Contralínea 527

Año 15 • Número 527 • $30
Del 20 al 26 de febrero de 2017
ISSN: 1665-1626
REVISTA SEMANAL

4 20 de febrero de 2017
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Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen,
delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF
En el camino hacia la
búsqueda de justicia que
emprendió Arturo Campos
en contra de los procesos
penales que injustamente le
fueron iniciados, se ha dado
un paso más para demos-
trar no sólo su inocencia
sino también las técnicas del
Estado para criminalizar el
modelo de justicia comu-
nitario de la Coordinadora
Regional Autoridades Co-
munitarias-Policía Comu-
nitaria (CRAC-PC), donde
sin pruebas ni elementos
suficientes se sostienen acu-
saciones que han privado
de la libertad a varios líderes
indígenas que han buscado
defender sus comunidades
de la ola de violencia que
azota su territorio.
El pasado 14 de febrero
se llevó a cabo un careo
entre Arturo Campos y las
personas señaladas como
agraviadas en uno de los
procesos penales seguidos
en su contra. En sus de-
claraciones, cada una de
las personas no sólo no
hicieron ningún señala-
miento en su contra sino
que además puntualizaron
que en ningún momento se
les exigió dinero a cambio
de su liberación, siendo que
la privación de su libertad
se debía a infracciones que
cometieron dentro de sus
comunidades. Además el
Ministerio Público que
inició la acusación no estuvo
presente en la diligencia,
lo que en un principio deja
duda en su actuar.
Tal diligencia, visibiliza
las fallas estructurales en el
sistema de justicia penal, así
como su uso faccioso y dis-
crecional, en el cual acusacio-
NUESTROS LECTORESOPINIÓN
LAS BATALLAS
POR LA LIBERTAD DE ARTURO
4 20 de enero de 2017
nes sin fundamentos logran
sustentarse durante años. En
el presente caso, no existen
elementos que permitan
complementar el tipo penal
de secuestro ni una actuación
ilegal por parte del sistema de
justicia comunitaria; lo que
es prueba fehaciente de un
intento de criminalización de
la CRAC-PC.
Ante el contundente
derrumbe de la imputación
que le hacen en contra de
Arturo Campos Herrera, en
estricto apego a los princi-
pios de legalidad y justicia el
juez de la causa está obliga-
do a emitir la libertad in-
mediata de Arturo Campos
Herrera toda vez que han
quedado totalmente des-
vanecidas las imputaciones
que realizan en su contra.
Por ello como Centro
de Derechos Humanos
exhortamos al Juez de Pri-
mera Instancia en materia
Penal y al Poder Judicial del
Estado (PJEG) para que se
apegue a la legalidad. Se
ha demostrado que Arturo
Campos Herrera pertenece
a un sistema de justicia
comunitario bajo el amparo
de la ley 701, de reconoci-
miento, derechos y cultura
de los pueblos y comunida-
des indígenas del estado de
Guerrero, convenio 169 de
la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT),
así como el Articulo 2 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
sobre su derecho a la auto-
determinación.
Tlapa de Comonfort,
Guerrero.
Centro de Derechos
Humanos de la Montaña
Tlachinollan
Organizaciones y
académicos exigen
detener Ley de
seguridad interior
En el marco de las iniciati-
vas presentadas para dar un
marco legal que regule la
presencia de las Fuerzas Ar-
madas en el país y la posible
aprobación de la Ley de
Seguridad Interior, organi-
zaciones de la sociedad civil,
así como integrantes de la
academia dieron a conocer
hoy en conferencia de pren-
sa las preocupantes conse-
cuencias que puede tener la
aprobación de dicha Ley.
Las víctimas de la mi-
litarización de la seguridad
pública, organizaciones
cívicas e integrantes de la
academia, urgimos al Con-
greso de la Unión a detener
de manera inmediata la
aprobación de la Ley, ya
que al legalizar el uso de las
Fuerzas federales, especial-
mente militares, en tareas
de seguridad pública reduce
y desincentiva el fortaleci-
miento y la profesionaliza-
ción de las corporaciones
policiales, quienes consti-
tucionalmente debieran
asumir dichas tareas.
La Ley de Seguridad
Interior representa una
afrenta a las recomendacio-
nes que diversos organismos
internacionales han dado a
México. Resulta apremiante
que las y los legisladores
tomen en cuenta las ma-
nifestaciones en contra de
la aprobación de esta Ley
tanto de organizaciones
nacionales, como organis-
mos internacionales por
considerarla riesgosa para la

www.contralinea.com.mx 5
población y poco efectiva para
lograr la reducción de la vio-
lencia desencadenada desde la
implementación de la estrategia
de seguridad contra el narcotrá-
fico en 2006.
La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos
(CIDH), luego de su visita in loco
en 2015, mostró su preocupa-
ción debido al incremento de
violencia y de las violaciones a
derechos humanos en México,
en el marco de la estrategia
de seguridad militarizada. La
CIDH consideró indispensa-
ble que el gobierno mexicano
presente un plan concreto para
el retiro gradual de las fuerzas
armadas en tareas de seguridad.
De la misma manera, el señor
Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Hu-
manos, como parte de sus 14
recomendaciones emitidas a
México, expuso la necesidad de
promover un enfoque de segu-
ridad pública en línea con los
derechos humanos.
Tal y como hemos señala-
do con insistencia, legislar en
materia de seguridad interior
es inconstitucional y contraria
al derecho internacional de los
derechos humanos. Ninguna ley
puede militarizar la seguridad
pública ni restringir o suspender
ningún derecho para garantizar
la seguridad de la ciudadanía
salvo que se trate de decretos
emitidos en el marco del Artícu-
lo 29 constitucional.
Ante la falta de un análisis
o estudio basado en evidencia
empírica que constate, en el
contexto actual de México,
que la actuación militar es la
vía adecuada para garantizar
la prevención, investigación y
sanción de delitos, urgimos al
Congreso de la Unión detenga
la aprobación de la Ley. Toda
ley o estrategia aprobada en
materia de seguridad debe dis-
poner de bases constitucionales
que permitan una efectiva ren-
dición de cuentas, protección de
los derechos fundamentales y la
creación de recursos efectivos en
caso de que se presenten abusos
y violaciones.
La evidencia hoy dispo-
nible muestra graves casos de
tortura, detenciones arbitrarias,
desapariciones, y ejecuciones a
manos de militares. Estos casos
tendrían que ser tomados en
cuenta por las y los legisladores
para evidenciar la urgencia de
adoptar una Ley que regule el
uso de la fuerza, restrinja las
tareas de inteligencia, obligue
a la transparencia y dote de
seguridad a las y los ciudadanos
frente a la actuación de las fuer-
zas armadas, antes de aprobar
una iniciativa que legalice que el
Ejército realice tareas de seguri-
dad pública como son la deten-
ción, la prevención e investiga-
ción del delito, como pretende la
mencionada Ley.
Las organizaciones e inte-
grantes de la academia insisti-
mos en la necesidad latente que
las y los legisladores escuchen
a las víctimas de la política de
seguridad militarizada y realicen
un diagnóstico, documentado
y debidamente sustentado en
evidencia, de los resultados y
consecuencias que ha tenido la
utilización de las fuerzas arma-
das en tareas de seguridad públi-
ca durante los últimos 10 años.
Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos
Centro de Derecho
Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez
Condenan represión al
movimiento social de
Baja California
Al pueblo de Baja California; al
pueblo mexicano; a los medios
de comunicación:
Los abajo firmantes recha-
zamos la violencia del Estado y
la detención de nuestros com-
pañeros y compañeras durante
los sucesos acaecidos alrededor
de las 8:00 de la mañana del
pasado lunes 13 de febrero en
Mexicali, Baja California.
El día lunes 13 de febrero al-
rededor de las 8:00 horas cientos
de elementos policiacos se aper-
sonaron en las instalaciones del
palacio municipal de Mexicali
y con lujo de violencia retiraron
a los compañeros y las compa-
ñeras que mantenían tomadas
las instalaciones en exigencia
de que les sean cumplidas sus
demandas. Fueron detenidas
arbitrariamente y puestas en
libertad hasta en la noche: Jorge
Benites; Jorge Brambila; Ignacio
Gastelum, diabético de la ter-
cera edad; Filberto Sánchez, de
la tercera edad; José Guadalupe
Montoya; Lupita Mora Santa
Cecilia; Benjamín Gutiérrez;
Mario Sotelo Jiménez Orta y
dos compañeros más no identi-
ficados.
El aumento a la gasolina el
1de enero de 2017 aunado a la
aprobación, el 21 de diciembre
de 2016, de la Ley Estatal del
Agua de Baja California detono
una serie de movilizaciones
históricas en los 5 municipios
de la entidad, en esta serie de
movilizaciones han sido libera-
das en su totalidad las casetas de
peaje del estado, las garitas entre
México y Estados Unidos, la
toma de la central de Petróleos
Mexicanos (Pemex) en Rosarito,
en este último producto indi-
recto del desalojo pierde la vida
una persona de la tercera edad
y la toma de las instalaciones
del gobierno y Congreso del
estado. Resultado de lo ante-
rior, el sábado 11 de febrero en
reunión plenaria en la ciudad
de Mexicali, representantes de
colectivos y organizaciones de
los cinco municipios de la enti-
dad decidimos conformarnos
como Asamblea Estatal Baja
California Resiste.
La actitud de quienes legí-
timamente mantenían cerradas
las instalaciones municipales en
Mexicali fue en todo momento
pacífica. Por lo tanto, no hay
ningún elemento que justifique
la represión y detención de
compañeros y compañeras.
Ante estos estos repudiables
sucesos exigimos:
1. El cese inmediato de
cualquier intento de intimida-
ción, provocación y/o hosti-
gamiento de cualquier corpo-
ración policial o castrense, de
cualquiera de los tres niveles de
gobierno, contra las y los com-
pañeros manifestantes.
2. Se abra un proceso en
contra de los autores intelectua-
les y materiales de las lesiones
que pudieran sufrir las compa-
ñeras y compañeros detenidos.
3. Se respeten de manera
íntegra los derechos de manifes-
tación y expresión consagrados
en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Nos oponemos tajante-
mente a cualquier intento de
criminalizar la protesta social.
Si el pueblo de Baja California
se ha visto en la necesidad de
salir a las calles, cerrar las ofici-
nas gubernamentales, y exigir
sus derechos, se debe a la falta
de capacidad, sensibilidad y
atención que han tenido los tres
niveles de gobierno.
Exigimos que sea mediante
el diálogo que se diriman las
demandas y exigencias que el
pueblo de Baja California.
Ensenada, Baja California.
Atentamente,
Colectivo Estudiantil
Cimarrones;Colectivo Marcha
de las Putas;Concejo para la
Protección de los Derechos
de la Diversidad Sexual;Frente
Musical Orquestatario
Impunidad en ejecución
extrajudicial de Gumaro
Amaro
Al pueblo en general; a los
medios de comunicación, na-
cionales e internacionales; a los
medios de comunicación inde-
pendientes; a las organizaciones
democráticas e independientes:
El 17 de febrero de 1989,
como parte del terrorismo de
NUESTROS LECTORES OPINIÓN

Estado y siendo gobernador de
Puebla Mariano Piña Olaya,
se ejecutó extrajudicialmente
con al menos nueve disparos al
luchador social Gumaro Amaro
Ramírez, de apenas 37 años de
edad, frente a su domicilio ubi-
cado en la colonia San Manuel.
Cabe destacar que nuestro
compañero tuvo una sólida
formación científica, artística,
humanista y deportiva; como
parte de ésta, estudió antropo-
logía social, derecho, economía
y artes plásticas, y practicó
futbol americano y natación.
Esta formación estuvo siempre
regida bajo principios ético-mo-
rales firmes que lo condujeron
a desarrollar una consciencia de
clase y a llevarla a la práctica de
manera consecuente en la lucha
por la liberación del pueblo.
Como parte de su práctica
política, movilizó, politizó y
organizó diversos sectores po-
pulares, al igual que desempeñó
el cargo de consejero universi-
tario independiente en la Uni-
versidad Autónoma de Puebla
(UAP). En la década de 1970,
fue el principal dirigente del
Consejo General Campesino
(CGC), que llegó a movilizar a
20 mil campesinos de la comar-
ca del riego de Valsequillo. En
Tehuacán, consiguió el registro
del Sindicato Único de Tra-
bajadoras de la Industria de la
Confección (SUTIC), e impulsó
la organización en las granjas
avícolas de la región. Formó
la Unión de Trabajadores del
Campo en la Sierra Norte del
estado y asesoró a sus integran-
tes política y jurídicamente para
que éstos lograran demandas
tales como tarifas bajas del ser-
vicio de la energía eléctrica.
Hacia 1981, fundó la
Unión por la Organización de
los Estudiantes (Upoe), organi-
zación que defendió el derecho
a la educación crítica, científica
y popular, y que dio origen a di-
versas casas de estudiantes para
que jóvenes de escasos recursos
pudieran terminar sus estudios
universitarios (de las cuales to-
das, salvo la Casa de Estudian-
tes “Emiliano Zapata”, fueron
violentamente desalojadas en la
década de 1990 por el Estado
mexicano y la rectoría de la uni-
versidad). Asimismo, fundó la
Unión de Ejidatarios y Colonos
de Cholula, organización que
dio vida a la colonia popular 2
de octubre, y la Unión de Amas
de Casa de Puebla, organiza-
ción que llegó a aglutinar hasta
25 mil colonos, cuyas demandas
comprenden la implementación
de tarifas bajas para servicios
básicos y la oferta de la canasta
básica a un precio accesible.
La vida laboral del compa-
ñero en la UAP se desarrolló
desde 1981, y hasta su ejecución
extrajudicial se desempeñó
como técnico mimeografista en
la Preparatoria Benito Juárez.
Su trabajo político-organi-
zativo en el movimiento popu-
lar independiente trascendió
a nivel nacional, lo que repre-
sentó un inconveniente para el
Estado, motivo por el cual el
compañero vivió bajo constante
represión. En 1988, como parte
de una escalada represiva, el
compañero fue detenido-desa-
parecido, torturado y amena-
zado de muerte en los sótanos
de la Procuraduría General de
Justicia (PGJ).
La persistencia del com-
pañero Gumaro Amaro en el
trabajo político hizo evidente
su convicción inquebrantable;
de ahí, que el Estado tomara la
medida extrema de su ejecución
extrajudicial, mediante la cual
se buscó desarticular y sembrar
el terror en las organizaciones
que el compañero impulsó y
en todo el pueblo que se orga-
nizara.
Inmediatamente después
de su ejecución, durante varios
días, se realizaron acciones
políticas de masas exigiendo
el esclarecimiento y castigo a
los culpables materiales e in-
telectuales del crimen de lesa
humanidad cometido. Hasta
el momento, continuamos exi-
giendo el esclarecimiento del
caso, así como el juicio y castigo
a los responsables, a lo cual el
Estado se niega.
En 2012, organizaciones
populares solicitamos al Con-
greso del Estado que coadyu-
vara para el juicio y castigo a
los culpables de la ejecución
extrajudicial de los compañeros
Gumaro Amaro Ramírez y Fer-
mín Mariano Matías (luchador
social detenido-desaparecido y
ejecutado extrajudicialmente
en 2009); también se presentó
en ese año una solicitud para la
legislación de una Ley contra
la Desaparición Forzada. La
negativa del Estado a cumplir
estas solicitudes muestra que la
justicia en estos casos afectaría
intereses de sus integrantes.
La ejecución extrajudicial
del compañero Gumaro Amaro
no marcó el final de la represión
contra su trabajo organizativo:
nuestra familia ha recibido
constantemente acoso de parte
del Estado y del rapaz gobier-
no universitario que sucedió a
Malpica Uribe. Especialmente
yo, María de Lourdes Ayometzi
Rojas, viuda del compañero
Amaro Ramírez, he sido víc-
tima de acoso por parte de las
autoridades de nuestra máxima
casa de estudios.
Tres meses después de la
ejecución extrajudicial del com-
pañero Gumaro, en un acto
legítimo y legal, se me otorgó la
plaza de técnico mimeografista
que mi compañero tenía en la
Preparatoria Benito Juárez y
que me correspondía por dere-
cho, de acuerdo con el Contrato
Colectivo de Trabajo de la UAP
de ese entonces. Dado que el
Contrato Colectivo establecía
el derecho de jubilación tras
laborar 25 años y que mi com-
pañero comenzó en 1981, yo
debí haberme jubilado desde
2006. En 1992, siendo rector
de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
José Doger Corte, como parte
de una ola de represión política,
me hostigaron y me obligaron
a firmar mi renuncia (esto por
una cuestión meramente po-
lítica).
En 2001, como respuesta
a una solicitud de trabajo que
realicé en la BUAP, se me acep-
tó nuevamente; no obstante,
se me asignó la categoría más
baja del tabulador: Auxiliar de
Servicios, cargo que desempeño
en la Facultad de Economía;
asimismo, la recontratación se
realizó sin el reconocimiento de
mi antigüedad laboral. Todas
estas violaciones a mis derechos
laborales fueron promovidas
y auspiciadas por el rector en
turno Enrique Doger Guerrero,
como parte de la campaña re-
presiva en contra de mi familia.
Desde 2014 se ha solici-
tado de manera constante a
los miembros del honorable
Consejo Universitario de la
BUAP que se pronuncien por el
esclarecimiento de la ejecución
extrajudicial del compañero
universitario, luchador social y
revolucionario Gumaro Amaro
Ramírez, por el reconocimiento
de mis derechos laborales y
por la reparación de los daños
causados por la rectoría de la
universidad en contra de mi
persona; sin embargo, existe
una feroz resistencia a todo esto
por parte de la administración
central de la universidad, re-
presentada por el actual rector
Alfonso Esparza Ortiz, guar-
dián de los intereses de la bur-
guesía en nuestra máxima casa
de estudios. Lo anterior pone de
manifiesto que el actual rector
realiza un acto demagógico al
anunciar que promueve el diá-
logo como camino a la justicia y
a la pacificación.
Esto es una muestra clara
de que el terrorismo de Estado
es una política generalizada
del Estado burgués contra las
clases oprimidas con el objetivo
principal de desarticular el
movimiento popular mediante
el terror y aniquilamiento de sus
integrantes, el caso del compa-
ñero Gumaro Amaro Ramírez
se suma a la larga lista de crí-
menes de lesa humanidad que

laceran a nuestro pueblo.
¡Presentación con vida de to-
dos los detenidos-desaparecidos!
¡Liberación inmediata de
todos los presos por motivos
políticos en nuestro país!
Puebla de Zaragoza a 13 de
febrero de 2017.
Fraternal y combativamen-
te, por la unidad obrero, campe-
sina, indígena y popular,
Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo
Por una verdadera
Comisión que busque a
los desaparecidos
Como Campaña Nacional
Contra la Desaparición Forzada
queremos dar a conocer nues-
tras preocupaciones respecto a
la propuesta del Ejecutivo de
crear una Comisión Nacional
de Búsqueda que no cumple
con los estándares internacio-
nales en derechos humanos ni
con las exigencias de las fami-
liares víctimas de desaparición
forzada.
A pesar de que como Cam-
paña Nacional contra la Des-
aparición Forzada entregamos
en 2015 en el Senado y 2016 en
la Cámara de Diputados una
Iniciativa de Ley General para
prevenir, investigar, sancionar y
reparar la desaparición forzada
de personas y desaparición de
personas cometida por parti-
culares que contempla meca-
nismos efectivos de búsqueda
e investigación en materia de
desaparición forzada, el Ejecu-
tivo no sólo no ha tomado en
cuenta ésta propuesta y otras
que se han elaborado desde la
sociedad sino que incumple con
su obligación de proteger y ga-
rantizar los derechos humanos.
Resultado de lo anterior: el in-
cremento de las desapariciones
forzadas en el país y la falta de
voluntad política para erradicar
y sancionar esta grave violación
a los derechos humanos.
Como Campaña considera-
mos que la discusión de la Ley
General contra la Desaparición
Forzada debe darse de cara a
la sociedad, con transparencia
y rendición de cuentas. En este
sentido hacemos del conoci-
miento público nuestras preocu-
paciones respecto a la propuesta
del Ejecutivo.
1. Una Comisión Nacional
de Búsqueda que no busca
El Ejecutivo propone con-
formar una Comisión que no
realizará acciones operativas de
búsqueda en campo, ni tendrá
facultades para poder incidir
directamente en la búsqueda
de personas víctimas de desa-
parición forzada y desaparición
cometida por particulares.
La cual es una propuesta
completamente distinta a la
realizada por los familiares y
organizaciones que durante
meses hemos estado trabajando
en la propuesta de Ley.
Propone crear una Comi-
sión Nacional de Búsqueda que
no contempla la participación
real de familiares ni organizacio-
nes de la sociedad en las accio-
nes de coordinación ni desarro-
llo de ésta, que no contempla
presupuesto propio, ni indepen-
dencia para su actuación.
Una Comisión Nacional de
Búsqueda que no contempla
la creación de una fuerza es-
pecializada para la búsqueda e
investigación de casos de Desa-
parición Forzada y Desaparición
cometida por particulares y que
carece de una propuesta real
por parte del Estado de cómo
o quién se encargará de buscar
e investigar las desapariciones
forzadas de las décadas de 1960,
1970 y 1980.
2. Una Comisión Nacional
de Búsqueda que encubre la
falta de voluntad política para
erradicar las desapariciones
forzadas
El Estado mexicano sigue
insistiendo que no cuenta con
recursos materiales ni humanos
para implementar ninguna
instancia especializada para la
búsqueda, investigación o iden-
tificación, por lo que de antema-
no tira a la basura la exigencia
de las familias y organizaciones
de derechos humanos de crear
una instancia autónoma que se
encargue de resguardar el banco
de ADN, y realice la investiga-
ción forense. Es decir, no hay
voluntad política para crear el
Instituto Nacional Autónomo de
Antropología Forense.
El Estado mexicano reitera-
damente ha hecho caso omiso
de las exigencias de cumplir con
los estándares internacionales
en materia de derechos huma-
nos con el pretexto de poner
en funcionamiento de manera
inmediata, después de promul-
gada la Ley, los “mecanismos”
propuestos por el Estado, los
cuales a todas luces son insufi-
cientes para atender la gravedad
de las desapariciones forzadas
en el país.
El Ejecutivo argumenta
que sólo existe un problema de
coordinación entre autoridades
y que no se necesitan crear
instancias nuevas para investigar
y sancionar las desapariciones
forzadas, con lo cual no sólo
evade su responsabilidad en las
miles de desapariciones forzadas
en el país sino que no se propo-
ne crear políticas e instituciones
eficaces que permitan la bús-
queda, investigación y sanción
de los responsables.
Por todo lo anterior, como
Campaña Nacional Contra la
Desaparición Forzada, exigimos
como lo hemos hecho al Estado
mexicano desde hace 7 años, la
promulgación de una Ley Gene-
ral contra la Desaparición For-
zada y Desaparición cometida
por particulares que cumpla con
los estándares internacionales en
materia de derechos humanos y
con las exigencias de las familias,
organizaciones de derechos
humanos, populares e indígenas.
Los derechos a la verdad,
a la memoria, a la justicia, a
la reparación integral y a las
medidas de no repetición no
son negociables. Son exigencias
que el Estado está obligado a
cumplir y son la garantía de
que no se vuelva a cometer está
grave violación a los derechos
humanos.
Presentación con vida de los
luchadores sociales Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto
Cruz Sánchez, las indígenas
triquis Daniela y Virginia Ortiz
Ramírez, el defensor de dere-
chos humanos Francisco Pare-
des Ruiz, el indígena chatino
Lauro Juárez, el profesor Carlos
Rene Román Salazar, los acti-
vistas Teódulfo Torres Soriano,
Gabriel Gómez Caña, Fidencio
Gómez, los 43 normalistas de
Ayotzinapa y las más de 30 mil
víctimas de desaparición forza-
da en México.
Por una Ley contra la desa-
parición forzada elaborada por
las víctimas, organizaciones de
derechos humanos, populares e
indígenas.
Por el castigo a los autores
materiales e intelectuales de este
crimen contra la humanidad.
Porque vivos se los llevaron,
vivos los queremos.
Atentamente,
Campaña Nacional Contra
la Desaparición Forzada en
México:Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos Hasta
Encontrarlos,Comité Cerezo
México,Comité de Solidaridad
y Derechos Humanos Mon-
señor Romero,Red Nacional
en Defensa de los Derechos
Humanos,Acción Urgente
para Defensores de Derechos
Humanos,Comité de Derechos
Humanos de la Huasteca y
Sierra Oriental,Comité Inde-
pendiente de Derechos Huma-
nos de Puebla,Red de Defensa
de los Derechos Humanos,
Comité de Familiares y Amigos
de Secuestrados,desaparecidos
y asesinados en Guerrero,Taller
de Desarrollo Comunitario,
Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo,Movimiento de Uni-
ficación y LuchaTriqui,Brigada
Multidisciplinaria,Ajusco Radio y
la Federación Latinoamericana
de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos

CONTENIDO
26
PORTADA
El efecto Trump y el gasolinazo agudizan la
crisis económica de México
TRUMP Y GASOLINAZO
DERRUMBAN ECONOMÍA
MEXICANA
OPINIÓN
OFICIO DE PAPEL EU PROPONDRÁ “FUERZAS DE TAREA” PARA
INTERVENIR MÉXICO Miguel Badillo
ZONA CERO RADIOGRAFÍA DE UN SISTEMA POLÍTICO CORRUPTO
Zósimo Camacho
AGENDA DE LA CORRUPCIÓN A LA DERIVA, LA SEGURIDAD
NACIONAL DE MÉXICO Nancy Flores
DEFENSOR DEL PERIODISTA EL REGRESO DE CARMEN ARISTEGUI A
LA INFORMACIÓN Y LA CRÍTICA Álvaro Cepeda Neri
ARTÍCULOS
TRUMP: AMENAZA Y OPORTUNIDAD Andrés Mora Ramírez/PL
¿SACARÁ TRUMP A ESTADOS UNIDOS DE LA ONU? Baher Kamal/IPS
MUJERES: AÚN UNA LARGA LUCHA EN EL MERCADO LABORAL Clara
Presman/CCS
CAMBIA AGRICULTURA O ADIÓS A DOS TERCIOS DE LAS ESPECIES
DEL PLANETA Silvia Martínez/Prensa Latina
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CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 15, número
527, del 20 al 26 de febrero de 2017– es una publicación semanal
editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Al-
dama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100,
México, DF; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.
com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Mi-
guel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de au-
tor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certificado de licitud
de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por
Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Taba-
calera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se termi-
nó de imprimir el 17 de febrero de 2017. Distribuida por la Unión de
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folio: 00010-RHY
3
5

ANÁLISIS
INTERNACIONAL América Latina y el pueblo estadunidense, una alianza impensada Juan J
Paz y Miño-Cepeda/PL
INTERNACIONAL Trump: los negocios y la guerra Thierry Meyssan/Red Voltaire
50
54
INVESTIGACIÓN
PORTADA Trump y gasolinazo derrumban economía mexicana Nancy Flores
SOCIEDAD Víctimas del delito, rehenes del gobierno José Réyez
LÍNEA GLOBAL Argentina critica a Trump, pero se endurece contra los migrantes Daniel
Gutman/IPS
LÍNEA GLOBAL Nigeria: niñas y mujeres usadas como armas de guerra Antonio Paneque
Brizuela/PL
26
34
42
46
MISCELÁNEO
SOCIEDAD BETA La importancia de los usuarios para las redes sociales Gonzalo Monterrosa
EX LIBRIS Jean Tulard: la enésima biografía de Napoleón Bonaparte (1769-1821) Álvaro
Cepeda Neri
64
66
ESPECIALES
OCHO COLUMNAS “Decomisos”, arreglados con la maña Ramón Eduardo Ortiz León60
Imagen de portada: 123RF
42 4634
50 54 60
CONTENIDO

OFICIO DE PAPELOPINIÓN
EU PROPONDRÁ
“FUERZAS DE TAREA”
PARA INTERVENIR MÉXICO
MIGUEL BADILLO
L
a violencia verbal y física que en los pocos
días al frente del gobierno estadunidense ha
hecho Donald Trump en contra de México
(considerando a migrantes e indocumentados que
trabajan y viven en aquel país y que son arrestados
para deportarlos o procesarlos penalmente) no es
nueva por parte de las autoridades gubernamen-
tales de ese país.
En el gobierno de Barack Obama, las tropas
de Estados Unidos –también bajo el argumento
del narcotráfico y la violencia, igual como ahora lo
hace rabiosamente Trump– generaron un clima
intervencionista mediante declaraciones constan-
tes de funcionarios y
militares, sin descontar
que Organización de
las Naciones (ONU)
Unidas también se
sumó a la crítica con-
tra México y, mediante
un pronunciamiento
en aquel momento, preparó el camino para que
“fuerzas de tarea” estadunidenses ingresaran a te-
rritorio nacional, al asegurar que las bandas del
narcotráfico que operan en el país son una “su-
perpotencia”.
Recordamos ahora que hace 6 años, en 2011,
hicieron declaraciones jefes policiales y funciona-
rios del Departamento de Estado, incluida Hillary
Clinton; después se sumaron militares y represen-
tantes de agencias de inteligencia estadunidenses,
para quienes la debilidad del entonces presidente
Felipe Calderón se tradujo en fuertes presiones
políticas que le impidieron gobernar con indepen-
dencia y mantener control del país.
Ese riesgo de intervención a México por par-
te de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se
repite ahora con mayor intensidad, ante un presi-
dente mexicano agobiado y desconcertado y un
gabinete sumamente débil que no sabe qué hacer
ante los embates diarios de Trump.
La advertencia del presidente de Estados Uni-
dos en la llamada telefónica de hace unas semanas
al presidente Enrique Peña Nieto, de que enviaría
tropas a México para ir en contra los “bad hom-
bres”, abre con mayor intensidad una posible in-
tervención militar direc-
ta en contra de México
o disfrazada de “fuerzas
de tarea militar” para
“cooperar” con las
Fuerzas Armadas mexi-
canas.
Este clímax sobre
una posible intervención militar también fue revela-
do en su momento por WikiLeaks, que dio a cono-
cer las críticas del gobierno de Estados Unidos en
contra del Ejército Mexicano, de los cuerpos poli-
ciales y contra el mismo presidente de la República,
a quienes la diplomacia estadunidense considera
incapaces de hacerle frente al crimen organizado,
el cual mantiene en jaque al país y ha desatado la
peor violencia de que se tenga memoria, con cerca
de 200 mil muertos en 10 años, cifra muy superior
a todas las víctimas de las guerras ocurridas en Irak
y Libia, países a los que invadió Estados Unidos.
Desde 2011, Estados Unidos manifestó
su intención de enviar tropas a México
–las fuerzas de tarea– para combatir al
narcotráﬁco. La ONU respaldó la idea
Desde 2011, Estados Unidos manifestó
narcotráﬁco. La ONU respaldó la idea

OFICIO DE PAPEL OPINIÓN
Ante ese preocupante panorama intervencio-
nista, se confirma que el próximo jueves 23 de fe-
brero arribarán a México los secretarios de Estado
y de Seguridad Interna de Estados Unidos, Rex
Tillerson, y Jhon F Kelly, respectivamente, y la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores informó que vie-
nen a dialogar con funcionarios de alto nivel sobre
temas bilaterales para continuar los acercamientos
y el diálogo “en favor de una relación respetuosa,
cercana y constructiva entre ambos países”.
Por supuesto que hasta hoy no ha habido una
sola acción de respeto por parte de Trump y su
equipo, así que la próxima llegada de ambos fun-
cionarios estadunidenses ha puesto en alerta a
todo el gabinete de Peña, pues sin duda el tema
principal que abordarán será la seguridad interna
de Estados Unidos y el trabajo que pedirán a Mé-
xico hacer en contra del crimen organizado y el
tráfico de drogas, a fin de evitar que éstas crucen
la frontera hacia el vecino país.
Como tema principal en la agenda de los fun-
cionarios estadunidenses, será que México permi-
ta a militares y miembros de las agencias policiales
e inteligencia de Estados Unidos que “colaboren”
directamente con las Fuerzas Armadas mexicanas
para combatir al narcotráfico, igual como sucedió
en Colombia, en donde los militares estaduniden-
ses tomaron el control del país. Esto representa
una abierta intervención y violación a la sobera-
nía nacional.
La duda es qué posición asumirá el gobierno
mexicano ante esta presión de Estados Unidos,
y sí el gobierno de Peña se atreverá a autorizar
públicamente esa intervención disfrazada de “co-
laboración” en el combate contra el narcotráfico.
Un problema más es la comunicación que sal-
ga de los acuerdos alcanzados por los dos países,
pues en los últimos días hemos visto como Estados
Unidos da versiones distintas a las que informa
el gobierno mexicano, lo cual se ha traducido en
una aguda crisis en México, que revela la sumisión
del gobierno ante su homólogo estadunidense.
123RF

ZONA CEROOPINIÓN
A
Lorenzo Meyer le preocupa el juicio de
la Historia. Se siente avergonzado por
el desastre que hoy es México y quiere
dejar constancia de que no todos los mexicanos
de hoy somos responsables de la tragedia
que ya vivimos y que, todo parece indicar, se
profundizará.
Quiere que, en 100 años, cuando los
historiadores se asomen al derrumbe del México
de principios del Siglo XXI, haya constancia de
que los mexicanos “no estábamos hechos unos
idiotas”. Si se quiere, “estábamos sin capacidad
para transformar nuestra realidad, pero que no
nos tomen por imbéciles”.
Por ello, escribió un libro. Y lo tituló Distopía
mexicana. Perspectivas para una nueva transición.
Serio, pero sin dejar de ser afable, insiste:
“Que cuando se nos juzgue, se vea que hay
testimonios como este libro en los que queda
claro que no nos creíamos lo que los poderes
formales y fácticos nos quieren hacer creer. No.
Había una visión crítica”.
El resultado, una apretada radiografía
del país en 12 capítulos y 367 páginas: un
retrato del convulso México en los umbrales
de la era Trump, la reconfiguración de los
bloques geopolíticos, la crisis de credibilidad
y viabilidad de la “clase política” y los medios
de comunicación, la violencia, el petróleo y la
economía.
Agudo, preciso, el discurso de Meyer
no pretende, sin embargo, arengar a nadie.
Tampoco está dedicado estrictamente al
público académico. Y sabe que aunque está
hecho principalmente con el cerebro, lleva
también entrañas. Y es que cómo no tomar
una posición ante lo que sucede. Cómo no
indignarse. Y transformar esa indignación en
nuevos derroteros de investigación.
Desde una cálida cabaña por los rumbos
del Surponiente de la Ciudad de México,
cauto, sonriente, ataja: “No puedo reclamar
objetividad; ni yo ni nadie. La objetividad es
un enfoque. El lector podrá sacar de él lo que
quiera. Lo que ponga en duda, lo que no le
convenza, pues que lo haga a un lado. Hice lo
mejor que pude”.
Así, habrá enfoques en los que los lectores
podrían discrepar; pero el libro tiene la virtud
de presentar un diagnóstico de un sistema
político disfuncional; desnuda a la casta política
en su principal característica: la corrupción.
Todos los capítulos cuentan con información
precisa, desde la que se construyen los análisis y
las conclusiones de cada apartado. Pero el que
dedica a los vínculos de México con Estados
Unidos es acaso el de mayor urgente lectura.
Como el resto del libro, “La relación con la
gran potencia” fue escrito antes de que Trump
ganara las elecciones. Incluso, nos confía
Meyer, cuando “ni siquiera se vislumbraba
como posible candidato viable”. Sin embargo,
ya está ahí la explicación de la actual postración
mexicana ante los estadunidenses, cómo las
elites gobernantes entregaron al país a cambio
de cierta estabilidad para ellas. Incluso, ofrece
datos y reflexiones que trascienden los últimos
sexenios. Queda claro cómo desde los tratados
de Guadalupe, con los que México cedió la
mitad de su territorio, siguen rigiendo el corazón
ZÓSIMO CAMACHO
RADIOGRAFÍA DE UN SISTEMA
POLÍTICO CORRUPTO

ZONA CERO OPINIÓN
de una relación abismalmente asimétrica e
intensa.
Hoy, nos informa Meyer en su libro, Estados
Unidos cuenta con una población de 50.5
millones que se define “hispana”, una sexta
parte del total de habitantes de ese país. Y del
total de hispanos, casi 32 millones son de origen
mexicano. Cabe señalar que 12.7 millones de
estos mexicanos nacieron en México y más
de 7 millones se encuentra de aquel lado de la
Frontera de manera irregular (sin papeles).
Pero no es todo. En la parte de la relación
política, en el libro sobresale que gracias
a la tecnología “y a una enorme inversión
en estructuras de espionaje, el aparato de
inteligencia norteamericano está en posibilidad
de saber mucho más de lo que los ciudadanos
mexicanos saben en relación, por ejemplo,
con los intríngulis de la reforma petrolera”.
No en balde, recuerda, la Agencia Central de
Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) opera
en México desde 1951 y el Buró Federal de
Inteligencia (FBI, también por su sigla en inglés),
desde 1939. El Pacto por México, paso a paso,
fue seguido por los estadunidenses hasta
en sus más nimios detalles. Ellos saben
quién de los actores políticos mexicanos
propuso exactamente qué de todo el
conglomerado de reformas en materia de
petróleo y energía, por ejemplo. Cómo
fueron las negociaciones. A cambio de
qué se tomaron la foto y qué objetivos
políticos acordaron.
Como decíamos, el libro también
repasa a los políticos y partidos de todo
el espectro electoral. Se detiene, por
afinidad política e ideológica del autor,
con la izquierda de Andrés Manuel López
Obrador y su Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), en todo en un
capítulo.
Al final, Meyer está por esa izquierda
“responsable” que aspira a gobernar.
Contrario a los que él considera utopistas
y que son prácticamente la totalidad de la
izquierda social, los movimientos que en
las calles y con propuestas han cimbrado
al país pero cuyos ecos no llegan a los
medios decomunicación ni alos cubículos
académicos. Probablemente Meyer pudo
haberse asomado más a esa izquierda
mayoritaria que no cree en ningún
partido (incluido, por supuesto, Morena).
No para que cambie de posición político-
ideológica, sino para entablar un diálogo
con un vasto sector que genera también
discusiones serias a propósito de qué proyecto
debe construirse para qué país.
Como advirtió Meyer, lo que se ponga en
duda o se critique, puede “hacerse a un lado”;
pero es un ensayo hecho desde la honestidad
intelectual, con rigurosidad y, al mismo tiempo,
desde la indignación ante la rapiña de las castas
dominantes y la corrupción que las cobija.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓNOPINIÓN
A LA DERIVA
LA SEGURIDAD NACIONAL
DE MÉXICO
NANCY FLORES
E
n la supuesta estrategia de austeridad, una
de las peores decisiones del gobierno fede-
ral fue proponer un recorte, para este 2017,
de más de 5 mil millones de pesos al presupuesto
destinado a preservar la seguridad nacional. De-
cremento que fue aprobado por el Cámara de Di-
putados al cierre del año pasado.
Esta decisión ya afecta la defensa de la integri-
dad, la independencia y la soberanía del territorio
nacional; rubro fundamental, ahora que hemos
sido amenazados por el titular de una de las po-
tencias bélicas más importantes del mundo, Do-
nald Trump.
Según el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) –encargado de realizar el traba-
jo de inteligencia civil para el Estado mexicano–,
por amenazas a la seguridad nacional se entien-
den “los fenómenos intencionados generados por
el poder de otro Estado o por agentes no estatales,
cuya voluntad hostil y deliberada pone en peligro
los intereses permanentes tutelados por la seguri-
dad nacional, en parte o en todo el país, y cuestio-
nan la existencia del mismo Estado”.
Respecto de los riesgos, indica que “se trata de
una condición interna o externa generada por si-
tuaciones políticas, económicas, sociales o agentes
no estatales, así como por desastres naturales, de
origen humano o epidemias, que sin tener carác-
ter de amenazas pudieran poner en entredicho el
desarrollo nacional”.
Y aunque el objetivo de la seguridad nacional
es “mantener la integridad, estabilidad y perma-
nencia del Estado mexicano”, el gobierno federal
optó por reducir el gasto en este rubro, y no en las
insultantes prestaciones de los servidores públicos
de alto rango, incluidos los cínicos ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que se
han negado a bajarse sus multimillonarios sueldos.
Así, y a pesar de que era un hecho la llegada
de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, el
recorte al gasto en seguridad nacional es, en to-
tal, de 5 mil 594 millones 640 mil pesos. Y es que
mientras en 2016 fue de 89 mil 45 millones 970
mil, este año ascenderá a 83 mil 451 millones 330
mil, en el contexto del “ahorro” en el presupuesto
público.
Esta afectación se resintió en las cuatro insti-
tuciones involucradas en la salvaguarda de esta
materia –las secretarías de la Defensa Nacional,
de Marina Armada de México, la Presidencia de
la República y el Cisen–, revela el análisis El pre-
supuesto público federal aprobado para la función seguridad
nacional, 2016-2017.
En el caso de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, el recorte en este capítulo asciende a 3 mil
545 millones 520 mil pesos, pues de un presupues-
to de 60 mil 245.46 millones en 2016, pasó a 56
mil 699.94 millones en este ejercicio.
Para Marina, el decremento suma 1 mil 438.43
millones, al pasar de una bolsa de 24 mil 649.45
millones de pesos el año pasado a 23 mil 211.02
millones en 2017.
Y en el caso de la “inteligencia para la preser-
vación de la seguridad nacional” –que realizan el
Cisen y, en menor medida, la Presidencia–, fue
de 610.7 millones de pesos: de un presupuesto en
2016 de 4 mil 151.07 millones cayó a 3 mil 540.37
millones.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN OPINIÓN
De ese último monto, la Secretaría de Goberna-
ción –por conducto del Cisen– gastará 2 mil 823.45
millones; y la Presidencia de la República, 716.92
millones.
Del análisis –elaborado por la Dirección Gene-
ral de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados– se desprende
que el Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal redujo su presupuesto en 449.75 millones de
pesos.
Pero la afectación al sector no acaba ahí. El aná-
lisis del maestro en economía Reyes Tépach observa
queelpresupuesto2017aprobadoparaestafunción
presenta “un mar-
cado predominio
del gasto corriente
sobre el gasto de
capital”. Y es que
el 90.64 por ciento
corresponde al gas-
to corriente y sólo
el 9.36 por ciento, al
gasto de capital.
Los
programas
prioritarios
La función de
seguridad nacional
incluye 10 progra-
mas presupuesta-
rios: de la Defensa
de la Integridad, la
Independencia, la Soberanía del Territorio Na-
cional, al que se le asignaron 36 mil 127.59 mi-
llones de pesos; para Emplear el Poder Naval de
la Federación para Salvaguardar la Soberanía y
Seguridad Nacionales, con 18 mil 832.58 millo-
nes; para la Operación y Desarrollo de la Fuerza
Aérea Mexicana, con 8 mil 47.4 millones; para las
Actividades de Apoyo Administrativo, con 7 mil
641.08 millones.
Además, los programas para la Adquisición,
Construcción, Reparación y Mantenimiento de
Unidades Navales, con 3 mil 260.65 millones;
para los Servicios de Inteligencia para la Seguri-
dad Nacional, con 2 mil 823.45 millones; para el
Mantenimiento y Conservación de la Infraestruc-
tura Militar y Maquinaria Pesada y Administra-
ción Inmobiliaria, con 2 mil 359.05 millones; para
la Investigación y Desarrollo Tecnológico, Pro-
ducción y Mantenimiento de Armamento, Muni-
ciones, Explosivos, Vehículos y Equipos Militares
y Sus Accesorios, con 1 mil 274.86 millones.
Así como los programas para Proyectos de
Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad
Social, con 947.72 millones; y para Investigación,
Desarrollo y Producción de Vestuario y Equipo
Militar y Mantenimiento de Infraestructura, con
769.7 millones.
Y, de acuerdo
con el análisis de la
Dirección Gene-
ral de Servicios de
Documentación,
Información y Aná-
lisis, son ocho las
unidades responsa-
bles de ejercer los
recursos:
Para la Coman-
dancia I Región Mi-
litar, 14 mil 185.17
millones de pesos;
para las Fuerzas,
Regiones, Zonas y
Sectores Navales,
13 mil 87.39 millo-
nes;paralaComan-
dancia de la Fuerza
Aérea Mexicana,
8 mil 47.4 millones; para la Dirección General de
Administración, 6 mil 860.48 millones; para la Je-
fatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional,
3 mil 400.07 millones; para el Cisen, 2 mil 823.45
millones; para la Dirección General de Ingenieros,
2 mil 812.67 millones; para la Dirección General
de Servicios, 2 mil 753.99 millones; para la Coman-
dancia VI Región Militar, 2 mil 545.14 millones;
y para la Comandancia VII Región Militar, 2 mil
281.75 millones.
Esperemos que la “austeridad” en este rubro
no repercuta en la defensa de nuestra nación fren-
te al gobierno de Trump.
123RF

DEFENSOR DEL PERIODISTA
OPINIÓN
C
ontra viento y marea del gobierno peñista y la
censura empresarial, el noticiario de Car-
men Aristegui, por radiovideo en línea, re-
gresa para continuar su trabajo periodístico matuti-
no que interrumpieron los funcionarios y cómplices
concesionarios de la radio y televisión. Con el lema
“ni me doblo ni me quiebro”, Aristegui ha vuelto a
la radio y televisión abiertas e internet, para cum-
plir con su derecho constitucional a buscar y dar
información, veraz y contrastada, enmarcada en
la crítica constitucional de enfrentar inquisiciones
administrativas y judiciales, para difundir opinio-
nes, información e ideas
para el también cons-
titucional “libre exa-
men y discusión” de los
asuntos públicos y los
privados que inciden
en los intereses naciona-
les para su debate; con
réplicas y contrarréplicas. Y para ejercer el “libre
acceso a la información plural y oportuna, para di-
fundirla a través de cualquier medio”.
Ha regresado con “el derecho de acceso a las
tecnologías de la información y comunicación”.
No es que Aristegui se haya retirado, perseguida
por MVS-Vargas-Peña-Eduardo Sánchez, ya que
estuvo, con su periodismo escrito y oral sin haberse
rendido, como una profesional que no ha dejado de
serlo. Se ha reintegrado en su clásico horario matu-
tino de las 8 de la mañana de lunes a viernes, para
completar la necesaria variedad de ofertas noticio-
sas y comentarios, para que la escuchen y la vean
por radio y televisión abiertas, para continuar sien-
do “una prensa fastidiosa, una prensa obstinada,
una prensa agresiva es algo que debe ser soportado
por aquellos que ejercen la autoridad, precisamen-
te con el fin de preservar nuestros mayores valores:
la libertad de expresión y el derecho de la gente a
estar informada… el libre flujo de información que
permite estar al tanto de las acciones (y omisiones)
del gobierno. No hay mayor válvula de seguridad
ante el descontento y el cinismo con respecto a los
gobernantes que la libertad de expresión en cual-
quiera de sus formas”
(Pedro J Ramírez: Prensa
y Libertad).
Su noticiario, co-
mentarios y crítica son
referencia obligada
para tener, en la plura-
lidad de esas manifesta-
ciones, otro punto de apoyo para la información.
Así que su reintegración sistemática al trabajo pe-
riodístico, completa el variado panorama que re-
quiere la audiencia individualizada colectivamente.
No quita el dedo del renglón a la Emilio Zola, en su
modalidad de Yo Informo, a practicar su periodismo
de investigación, con la finalidad de hacernos sa-
ber los actos y omisiones, más lo que ocultan, sobre
todo los funcionarios. Y lo que hacen en público
los protagonistas de la vida privada que traspasan
esa frontera y que, también sus actos y omisiones,
deben ser del conocimiento de la opinión pública.
EL REGRESO DE CARMEN ARISTEGUI
A LA INFORMACIÓN Y LA
CRÍTICA
ÁLVARO CEPEDA NERI
Aristegui se ha reintegrado en su clási-
co horario matutino de las 8 de la maña-
na, para completar la necesaria variedad
de ofertas noticiosas y comentarios
Aristegui se ha reintegrado en su clási-
de ofertas noticiosas y comentarios

DEFENSOR DEL PERIODISTA OPINIÓN
Periodismo de contrapoder político y económi-
co, para comunicar y exhibir cuantos hechos tienen
lugar, mayormente si sus autores quisieran que pa-
saran desapercibidos, donde casi siempre, hay co-
rrupción para dañar a la sociedad. Robos presen-
tados como peculados, conflictos de intereses que
son complicidades y triangulaciones empresariales
como pago de favores a cambio de contratos. El ojo
avizor de la reportera Carmen Aristegui coordi-
nando a sus reporteros, ha hecho de su trabajo in-
dispensable fuente de conocimientos informativos,
para analizar la realidad del país.
Por eso es que saludamos el empeño de la pe-
riodista en ejercer, a voz en cuello, la búsqueda del
secretismo e impunidad y abortarlo con todos los
riesgos del autoritarismo, que ha dado más de un
manotazo a la periodista. Pero, ésta se ha manteni-
do impecable e implacable. De eso debe tratarse el
oficio y Aristegui ha sabido, pues, mantener a toda
asta las libertades para buscar y dar información,
sustentada en hechos y sus fronteras señaladas en el
Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Es así como ha retornado la pe-
riodista, sus reporteros y demás trabajadores de su
empresa noticiosa. En el concierto de las opciones
orales, Aristegui ha conquistado su audiencia, con
los derechos de ésta y sus obligaciones para con ella.
Y frente a los gobernantes que abusan del poder
para censurar y llegar hasta cancelar su actividad,
como le sucedió a Carmen Aristegui, sólo quedan
los recursos legales y la lucha pacífica para rescatar
lo arrebatado violentamente, para salir adelante es-
cudándose en sus derechos y garantías.
El principio de publicidad, ahora llamado de
información, para dar a conocer a los ciudadanos
cuanto hacen los gobernantes y funcionarios de la
administración pública, como de todos aquellos
que entran a la escena de lo público, es el factor
común de los derechos humanos. La prensa, en
todas sus manifestaciones hasta los nuevos medios
de comunicación digital, tiene en el principio: pu-
blicidad-información, su centro de gravedad para
atraer y difundir esos actos y omisiones, para co-
nocimiento de las individualidades de la opinión
pública. Y Carmen Aristegui toma eso como con-
dición fundamental de su periodismo.
ISAACESQUIVEL/CUARTOSCURO

ARTÍCULOOPINIÓN
N
adie ha permanecido indiferente a los de-
cretos de estos primeros días del gobierno
de Donald Trump en Estados Unidos.
En un claro intento por desmarcarse de las
ambigüedades de su antecesor (que durante 8 lar-
gos años no fue capaz de cumplir su promesa de
campaña y hacer efectivo el cierre de la cárcel de
Guantánamo), y afirmando su pretendida imagen
de hombre de acción –y no de político tradicional–,
el nuevo presidente posicionó su agenda conser-
vadora, proteccionista, xenófoba y negacionista
del cambio climático más pronto de lo que habían
estimado distintos ana-
listas.
Confrontativo y so-
carrón, Trump parece
decidido a no perder
tiempo y a llevar las ten-
siones al punto máxi-
mo, para probar los
límites de su poder.
Más allá del efectismo político, estas acciones
ejecutivas de la administración Trump van configu-
rando escenarios complejos para América Latina,
en tanto auguran una transformación radical del
estado de cosas y de no pocas certidumbres ideoló-
gicas sobre las cuales se había asentado el proyecto
neoliberal en las últimas tres décadas y que, en pri-
mera instancia, amenazan con más fuerza a la re-
gión mesoamericana –México y Centroamérica–,
donde la condición de dependencia y subordina-
ción a los Estados Unidos ha llegado más lejos.
Aquí, por ejemplo, cambios en la política mi-
gratoria, como los anunciados por la Casa Blanca,
tendrán profundas implicaciones económicas, so-
ciales, políticas y, en definitiva, humanas. Lo mismo
ocurre con el golpe de timón en materia comercial,
con la estocada a la política de tratados de libre co-
mercio –como el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) o el llamado Acuerdo
de Asociación Transpacífico (TTP, por su sigla en
inglés)–, que desde los días de la administración de
Bill Clinton, a mediados de la década de 1990, las
derechas vernáculas asumieron como dogma de fe
y tradujeron en programas de gobierno y reformas
legales, incluso constitucionales, que apuntalaron
la dominación estadu-
nidense sobre la región.
Estamos, pues, ante
una situación que, si
bien se barajaba como
una posibilidad, se ad-
vertía remota y resul-
taba difícil de imaginar
hace apenas unas semanas, toda vez que representa
un punto de inflexión en el rumbo de la globali-
zación neoliberal, y un cambio en las posturas de
Washington que, junto a la crisis en la que ya na-
vegaba el gobierno de Barack Obama, acaba por
proyectar una imagen de fractura y debilitamiento
de su liderazgo en el mundo.
En estas circunstancias, la fuerza militar y la
política de arrinconamiento, como la que ya sufre
México, se vislumbran como el camino a seguir por
Trump, y ahí radica uno de los más graves peligros.
¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cuáles son nuestras
alternativas?
Paradójicamente, las puertas que cierra Trump
ANDRÉS MORA RAMÍREZ, INVESTIGADOR,ANALISTAY DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA/PRENSA LATINA
TRUMP
AMENAZA Y OPORTUNIDAD
La fuerza militar y la política de arrin-
conamiento, como la que sufre México,
será el camino a seguir por Trump, y ahí
radica uno de los más graves peligros
La fuerza militar y la política de arrin-
radica uno de los más graves peligros

ARTÍCULO OPINIÓN
en sus relaciones con la comunidad internacional, y
de manera particular con América Latina, podrían
abrir un abanico de oportunidades inéditas para
nuestros pueblos, en el camino mayor de construc-
ción del proyecto de unidad, integración y emanci-
pación latinoamericana y caribeña.
Para ello, es necesario que las izquierdas se rear-
ticulen y forjen nuevos arcos de alianzas sociales y
actúen con audacia frente al desconcierto de las de-
rechas, que ven derrumbarse súbitamente el castillo
de naipes del neoliberalismo. En su decadencia, el
imperio levanta muros y se cierra sobre sí mismo,
y acaso esto constituya una bocanada de oxígeno
para que las fuerzas antineoliberales, progresistas y
nacional-populares latinoamericanas reconquisten
los espacios perdidos en la lucha política.
Una vez más, la historia coloca frente a nuestros
ojos verdades evidentes: las respuestas están en no-
sotros mismos, en nuestra marcha unida “en cuadro
apretado, como la plata en las raíces de los Andes”
–al decir de José Martí–, y en la capacidad de supe-
rar prejuicios y falsos dilemas para forjar un futuro
común para nuestra América, a pesar del “desdén
del vecino formidable, que no la conoce”.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
R
oma, Italia. Apenas 48 horas después de
que Donald Trump asumiera la Presiden-
cia de Estados Unidos se supo que a prin-
cipios de este mes ingresó al Congreso estaduni-
dense un proyecto de ley para retirar a ese país de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según el sitio en internet del Congreso, el pro-
yecto H.R.193 –conocido como la Ley de Restau-
ración de la Soberanía Estadunidense– se presen-
tó a la Cámara de Representantes el 3 de enero y
se remitió a la Comisión de Asuntos Exteriores.
Aunque su título oficial indica que pretende ce-
sar la membresía de Estados Unidos en la ONU,
la iniciativa legislativa también propone revocar el
acuerdo de 1947 que
permite que la sede
del foro mundial se
encuentre en territorio
estadunidense, poner
fin a las operaciones de
mantenimiento de la
paz, acabar con la in-
munidad diplomática y dejar de participar en la
Organización Mundial de la Salud.
Si el proyecto es aprobado, la ley entrará en
vigor 2 años después de su firma. No obstante, la
iniciativa legislativa “sólo tiene seis patrocinadores
en este punto –un puñado de republicanos de ex-
trema derecha y libertarios–, por lo que dudo que
llegue muy lejos”, opinó un profesor de política
estadunidense.
Independientemente del número de patroci-
nadores y si el proyecto finalmente es aprobado
o no, el hecho es que la intención del gobierno
de Trump de retirarse de la ONU sería de fácil
aplicación.
De hecho, bastaría con que Washington se
abstuviera de pagar su parte del presupuesto del
foro mundial –o incluso retrasar el pago– para que
colapse toda la estructura de la Organización.
La ONU, en bancarrota
Esto ocurriría en uno de los peores momen-
tos de las finanzas de la Organización con sede
en Nueva York que, de hecho, está en bancarrota.
Día tras día, sus agencias –desde el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hasta
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados– lanzan desesperados pedidos de
fondos para hacer fren-
te a una crisis humani-
taria sin precedentes.
Además, el eventual
retiro de Estados Uni-
dos dejaría a la ONU
en manos de grandes
empresas privadas. En
los últimos años, varias trasnacionales han sido las
principales donantes de las operaciones humani-
tarias del foro mundial.
Este escenario conduciría a este sistema multi-
lateral único a ser dirigido por grandes empresas.
Este riesgo no debe descartarse, ya que en este caso
la ONU les proporcionaría una cobertura “legal”
necesaria a sus acciones, cualesquiera que sean.
¿La ONU? ¡Sólo es un club!
El presidente Trump resumió su pensar acer-
ca de la organización internacional en uno de sus
mensajes por la red social Twitter, cuando escri-
BAHER KAMAL/INTER PRESS SERVICE
¿TRUMP SACARÁ A ESTADOS UNIDOS
DE LA ONU?
Independientemente de si el proyecto
es aprobado o no, la intención del go-
bierno del presidente Trump de retirarse
de la ONU sería de fácil aplicación
Independientemente de si el proyecto
de la ONU sería de fácil aplicación

ARTÍCULO OPINIÓN
bió “la ONU tiene un gran potencial, pero en
este momento es sólo un club para que la gente
se reúna, converse y se divierta”.
Ése no es ciertamente el caso de los millones
de mujeres y niñas que conforman 71 por ciento
de las víctimas de la trata de personas, como de-
nunció en diciembre la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito. Menos aún el
hecho de que los niños constituyen casi un tercio
de todas las víctimas de la trata de seres humanos
en todo el mundo.
Tampoco es el caso de la tercera parte de las
mujeres de 20 a 24 años que fueron esposas sien-
do menores de edad, ni que cada 10 minutos, en
algún lugar del mun-
do, una adolescente
muere como resultado
de la violencia, como
indica Unicef en su
informe Estadísticas y
monitoreo, publicado en
julio de 2016.
Por no hablar de
los 2 mil 400 millo-
nes de personas sin
acceso a servicios de
saneamiento mejora-
dos , incluidos los 946
millones que se ven
obligados a defecar a
la intemperie por fal-
ta de otras opciones, y
que 16 mil niñas y ni-
ños mueren cada día,
la mayoría por causas prevenibles o tratables.
Todas estas víctimas de violaciones de los
derechos humanos –que a menudo fueron per-
petradas por alianzas militares dirigidas por
Estados Unidos y otros miembros del Consejo
de Seguridad de la ONU– y que sufrieron di-
rectamente las consecuencias de intervenciones
bélicas masivas, dependen de la ayuda del foro
mundial.
Muchas entidades claves de la ONU fueron
creadas hace 7 décadas principalmente para
brindar asistencia humanitaria a millones de víc-
timas del conflicto que se convirtió en la Segunda
Guerra Mundial. La Unicef, por ejemplo, ayudó
a 5 millones de niñas y niños europeos en ese en-
tonces.
¿Quién sería el anfitrión
del foro mundial?
En caso de que el proyecto de ley revocara el
acuerdo de 1947 que permite que la sede se en-
cuentre en Estados Unidos, ¿qué país hospedaría
a la ONU? ¿Y quién podría reemplazar la contri-
bución estadunidense a su presupuesto?
De acuerdo con un informe de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, Estados Unidos
aporta 22 por ciento
de su presupuesto a
cambio de un pacto
no escrito de que un
porcentaje equivalente
del personal clave para
la toma de decisiones
en el foro mundial sea
nombrado por Was-
hington.
A Estados Unidos
le sigue Japón, con
una cuota de 9.68
por ciento; seguido
por China (7.921 por
ciento); Alemania
(6.389 por ciento);
Francia (4.859 por
ciento), y Gran Breta-
ña (4.463 por ciento).
En el sexto lugar de la lista está Brasil, que apor-
ta 3.823 por ciento del presupuesto.
Ninguno de los principales contribuyentes al
presupuesto de la ONU podría reemplazar la cuo-
ta estadunidense, además de la suya propia. Ade-
más, las potencias europeas siguen enfrentándose
a las consecuencias de la crisis financiera generada
en 2007 por las grandes corporaciones financieras
privadas con sede en Estados Unidos y Europa.
A esto se añade el hecho de que Europa está
presenciando el surgimiento de partidos derechis-
tas, ultraconservadores, xenófobos, nacionalistas
y populistas que animan el ascenso de Trump al
poder. (Traducido por Álvaro Queiruga)
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
L
a palabra feminismo es tan polémica
como sus concepciones. En diferentes
ámbitos se habla del feminismo y sus va-
riadas interpretaciones y connotaciones. Resulta
interesante ver la simpleza con la que define el
término el diccionario de la Real Academia Es-
pañola: “Ideología que defiende que las mujeres
deben tener los mismos derechos que los hom-
bres”. Tan simple y concreto que pareciera algo
obvio. Hablar de feminismo es hablar de igual-
dad. Sin embargo aún hoy, en el Siglo XXI es
necesario de-construir algunas ideas sobre lo obvio
y lo que creemos resuelto en el seno de nuestra
sociedad. Debates urgentes para la construcción
de un tejido social formado por vínculos entre
iguales.
Se estima que 52 por ciento del trabajo en el
mundo es contribuido por mujeres, sin embar-
go ellas reciben menos remuneración, ganan 24
por ciento menos que los hombres. La brecha
salarial es sólo justificada por la discriminación
sexista. En términos generales las personas que
accedieron a mayores niveles de educación reci-
ben mejores salarios, pero esto no se refleja de
igual manera en hombres y mujeres. Según las
estadísticas del departamento de trabajo de los
Estados Unidos, una médica cirujana gana el 64
por ciento de lo que gana un médico cirujano
con igual formación y experiencia. Una cajera
de supermercado gana sólo el 86 por ciento de
lo que ganan sus pares varones por realizar la
misma tarea. Está claro que no es una cuestión
de formación o academicismo, la discusión está
atravesada por la injusticia.
En Argentina esta diferencia en los salarios es
de las más altas en Latinoamérica: “La brecha
salarial entre varones y mujeres en Argentina es
del 27.2 por ciento, de los cuales sólo un 12.6
por ciento puede ser explicada por elementos
que corresponden al mercado de trabajo (facto-
res como educación, experiencia laboral, sector
económico, región, intensidad laboral y ocupa-
ción)”, explica Violeta Guitart, economista y au-
tora del blog “Economía Feminista.”
La segregación ocupacional son los estudios
sobre la composición por sexo de los mercados
de trabajo occidentales. Referentes de este cam-
po de investigación de la economía postulan que
existen dos tipos de segregación una horizontal y
otra vertical. La primera hace referencia a la se-
gregación entre hombres y mujeres en diferentes
áreas de la estructura productiva. Existen gran-
des dificultades para acceder a determinadas
disciplinas y profesiones que parecieran solo ser
para mujeres y otras solo para varones, y a su
vez las profesiones feminizadas son menos pagas
que las consideradas masculinas.
La segunda, la segregación vertical, explica
la dificultad de las mujeres para acceder a pues-
tos jerárquicos de mayor responsabilidad y toma
de decisiones. En todo el mundo, menos del 25
por ciento de mujeres ocupa posiciones adminis-
trativas y gerenciales, revela un informe realiza-
do por el programa de las naciones unidas para
el desarrollo y agrega que, para el año 2015 sólo
el 22 por ciento de los miembros de parlamentos
CLARA PRESMAN/CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS
MUJERES
AÚN UNA LARGA LUCHA
EN EL MERCADO LABORAL

ARTÍCULO OPINIÓN
en el mundo eran mujeres. Las mujeres, mitad
de la población mundial, hoy son minoría en to-
dos los ámbitos en donde se toman decisiones
y se piensa nuestra época: parlamentos, gobier-
nos, ciencia, medios de comunicación, literatu-
ra, universidades. Disputar el acceso a estos lu-
gares implica re pensar el rol de la mujer en la
historia y el futuro de la sociedad.
No sólo los datos objetivos alarman y levan-
tan el velo a una situación de injusticia y des-
igualdad aceptada y avalada en la mayoría de
los países, sino también desde la construcción
de la subjetividad en los discursos que circulan
de manera cotidiana. “Mi mamá no trabaja, es
ama de casa” es una frase común y no cuestio-
nada, que oculta la idea de que las tareas reali-
zadas en el ámbito doméstico son un “no- traba-
jo” y pertenecen a las mujeres como si fuera algo
natural. Desde los años 60 y hasta la actualidad
la incorporación de las mujeres al mercado la-
boral va en aumento pero no se han alterado sus
responsabilidades en el área reproductiva, por lo
que su trabajo es doble: dentro y fuera del hogar.
Resulta necesario repensar aquellos marcos
que reproducen la asimetría entre géneros para
visibilizar y cuestionar lugares asignados, roles
y estereotipos. Abordar la Economía desde el
feminismo es hacerlo desde la igualdad.
DAVIDMANRIQUE

ARTÍCULOOPINIÓN
R
oma, Italia. La biodiversidad retrocede por
la irresponsable actividad humana y la ex-
tinción de las especies marcha a un ritmo
tal que de mantenerse esa tendencia al final del ac-
tual milenio habrán desaparecido dos tercios de las
especies de la tierra.
Pérdidas progresivas provocadas por tres causas
principales, todas asociadas con la intervención del
hombre:
La agricultura industrial, dígase intensiva, uso
masivo de fertilizantes y pesticidas; la destrucción
de los hábitats naturales, léase tala indiscriminada
de bosques tropicales; más la llamada fragmenta-
ción de la propia hábitats, por campos de cultivo,
áreas urbanas, carreteras y autopistas, consideradas
fuertes barreras de especies y seres vivos.
Expertos señalan que durante el último siglo, la
agricultura moderna intensiva, como consecuencia
de los altos insumos de plaguicidas y fertilizantes
sintéticos y de los monocultivo, tuvo un impacto
nocivo sobre la diversidad de los recursos genéticos
de las variedades de cultivos y de razas de animales,
sobre la diversidad de las especies silvestres de la flo-
ra y la fauna y sobre los ecosistemas.
Ello explica las advertencias de organismos como
la Organización de Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO, por su siga e
inglés): “La futura provisión de alimentos podría
verse amenazada ante cualquier acontecimiento
que suponga un fallo funcional de las variedades y
razas de alto rendimiento de las que dependemos
en la actualidad. No es necesario esperar al futuro
para saber qué es lo que podría suceder”.
Tiempo hace que la FAO en su informe sobre el
Estado de los Recursos Fitogenéticos en el Mundo llamó la
atención sobre los efectos perjudiciales para la bio-
diversidad agrícola: “la generalización de la agri-
cultura comercial moderna”.
Hoy día la alimentación de los seres humanos
depende de menos especies y de diversidades más
homogéneas, lo que la hace más vulnerable y muy
difícil de sostener.
En términos numéricos la proteína animal utili-
zada para el consumo humano proviene de apenas
10 especies y el 70 por ciento de la alimentación en
general se realizan básicamente de 12 tipos de vege-
tales; sólo arroz, maíz, trigo y patatas proporcionan
la mitad de todas las calorías.
La FAO, califica esa situación como “una cues-
tión de supervivencia”. La alimentación humana
no sólo depende de un reducido número de espe-
cies, sino que de éstas no se conservan suficientes
variedades y razas.
El llamados de alerta desde
Cancún
EnlapasadaConferenciadelasNacionesUnidas
sobre Biodiversidad (COP13), celebrada en Can-
cún, México, gobiernos de 167 países otorgaron un
apoyo a la urgencia de proteger la biodiversidad en
los sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico.
En su declaración final incluyó que la protección
de la biodiversidad como las miles de especies in-
terconectadas que conforman la red de servicios
ecosistémicos de lo que depende la producción
mundial de alimentos, no sólo compete a los mi-
nisterios de Medio Ambiente, sin que involucra a
todos los sectores gubernamentales y económicos.
Para María Helena Semedo, directora general
adjunta de la FAO, tal como lo expresó en esa Con-
ferencia, “se trata de un momento crucial”.
SILVIA MARTÍNEZ/PRENSA LATINA
CAMBIA AGRICULTURA
O ADIÓS A DOS TERCIOS DE
LAS ESPECIES DEL PLANETA

ARTÍCULO OPINIÓN
“Los sectores agrícolas y la biodiversidad, argu-
mentó, han sido considerados habitualmente como
cuestiones independientes e incluso contrapuestas,
pero lo cierto es que están estrechamente relaciona-
dos. La agricultura es, por su naturaleza, una usua-
ria fundamental de la biodiversidad, pero también
tiene el potencial de contribuir a su protección.”
Añadió que con el apoyo de la comunidad in-
ternacional demostrado en la Conferencia se pue-
de empezar a tender puentes, romper barreras y
afrontar los desafíos globales de forma más concer-
tada y coherente.
Es sabido que la sociedad humana depende de
la producción agropecuaria, al igual que muchos
otros ecosistemas terrestres y acuáticos funcionan
en gran medida gracias a la agricultura, la cual con
la biodiversidad establece una relación simbiótica
y será beneficiosa o perjudicial según se administre
esa correlación.
Expertos señalan que el desarrollo de la agricul-
tura intensiva, caracterizada por la concentración
parcelaria, expansión de monocultivos, mecaniza-
ción de prácticas agrícolas, utilización de agrotóxi-
cos y la estandarización de la producción agrícola
por la promoción casi única de algunas variedades
por sus elevados rendimientos provocan una alar-
mante pérdida de la biodiversidad en el planeta.
Impactos negativos provocados también por los
cambios no sostenibles en el uso de la tierra, sobre-
explotación de recursos naturales, captura y co-
mercio ilegal de especies, contaminación del aire, el
suelo, las aguas continentales y los océanos, cambio
climático y desertificación.
Proyectos para frenar lo más a tiempo posible
el problema existen muchos, incluso en la reu-
nión realizada en la isla mexicana los gobiernos
acogieron con satisfacción los marcos normativos
pertinentes, las directrices y las herramientas desa-
rrolladas por la FAO, y animaron a los países a re-
cibir asesoramiento de su parte sobre la diversidad
biológica y los sectores agrícolas.
Acciones de ese organismo de ONU que tienen
en cuenta retos principales como el elevado y cre-
ciente número de personas subalimentadas y mal-
nutridas en el mundo; las dificultades para tener
acceso a los alimentos, la pérdida de recursos na-
turales y la incertidumbre asociada con el cambio
climático.
Para la FAO la seguridad alimentaria está in-
trínsecamente vinculada al mantenimiento de la
biodiversidad. En el camino de que las personas,
no sólo tengan acceso a los alimentos como el más
elementa derecho humano, sino que además estén
bien nutridas ese ente insiste en tener en cuenta la
“diversidad genética de las plantas que cultivamos y
nos sirven de alimento” y a sus “parientes silvestres”
que podría perderse para siempre, amenazando la
seguridad alimentaria futura, a menos que se re-
doblen los esfuerzos, no sólo para conservarlas sino
también por utilizarlas, en especial en los países en
desarrollo.
Incrementar el uso sostenible de la diversidad ve-
getal podría ser la clave para hacer frente a las difi-
cultades de los recursos genéticos en la agricultura,
señaló José Graziano Da Silvia, director general de
la FAO.
La biodiversidad cultivada tiene un especial pa-
pel en la nueva agricultura agroecológica, ya que
ésta se fundamenta, entre otros aspectos, en incre-
mentar la biodiversidad de los agroecosistemas.
Datos del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) indican que alrededor de 795 millones de
personas en el mundo no tienen suficientes ali-
mentos para llevar una vida sana y activa, la ma-
yoría de ellas viven en países en desarrollo, donde
el 12,9 por ciento de la población presenta desnu-
trición.
Además del hambre, entre las mayores dificulta-
des del mundo, la malnutrición ocupa un fatídico
primer lugar, mal que padece una de cada cinco
personas en los países en desarrollo.
Malnutrición proteico-energética, carencia de
vitamina A, trastornos por falta de yodo y anemias
nutricionales, sobre todo insuficiencia o pérdida
de hierro, son los problemas nutricionales más se-
rios y de mayor prevalencia en casi todos los paí-
ses de Asia, África, América Latina y el Cercano
Oriente.
Los ecosistemas saludables son esenciales para
aumentar la resiliencia y la producción agrícola
frente a los cambios, la cual debe ser sostenible, es
decir, capitalizar los procesos biológicos y explo-
tar los recursos sin comprometer la biodiversidad,
que en síntesis quiere decir contribuir a preservar
la vida en el planeta Tierra, para lo cual se precisa
vivir en armonía con la naturaleza.

INVESTIGACIÓN PORTADA
TRUMP Y GASOLINAZO
DERRUMBAN
ECONOMÍA
MEXICANA

INVESTIGACIÓNPORTADA
El efecto Trump y el
gasolinazo agudizan la crisis
económica. El gobierno
tiene dos rutas: profundizar
el neoliberalismo al tiempo
que reprime las protestas
o cambiar el modelo para
incentivar el mercado
interno. La balanza se
inclina a la primera opción
E
n medio del estancamiento, dos factores
vuelven casi inviable la economía mexicana
para lo que resta del gobierno de Enrique
Peña Nieto: el llamado gasolinazo –impulsado por
la administración federal– y las políticas en contra
de México que promueve Donald Trump, presi-
dente de Estados Unidos.
Ambos factores se insertan en un contexto na-
cional de deterioro de las condiciones económicas,
explica a Contralínea la doctora en economía María
de la Luz Arriaga Lemus. También, condicionan
los próximos 2 años a una crisis que resentirán los
bolsillos de las mayorías.
“Realmente no hay crecimiento económico: es-
tamos en alrededor de un 2 por ciento, cuando la
población crece más; tenemos un gran desempleo;
una pérdida del poder adquisitivo no sólo en tér-
minos del salario directo,sino del salario social,con
restricciones en los gastos en salud,educación,etcé-
tera; además de una creciente concentración de la
riqueza y una gran desigualdad.”
La tendencia regresiva en México es preocu-
NANCY FLORES
123RF

pante, pues se conduce hacia niveles de desigual-
dad e inequidad similares a los de 1935, “cuando
alrededor del 75 por ciento del ingreso nacional le
correspondía a los ingresos por capital, mientras
que el restante 25 por ciento era repartido entre la
población trabajadora”, indica el Informe anual del
Observatorio de Salarios 2016. Los salarios y la des-
igualdad en México, de la Universidad Iberoameri-
cana campus Puebla.
Según el análisis, de 1976 a la fecha el salario
mínimo ha perdido el 80 por ciento de su poder
de compra impactando a toda la estructura de tra-
bajadores. Además, de 2005 a 2016, la población
asalariada mostró una tendencia a adquirir menos
canastas alimentarias.
La doctora Arriaga Lemus explica que la actual
crisis se debe a que quienes han gobernado el país
promueven políticas para que la economía sea más
vulnerable y dependiente de la de Estados Unidos.
Para la investigadora de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) e integrante del Centro de Aná-
lisis de Coyuntura Económica,Política y Social,“la
apertura de la economía ha sido intencional: dar-
le facilidades al capital trasnacional para que entre
irrestrictamente en cualquier rama de la industria,
en cualquier servicio e incluso en la educación y la
salud.Eso es intencional”.
Así es como se explica la tendencia a profun-
dizar el modelo neoliberal con políticas públicas
dañinas para la mayoría de los mexicanos, como el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y las llamadas reformas estructurales,en
particular la energética.
Juan José Dávalos, académico de la Facultad de
Economía, explica a Contralínea que la subordina-
ción de México a Estados Unidos es resultado de
un proceso que se inició a fines del siglo XX: “una
integración subordinada que terminó convirtién-
dose en una dependencia increíble: hemos perdido
la capacidad de ser autosuficientes en elementos
muy importantes para cualquier país, como en los
alimentos (el campo está devastado; los únicos que
han ganado son pequeños núcleos de agroexporta-
dores, en los cuales están metidas las corporaciones
extranjeras),la energía,el mercado laboral (bajos sa-
larios y una expulsión enorme de fuerza de trabajo
al extranjero) y el sector financiero”.
De este último punto, advierte que los destinos
del uso de los flujos de capital están determinados
casi en 90 por ciento por bancos extranjeros, que
cobran altas utilidades porque aseguran que tienen
un gran riesgo,a pesar de que están subsidiados.“La
banca se extranjerizó,se remató y,con todo y eso,se
sigue pagando el famoso rescate”.
El gasolinazo
A este deterioro de las condiciones económicas
se suman los efectos negativos del alza al precio de
los combustibles –producto de la anticipada libera-
lización– y de las políticas de Trump.
“El gasolinazo es la gota que derrama el vaso.Es el
ejemplo claro de cómo deprimieron la producción
de gasolinas: las refinerías están funcionando al 40
por ciento de su capacidad en un momento en el
cual estamos importando [la mayoría del consu-
mo].Eso es carísimo”,señala en entrevista la docto-
ra Arriaga Lemus.
En su ensayo El gasolinazo: atraco al pueblo en
plena luz del día, el doctor en economía Alejandro“Trump podría provocar un serio quebranto en el funcionamiento del neoliberalismo mexicano”
ISAACESQUIVEL/CUARTOSCUO

Álvarez Béjar señala que el adelanto de la libera-
lización del precio de los energéticos es el primer
paso para la apertura al capital privado, nacional y
extranjero, del mercado interno de petrolíferos. El
negocio ronda los 70 mil millones de dólares anua-
les.
Para el investigador y académico de la UNAM,
con este nuevo esquema de alza de precios, el go-
bierno recaudará –a través de los impuestos especial
a la producción y los servicios y al valor agregado–
casi 300 mil millones de pesos,además de beneficiar
a grandes grupos monopólicos privados,nacionales
y extranjeros.
El alza de los precios de los combustibles afecta
directamente el mercado interno, al alterar los pre-
cios de productos –en especial los de primera nece-
sidad: canasta básica y medicamentos– y servicios.
La afectación es para los consumidores finales, que
además tienen un salario pulverizado.
A la par de la liberalización del mercado de com-
bustibles, el académico Juan José Dávalos observa
que hay una problemática vinculada a los créditos
que propició la reforma energética.“El mayor error
estuvo en que auguraron que ese modelo de reforma
energética,además de darles ingresos a los privados,
daría recursos al gobierno y, optimistamente, se pu-
sieron a contratar deuda e inflaron las expectativas.Y
la realidad es que ese modelo fracasó”.
Trump quebrará el
neoliberalismo mexicano
Vigente desde 1982, el modelo neoliberal apli-
cado en el país –que sólo ha beneficiado entre el 3 y
el 5 por ciento de la población– tiene efectos desas-
trosos, como el hecho de que el trabajo informal se
acerca a un 60 por ciento del total de la población
económicamente activa, observa el doctor en estu-
“La salida totalmente autoritaria se daría en un contexto en el cual aumenta la protesta social. Esta vía podría propiciar una reactivación de la política neoliberal mucho más agresiva”
CUARTOSCURO

“Lo que viene es una situación de abuso: es la
precariedad de dos terceras partes de la población
mexicana”. Para los próximos meses se espera un
empeoramiento de la economía,advierte.“Eso ya lo
estamos viendo con el ahorcamiento presupuestal
del gasto del Estado para el presupuesto 2017, que
tiene que ver en gran medida con el pago de deudas
al extranjero”.
La doctora María de la Luz Arriaga considera
que “lo que nos espera en los próximos 2 años va a
ser un periodo muy difícil:va a prevalecer la incerti-
dumbre de hasta dóndeTrump quiere renegociar el
Tratado de Libre Comercio,que ya era adverso para
México y que ahora va a ser peor”.
Y es que, explica, en vez de crear muchos em-
pleos, el Tratado “nos hizo más dependientes. Mu-
chas de las empresas productoras se convirtieron en
comercializadoras:ya no hay fábricas y eso nos hace
más dependientes. El campo mexicano está igual:
dependemos mucho de la compra de alimentos”.
Actualmente, el gobierno admite que el 94 por
ciento de las semillas que se consumen en México
son importadas.
“El TLCAN abrió totalmente nuestra econo-
mía buscando que hubiera mayor exportación de
manufacturas a Estados Unidos pero,por las asime-
trías que hay entre la economía mexicana, estadu-
nidense y canadiense, lo que hizo fue que las pocas
empresas mexicanas que fabricaban con niveles de
alta productividad empezaran a quebrar, y lo que
hubo fue fusiones con las grandes empresas tras-
nacionales. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Las
trasnacionales,como la industria automotriz”.
Profundización del abuso, ruta
que escoge el gobierno
Ante este panorama crítico, el gobierno federal
tendría dos salidas: la primera de ellas, que es hacia
la cual se está inclinando, desfavorece al pueblo al
profundizar el neoliberalismo por la vía autoritaria;
la segunda, es abandonar el actual modelo econó-
mico para incentivar el mercado interno.
Para la doctora Arriaga Lemus, la salida total-
mente autoritaria se daría en un contexto en el cual
aumenta la protesta social. Esta vía podría propiciar
una reactivación de la política neoliberal mucho más
agresiva.“Esdecir,quenosdejeenpeorescondiciones
dios sociales José Valenzuela Feijóo, académico de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En su ensayo Unidad nacional: ¿para qué y entre
quiénes?, advierte que “las perspectivas [económi-
cas] para los próximos 2 años [los últimos del go-
bierno de Peña Nieto] son aún peores”.
Ello, porque a partir de la política proteccionis-
ta y de reestructuración del TLCAN, el triunfo de
Trump en Estados Unidos podría provocar un serio
quebranto en el funcionamiento del neoliberalismo
mexicano. Para el académico de la UAM, la políti-
ca económica del presidente estadunidense dañará
seriamente ese modelo económico que tanto ha be-
neficiado a la cúpula neoliberal mexicana.
En lo que resta de este gobierno, “no vamos a
crecer,no va a haber más riqueza,no va a haber me-
jores pensiones ni mayor intervención del Estado,
a menos que los mexicanos peleemos y tomemos
en nuestras manos la defensa de nuestra econo-
mía, en una integración respetable para México y
un replanteamiento del desarrollo en América del
Norte”, dice en entrevista, el economista Juan José
Dávalos.
“Lo que nos espera en los próximos 2 años va a ser un periodo muy difícil: va a prevalecer la
incertidumbre”
GALOCAÑAS/CUARTOSCURO

de dominio sobre nuestros recursos frente a econo-
mías como Estados Unidos.Y hacia eso están cami-
nando [los representantes del gobierno federal]”.
La académica advierte que la nueva Ley de Se-
guridad Interior –que aún se discute en el Congre-
so–, que busca justificar que el Ejército esté en las
calles,es parte de esa ruta autoritaria.
“Si siguen apostando a un mayor despojo, pues
la gente ya no está en condiciones de soportarlo.Las
protestas frente al gasolinazo fueron una llamada de
atención fuerte.Porque ni siquiera con las protestas
de los maestros los últimos 3 años se vieron tan pre-
ocupados.Ahora sí era la población en general y en
todo el país.”
Para México,la otra salida –que está siendo igno-
rada por el gobierno– consiste en una reformulación
del modelo que apueste al mercado interno en el de-
sarrollo económico,y debe estar empujada desde los
sectores populares,indica la doctora en economía.
“Tiene que cambiar el modelo económico. No
es fácil:modificar la estructura productiva que se te-
nía para hacernos más vulnerables,hoy dependien-
Los programas de desarrollo so-
cial sujetos a reglas de operación
y otros subsidios destinados a los
mexicanos más pobres sufrieron
un severo recorte en el Presupues-
to de Egresos 2017. Entre éstos,
destacaelSeguroPopular,quetie-
necomoprincipalobjetivodarco-
bertura en salud a los millones de
personas en situación de miseria.
Pese a ser considerado como
fuertemente prioritario por el
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), a dicho programa se
le destinará un presupuesto 6 mil
734.7 millones de pesos menor al
de 2016,revela el Centro de Estu-
diosdelasFinanzasPúblicasdela
Cámara de Diputados.
También catalogados como
prioritarios, otros programas
afectados por la “austeridad” gu-
bernamental son: Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento, al que se
le aprobaron 6 mil 567.7 millones
menos que el año pasado; Trata-
miento de Aguas Residuales, al
que definitivamente no se le asig-
naronrecursosdirectospara2017,
puesfuefusionadoconelprimero.
A la lista de programas alta-
mente prioritarios que registran
reducciones en sus asignaciones
presupuestales se suman los pro-
gramas de Infraestructura, con 5
mil 300 millones de pesos;Seguro
Médico Siglo XXI, con una re-
ducción de 729.9 millones de pe-
sos; de Apoyo a la Vivienda, con
un presupuesto menor en 500 mi-
llones;Pensión para Adultos Ma-
yores,con un déficit de 486 millo-
nes; PROSPERA Programa de
Inclusión Social, con un recorte
de 143.2 millones; y Comedores
Comunitarios,con una merma de
91 millones de pesos.
Para el Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas, destaca la
reducciónalProgramadeInfraes-
tructura Indígena –catalogado
por Coneval como ligeramente
prioritario–, al que se le recorta-
ron 5 mil 326.5 millones de pe-
sos. La importante contracción
presupuestal se da a pesar de su
contribución a la creación de in-
fraestructura básica, considera el
análisis,“pues su objetivo es brin-
darapoyosparalaconstrucciónde
obras de infraestructura, princi-
palmentedeaguapotable,drenaje
y saneamiento en comunidades
indígenas”.
De acuerdo con el análisis, los
recursos de 2017 para desarrollo
socialprácticamentesemantuvie-
ron igual que los de 2016,“pues el
monto aprobado se redujo sólo en
0.1 por ciento en términos reales”.
No obstante, los recursos aproba-
dos para pensiones y jubilaciones
aumentaron a tasa real 16.1 por
ciento y los recursos para los pro-
gramas sujetos a reglas de opera-
ción y otros subsidios cayeron, en
términos reales, 18.1 y 35.6 por
ciento,respectivamente.
Estos últimos pasaron de un
presupuesto de 478 mil 735.9 mi-
llones de pesos en 2016, a uno de
360 mil 602.4 millones en 2017,
esto es que se redujeron sus recur-
sos en 118 mil 133.5 millones, lo
que en términos reales significa
una caída del 27.1 por ciento.
GOBIERNO RECORTA 118 MIL MILLONESA
PROGRAMAS PRIORITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL

tes,tomó 25 años.Regresar o mover el modelo para
que haya una producción para el mercado interno,
pues va a tardar; no es una solución de corto, sino
de mediano plazo.Puede ser menos de 25-30 años,
y hay medidas inmediatas que ayudarían a cambiar
el modelo,como invertir en la industria de la refina-
ción de petróleo.”
La doctora Arriaga Lemus indica que la inver-
sión debe ser pública, porque la privada no genera
empleos ni hace más productiva la economía mexi-
cana:“llega nada más a fusionar,a comerse a las em-
presas que ya están establecidas. No crea nuevas
empresas”. Además, recorta personal.
“El mercado interno no quiere decir sólo que
haya más producción,sino que para que el mercado
interno funcione tiene que haber consumo y para
eso debe haber poder adquisitivo: aumentos sala-
riales, empleo. Y para que haya empleo tiene que
haber inversión: es un círculo y no va a venir del
sector privado,tiene que venir del público.”
Para que eso pase, dice, “tienen que dejar de
mentir, dejar de decir que no hay dinero, porque
sí hay: México genera mucha riqueza. Pero, dónde
está: tenemos una deuda pública externa e interna
que se lleva la riqueza al extranjero o a la especu-
lación financiera. Quienes han ganado son preci-
samente los capitalistas que están en esos sectores;
esto es muy importante,porque sí hay dinero”.
Ante la crisis que se avecina, la preocupación
que muchos tienen es qué hacer, detalla la doctora
Arriaga Lemus. “Hay que luchar. No hay de otra.
Hay que organizarse, porque en lo individual pue-
des encontrar algunas salidas –no endeudarte en
dólares, no aceptar créditos en dólares o con tasas
movibles de interés; comprar dólares o divisas; in-
vertir en bienes raíces por la volatilidad–, pero estas
soluciones tienen un límite muy acotado y no son
suficientes porque este problema nos rebasa”.
“La inversión privada no genera empleos ni hace más productiva la economía mexicana: llega nada más a fusionar, a comerse a las empresas que ya están establecidas”. En la imagen,
huelga de trabajadores de la empresaVolkswagen
CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
REHENES DEL
GOBIERNO
VÍCTIMAS DEL DELITO

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
En lugar de reparar el daño
a miles de agraviados por
la violencia, la Comisión de
Atención a Víctimas subejerce
recursos. Un informe interno
revela que lo poco que ha
ejercido se ha destinado a
víctimas del delito (94 por
ciento). Al caso Ayotzinapa
y otros desaparecidos habría
destinado 2 por ciento
A
3 años de su creación, la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
ha sido incapaz de atender a las personas
agraviadas por delitos cometidos por servidores de
las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la
Procuraduría General de la República, la Policía
Federal: no sólo no ha reparado el daño,sino tam-
poco ha brindado atención especializada y asesoría
jurídica acorde a las necesidades de las víctimas,
advierten especialistas y defensores de derechos
humanos.
“Lejos de resultar beneficiadas, las víctimas
terminaron siendo rehenes de malas decisiones
políticas al interior de la Comisión Ejecutiva y
de su interpretación de la ley”, advierte Nancy
López, directora del área de Defensa de la Comi-
sión Mexicana para la Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH).
A pesar del enorme presupuesto con que ha
contado, la CEAV ha sido omisa en atender a las
miles de víctimas de violación a sus derechos hu-
manos. Basta señalar los más de 20 mil casos de
JOSÉ RÉYEZ
PAULINANEGRETE/CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓN SOCIEDAD
desaparecidos que hay en México para medir la
magnitud del problema, advierte la especialista.
Entre finales de 2014 y enero de 2016, el Fon-
do de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
de la CEAV contó con un presupuesto de 1 mil
536 millones de pesos,pero sólo usó el 3 por cien-
to. Ese recurso se destinó a la reparación integral
de víctimas de violencia (94 por ciento), para las
víctimas del caso Ayotzinapa –los 43 normalistas
rurales desaparecidos en septiembre de 2014– y
otras personas desaparecidas (2 por ciento), y para
gastos funerarios, médicos y de alimentación (2.6
por ciento),de acuerdo con un informe de la insti-
tución al que tuvo acceso Contralínea.
Para julio de 2016,la CEAV contaba con 1 mil
28.2 millones de pesos para medidas de Ayuda In-
mediata a Víctimas y Compensación como parte
de la Reparación del Daño. Sin embargo, gastó
sólo 33 millones de pesos, de los cuales destinó
1.1 millones al pago de honorarios a fiduciaria;
0.6 millones a reembolso de gastos funerarios y de
alimentación a víctimas; 29.7 millones por repara-
ción integral a víctimas directas e indirectas y 1.5
millones en el Fondo de Emergencias para pago
de ayudas por el caso Ayotzinapa.
La cifra contrasta con el número de víctimas
atendidas, ya que, a marzo de 2016, de las 7 mil
640 personas que solicitaron ser consideradas
como víctimas directas e indirectas,sólo 3 mil 875
obtuvieron respuesta y fueron admitidas en el Re-
gistro Nacional de Víctimas (Renavi). Pero aun
estando en dicho padrón no se garantiza dicho
apoyo, ya que sólo el 3.5 por ciento de los regis-
trados pudieron acceder a los recursos del fondo.
Por ejemplo, entre enero de 2015 y el 30 de
noviembre de 2016 en el rubro de atención a víc-
timas por delitos y violaciones a los derechos hu-
manos cometidos por autoridades del gobierno
federal, sólo se ejercieron recursos por 137.7 mi-
llones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral,en beneficio de 579 víctimas,
de las cuales 330 son hombres y 249 mujeres.
La abogada Nancy López dice que a pesar de
contar con un presupuesto considerable,la CEAV
CUARTOSCURO

INVESTIGACIÓNSOCIEDAD
no sabe cómo utilizarlo, como consecuencia de
la pésima administración de los funcionarios que
han estado a cargo de la institución. “Resaltan en
los últimos años los escándalos entre los comisio-
nados que formaban parte de la CEAV que care-
cían de formación en derechos humanos que les
permitiera tomar decisiones acordes a las necesi-
dades de las víctimas”.
Queda patente también en la CEAV el sube-
jercicio del Fondo de Ayuda,Asistencia y Repara-
ción Integral, el escaso personal asignado para la
asesoría jurídica,la falta de capacitación y los bajos
salarios que éstos devengan, subraya.
Hasta septiembre de 2016, había 3 mil 34 víc-
timas registradas ante la CEAV, de las que el 88
por ciento eran consideradas como víctimas de
delitos y el 12 por ciento son por violaciones a
derechos humanos. Se encuentran pendientes de
registro 2 mil 717 víctimas, debido a las dificulta-
des que enfrentan las personas para comprobar su
condición de víctima ante la institución.
Adicionalmente, la CEAV sólo cuenta con 21
asesores jurídicos para las 32 entidades federativas,
lo cual resulta completamente desproporcional
con el número de víctimas que acuden a la misma
para la defensa y protección de sus derechos.
Las cifras revelan que la Comisión ha sido re-
basada por la realidad del país, pues tan sólo basta
señalar los más de 20 mil casos de desapariciones
que hay en México, y que la mayoría no han sido
resueltos, ya que se requiere del involucramiento
de todas las instituciones públicas que tienen que
asumir su responsabilidad frente a la atención de
las víctimas, considera la abogada Nancy López.
Se trata de un fenómeno de los más difíciles de
resolver en materia de derechos humanos, agrega,
si se suma la cifra indeterminada de casos de tor-
tura que hay en el país evidenciada por la PGR
y las fiscalías locales. “Estamos hablando que hay
miles de personas que necesitan atención urgente”.
Explica que la asesoría jurídica que ofrece a
las víctimas la CEAV está rebasada, no hay cla-
ridad de cómo se vincula con otras instituciones
federales que tendrían que adoptar una visión de
atención de manera transversal e integral, para
buscar acuerdos –por ejemplo con el sector salud–,
que permita que haya una atención inmediata a la
víctima que solicita atención médica como conse-
cuencia de un hecho delictivo.
“Han llegado muchas víctimas a la Comisión
de muchos estados y la burocratización de los pro-
cesos ha hecho que estas no puedan beneficiarse
con los derechos que otorga la Ley General de
Víctimas, ya desde el primer acercamiento hay
una serie de documentos y requisitos que tienen
que cubrir y que no necesariamente son sensibles
y sencillos de atender por parte de las víctimas”,
subraya.
Señala que la CEAV ha sido omisa y no hay
logrado ofrecer una solución a las víctimas más
¹/ Cifras al 30 de noviembre de 2016. El Fideicomiso del Fondo de Ayuda,Asistencia y Reparación Integral se autorizó el 24 de noviembre de 2014
Fuente: Cavi

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