En un crítico documento, también enfocan la autonomización de la fuerza policial y las políticas provinciales de seguridad.

1. DOCUMENTO
El 24 de marzo, murió Ezequiel Barraza (20) acusado de haber robado en B° Primero de Mayo.
El 7 de Abril, un guardiacárcel mata a otro joven de 15 años en Villa Corina, en un supuesto robo.
El 13 de abril, una policía mata a Lautaro Torres (16) cuando éste intenta supuestamente robar su
celular.
El 12 de mayo, matan a Pablo Nicolás Navarro, de 29 años que según la versión policial estaba
robando un estacionamiento privado en Paso de los Andes al 1100. El 8 de Julio, en B° San Vicente,
un policía disparó contra una Traffic llena de jóvenes, y Gastón Lusio terminó
herido de gravedad.
EL 18 de Julio, el policía Montes de Oca dice que Miguel Angel Torres entró a robar en la librería de
su familia y murió en un supuesto tiroteo
El sábado 26 de julio, mataron a Fernando “Were” Pellico, de 17 años; y su primo Maximiliano
Peralta quedó herido con un disparo en una pierna cuando supuestamente esquivaron un control
policial.
El 3 de septiembre, un policía de la Guardia de Infantería asesinó a
un joven de 21 años sospechoso de robar el estéreo de su auto.
Las instituciones, funcionarios, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y
políticas, decanos y docentes universitarios, profesionales queremos expresar nuestra profunda
preocupación por la violencia policial en la Provincia de Córdoba y nuestro pesar por la muerte de al
menos ocho jóvenes –sólo en lo que va de este año- denunciadas como ejecuciones extrajudiciales.
Se trata de casos conocidos popularmente como “gatillo fácil”, que implican un uso irracional de la
violencia estatal, y a la vez, violan principios básicos de un Estado de Derecho: la presunción de
inocencia y el derecho a un proceso que determine su eventual responsabilidad penal para la
imposición de una pena, que en ningún caso puede ser la muerte.
Esta profundización de la violencia letal del Estado, se da en un contexto de autonomización de la
fuerza policial, que luego de los lamentables sucesos ocurridos a fines del año pasado, goza de un
aval político sin precedentes, que le otorga al Jefe de la Policía de la provincia la posibilidad de
realizar declaraciones públicas que atentan contra la debida reserva que debiera respetar a fines de
no obstaculizar las investigaciones judiciales en curso, además de realizar amenazas a la prensa.
Con ello se busca legitimar una fuerza en crisis social, sin importar las consecuencias que eso
pueda generar para la consolidación de un Estado de Derecho respetuoso de los Tratados
Internacionales y de Derechos Humanos reconocidos constitucionalmente.
Solicitamos además al Poder Judicial el pronto esclarecimiento de estos casos, ya que la celeridad y
transparencia en estos procesos es crucial para acceder a la Verdad y a la Justicia en esos casos
concretos, pero también lograr sentencias ejemplares ayudaría a la implementación de un control
judicial efectivo y permanente sobre las prácticas policiales abusivas. Este es un aspecto
fundamental en la construcción de estándares de un Estado respetuoso de los derechos de
todos en materia de uso de la fuerza y accionar judicial.
No queremos que la legítima demanda de seguridad de los ciudadanos se utilice para consentir la
violencia policial contra los jóvenes de los sectores más desprotegidos que hoy son las víctimas del
Estado. Hoy está claro que más represión no significa de ninguna manera menos delito.
A las instituciones y organizaciones sociales y políticas nospreocupa que se instale como natural el
uso de la violencia letal estatal y se legitime en la atribución de culpabilidad sin pruebas como una
pretendida solución a la cuestión de la inseguridad: esto no es más que imponer la pena de muerte
de hecho.
Están en juego los principios democráticos que defendemos como sociedad, queremos seguridad
sin miedo de lo que puedan hacer las fuerzas de seguridad. Queremos que nuestra seguridad, sea
una seguridad para todas y todos los ciudadanos de nuestra provincia y no una excusa para
perseguir a algunos sectores sociales.

2. Por todo esto, solicitamos la mayor celeridad posible en el esclarecimiento de estos hechos de uso
letal de la fuerza y pedimos también una gestión democrática de las instituciones de seguridad
donde se ejerza su control político y se permita la participación ciudadana en el diseño, control y
ejecución de las políticas de seguridad provinciales
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