La Constitución de Colombia establece el derecho de petición como un mecanismo para que los ciudadanos puedan presentar solicitudes respetuosas a las autoridades sobre asuntos de interés general o particular. La ley regula este derecho y establece que las peticiones deben contener información como el objetivo y las razones de la solicitud. Las autoridades tienen plazos máximos de 15 a 30 días para responder dependiendo del tipo de petición. Si no se responde, los funcionarios pueden ser sancionados. Los ciudadanos también pueden recurrir a la acción de