El decreto establece el marco regulatorio para los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Define estos servicios y establece que solo pueden prestarse mediante licencia expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además, detalla cuatro modalidades de servicios (vigilancia fija, móvil, escolta y transporte de valores), los principios y deberes que rigen la prestación del servicio, y faculta a la Superintendencia para regular y controlar equipos y personal.