Hace unos meses, el Consejo de Estado sentenció a la Nación, señalando que los daños causados por la privación injusta de libertad son mucho mayores en los procedimientos altamente mediatizados, a propósito de la detención injusta por casi 10 años de Pablo Enrique Zamora, como implicado en el homicidio del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano.

1. Son mayores los daños por detención injusta
en procesos mediatizados, señala Tribunal
http://justiciayleyescolombia.wordpress.com/2014/06/21/son-mayores-los-danos-por-detencion-injusta-
en-procesos-mediatizados-senala-tribunal/
Hace unos meses, el Consejo de Estado sentenció a la Nación, señalando que los daños
causados por la privación injusta de libertad son mucho mayores en los procedimientos
altamente mediatizados, a propósito de la detención injusta por casi 10 años de Pablo
Enrique Zamora, como implicado en el homicidio del director del periódico El
Espectador, Guillermo Cano.
La condena de Zamora, comprendía 16 años de prisión, debido a su presunta
participación en dicho crimen, perpetrado el 17 de diciembre de 1986 por órdenes de Pablo
Escobar. Así, de acuerdo a lo expresado por el alto tribunal, los daños causados a las
personas imputadas injustamente son mucho mayores en casos mediáticos, ya que la
difamación es difundida a gran escala.

2. De acuerdo a la condena, este caso sirve como referencia sobre el tema, en cuanto a las
consecuencias negativas y graves que puede llegar a generar la privación injusta de la libertad
a los ciudadanos. También se agrega que esto puede servir para abordar temas relacionados
con la corrección de esquemas de aplicación de la justicia penal en el país.
En este sentido, se ordena a la Rama Judicial colombiana, comenzar un plan de formación
de todos sus funcionarios, orientado a fortalecer el respeto a la dignidad
humana, desarrollar la presunción de inocencia y las excepciones de las medidas que
restringen la libertad, como iniciativas para no repetir estos actos.
La sentencia contempla el hecho establecido en el orden constitucional en vigencia,
donde no se puede obligar a ninguna persona a sacrificar su libertad, bajo el principio
de obtención del bien común. De allí que el Estado debe impulsarse a la recuperación de
las personas que resulten condenadas o privadas de libertad, aun cuando estas sean
inocentes.
Igualmente, se recalca que la Nación tiene como deber desarrollar los procedimientos
necesarios para garantizar un trato de acuerdo a su dignidad, para los que resulten
sometidos a investigación o juicio penal.
Asimismo, se manifiesta que cuando la persona implicada en un proceso legal sea
inocente, y tenga a su cargo la custodia o cuidado de niños o adolescentes, aumentará el
grado de antijuricidad de su detención.
Por otro lado, se destacó que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, procesa
actualmente 266.000 demandas contra la Nación, por privación injusta de la libertad.