El documento trata sobre la defensa en el proceso penal. Se establece que toda persona tiene derecho a defenderse por sí misma o elegir un abogado, y que si no designa defensor se le asignará uno de oficio. Además, toda persona tiene derecho a ser presumida inocente, a un juicio público ante tribunales competentes e imparciales, y a no ser juzgada más de una vez por el mismo hecho. La Constitución consagra el derecho inviolable a la defensa en cualquier proceso.