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Débora Ruiz Molina
ULTIMA PALABRA
Con este artículo lo que pretendo es analizar lo que implica en sí este
derecho y lo que supondría su no concesión
La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA LO REGULA, COMO UN DERECHO
FUNDAMENTAL, DENTRO DEL DERECHO A LA DEFENSA DEL
ARTÍCULO 24. ASÍ SE ESTABLECE QUE:
1.- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de
los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2.-Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado
por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de
la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones
indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba
pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no
confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos
presuntamente delictivos.
Se trata de un derecho potestativo del acusado, del que puede o no,
hacer uso. Su no utilización viene amparada por el derecho a no declarar
(24.2).
El derecho a la llamada ULTIMA PALABRA está recogido igualmente en
el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Terminadas la acusación
y defensa, el Presidente preguntará a los procesados si tienen algo que
manifestar al Tribunal.
Al que contestare afirmativamente, le será concedida la última palabra.
El Presidente cuidara de que los procesados al usarla no ofendan la moral ni
falten al respeto debido al Tribunal ni a las consideraciones correspondientes a
todas las personas, y que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles la
palabra en caso necesario”.
Este derecho abre la posibilidad al acusado de expresar por sí mismo,
las alegaciones que estime necesarias para su defensa, matizando,
completando, rectificando, los hechos expuestos por su Letrado. Es el ejercicio
en el sentido más extenso posible del derecho de defensa, en el que no sólo
comprende la asistencia de Letrado libremente elegido o nombrado de oficio,
sino también a defenderse personalmente
La más reciente STC 13/2006, de 16 de enero, con ocasión de un
recurso de amparo interpuesto contra la negativa a la última palabra de un
menor en un juicio regulado por la Ley orgánica 5/2000, y en donde
expresamente se prevé la última palabra, es la que de manera directa y como
"ratio decidendi" ha abordado la cuestión del derecho a la última palabra,
señalando que posee un contenido y cometido propio bien definido. Así, se
señala, por un lado, que es un derecho que se añade al de defensa letrada, en
tanto que consagra la posibilidad procesal de autodefensa del acusado y, por
otro, que se diferencia del derecho a ser oído mediante la posibilidad de ser
interrogado, cuya realización se suele producir al inicio del juicio, dando la
oportunidad, una vez que ha tenido pleno conocimiento de toda la actividad
probatoria realizada y de los argumentos vertidos en los alegatos de las
acusaciones y de su propia defensa, de contradecir o someter a contraste el
desarrollo de la vista, añadiendo todo aquello que estime pertinente para su
mejor defensa. Como se destaca en esta Sentencia, "se trata, por lo tanto, de
que lo último que oiga el órgano judicial, antes de dictar Sentencia y tras la
celebración del juicio oral, sean precisamente las manifestaciones del propio
acusado, que en ese momento asume personalmente su defensa. Es
precisamente la palabra utilizada en el momento final de las sesiones del
plenario la que mejor expresa y garantiza el derecho de defensa, en cuanto
que constituye una especie de resumen o compendio de todo lo que ha
sucedido en el debate, público y contradictorio, que constituye la esencia del
juicio oral. El acusado conoce mejor que nadie todas las vicisitudes, que
pueden influir en la mejor calificación y enjuiciamiento de los hechos que
constituyen la base de la acusación" ( STC 13/2006).
Por otra parte, la STC 91/2000, de una nueva garantía del derecho de
defensa, que entronca con el principio constitucional de contradicción, y que
"no sólo constituye una garantía añadida a la defensa Letrada, al tratarse de la
posibilidad procesal de autodefensa del acusado (...), sino que debe igualmente
diferenciarse del derecho a ser oído mediante la posibilidad de interrogación o
confesión cuya realización se habrá ya realizado al inicio del juicio... El acusado
ha de tener la oportunidad... de ser el último en intervenir en el proceso, de
modo que esta facultad se encuadra dentro del derecho de defensa que, en
estas circunstancias, ha de realizarse de manera personal y directa por el
interesado".
Y la STC 258/2007 decía que con este derecho a la última palabra "se
trata de que lo último que oiga el órgano judicial, antes de dictar Sentencia y
tras la celebración del juicio oral, sean precisamente las manifestaciones del
propio acusado, que en ese momento asume personalmente su defensa".
Esto es, el acusado, en el Juicio Oral, no sólo tiene la posibilidad de ser
oído durante el inicio de la vista en el Interrogatorio, sino una vez practicadas
todas las pruebas, emitidos los informes por todas las partes, y antes de que se
declare por el Tribunal los autos conclusos para sentencia, puede, si así lo
desea ejercer este derecho a ser oído antes de que se dicte una resolución.
Distinto es que se renuncie al mismo una vez preguntado por el Tribunal
al acusado si desea añadir algo más de lo manifestado por su Letrado, ya que
es un derecho que puede ejercer o renunciar si así lo desea, de la misma forma
que puede optar al inicio de la vista a declarar o acogerse a su derecho a no
hacerlo. Y ¿qué ocurre en el supuesto de que el acusado se haya acogido a
este derecho a no declarar?, ¿le ampara igualmente el derecho a la última
palabra?, ¿podremos entender que al renunciar ab initio a declarar también
renuncia a este último derecho?. Obviamente LECRIM. No regula las
consecuencias que conllevaría acogerse el acusado a su derecho a no declarar
que prevé el artículo 520. Si bien, lo cierto es que pese a que así suceda,
tendrá que preguntarse al acusado si, a pesar de no haber declarado, desea
ejercer este derecho a la última palabra.
En otro orden de cosas, si se celebrare el Juicio Oral en Ausencia del
acusado, al no comparecer voluntariamente al acto de vista pese a constar la
citación en legal forma, así el artículo 786 de la LECRIM establece que “La
ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente o en
el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775 (persona que las
reciba en su nombre) no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o
Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la
defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento,
cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si
fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años”,
debemos entender que libremente ha renunciado a ser escuchado en el
interrogatorio y ha renunciado al ejercicio de este derecho.
La posibilidad del juicio penal sin la presencia del acusado, en los
términos y condiciones fijadas en la ley ha sido avalada por el Tribunal
Constitucional (entre otras, STC 91/2000). Ahora bien, el aval constitucional de
dicha posibilidad no desplaza la necesidad de someterla a una interpretación
restrictiva en la medida que la misma implica un coste relevante
de derechos del inculpado. El Tribunal Constitucional ha establecido que el
derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo forma parte
del núcleo del derecho de defensa que ha de considerarse esencial desde la
perspectiva del Art. 24 CE. En lógica consecuencia, el Tribunal Constitucional,
en una lectura compatible del procedimiento en ausencia con las exigencias
derivadas del proceso justo, ha establecido que ésta sólo es posible si se
garantiza suficientemente el derecho del acusado a defenderse en un juicio
contradictorio dándole, mediante la citación que produzca un conocimiento
efectivo, oportunidad de comparecer con anterioridad para que pueda conocer
los hechos que se le imputan y garantizándole, en cualquier caso, la posibilidad
de instar un procedimiento rescisorio frente a la condena penal en ausencia.
Otro supuesto es que el acusado sea expulsado del juicio oral, por
alterar el orden durante su celebración, no se le puede privar de la oportunidad
de ejercer este derecho, por lo que se le tendrá que autorizar la entrada
nuevamente a la sala para el ejercicio de esta opción si así lo deseare.
La regla de la presencia inexcusable del acusado que se consagra en el
artículo 786 LECrim, como hemos señalado anteriormente sólo puede ceder
en condiciones extraordinariamente restrictivas: o cuando se dan los supuestos
constitucionales del juicio en ausencia (STC 135/1997) o cuando concurren
razones de orden público perfectamente individualizadas que permitan trazar
un pronóstico de que la presencia del acusado puede comportar una grave
alteración del desarrollo armónico y seguro de la vista del juicio (artículo 687
LECrim: “cuando el acusado altere el orden con una conducta inconveniente y
persista en ella a pesar de las advertencias del Presidente y del apercibimiento
de hacerle abandonar el local, el Tribunal podrá decidir que sea expulsado por
cierto tiempo o por toda la duración de las sesiones, continuando éstas en su
ausencia”). Sin perjuicio de al aplicación de este artículo dentro de las
facultades del Presidente del Tribunal, lo cierto es que no se le puede privar de
forma absoluta de la presencia del acusado en el acto del juicio oral, ya que
antes de declarar los autos conclusos para sentencia debe permitirse la
posibilidad del ejercicio a la última palabra al acusado.
En el marco del JUICIO DE FALTAS:
El artículo 969 de la LECRIM tras regular el carácter público de los
juicios de falta, y el orden de las intervenciones en el mismo de las partes, una
vez practicadas las pruebas, oído el acusado, establece que “!Acto continuo
expondrán la palabra las partes que lo crean conveniente en apoyo de sus
respectivas pretensiones, hablando primero el Fiscal, si asistiere, después el
querellante particular o el denunciante y, por último, el acusado”.
La sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 20 de Abril de 2005 ,
dictada en el recurso de amparo formulado contra la sentencia de la Sección
Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 05-06-2002, dictada en
rollo de apelación n° 162/2002 y contra la sentencia del Juzgado de Instrucción
n° 7 de los de Madrid de fecha 04-12-2001 , en el Juicio de Faltas n°
1951/2000 señala que "en relación con el derecho de última palabra , hemos
indicado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 181/1994, de 20 de Junio ,
Fundamento Jurídico TERCERO que el derecho a la defensa comprende, en
este aspecto, no sólo la asistencia de Letrado libremente elegido o nombrado
de oficio, en otro caso, sino también a defenderse personalmente ( arts. 6.3 c )
y 143 d) del Convenio y del Pacto más arriba reseñados, Pacto Internacional de
derechos Civiles y políticos), en la medida en que lo regulan las Leyes
Procesales de cada país configuradores del derecho . Es el caso que la
nuestra en el proceso penal ( art. 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal )
ofrece al acusado "el derecho a la última palabra " ( Sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de julio de 1984), por sí mismo, no como una mera formalidad,
sino por razones íntimamente conectadas en el derecho a la defensa que tiene
todo acusado al que se brinda la oportunidad final de confesar los hechos,
ratificar o rectificar sus propias declaraciones a las de sus coimputados o
testigos, o incluso discrepar de su defensa o completarla de alguna manera. La
raíz profunda de todo ello no es sino el principio de que nadie pueda ser
condenado sin ser oído, audiencia personal que, aún cuando mínima, ha de
separarse como garantía de la asistencia letrada, dándole todo el valor que por
sí misma le corresponde. La viva voz del acusado es un elemento
personalísimo y esencial para su defensa en Juicio" .
CONCLUSIONES
Hemos visto que el DERECHO A LA ULTIMA PALABRA se encuadra
dentro del DERECHO DE DEFENSA consagrado como un derecho
fundamental, regulado en el artículo 24 de la C.E., al suponer la máxima
expresión del derecho de defensa del acusado, que le concede la
oportunidad de exponer en último lugar las rectificaciones,
modificaciones, alegaciones que considere oportunas una vez
practicadas las pruebas e intervenido todas las partes, estando
igualmente en íntima conexión con el principio de contradicción, pues
habiendo tenido la oportunidad de conocer de primera mano el resultado
de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral (documentales,
testifícales, periciales), conocer las conclusiones e informes del
Ministerio Fiscal, Acusación Particular y su propia defensa, podrá añadir
de esta forma todo aquello que estime pertinente para su mejor defensa,
realizándose de manera personal y directa por el propio acusado.
No se agota con el ejercicio de la Defensa Técnica con la
intervención del Letrado
Es un derecho que puede ejercerse de forma opcional, potestativa
por el acusado pero siendo su concesión inexcusable por parte del
Tribunal, pudiéndose decretar la nulidad del juicio en el caso de que no se
produzca esta concesión al causar indefensión al acusado.
DEBORA RUIZ MOLINA
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Ultima palabra ¿Que implica?

  • 2.
  • 3. ULTIMA PALABRA Con este artículo lo que pretendo es analizar lo que implica en sí este derecho y lo que supondría su no concesión La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA LO REGULA, COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL, DENTRO DEL DERECHO A LA DEFENSA DEL ARTÍCULO 24. ASÍ SE ESTABLECE QUE: 1.- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2.-Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Se trata de un derecho potestativo del acusado, del que puede o no, hacer uso. Su no utilización viene amparada por el derecho a no declarar (24.2). El derecho a la llamada ULTIMA PALABRA está recogido igualmente en el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Terminadas la acusación y defensa, el Presidente preguntará a los procesados si tienen algo que manifestar al Tribunal. Al que contestare afirmativamente, le será concedida la última palabra.
  • 4. El Presidente cuidara de que los procesados al usarla no ofendan la moral ni falten al respeto debido al Tribunal ni a las consideraciones correspondientes a todas las personas, y que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles la palabra en caso necesario”. Este derecho abre la posibilidad al acusado de expresar por sí mismo, las alegaciones que estime necesarias para su defensa, matizando, completando, rectificando, los hechos expuestos por su Letrado. Es el ejercicio en el sentido más extenso posible del derecho de defensa, en el que no sólo comprende la asistencia de Letrado libremente elegido o nombrado de oficio, sino también a defenderse personalmente La más reciente STC 13/2006, de 16 de enero, con ocasión de un recurso de amparo interpuesto contra la negativa a la última palabra de un menor en un juicio regulado por la Ley orgánica 5/2000, y en donde expresamente se prevé la última palabra, es la que de manera directa y como "ratio decidendi" ha abordado la cuestión del derecho a la última palabra, señalando que posee un contenido y cometido propio bien definido. Así, se señala, por un lado, que es un derecho que se añade al de defensa letrada, en tanto que consagra la posibilidad procesal de autodefensa del acusado y, por otro, que se diferencia del derecho a ser oído mediante la posibilidad de ser interrogado, cuya realización se suele producir al inicio del juicio, dando la oportunidad, una vez que ha tenido pleno conocimiento de toda la actividad probatoria realizada y de los argumentos vertidos en los alegatos de las acusaciones y de su propia defensa, de contradecir o someter a contraste el desarrollo de la vista, añadiendo todo aquello que estime pertinente para su mejor defensa. Como se destaca en esta Sentencia, "se trata, por lo tanto, de que lo último que oiga el órgano judicial, antes de dictar Sentencia y tras la celebración del juicio oral, sean precisamente las manifestaciones del propio acusado, que en ese momento asume personalmente su defensa. Es precisamente la palabra utilizada en el momento final de las sesiones del plenario la que mejor expresa y garantiza el derecho de defensa, en cuanto que constituye una especie de resumen o compendio de todo lo que ha sucedido en el debate, público y contradictorio, que constituye la esencia del
  • 5. juicio oral. El acusado conoce mejor que nadie todas las vicisitudes, que pueden influir en la mejor calificación y enjuiciamiento de los hechos que constituyen la base de la acusación" ( STC 13/2006). Por otra parte, la STC 91/2000, de una nueva garantía del derecho de defensa, que entronca con el principio constitucional de contradicción, y que "no sólo constituye una garantía añadida a la defensa Letrada, al tratarse de la posibilidad procesal de autodefensa del acusado (...), sino que debe igualmente diferenciarse del derecho a ser oído mediante la posibilidad de interrogación o confesión cuya realización se habrá ya realizado al inicio del juicio... El acusado ha de tener la oportunidad... de ser el último en intervenir en el proceso, de modo que esta facultad se encuadra dentro del derecho de defensa que, en estas circunstancias, ha de realizarse de manera personal y directa por el interesado". Y la STC 258/2007 decía que con este derecho a la última palabra "se trata de que lo último que oiga el órgano judicial, antes de dictar Sentencia y tras la celebración del juicio oral, sean precisamente las manifestaciones del propio acusado, que en ese momento asume personalmente su defensa". Esto es, el acusado, en el Juicio Oral, no sólo tiene la posibilidad de ser oído durante el inicio de la vista en el Interrogatorio, sino una vez practicadas todas las pruebas, emitidos los informes por todas las partes, y antes de que se declare por el Tribunal los autos conclusos para sentencia, puede, si así lo desea ejercer este derecho a ser oído antes de que se dicte una resolución. Distinto es que se renuncie al mismo una vez preguntado por el Tribunal al acusado si desea añadir algo más de lo manifestado por su Letrado, ya que es un derecho que puede ejercer o renunciar si así lo desea, de la misma forma que puede optar al inicio de la vista a declarar o acogerse a su derecho a no hacerlo. Y ¿qué ocurre en el supuesto de que el acusado se haya acogido a este derecho a no declarar?, ¿le ampara igualmente el derecho a la última palabra?, ¿podremos entender que al renunciar ab initio a declarar también renuncia a este último derecho?. Obviamente LECRIM. No regula las consecuencias que conllevaría acogerse el acusado a su derecho a no declarar
  • 6. que prevé el artículo 520. Si bien, lo cierto es que pese a que así suceda, tendrá que preguntarse al acusado si, a pesar de no haber declarado, desea ejercer este derecho a la última palabra. En otro orden de cosas, si se celebrare el Juicio Oral en Ausencia del acusado, al no comparecer voluntariamente al acto de vista pese a constar la citación en legal forma, así el artículo 786 de la LECRIM establece que “La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente o en el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775 (persona que las reciba en su nombre) no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años”, debemos entender que libremente ha renunciado a ser escuchado en el interrogatorio y ha renunciado al ejercicio de este derecho. La posibilidad del juicio penal sin la presencia del acusado, en los términos y condiciones fijadas en la ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional (entre otras, STC 91/2000). Ahora bien, el aval constitucional de dicha posibilidad no desplaza la necesidad de someterla a una interpretación restrictiva en la medida que la misma implica un coste relevante de derechos del inculpado. El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a participar en la vista oral y a defenderse por sí mismo forma parte del núcleo del derecho de defensa que ha de considerarse esencial desde la perspectiva del Art. 24 CE. En lógica consecuencia, el Tribunal Constitucional, en una lectura compatible del procedimiento en ausencia con las exigencias derivadas del proceso justo, ha establecido que ésta sólo es posible si se garantiza suficientemente el derecho del acusado a defenderse en un juicio contradictorio dándole, mediante la citación que produzca un conocimiento efectivo, oportunidad de comparecer con anterioridad para que pueda conocer los hechos que se le imputan y garantizándole, en cualquier caso, la posibilidad de instar un procedimiento rescisorio frente a la condena penal en ausencia.
  • 7. Otro supuesto es que el acusado sea expulsado del juicio oral, por alterar el orden durante su celebración, no se le puede privar de la oportunidad de ejercer este derecho, por lo que se le tendrá que autorizar la entrada nuevamente a la sala para el ejercicio de esta opción si así lo deseare. La regla de la presencia inexcusable del acusado que se consagra en el artículo 786 LECrim, como hemos señalado anteriormente sólo puede ceder en condiciones extraordinariamente restrictivas: o cuando se dan los supuestos constitucionales del juicio en ausencia (STC 135/1997) o cuando concurren razones de orden público perfectamente individualizadas que permitan trazar un pronóstico de que la presencia del acusado puede comportar una grave alteración del desarrollo armónico y seguro de la vista del juicio (artículo 687 LECrim: “cuando el acusado altere el orden con una conducta inconveniente y persista en ella a pesar de las advertencias del Presidente y del apercibimiento de hacerle abandonar el local, el Tribunal podrá decidir que sea expulsado por cierto tiempo o por toda la duración de las sesiones, continuando éstas en su ausencia”). Sin perjuicio de al aplicación de este artículo dentro de las facultades del Presidente del Tribunal, lo cierto es que no se le puede privar de forma absoluta de la presencia del acusado en el acto del juicio oral, ya que antes de declarar los autos conclusos para sentencia debe permitirse la posibilidad del ejercicio a la última palabra al acusado. En el marco del JUICIO DE FALTAS: El artículo 969 de la LECRIM tras regular el carácter público de los juicios de falta, y el orden de las intervenciones en el mismo de las partes, una vez practicadas las pruebas, oído el acusado, establece que “!Acto continuo expondrán la palabra las partes que lo crean conveniente en apoyo de sus respectivas pretensiones, hablando primero el Fiscal, si asistiere, después el querellante particular o el denunciante y, por último, el acusado”. La sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 20 de Abril de 2005 , dictada en el recurso de amparo formulado contra la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 05-06-2002, dictada en rollo de apelación n° 162/2002 y contra la sentencia del Juzgado de Instrucción
  • 8. n° 7 de los de Madrid de fecha 04-12-2001 , en el Juicio de Faltas n° 1951/2000 señala que "en relación con el derecho de última palabra , hemos indicado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 181/1994, de 20 de Junio , Fundamento Jurídico TERCERO que el derecho a la defensa comprende, en este aspecto, no sólo la asistencia de Letrado libremente elegido o nombrado de oficio, en otro caso, sino también a defenderse personalmente ( arts. 6.3 c ) y 143 d) del Convenio y del Pacto más arriba reseñados, Pacto Internacional de derechos Civiles y políticos), en la medida en que lo regulan las Leyes Procesales de cada país configuradores del derecho . Es el caso que la nuestra en el proceso penal ( art. 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ) ofrece al acusado "el derecho a la última palabra " ( Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1984), por sí mismo, no como una mera formalidad, sino por razones íntimamente conectadas en el derecho a la defensa que tiene todo acusado al que se brinda la oportunidad final de confesar los hechos, ratificar o rectificar sus propias declaraciones a las de sus coimputados o testigos, o incluso discrepar de su defensa o completarla de alguna manera. La raíz profunda de todo ello no es sino el principio de que nadie pueda ser condenado sin ser oído, audiencia personal que, aún cuando mínima, ha de separarse como garantía de la asistencia letrada, dándole todo el valor que por sí misma le corresponde. La viva voz del acusado es un elemento personalísimo y esencial para su defensa en Juicio" . CONCLUSIONES Hemos visto que el DERECHO A LA ULTIMA PALABRA se encuadra dentro del DERECHO DE DEFENSA consagrado como un derecho fundamental, regulado en el artículo 24 de la C.E., al suponer la máxima expresión del derecho de defensa del acusado, que le concede la oportunidad de exponer en último lugar las rectificaciones, modificaciones, alegaciones que considere oportunas una vez practicadas las pruebas e intervenido todas las partes, estando igualmente en íntima conexión con el principio de contradicción, pues habiendo tenido la oportunidad de conocer de primera mano el resultado de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral (documentales,
  • 9. testifícales, periciales), conocer las conclusiones e informes del Ministerio Fiscal, Acusación Particular y su propia defensa, podrá añadir de esta forma todo aquello que estime pertinente para su mejor defensa, realizándose de manera personal y directa por el propio acusado. No se agota con el ejercicio de la Defensa Técnica con la intervención del Letrado Es un derecho que puede ejercerse de forma opcional, potestativa por el acusado pero siendo su concesión inexcusable por parte del Tribunal, pudiéndose decretar la nulidad del juicio en el caso de que no se produzca esta concesión al causar indefensión al acusado. DEBORA RUIZ MOLINA