Discurso en la UNAM en el evento XV Jornadas Sobre Justicia Penal. No puede haber un mejor recinto para el diálogo, el intercambio de ideas y la crítica constructiva que la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso celebro la organización de este evento.

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XV JORNADAS SOBRE JUSTICIA PENAL
Academia Mexicana de Ciencias Penales-Instituto de Investigaciones
Jurídicas
Mesa 1
a) Dra. Ruth Villanueva Castilleja
b) Dr. Enrique Díaz Aranda
c) Dr. Luis Rafael Moreno González
Muy buenas tardes a todos.
Agradezco a la Academia Mexicana de Ciencias Penales la invitación a participar
en esta decimoquinta edición de las Jornadas sobre Justicia Penal. No puede
haber un mejor recinto para el diálogo, el intercambio de ideas y la crítica
constructiva que la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso celebro
la organización de este evento.
El motivo para reunirnos en esta ocasión es el de compartir con ustedes, los
futuros profesionales del derecho de este país, el enorme reto que ha
representado la implementación del Nuevo Sistema Procesal Penal para quienes
tenemos la encomienda de procurar justicia.
Los proyectos que cambian la vida de las naciones, no pueden recaer sobre la
cabeza de una sola persona o institución. Los tiempos actuales exigen el
concierto de todos los sectores de la sociedad y, especialmente, de la sociedad
civil, que es la razón de ser y destino final de cualquier política pública.
Tengo claro que los grandes cambios que requiere nuestro país no serán
posibles sin la participación de ustedes, los jóvenes. Los ánimos y las pulsiones
de una sociedad activa que demanda justicia deben fungir como catalizadores

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de la transformación de las instituciones de seguridad pública, procuración y
administración de justicia.
México tiene ante sí un momento histórico. O aprovechamos la oportunidad para
realizar una transformación de fondo a nuestro sistema de justicia penal y nos
convertimos en agentes de cambio o nos mantenemos pasivos en una zona de
comodidad, y esperamos otros tiempos para saldar una deuda acumulada por
muchos años.
Estoy convencida que esta generación se encuentra en el momento indicado
para articular esfuerzos y sumar ideas que hagan realidad la puesta en marcha
de una nueva forma de justicia, que se muestre accesible, transparente, eficaz
y confiable.
Por eso valoro estos foros, porque son una oportunidad inmejorable para
impulsar una mentalidad participativa en los estudiantes que haga eco de la
necesidad de generar habilidades y conocimientos como elementos
imprescindibles para una correcta implementación del nuevo sistema. Son
ustedes, los futuros profesionistas quienes en su momento echarán a andar la
maquinaria creada con el fin de brindar una mejor procuración e impartición de
justicia.
En el 2008, el Estado mexicano hizo una apuesta por renovar la arquitectura
institucional en materia de seguridad y justicia. El Congreso de la Unión y las
soberanías locales fueron receptivos a las exigencias que de tiempo atrás se
habían formulado fundamentalmente desde la sociedad civil organizada y la
academia. El diagnóstico era contundente. Se encontraba rebasada la fórmula
del funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal y había que buscar un
nuevo modelo que marcara la pauta en el rediseño de nuestras instituciones,
que instaurara un nuevo procedimiento y que fortaleciera la confianza
ciudadana. El resultado fue la generación de un amplio acuerdo para fortalecer
al Estado a través de sus instituciones, ampliar la esfera de protección de los
derechos de la víctima y del imputado y asegurar la vigencia del pacto social.
Si en el papel la transición al Sistema de Justicia Penal Acusatorio se advierte
como una tarea titánica, la realidad lo confirmacon creces. Enprincipio, el Nuevo

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Sistema de Justicia Penal implica un cambio que impacta a todos los regímenes
penales que existen en México: el del fuero federal, el del fuero común, el del
fuero militar y el sistema de justicia para adolescentes. En total, son 67 los
sistemas particulares que coexisten y en muchos casos se entrelazan.
Consecuente con la dimensión y el alcance de este proyecto de transformación,
el Órgano Reformador de la Constitución estimó necesario establecer un plazo
de ocho años para la implementación del sistema en todo el país, mismo que
concluirá en el mes de junio de 2016.
Estamos a menos de dos años de que venza el plazo constitucional para que
opere en todo el territorio nacional el sistema acusatorio. El tiempo nos apremia.
Es por ello que hemos reencauzado energías, multiplicado los esfuerzos y
aprovechado las sinergias institucionales.
Durante este tiempo, se han realizado acciones importantes encaminadas en
algunos casos a consolidar la transición y en otros a iniciarla. Las acciones
emprendidas sólo se entienden bajo la lógica de la colaboración de todos los
sectores y niveles de gobierno involucrados en las tareas del sistema de justicia
penal. Gracias a esto hemos logrado superar nuestras diferencias y trabajar en
el marco de un objetivo común y compartido.
El trabajo conjunto nos ha permitido lograr avances importantes. El primero que
nos marcamos en la ruta hacia la transición fue contar con un ordenamiento
único en materia procedimental penal. El Código Nacional de Procedimientos
Penales ha permitido la homologación normativa en el país y ello ha incidido en
los tiempos de la implementación. Con este ordenamiento se han agilizado los
procesos locales y se ha disminuido el riesgo de que exista un retraso legislativo
en algunas entidades federativas. El Código es un piso mínimo para a partir de
ahí hacer frente a otros desafíos que impone la implementación.
Para concluir el proceso de armonización legislativa, se ha trabajado en la
elaboración de 29 anteproyectos normativos, de éstos destacan la Ley Nacional
de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley Nacional de
Justicia Para Adolescentes.

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La importancia de contar con un Código Nacional de Procedimientos Penales
supera la esfera estrictamente normativa, ya que su publicación ha servido para
impulsar trabajos en otros ejes y actividades, esencialmente en los rubros de
capacitación y restructuración de procesos institucionales.
Así, en mayo de este año logramos aprobar un Programa Integral de
Capacitación en el Sistema de Justicia Acusatorio para Instituciones de
Procuración de Justicia y en junio se concretó la aprobación del “Programa de
Capacitación en el Sistema Acusatorio para Instituciones Policiales”. Con estos
programas tendremos la oportunidad de capacitar y profesionalizar con criterios
unificados y estándares compartidos a los agentes del Ministerio Público, peritos,
agentes investigadores y policías de todo el país.
A los programas nacionales de capacitaciónse suma la construccióndel Instituto
de Capacitación y Profesionalización en San Juan del Río, Querétaro. El Instituto
cuenta con 27 aulas isópticas, 35 aulas y salas de juicios orales, laboratorios
para 21 especialidades, biblioteca, stands de tiro virtuales, una clínica con
quirófano, seis consultorios, sala de urgencias, tres habitaciones de
recuperación y espacios deportivos. En su máxima capacidad, este complejo
podrá albergar a 412 personas: 218 hombres, 144 mujeres y 50 docentes.
Asimismo, desarrollamos un nuevo sistema de desarrollo humano y profesional
a partir del cual iniciamos un proceso de reclutamiento en 11 universidades
públicas del país para captar talento para el perfil de agente investigador. En
este proceso se registraron 1196 aspirantes y resultaron aprobados 202 para
realizar el Curso de Formación y Capacitación Inicial.
De esta forma, trabajamos para formar a una nueva generación de servidores
públicos que se ajusten a las exigencias y parámetros de profesionalismo, ética
y absoluto respeto por los derechos humanos que son base del sistema
acusatorio.
En materia de reorganización y procesos institucionales hemos dado pasos
importantes. A través de una amplia colaboración de las instituciones operadoras
del procedimiento penal, se logró diseñar el modelo de gestión del proceso penal

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establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, hemos
rediseñado y actualizado 76 protocolos del personal sustantivo, y elaborado un
manual en materia de coordinación entre Ministerio Público y Policías tanto
Federal como Ministerial.
Del total de protocolos elaborados o ajustados destacan cuatro por su incidencia
potencial en el fortalecimiento de capacidades, particularmente respecto de la
calidad de la investigación y la articulación de una colaboración interinstitucional
robusta, dichos protocolos son los siguientes: 1) Coordinación de ministerios
públicos e instituciones policiales, 2) Detención en flagrancia, 3) Procesamiento
y preservación de indicios, y 4) marco de investigación.
En el ámbito de adecuación de nuestra infraestructura y equipamiento hemos
modernizado y adecuado las instalaciones de las Delegaciones de PGR a fin de
que cuenten con los espacios físicos y las condiciones necesarias para la
atención de los usuarios y el adecuado desarrollo de las diversas etapas del
procedimiento penal; asimismo, en un esfuerzo por fortalecer nuestras
capacidades, hemos adquirido tecnología y equipamiento para cumplir a
cabalidad con las funciones que tanto la Constitución como las leyes establecen
para ser cumplidas por los operadores. Además, llevamos a cabo trabajos para
desarrollar un modelo informático que permita la interconexión con las bases de
datos de las instituciones operadoras del proceso penal, con la finalidad de
optimizar, sistematizar y compartir la informaciónnecesaria para la operación del
sistema de justicia penal.
Estas acciones desplegadas nos han permitido establecer un calendario para la
entrada en vigor gradual del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a nivel federal.
El día de ayer, los estados de Durango y Puebla iniciaron formalmente la
vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, y con ello inicia la
puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
La operación del sistema en dichos estados nos servirá para calibrar el impacto
de las acciones que hemos llevado a cabo en el funcionamiento del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.

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La transformación estructural de nuestro sistema de justicia penal nos presenta
una vía para que se fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones. Pero
para que ello suceda es imperativo involucrar a todos en esta causa.
Las instituciones educativas son un motor de cambio, y en este tema son un
aliado estratégico para el cambio cultural que reclama el nuevo modelo de
justicia. Las universidades deben ser la caja de resonancia que nos permita
formar a los futuros operadores del país. Quienes hoy se encuentran en estas
aulas mañana serán nuestros jueces, ministerios públicos, peritos,
investigadores y policías. Por ello, resulta indispensable que desde las
instituciones de educaciónsuperior se forme integralmente a quienes en el futuro
inmediato serán los responsables de operar nuestro sistema de justicia.
La consolidación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal será una realidad si
todos asumimos, desde nuestro campo de acción y de responsabilidad, el
compromiso por fortalecer a nuestras instituciones.
Tenemos una oportunidad tangible que nos permita hacer realidad el anhelo de
vivir en un país seguro, justo y en el que se garanticen nuestros derechos. No
seamos indiferentes y aprovechemos esta transformación para hacer de México
el país que anhelamos.
Muchas gracias.