesionales, empleadores, trabajadores y asociaciones científicas deben presentar ternas de candidatos para integrar el consejo. Además, especifica que los representantes tendrán periodos de 2 años y que el consejo se reunirá cada 6 meses para tratar asuntos de riesgos laborales.
El documento presenta el caso de un docente que solicitó ascenso en el escalafón nacional docente y se le aprobó, pero no se le ha pagado el costo acumulado correspondiente. El docente presenta una acción de tutela contra el Gobernador y Secretaria de Educación del Valle del Cauca para proteger sus derechos a la igualdad, debido proceso y petición. Explica la normativa sobre el escalafón docente y ascensos y cómo la Secretaría no ha cumplido con reconocer los costos acumulados a pesar de
1) El documento habla sobre los tratados internacionales en Colombia, incluyendo las etapas de su adopción como la negociación, aprobación en el Congreso, control de la Corte Constitucional y ratificación.
2) También describe varios acuerdos comerciales importantes de Colombia como la CAN, ALADI, TLC con Chile, Canadá y EE.UU., y acuerdos pendientes.
3) El Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores juega un papel clave en la negociación y per
Este documento describe los pasos para elaborar instrumentos de evaluación. Estos incluyen 1) identificar el atributo a medir, 2) determinar cómo evaluar el atributo, 3) establecer procedimientos para traducir los resultados, 4) elegir técnicas e instrumentos de evaluación, 5) proveer lineamientos para elaborar ítems, y 6) aplicar y reportar la evaluación. El documento también provee ejemplos de preguntas claras, ambiguas e imposibles para una prueba.
Ejemplo Derecho de Peticion y un Accion de Tutelapaobqro5
La señora Yesica Paola Baquero Benitez presenta un derecho de petición al Banco BBVA solicitando la actualización de su historial crediticio y la eliminación de reportes negativos, debido a que luego de cancelar sus deudas con el banco sigue apareciendo reportada negativamente. Adicionalmente, presenta una acción de tutela contra el Instituto Técnico Industrial solicitando su reintegro luego de ser expulsada injustamente por el hurto de algunos elementos en la biblioteca, a pesar de la falta de pruebas en su contra
Este decreto reglamenta la acción de tutela establecida en el Decreto 2591 de 1991. Establece que la acción de tutela solo protege derechos constitucionales fundamentales y no puede usarse para hacer cumplir leyes u otros actos normativos de rango inferior. También define cuándo un perjuicio no se considera irremediable y establece disposiciones sobre notificación de providencias, contenido de fallos de tutela y efectos de decisiones de revisión.
Este decreto establece las reglas para la acción de tutela en Colombia. En 3 oraciones o menos:
1) Reglamenta el derecho a la acción de tutela consagrada en la Constitución para proteger los derechos fundamentales ante cualquier violación por autoridades públicas o particulares. 2) Establece los principios, procedimientos y plazos para tramitar las acciones de tutela de manera preferente, sumaria y eficaz. 3) Determina las medidas que pueden ordenarse para restablecer y proteger el derecho vulnerado, así como las s
Taller de defensa fiscal 2014 amcpdf principios constitucionalesJacobo Meraz Sotelo
El documento trata sobre un taller de defensa fiscal sobre principios constitucionales aplicados al ámbito fiscal en México. Explica conceptos como derechos humanos, garantías constitucionales, principio de legalidad, proporcionalidad, equidad y otros principios relacionados con contribuciones fiscales según la constitución mexicana.
El documento presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el párrafo primero del artículo 70 de la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. El demandante argumenta que dicho artículo vulnera los derechos a la libre toma de decisiones y a la integridad de la persona consagrados en la Constitución, al establecer la obligatoriedad de cumplir órdenes expedidas por las autoridades de policía. El documento expone los cargos constitucionales, la norma demand
Este documento presenta un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto del artículo 2.331 del Código Civil. El requerimiento alega que dicho artículo es inconstitucional porque limita el derecho a la honra y a la integridad psíquica reconocidos en la Constitución y contradice el principio de responsabilidad. El Tribunal Constitucional ha declarado previamente la inconstitucionalidad de este artículo, por lo que se solicita se declare su inaplicabilidad en el present
El Alcalde de Macondo pretende ampliar la carretera colindante con la finca de olivar de un hectárea de D. Aureliano Buendía para hacerla más rápida y segura. Sin embargo, D. Aureliano no fue notificado de la expropiación parcial de su finca y se encontró con operarios cortando árboles. D. Aureliano podría solicitar la paralización de la actuación, presentar un recurso contencioso-administrativo por nulidad y pedir daños, ya que no se siguió el procedimiento legal de
Raùl Noblecilla - Propuestas de solucion planteadas al Estado peruanoCongreso del Perú
Este documento describe la formación y propósito de ADAEPRA, una organización creada para defender los derechos de los expropiados por la ley de reforma agraria peruana y exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones de compensación. Además, resume varias sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que la deuda agraria derivada de las expropiaciones sigue vigente y debe ser pagada a su valor real, y que el Estado ha incumplido reiteradamente con este deber. Finalmente, presenta algunas alternativas para que el
Este documento presenta un resumen de la Ley 599 de 2000, también conocida como el Código Penal de Colombia. En 18 artículos, establece los principios rectores del derecho penal colombiano como la dignidad humana y la legalidad, y regula la aplicación de la ley penal en términos de territorialidad, extraterritorialidad y extradición. También define los elementos de una conducta punible como la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
El Tribunal Constitucional analizó un proceso de hábeas corpus promovido por Carlos Saldaña Saldaña sobre su libertad individual. El Tribunal declaró infundado el recurso al determinar que la detención del demandante no vulneraba el plazo establecido por ley ni el principio de irretroactividad, ya que la norma aplicada era la vigente al momento de los hechos investigados.
Este documento presenta información sobre el juicio de amparo indirecto en México. Explica que el juicio de amparo indirecto es un proceso que se tramita en dos instancias para proteger los derechos humanos y garantías individuales cuando son violados por normas o actos de autoridad. Detalla los requisitos para presentar una demanda de amparo indirecto, los plazos, las partes involucradas, y los posibles resultados como conceder la suspensión provisional o definitiva del acto impugnado, amparar y proteger los derechos del quejos
Este documento presenta la Sentencia C-854/09 de la Corte Constitucional de Colombia. El demandante Julián Arturo Polo Echeverri solicita declarar la inexequibilidad del artículo 50, numeral 4o de la Ley 1142 de 2007, el cual exige el pago total de la multa como condición para acceder a la vigilancia electrónica como sustituto de la prisión. El demandante argumenta que esto viola el principio de igualdad, ya que discrimina a quienes no tienen los recursos para pagar la multa. La Universidad Sergio Arboled
El documento habla sobre la responsabilidad social pública y ciudadana en Colombia. Explica conceptos como control social, marco legal de la participación ciudadana según la Constitución de 1991, derecho de petición, principios de los procedimientos administrativos, recursos disponibles y acceso a documentos públicos según la ley.
Este documento es una demanda de amparo indirecto presentada ante un juez de distrito en la Ciudad de México. El demandante solicita la protección de la justicia de la unión contra el arresto administrativo de un quejoso en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal. El demandante alega que el arresto viola los derechos fundamentales a la libertad, seguridad jurídica y debido proceso legal del quejoso, ya que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento requeridas por la
Este documento presenta una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana en nombre de Tomas Germosen. Germosen fue despedido injustificadamente de su puesto como Supervisor General en el Ministerio de Turismo después de más de 20 años de servicio. La acción de amparo busca que se ordene la reintegración de Germosen a su puesto hasta que se le asigne su pensión correspondiente y que el proceso sea libre de costos.
Escito de Amparo contra ley Telecom. Reemplaza los siguientes campos con tus datos personales:
NOMBRE COMPLETO DEL QUEJOSO
ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
ocupación del quejoso
DIRECCION DEL QUEJOSO
POBLACION Y ESTADO
LUGAR
El documento habla sobre los diferentes tipos de suspensión en el amparo: suspensión de oficio y de plano, suspensión de oficio e incidental, y suspensión a instancia de parte e incidental. Explica los efectos de cada tipo de suspensión, como que la suspensión de oficio y de plano se concede sin necesidad de solicitarla para proteger derechos fundamentales. También describe que la suspensión de oficio e incidental se tramita en un expediente separado cuando se trata de actos como la extradición.
Este documento presenta un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2.331 del Código Civil ante el Tribunal Constitucional. El requerimiento argumenta que dicho artículo es contrario a los derechos a la honra, integridad psíquica y responsabilidad consagrados en la Constitución. Se solicita declarar la inaplicabilidad del artículo en un caso pendiente relacionado con una demanda por daño moral contra un medio de comunicación.
Este documento presenta un temario para un examen oral que cubre varios temas del área constitucional relacionados con el derecho penal. Incluye principios constitucionales como la legalidad, presunción de inocencia, defensa, juicio previo y prohibición de doble persecución penal. También cubre temas como la política criminal, los fundamentos constitucionales de la acción y persecución penal, la reserva de actuaciones, el Ministerio Público y otros aspectos procesales penales como la detención legal y preventiva. El temario proporciona una gu
El documento presenta el caso de una demanda presentada por el Círculo de Periodistas de Bogotá contra varias disposiciones del Decreto 733 de 1976 que reglamentó la Ley 51 de 1975 sobre el ejercicio del periodismo. El Círculo alega la nulidad de algunos artículos por violar la Constitución. El Consejo de Estado analiza los cargos y concluye que algunos artículos son parcialmente nulos mientras que otros no lo son.
El documento presenta un resumen de un caso judicial relacionado con la definición de periodista profesional según la Ley 51 de 1975 y el Decreto Reglamentario 733 de 1976. El demandante alega que ciertos artículos del decreto exceden la potestad reglamentaria al incluir labores como la dirección, que la ley había excluido expresamente. El fiscal opina que el decreto no viola la ley. La Sala considera que la potestad reglamentaria no puede establecer disposiciones diferentes a las contempladas en la ley.
Este documento resume la Ley 680 de 2001 de Colombia, la cual reforma varias leyes relacionadas con la televisión. La ley aumenta el límite de inversión extranjera en canales de televisión al 40% y establece nuevos requisitos mínimos de contenido nacional en la programación. También autoriza fusiones entre concesionarios de canales públicos y privados, sujeto a límites en la tenencia de horas y canales. Finalmente, la ley facilita el acceso a infraestructura para expandir la cobertura de señales de tele
La ley 80 de 1993 establece las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales en Colombia. Define entidades estatales, servidores públicos y servicios públicos. Establece los fines de la contratación estatal, los derechos y deberes de las entidades estatales y los contratistas. Regula aspectos como la capacidad para contratar, los consorcios y uniones temporales, e inhabilidades e incompatibilidades.
Esta ley regula la transmisión de programas por los servicios de radiodifusión en Colombia. Establece que la elaboración, transmisión y recepción de programas de radiodifusión es libre de acuerdo con esta ley. Distingue entre servicios públicos y privados de radiodifusión, y establece requisitos para la transmisión de diferentes tipos de programas como informativos, periodísticos y culturales. También establece sanciones por infracciones a la ley.
La ley dicta disposiciones sobre la radiodifusión sonora en Colombia. Permite que las personas naturales o jurídicas que se encuentran en proceso de legalizar su situación ante el Ministerio de Comunicaciones puedan ceder o transferir sus derechos a otras entidades que cumplan los requisitos. Además, las concesiones se prorrogarán automáticamente cada cinco años si el titular ha cumplido con la normativa. La ley entra en vigencia desde su sanción y deroga disposiciones contrarias.
Este decreto reglamenta el servicio de radioaficionado en Colombia de acuerdo con la Ley 94 de 1993. Asigna bandas de frecuencias específicas para su uso, incluyendo bandas para aficionados y aficionados por satélite. Establece tipos de emisión permitidos y un plan nacional de frecuencias para repetidoras. También estipula que las licencias otorgarán un distintivo de llamada formado por el prefijo HJ o HK seguido por un dígito que indica la zona y letras.
Este decreto establece las regulaciones para la concesión del servicio de radiodifusión sonora en Colombia. Define la radiodifusión sonora como un servicio público orientado a satisfacer las necesidades de comunicación de los habitantes del país. Establece el Plan General de Radiodifusión Sonora y los criterios para la concesión del servicio tanto en gestión directa por el Estado como en gestión indirecta a través de licencias. Determina también los parámetros técnicos esenciales y no esenciales de una estación de radiodifusión así como
Este decreto clasifica el servicio de radiodifusión sonora en Colombia según cuatro criterios: gestión, orientación de programación, nivel de cubrimiento y tecnología de transmisión. También establece normas para el establecimiento, organización y funcionamiento de cadenas radiales, incluyendo los requisitos para constituir una cadena radial y las prohibiciones de encadenamiento. El decreto deroga disposiciones contrarias y entra en vigencia a partir de su publicación.
El documento presenta los Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada (AM) y en Frecuencia Modulada (FM) adoptados por el Gobierno Nacional de Colombia. Incluye definiciones, parámetros técnicos y especificaciones para estaciones de radio AM y FM, así como la asignación de canales y frecuencias a cada departamento del país.
Este decreto reglamenta el servicio de radiodifusión sonora en Colombia. Establece que este servicio es público y puede prestarse directamente por el Estado o a través de concesiones privadas. Define los tipos de programación permitidos como cultural, docente, recreativo, deportivo, informativo y periodístico. También establece los requisitos para la concesión y operación de estaciones de radio, así como las obligaciones de los concesionarios en términos de programación y transmisión.
Este documento establece las normas rectoras del Código de Procedimiento Penal de Colombia. Establece principios como la dignidad humana, la presunción de inocencia, la defensa, la igualdad, la legalidad, la doble instancia y la gratuidad del proceso. Además, regula aspectos como la titularidad de la acción penal, el deber de denunciar conductas punibles y los requisitos de las denuncias.
El documento presenta un resumen del Código Penal Colombiano. Establece los principios rectores como la dignidad humana y la legalidad. Define conceptos como conducta punible, dolo, culpa, autoría y participación. Delimita el alcance de la ley penal en el espacio respecto a la territorialidad, extraterritorialidad y extradición.
La Ley 548 de 1999 prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 por 3 años. Modifica el artículo 13 para que los estudiantes de bachillerato menores de 18 años puedan aplazar su servicio militar hasta completar sus estudios. También permite que los jóvenes que aplazaron su servicio militar hasta terminar sus estudios profesionales lo cumplan como profesionales en actividades de servicio social.
Este documento es la Ley 418 de 1997 del Congreso de Colombia, también conocida como la "Ley de Orden Público". En 3 oraciones o menos:
1) La ley establece instrumentos para promover la convivencia pacífica, como facilitar el diálogo y la negociación con grupos armados al margen de la ley a los que se les reconozca carácter político. 2) También busca proteger a las víctimas de la violencia a través de asistencia en salud, vivienda, educación y crédito. 3) A
Este documento modifica y adiciona artículos de la Ley 104 de 1993 relacionados con el proceso de paz en Colombia. Se prorroga la vigencia de varios artículos y se modifican artículos sobre diálogos de paz con grupos guerrilleros, beneficios legales para desmovilizados, y asistencia a víctimas del conflicto armado. También se adicionan artículos sobre contactos con autodefensas y garantías de crédito para víctimas. El objetivo general es facilitar el diálogo y la reconcili
Este documento establece normas para preservar la moralidad en la administración pública y erradicar la corrupción administrativa. Dicta disposiciones sobre el régimen de los servidores públicos, incluyendo controles sobre el reclutamiento, incentivos para funcionarios, y declaración de bienes y rentas. También crea un Sistema Único de Información de Personal para todas las ramas del poder público a nivel nacional.
Este documento es una ley que regula los estados de excepción en Colombia, incluyendo el estado de guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica. Establece que durante los estados de excepción se respetarán los derechos humanos fundamentales y los tratados internacionales de derechos humanos. También establece controles y límites al ejercicio de facultades excepcionales del gobierno durante estos estados y la obligación de informar a organismos internacionales sobre su declaración y
Este documento establece disposiciones para buscar la convivencia y facilitar la justicia en Colombia. En 3 oraciones o menos:
1) Establece instrumentos como el abandono y entrega voluntaria para personas vinculadas a grupos subversivos u organizaciones ilegales que deseen reincorporarse a la sociedad. 2) Incluye normas para facilitar el diálogo con grupos guerrilleros y su desmovilización y reinserción pacífica. 3) También dicta disposiciones para brindar asistencia humanitaria a víctimas de atentados terrorist
Este documento resume la Ley 4 de 1991 de Colombia, la cual establece normas sobre el orden público interno, la policía cívica local y otras disposiciones. La ley define los informes que deben presentarse sobre el orden público, establece la autoridad de diferentes niveles de gobierno sobre el orden público, y regula aspectos como la policía cívica local y el régimen disciplinario relacionado con el orden público.
1. DECRETO 306 DE 1992
(FEBRERO 19)
Por el cual se reglamenta el decreto 2591 de 1991 (acción de tutela)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y, en especial, de la prevista por el
artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política,
DECRETA
ARTICULO 1o.- DE LOS CASOS EN QUE NO EXISTE PERJUICIO IRREMEDIABLE.
De conformidad con el inciso segundo del numeral primero del artículo 6o. del Decreto
1591 de 1991, se entiende por irremediable el perjuicio que sólo puede ser reparado
en su integridad mediante una indemnización.
No se considera que el perjuicio tenga el carácter de irremediable, cuando el
interesado puede solicitar a la autoridad judicial competente que se disponga el
restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de disposiciones
como las siguientes:
a. Orden de reintegro o promoción a un empleo, cargo, rango o condición;
b. Orden de dar posesión a un determinado funcionario;
c. Autorización oportuna a interesado para ejercer el derecho;
d. Orden de entrega de un bien;
e. Orden de restitución o devolución de una suma de dinero pagada por razón de una
multa, un tributo, una contribución, una tasa, una regalía o a cualquier otro título;
revisión o modificación de la determinación administrativa de una obligación de
pagar una suma de dinero; o declaración de inexistencia de esta última, y
f. Orden oportuna de actuar o de abstenerse de hacerlo, siempre que la conducta sea
distinta del pago de una indemnización de perjuicios.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en aquellos eventos en los cuales
legalmente sea posible que además de las órdenes y autorizaciones mencionadas se
condene al pago de perjuicios en forma complementaria.
ARTICULO 2o.- DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LA ACCIÓN DE TUTELA.
De conformidad con el artículo 1o. del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto,
no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni
para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de
rango inferior.
2. ARTICULO 3o.- DE CUANDO NO EXISTE AMENAZA DE UN DERECHO
CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. Se entenderá que no se encuentra amenazado
un derecho constitucional fundamental por el sólo hecho de que se abra o adelante
una investigación o averiguación administrativa por la autoridad competente con
sujeción al procedimiento correspondiente regulado por la ley.
ARTICULO 4o.- DE LOS PRINCIPIOS APLICABLES PARA INTERPRETAR EL
PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL DECRETO 2591 DE 1991. Para la
interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el
Decreto 2591 se aplicarán ios principios generales del Código de Procedimiento Civil,
en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto.
Cuando el Juez considere necesario oír a aquél contra quien se haya hecho la
solicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinde
declaración por medio de certificación jurada, el juez solicitará la respectiva
certificación.
ARTICULO 5o.- DE LA NOTIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS A LAS PARTES.
De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias
que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a
los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela
y el particular, la entidad o autoridad pública contra la cual se dirige de acción de
tutela de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de
la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho
de defensa.
ARTICULO 6o.- DEL CONTENIDO DEL FALLO DE TUTELA. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29, numeral 30, del Decreto 2591 de 1991, el Juez deberá
señalar en el fallo el derecho constitucional fundamental tutelado, citar el precepto
constitucional que lo consagra, y precisar en qué consiste, la violación o amenaza del
derecho frente a los hechos del caso concreto.
ARTICULO 7o.- DE LOS EFECTOS DE LAS DECISIONES DE REVISIÓN DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y DE LAS DECISIONES SOBRE LAS IMPUGNACIONES
DE FALLOS DE TUTELA. Cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte
Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya ordenado
realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la actuación que haya
realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo.
ARTICULO 8o.- REPARTO. Cuando en la localidad donde se presente la acción de
tutela funcionen varios despachos judiciales de la misma jerarquía y especialidad de
aquél ante el cual se ejerció la acción, la misma se someterá a reparto que se realzará
el mismo día y a la mayor brevedad, sea manualmente o por computador.
3. Realizado el reparto se remitirá inmediatamente la solicitud al funcionario competente.
En aquellos eventos en que la solicitud de tutela se presente verbalmente, el juez
remitirá la declaración presentada, el acta levantada, o en defecto de ambas, un
informe sobre la solicitud, al funcionario de reparto con el fin de que se proceda a
efectuar el mismo.
ARTICULO. 9o.- IMPOSICIÓN DE SANCIONES. Para efectos de los dispuesto en el
artículo 52 del Decreto 2591, cuando de acuerdo con la Constitución o la ley el
funcionario que haya incumplido una orden proferida por el juez sólo pueda ser
sancionado por determinada autoridad pública, el juez remitirá a dicha autoridad copia
de lo actuado para que ésta adopte la decisión que corresponda.
ARTICULO 10o. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 19 de noviembre de 1991.
César Gaviria Trujillo
El Ministro de Gobierno, Humberto de la Calle Lombana
El Ministro de Justicia, Fernando Carrillo Flórez
MODELO DE ACCIÓN DE TUTELA
Señor
JUEZ MUNICIPAL
Dr:
Referencia: Petición de tutela a los derechos consagrados en los preceptos
constitucionales 44 y 67
.
CONTRA: ALCALDE MUNICIPAL DE
DEMANDANTE:
Las siguientes personas, menores de edad, identificadas como aparece al frente de
nuestros nombres, hijos e hijas de familia residenciadas en este Municipio, quienes
hemos terminado y aprobado el quinto grado de Educación básica.
(NOMBRES Y APELLIDOS)(DOCUMENTO DE IDENTIDAD)
Acudimos a usted por su autoridad, en acción de Tutela contra el Alcalde Municipal de
___________Sr.___________ y el Secretario de Educación Municipal Sr.__________
para que en cumplimiento del Articulo 86 de la Constitución Nacional y de los decretos
4. que la desarrollan declare tutelado nuestro derecho fundamental a la educación básica
obligatoria y ordene, se tomen las medidas necesarias para garantizarlo. Esta solicitud
tiene por razón los siguientes
HECHOS:
1. Como está dicho antes, todos los demandantes cursamos y aprobamos el quinto
grado de educación básica, cumpliendo así los requisitos para ingresar al sexto
grado.
2. Los demandantes nos hemos presentado a solicitar nuestra matrícula para el sexto
grado de educación básica obligatoria en los distintos colegios públicos del
Municipio y en todos ellos hemos encontrado la misma respuesta: "No hay cupos".
3. Los demandantes somos menores de quince (15) años.
La anterior situación en violatoria de las siguientes
NORMAS JURIDICAS
ARTÍCULO 44 C.N. "Son derechos fundamentales de los niños: La vida..., la
educación y la cultura".
ARTÍCULO 67 C.N. "La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social".
El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y quince años de edad y que comprenden como minimo un
año de preescolar y nueve de educación básica...
Corresponde al Estado...: garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema
educativo.
La Nación y las entidades territoriales participan en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
constitución y la ley.
Además de las normas antes mencionadas nuestro derecho fundamental a la
educación se encuentra consignado en los siguientes textos.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 1948
ARTÍCULO 26 "Toda persona tiene derecho a una educación".
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1959)
5. Principio 7. "El niño tiene derecho a recibir educación".
CÓDIGO DEL MENOR: Decreto 2737 de 1989
ARTÍCULO 311o. "Todo menor tiene derecho a recibir la educación para su formación
integral. Ésta será obligatoria hasta el noveno grado de educación básica..."
Terminamos esta enumeración jurídica con la transcripción de las dos frases que por
su contenido son suficiente argumento para invocar prioridad a la atención de
nuestras peticiones:
a) "El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y orientación;..."
Declaración de los Derechos del Niño.
b) "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Artículo 44 C.N.
PROCEDENCIA DE LA TUTELA
Esta petición de tutela la consideramos procedente por dos razones:
a) El derecho solicitado es declarado como fundamental por la C.N. en sus artículos
44 y 67 y en varios tratados internacionales arriba enunciados y entendidos a la luz
del artículo 93 de la C.N.
b) No disponemos de otro medio de defensa judicial.
VIOLACIÓN DEL DERECHO
El derecho fundamental a la educación es violado en éste caso por cuanto no existen
en el Municipio, el suficiente número de aulas para atender la demanda de cupos que
hacemos.
Según la ley 60 de 1993 corresponde al Municipio la construcción, dotación y
mantenimiento de las escuelas, siendo éste un gasto público social que al tenor del
artículo 366 de la C. N. tiene prioridad sobre cualquier otra asignación.
Siendo la educación básica de nueve grados obligatoria para los menores de quince
años como en nuestro caso, esta obligación impiica para nosotros un deber social y
para el Estado una responsabilidad a la cual no puede sustraerse y por mandato
constitucional debe "garantizar el adecuado cubrimiento" y aseguramos a los menores
acá demandantes "las condiciones necesarias para el acceso y permanencia en el
sistema educativo". Artículo 67 C.N.
6. Con base en los anteriores argumentos nos permitimos a usted con todo respeto
presentar las siguientes
SOLICITUDES
1) Se decrete tutelado nuestro derecho a la educación y en consecuencia.
2) Se ordene al Señor Alcalde en un término perentorio tome las medidas necesarias
para proporcionarnos un aula escolar, y a su vez se le ordene nombrar y
posesionar a los educadores que sean necesarios y dotarla de material educativo.
3) Se ordene de inmediato nuestra matrícula escolar y ia iniciación de clases a partir
del cumplimiento del término señalado para la petición del numeral 2.
4) Se ordena al Alcalde y al Secretario de Educación Municipal la presentación de un
proyecto de acuerdo al Concejo Municipal en el cual, a fin de garantizarnos en el
futuro la educación básica obligatoria de nueve grados, se proyecte la construcción
de un colegio o la ampliación de las actuales instalaciones con los cupos
suficientes.
PRUEBAS
Solicitamos como prueba de la ausencia de cupos para el grado sexto que sean
citados los rectores de los colegios de educación básica secundaria, del municipio y el
señor Secretario de Educación Municipal.
DECLARACIÓN
Los demandantes declaramos no haber presentado antes acción de tutela por los
mismos hechos y derechos contra las mismas personas.
Recibimos comunicación sobre esta acción en el hogar del primer demandante cuya
dirección es: ______________de éste municipio.
Del Señor Juez (firma de cada uno de los demandantes)