El documento discute las tendencias más recientes del Nuevo Derecho de Ejecución en materia penal. Establece la reinserción social como objetivo de la pena privativa de libertad a través del respeto de los derechos humanos. Clasifica a los internos según sexo, edad, estado procesal y tipo de delito. También establece un régimen de ejecución excepcional para la delincuencia organizada y ve la prisión preventiva como medida cautelar excepcional.

1. VI
6.4 Extinción de las Penas.
El artículo 21 en su párrafo tercero establece la judicialización en materia de
ejecución de sentencias, debido a que otorga al poder judicial, la facultad no
solamente de imponer las penas, sino de modificarlas (facultad antes atribuida al
Poder Ejecutivo). Por último, el artículo 22; establece el principio de
proporcionalidad de la sanción, la cual consiste en que la misma debe corresponder
con el acto y el bien jurídico protegido o afectado; además, prohíbe penas inusitadas
y trascendentales, por ejemplo, la pena de muerte, la mutilación, la infamia, marcas,
azotes, palos, tormento, multa excesiva, confiscación de bienes.
De lo anterior podemos concluir las tendencias más recientes del Nuevo Derecho
de Ejecución:
• Establece a la reinserción social como objetivo de la pena privativa de la libertad,
por medio del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la
educación, la salud y el deporte.
• Clasifica a los internos según el sexo, la edad, el estado procesal y el tipo de delito
(delincuencia organizada).
• Establece un régimen de ejecución excepcional al permitirse restringir los
derechos humanos de los procesados y sentenciados en materia de delincuencia
organizada.
• La prisión preventiva se establece como medida cautelar excepcional.
• Por último, prevé la celebración de tratados y convenios de la Federación con otros
países y Estados, a fin de fomentar la cercanía de los internos con sus familiares.
Es decir, el Nuevo Derecho de Ejecución apuesta por el respeto de los derechos
humanos y la dignidad de los internos, tiende a ser más humanista al cambiar

2. VI
conceptos como cárcel, reo, pena corporal y; readaptación, los que resultan ser
estigmatizantes.
Ahora, el punto neurálgico de las reformas consistirá en la creación de una
legislación nacional en la materia completa, además de una correcta capacitación
del recurso humano, así como el De las penas y medidas de seguridad En cuanto
al tipo de pena, debemos señalar que las sanciones penales, son la respuesta
estatal a la comisión de un delito.
A las penas, comúnmente se les ha clasificado en:
• Penas Privativas de derechos.
• Penas Patrimoniales.
• Penas Privativas de la Libertad mejoramiento de la estructura física de los centros.
El Tratamiento en Libertad consiste en la aplicación de medidas laborales,
educativas y/o curativas, autorizadas por la ley, conducentes a la reinserción social
del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutora.
La semi-libertad implica la alteración de los periodos de privación y tratamiento de
la libertad.
Se aplicará según las circunstancias del caso, en el exterior durante la semana de
trabajo o educativa con reclusión de fin de semana, salida de fin de semana con
reclusión durante el resto de ésta o salida diurna, con reclusión nocturna.
Trabajo a favor de la comunidad.
Es la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas educativas,
de asistencia social o instituciones privadas asistenciales.
Se llevará a cabo en jornadas dentro de periodos distintos del horario de labores
que representen la fuente de ingreso para la subsistencia del sujeto y su familia, sin

3. VI
que pueda exceder de la jornada extraordinaria determinada por la ley laboral y bajo
la vigilancia de la autoridad ejecutora.
La extensión de la jornada será fijada por el Juez tomando en cuenta las
circunstancias del caso.
El Juez de Ejecución deberá comprobar y supervisar la idoneidad del programa
personalizado de ejecución, en concordancia con los programas que ofrecen las
entidades sin fines de lucro interesadas en participar en la ejecución de la prestación
de servicio comunal.
Se preferirán los programas comunales del lugar de origen o de residencia de la
persona sancionada.