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Este documento discute la regulación legal de la prohibición de acceder a cargos públicos para los autores de actos contra el sistema democrático durante la última dictadura militar en Argentina. Explica que esta ley es necesaria para fortalecer las instituciones democráticas y cumplir con las obligaciones internacionales de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. También analiza que existen obligaciones autónomas del estado de adoptar procedimientos que permitan la impugnación y separación de funcionarios implicados en graves













