La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo que reafirma el derecho al olvido, el cual establece que cuando una persona ha cumplido o prescrito la pena impuesta, sus datos personales deben ser suprimidos de bases de datos públicas. Sin embargo, la Corte deniega la petición de una persona condenada por homicidio para eliminar su nombre de búsquedas de Google, ya que su pena aún no se había cumplido ni prescrito. El fallo también establece que los archivos completos de los expedientes penales deben mantener

1. Derecho al olvido en Colombia
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La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que reafirma lo que se denomina “derecho al
olvido”, y aclaró las circunstancias que deben existir para poder aplicarlo.
El caso se inicia con la presentación de una persona ante el Tribunal. Esta persona, en el
pasado, había sido condenada por homicidio y solicitaba que su nombre no apareciera al
buscarlo en Google. La Corte analizó el caso y deniega la petición.
La magistrada Patricia Salazar Cuéllar, de la Sala Penal, nos explica que la solicitud del
interesado fue denegada ya que la pena que le había sido impuesta no se había cumplido
ni había prescrito.
Todas las personas tienen derecho al “olvido”. Este derecho se refiere a que cuando
judicialmente se declara cumplida o prescrita la pena impuesta, deberán suprimirse los
nombres de las personas condenadas de todas las bases de datos de acceso abierto. Se

2. aclara expresamente que se refiere a las “bases de datos de acceso abierto” ya que los datos
con todos sus detalles que conforman el expediente penal deberá conservarse en los archivos
de la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, y para respetar el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la
información pública, toda persona que así lo desee tendrá acceso a estos archivos
concurriendo y pudiéndolos ver en el mismo sitio en que están guardados (en los lugares que la
Corte Suprema de Justicia utiliza para el archivo de estos expedientes).
El fallo agrega además que en todas las bases de datos abiertos, manejadas por personas
naturales o jurídicas, que ofrecen su servicio gratuito o pago, deben suprimirse los datos
personales de procesados, víctimas y testigos.
¿Cuál es la función del derecho al olvido?
El fin de dar a conocer públicamente las sentencias condenatorias es la prevención general.
El derecho al olvido cumple una función sumamente importante, que es facilitar la reinserción
social del condenado. Si se permite que antecedentes penales sean objeto de uso
indiscriminado se estaría favoreciendo a la aplicación de prácticas discriminatorias en el
mercado laboral. Las personas cuya pena ha sido cumplida o ha prescrito, han cancelado su
deuda con la ley y con la sociedad.
En la Corte Constitucional, Sala Penal, ya había antecedentes jurisprudenciales con respecto
a este tema. Tanto el “derecho al Olvido” como el “principio de caducidad del dato negativo”,
que es aplicable en los casos de información negativa referente a actividades crediticias
y financieras, también deben aplicarse a la información negativa de cualquier actividad que se
haya recogido en el banco de datos.
En conclusión, las providencias judiciales que pueden conocerse de manera pública no
deben contener los datos de las personas condenadas, cuyas penas ya se hayan cumplido o
prescrito.