El documento analiza cómo las normas y acciones gubernamentales están restringiendo la libertad en la era digital a través de la vigilancia y el control excesivo de la ciudadanía. Se examinan tres zonas: la zona legal, conformada por leyes que permiten la vigilancia; la zona ilegal, donde agentes estatales usan la tecnología para fines ilícitos; y una zona intermedia entre lo legal e ilegal sobre la cual no hay información pública.

1. areciera que la libertad de la era digital se ve
cada vez más restringida por normas, leyes y
acciones gubernamentales que atentan contra
esa libertad. Pareciera que la “vigilancia y control”
nos es presentada en la actualidad como un
“derecho” del Estado y las empresas privadas sobre
la ciudadanía. Análisis de lo legal, lo ilegal y lo
intermedio.
P
Por Carlos A. Guevara – Programa Somos
Defensores, en colaboración con la Fundación Casa
del Bosque
Abril 2014
http://bit.ly/1iq61zN
En 1993 conocí la obra cumbre de J.R.R. Tolkien “El
señor de los Anillos”, que luego sería llevada al cine
de manera magistral por Peter Jackson en una trilogía
de películas ampliamente conocida y ganadora de
todo lo que se puede ganar en el cine (premios,
difusión y dinero entre otros). De esta obra, siempre
llamo mi atención el “gran ojo” de Mordor; aquel
residuo espectral de magia oscura proveniente del
malvado Sauron y su poder casi sobrenatural que se
movía como un espíritu por toda la tierra media
(escenario inventado por J.R.R. Tolkien para narrar
su épico relato), buscando su poderoso anillo
perdido; y para que el ojo lo encontrara, quien lo
portara sólo debía ponérselo.
Parece cosa de la ficción pero vivimos esos tiempos
ahora mismo; y no por las batallas épicas, o las
causas nobles de devolver la paz y la justicia a la
tierra, no. Vivimos esos tiempos porque no es
necesario ponernos el anillo, solo debemos hacer
“click” en nuestras búsquedas o transferencias de
información digital para ser rastreados, detectados y
hasta perseguidos por un “gran ojo”, menos irreal
que el de Tolkien y mucho más cercano de lo que
podríamos imaginar.
Colombia en los últimos 10 años no ha escapado al
avance de las nuevas tecnologías de información y
comunicación NTIC y a su irrupción monumental
sobre la vida cotidiana de todos los ciudadanos;
esto no es nuevo; lo que sí es nuevo es de qué
manera se han orquestado acciones legales e
ilegales para justificar como un derecho, la
vigilancia extrema sobre la vida y obra de todos y
todas. Es allí donde la realidad y la ficción se
acercan, no hay un “gran ojo” mágico, pero hay
espionaje digital y análogo.
En nuestro país hablar de “chuzadas”,
“inteligencia preventiva” o “monitoreo” es
sinónimo de cotidianidad. Año tras año se van
descubriendo, escándalo tras escándalo, como las
acciones gubernamentales que en principio fueron
ejecutadas bajo el manto de la “legalidad” luego
dan tintes de extralimitación del poder de quienes
tiene la tecnología para vigilar, intromisión ilegal
en la privacidad y hasta espionaje ilegal con fines
perversos. Pero este escenario tiene varias caras;
cuenta con una cara legal, conformada por una
andanada de normas y leyes que soportan el
espionaje en el país; una cara ilegal constituida
por la acción de muchos “agentes del orden” que
usan la tecnología para la vigilancia a su acomodo
e intensión, y una zona media entre lo legal y lo
ilegal de la cual carece de información la opinión
pública. Echemos un vistazo a cada una de ellas.
*Zona Legal*
En esta zona podemos identificar las normas que
permiten la observación, vigilancia e incluso
consulta de nuestra información en formatos
digitales o análogos por parte de entidades
estatales o privadas y en las que se basan muchas
veces quienes nos espían para realizar sus
actividades:
*Decreto 1704 – Interceptación de teléfonos y
comunicaciones*
El 15 de agosto de 2012 el Ministerio de
Tecnologías de la información y las
Comunicaciones, junto con el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Defensa publicaron el
decreto 1704 que define y regula la interceptación
de comunicaciones.

2. Al revisar el Decreto lo primero que llama la
atención es que la expresión “autoridad competente”
legitima no sólo a la Fiscalía o a la Sala Penal de la
Corte para obligar a un proveedor a que entregue la
información de sus abonados, sino a muchísimos e
indeterminados funcionarios. Si un operador de
celulares recibe la visita de un coronel de la Policía o
del Ejército pidiéndole información sobre la
identidad de un abonado o su dirección, tendrá que
entregar la información requerida sin excusas. La
salida de este decreto es una señal de alarma por su
nociva intensión de dejar en manos de cualquier
funcionario “competente” la privacidad de los
usuarios de teléfonos y celulares.
Otro dato importante para tener en cuenta es que la
información que los proveedores de telefonía deben
facilitar a las autoridades, la darán “a través del
grupo de Policía Judicial designado para la
investigación del caso”. Es decir, la información que
pida la Fiscalía o en su caso la “autoridad
competente” no será solicitada por éstas
directamente, sino que, por ejemplo, la exigirán los
investigadores del CTI o de la Policía Nacional o
funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia,
esta última ya con denuncias por posibles *nuevas
chuzadas* a periodistas. En conclusión las bases de
datos de los usuarios de teléfonos quedarán en poder
de organismos de seguridad o de inteligencia lo que
generará un acceso libre y sin control.
*Ley 1621 de 2013*
En abril de 2013 fue sancionada por el Congreso de
la República la Ley de Inteligencia y
Contrainteligencia (Ley 1621 de 2013) “por medio
del cual se expiden normas para fortalecer el marco
jurídico que permite a los organismos que llevan a
cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia
cumplir con su misión constitucional y legal, y se
dictan otras disposiciones”. Esta ley, lejos de hacer
claridad o regular la acción de inteligencia de las
fuerzas de seguridad del Estado, deja grandes
preguntas sobre quiénes regulan y controlan estas
acciones. A continuación revisamos algunos de los
artículos más preocupantes:
Artículo 17. Monitoreo del Espectro
Electromagnético e Interceptaciones de
Comunicaciones Privadas: Este artículo se
complementa con el Decreto 1704 de 2012, el cual
señala las nuevas directrices para la interceptación
de comunicaciones y la colaboración de entes
privados (operadores de telefonía celular) en dicha
tarea. Es importante señalar que la Ley de
Inteligencia declara que “El monitoreo no
constituye interceptación de comunicaciones”.
Esto podría significar, al revisar en detalle las dos
normativas, que la escucha de comunicaciones es
legal y solo se configuraría la *interceptación*,
cuando dicha comunicación es grabada y
almacenada en una base de datos de inteligencia.
La escucha de las señales que viajan por el
espectro electromagnético colombiano (es decir
casi todas las comunicaciones) sería una actividad
legal para las fuerzas de seguridad del Estado. Es
clave aclarar que no existe una definición en la ley
sobre el concepto “monitoreo”, sus acciones o
alcances.
Artículo 44. Colaboración con operadores de
Servicios de Telecomunicaciones: Mediante este
articulado (complementado por el Decreto 1704
de 2012) se obliga a los operadores de servicios de
telecomunicaciones a suministrar a los organismos
de inteligencia y contrainteligencia, información
de sus clientes en un período que no exceda los
cinco (5) años. Igualmente se le condiciona a estas
empresas a informar al Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones y a la
Fiscalía General de la Nación cualquier
modificación en la tecnología de sus redes que
tenga incidencia sobre la interceptación de
comunicaciones y poner a su disposición, la
implementación de los equipos de interceptación
para la adaptación a las redes de las entidades que
realicen inteligencia en el país.
Sin embargo y pese a esta estrecha y obligatoria
colaboración, el Estado mediante esta Ley,
exonera a los proveedores de redes y/o servicios
de telecomunicaciones sobre utilización que se
haga de la información de los usuarios que sea
suministrada. Esto deja por fuera de la
responsabilidad de las empresas en una posible
interceptación, que podría constituir un riesgo
significativo para la información privada, no solo
de defensores(as) de derechos humanos, sino de
cualquier ciudadano colombiano.

3. *Ley de Habeas Data*
En octubre de 2012 fue expedida la Ley 1581 de 2012
o Ley de “habeas data”, que posteriormente sería
reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, la cual
tiene por objeto “desarrollar el derecho constitucional
que tiene todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan sobre ellas
en bases de datos o archivos”. Esta ley y su decreto
reglamentario pretenden dar cumplimiento a los
pronunciamientos de la CorteConstitucional referente
al derecho a la autodeterminación informática[1]; es
decir que tenemos derecho a saber donde están
nuestros datos y a decidir si se usan o no y cómo son
usados.
Sin embargo y pese al buen espíritu de esta
normativa, muchas empresas privadas de todo tipo
aún no la acatan y siguen comprando y vendiendo
bases de datos (lo cual es un negocio legal) pero sin
pasar por el previo consentimiento del uso de los
datos de cuentos de miles de personas y aún peor,
usando estrategias poco explicitas para buscar la
autorización del usuario sin hacer evidente con
claridad el manejo que se darán a los datos.
*Zona Ilegal*
*Chuzadas DAS: Un cierre apresurado*
Cerrar el DAS era necesario. Por su acción como
“policía política” contra la oposición; por haberse
convertido en una “oficina de cobro” similares a las
oficinas de sicariato del narcotráfico donde por un
par de millones se seguía, interceptaba y hasta
asesinaba a cualquier colombiano; por estas y
muchas razones más, era necesario cerrarlo. Pero
nunca las implicaciones de este cierre, fueron
calculadas de la mejor manera por el gobierno
nacional. Tras el cierre de esta entidad, fueron
“tapadas” muchas acciones ilegales y con ellas,
crímenes que aún reposan en la impunidad. Pero hay
que revisar en detalle, las consecuencias de ese cierre
apresurado.
Parte de la extrema preocupación, incluso del mismo
gobierno son las revelaciones realizadas por el
senador Juan Lozano quien señalo que la
Procuraduría inició una investigación sobre la
guarda y custodia de los archivos del DAS, de los
datos contenidos en esos archivos y de la
integridad de la información. Según informó la
Procuraduría al Senado en debate de mayo de
2013 parte de esa documentación está extraviada y
no hay quien responda en primera instancia por
estos archivos que tienen carácter
CLASIFICADO. Al momento del cierre de la
entidad el inventario registraba
8.880 cajas repletas de carpetas, 1.585 archivos A­
Z, 29 paquetes de documentos, una docena de
servidores, 32 discos duros y tres equipos de
cómputo. Pero, según lo estableció la Fiscalía, aún
hay un 20% de documentos pendientes por
recoger en las seccionales del DAS.
Un último y delicado elemento a tener en cuenta
con el cierre apresurado del DAS fue la
distribución y uso de los modernos equipos de
interceptación con los que contaba la entidad.
Gracias al apoyo de los gobiernos Estadounidense,
Israelí y Británico, desde hace varios años los
miembros de las fuerzas de seguridad
colombianas han sido capacitados con los mejores
maestros en la tarea de espiar “al enemigo”.
En ese mismo entendimiento y cooperación
militar, de lucha contra el terrorismo y el crimen
organizado, el país ha recibido “donaciones” de
estos gobiernos, representados en sofisticada
tecnología para la “seguridad” y entre ella, la de
interceptación de comunicaciones; también varias
instituciones de seguridad del Estado han hecho
inversiones importantes en la compra de estos
aparatos. Lo preocupante son los indicios que
Juan Lozano, senador de la República, da sobre el
uso y localización de esta tecnología actualmente:
“se nos informó que parte de esos aparatos,
algunos de los cuales habían sido adquiridos por
el DAS poco antes de que se supiera que iba a ser
liquidado, fueron repartidos entre las divisiones de
Inteligencia del Ejército y de la Fuerza Aérea…no
tengo evidencia de que se hayan estructurado
procedimientos para verificar, en términos
jurídicos, su uso adecuado ni para garantizar la
compatibilidad tecnológica de las plataformas que
cada organismo maneja. A todo esto súmele los
rumores sobre equipos ‘fantasma’ que habrían
llegado a Colombia en el pasado y de los cuales

4. no habría registro alguno.”
A juzgar por las declaraciones del Senador Lozano y
de otras fuentes, existe una gran cantidad de equipos
de interceptación de comunicaciones de alta
tecnología, que son propiedad del Estado, pero que
no se sabe donde están, quien los tiene y peor aún,
para qué se usan.
*Operación Andrómeda*
Las interceptaciones ilegales no son cosas del
pasado. En 2014 un nuevo escándalo sacudió al país
por las revelaciones de la Revista Semana en las que
se daba cuenta de cómo miembros de la inteligencia
del Ejército de Colombia, espiaron ilegalmente a los
miembros de la comisión negociadora del Gobierno
nacional en los diálogos de paz en la Habana – Cuba,
con la guerrilla de las FARC. Esta operación era
conocida en el argot de inteligencia militar como
“Operación Andrómeda”.
Tras la fachada de un restaurante mezclada con un
centro de enseñanza de informática, una moderna
centra de interceptación era usada por miembros del
batallón de Inteligencia Técnica del Ejército número1
(Bitec­1), para rastrear correos electrónicos de varios
de los negociadores del gobierno.
Para esta tarea, aparentemente el Ejército reclutó
algunos *hackers *civiles, quienes fueron
contactados en la conocida convención de tecnología
llamada *Campus Parties* (lo que en realidad se
conoce mundialmente como LAN Party la cual
también se realiza en Colombia).
Esta nueva acción ilegal de espionaje de las Fuerzas
Militares a sus propios pares del Gobierno puso a
tambalear el proceso de paz con las FARC y generó
una depuración bastante improvisada de algunos altos
mandos de la inteligencia militar en el país. Luego el
mismo Ejército diría, con poca credibilidad, que las
interceptaciones habían sido realizadas con base en la
legalidad. Este caso aún es materia de investigación.
1
Corte Constitucional Sentencias C­1011/08 y C­748/11 ­ entendiendo
por autodeterminación informática la facultad de la persona a la cual
se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y circulación
y la libertad, especialmente la económica, porque esta podría ser
vulnerada en virtud de la circulación de datos que no sean veraces o
cuya circulación no haya sido autorizada.
Este oscuro episodio, aún sin esclarecer, se
conectó a otro escándalo de proporciones mucho
mayores pero que fue conjurado rápidamente por
el gobierno nacional a fin de evitar el pánico y
afectar mucho más los diálogos. El 22 de febrero
de 2014 fue descubierta por el mismo
departamento de seguridad de la Presidencia, la
interceptación ilegal de dos correos personales del
Presidente de la República por parte de
desconocidos. El gobierno de Colombia solicitó
ayuda a organismos multilaterales como la OEA,
las Naciones Unidas y el Consejo de Europa;
igualmente solicitó acompañamiento técnico a los
gobierno de Estados Unidos, Israel, Reino Unido,
Corea del Sur y Canadá, casualmente aliados
infranqueables de las Fuerzas militares
colombianas en temas de cooperación militar,
para rastrear a los responsables. La investigación
sigue sin hallar a lso responsables.
*Zona Intermedia*
La Plataforma Única de Monitoreo y Análisis –
PUMA de la Policía Nacional ­ PONAL es casi un
misterio. Hay tantas versiones de su constitución,
acción y funcionamiento como lo permite
internet. La posición oficial es que PUMA no es
más que el mejoramiento de un sistema de
monitoreo e interceptación legal de
comunicaciones llamado ESPERANZA y que
estaba bajo jurisdicción de la Fiscalía General de
la Nación. Otras voces hablan de “*una
infraestructura tecnológica y física para un data
center de 400 metros cuadrados… un módulo de
interfaz gráfica para la visualización de los
medios interceptados, un módulo para
interceptación de voz y datos móviles, otro para
interceptar datos de los proveedores de servicios
de internet (ISP), módulos de localización, 300
estaciones de trabajo distribuidas en Bogotá y 400
en el resto del territorio nacional*”2
es decir, un
centro de alta tecnología dedicado a la
interceptación, rastreo, vigilancia y control de
comunicaciones, que ni siquiera el mismo Fiscal
General de la Nación, o la Comisión Asesora para
la depuración de datos y archivos de inteligencia y
contrainteligencia del Senado de la República tuvo
2
Diario El Espectador. 18 de mayo de 2013. Publicación
Digital. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo­
422754­el­sistema­de­inteligencia­esta­descuadernado

5. conocimiento de su desarrollo.
Lo cierto es que esta acción legal de la PONAL, tiene
un alto componente privado. La empresa Eagle
Commercial S.A. ha contratado por más de 15 años
con el gobierno colombiano en temas de
perfeccionamiento tecnológico para la labor de
interceptación y rastreo de información; así mismo en
los últimos 5 años, esta empresa ha firmado 25
contratos con PONAL, Fiscalía y otras entidades del
Estado por cerca de 12 mil millones de pesos, de los
cuales el 60% se ha realizado por contratación
directa. Recientemente esta empresa, en conjunto con
la empresa de seguridad israelí NICE, firmo un
nuevo contrato por 49 mil millones de pesos para la
colaboración en tecnología para seguimiento de
comunicaciones, como la radio troncalizada3
.
Lejos de la contratación con empresas privadas y su
posible injerencia en el perfeccionamiento o no de las
labores de vigilancia y seguimiento de
comunicaciones, lo cierto es que PUMA podrá contar
en sus sistemas, con mecanismos tecnológicos que le
permitiría interceptar telefonía IP y analógica, así
como acceso a datos, mensajes y comunicaciones que
se realicen a través de redes sociales con un
promedio de 20.000 canales al mismo tiempo.
*Con el derecho a ser vigilados*
Después de los ataques del 11S, la guerra en
Afganistan e Irak, las revelaciones de Wikileaks y del
ex ­ agente de la CIA Edward Snowden, así como las
acciones de la NSA en todo el planeta, por mencionar
algunas, es ilógico pensar que vivimos en un mundo
que no está vigilado todo el tiempo por el poder,
venga de donde venga. Y en este tema, Colombia
también tiene un prontuario que no diferencia a
miembros del propio gobierno o líderes de la
oposición, periodistas, defensores de los derechos
humanos o incluso miembros del sector privado. El
“gran ojo” del espionaje legal o ilegal es una
realidad, la observación constante de lo que hacemos
y como lo hacemos por medios digitales o análogos
es una agresión que debemos enfrentar.
La gran pregunta es que en un país como Colombia,
que se supone va hacia el postconflicto y que cuenta
3 [3]
Nota de Capital Noticias emitida el 25 de marzo de 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=oR_bbHdkLGs
con entidades estatales y empresas de seguridad
altamente tecnificadas en estas tareas de
“vigilancia”, así como con leyes que sustentan su
acción de espionaje a la privacidad ¿qué le
esperan a las libertades de los ciudadanos?
Pareciera que el Estado y los conglomerados de
poder nos quisieran imponer un nuevo “derecho”
con el descaro de hacernos creer que es por
nuestro bien. El contradictorio derecho ciudadano
a ser vigilados.
*Otras Fuentes*
http://blogjus.wordpress.com/2007/05/06/derecho­
habeas­data­articulo­15/
http://www.sic.gov.co/hoy­entra­en­vigencia­la­
nueva­ley­de­habeas­data
http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/
sus­derechos­habeas­data/181020
http://www.eaglecommercial.com.co/htm/somos.h
tm
https://www.youtube.com/watch?
v=oR_bbHdkLGs
http://www.contrainjerencia.com/?p=70251
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/mi
sion­de­oea­ayuda­colombia­defensa­cibernetica­
tras­e­articulo­484131