Este decreto reglamenta la acción de tutela establecida en el decreto 2591 de 1991. Establece que la acción de tutela solo protege derechos constitucionales fundamentales y no puede usarse para hacer cumplir leyes u otras normas de rango inferior. Además, especifica los procedimientos para notificar decisiones a las partes, el contenido de los fallos de tutela, y los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional sobre fallos de tutela.