El documento habla sobre la gestión financiera en el sector público. Establece que las entidades del sector público deben elaborar programaciones de caja para asegurar el pago oportuno de obligaciones y la ejecución presupuestaria. También requiere que los contratos celebrados exijan garantías a los contratistas según la ley y que las transferencias electrónicas de fondos estén debidamente sustentadas. Además, permite que las entidades inviertan temporalmente los excedentes de caja en el mercado nacional e internacional.