El documento describe diferentes sistemas de control interno y participación ciudadana que pueden establecerse para garantizar la ética en la administración pública. Propone la creación de órganos de control paralelos y veedurías ciudadanas para vigilar programas, servicios públicos, obras y procesos de contratación del Estado. También sugiere que las entidades públicas apliquen controles como los establecidos en el modelo COSO para promover valores éticos en sus actividades y supervisión.