El documento describe los derechos fundamentales de las personas de edad avanzada, incluyendo el derecho a acceder a necesidades básicas, trabajar o tener otras fuentes de ingresos, educación y formación adecuadas, vivir en entornos seguros y adaptados a sus preferencias, residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible, permanecer integrados en la comunidad y participar en políticas que les afectan, y tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren autonomía.