El arbitraje en peru

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
EL ARBITRAJE EN EL PERU
TESSINA CURSO INTERNACIONAL DE VERANO
WALTER ENRIQUE RIVERA VILCHEZ
LA MOLINA - 2008
1

Frente a la crisis de la justicia pública
peruana…
el arbitraje es una realidad
que debe ser estudiada para ser comprendida
(Mario Castillo/Ricardo Vásquez)
2

INDICE
Introducción
I.- Aspectos generales
II.- El arbitraje en el Derecho Romano
III.- El arbitraje en la edad media
IV.- El arbitraje en Francia
V.- El arbitraje en el Perú: antecedentes y referencias constitucionales
VI.- La Constitución Política de 1979 y el Código Civil de 1984
VII.- La Constitución Política de 1993
VIII.- La Ley General de Arbitraje .- Decreto Ley Nº 25935.-
IX.- Ley Nº 26572 – Ley General de Arbitraje (LGA)
X.- Descripción normativa de la Ley General de Arbitraje
XI.- Recursos
XII.- El Laudo Arbitral
XIII.- Recurso de Anulación contra Laudo Arbitral
XIV.- Medidas cautelares
Conclusiones y Proposiciones
Fuentes consultadas
3

INTRODUCCION
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín de
Porres desarrolló en febrero de este año un Curso de Verano sobre Arbitraje con
referencia al Arbitraje Internacional y de Inversiones. Fue una sabia decisión de las
autoridades y una interesante oportunidad para quienes además de ejercer la
docencia universitaria y la profesión de abogado hemos tenido ocasión de
desempeñarnos como árbitros en algunas controversias.
Por ello cabe destacar las materias abordadas durante el mes de febrero, la calidad
de los profesores nacionales y extranjeros convocados así como sus intervenciones
y los materiales de enseñanza entregados a cada participante.
La Tesina que se presenta tiene como propósito hacer una revisión general del
arbitraje como institución a lo largo de la historia en general y en el Perú. Para el
caso peruano no se ha revisado el período pre-inca ni inca sino que se ha partido
de la Constitución Española de Cádiz de 1812 en que se reconocía y establecía el
arbitraje.
Luego se ha revisado cada uno de los textos constitucionales de la República para
llegar al siglo XX con las Constituciones de 19 19 en el período de Augusto B.
Leguía, luego las Constituciones de 1933; pero fundamentalmente las de 1979 y
1993 que de manera clara la incorporan con todas sus letras y sin ningún reparo en
los capítulos referidos al Poder Judicial.
Hacemos igualmente un análisis de las normas de la cláusula compromisoria y del
Compromiso arbitral regulados en el Código Civil de 1984; para transitar luego por
el estudio de los dispositivos contenidos en el Decreto ley Nº 25935 Ley General de
Arbitraje para desembocar en un análisis mucho más amplio de la Ley General de
Arbitraje y sus modificatorias contenida en la Ley Nº 26572.
De forma tal que este estudio nos permite tener una visión muy clara del desarrollo
de esta institución moderna, que no aspira a sustituir a la justicia ordinaria, que tiene
4

sus propias reglas y metodologías y que busca constituirse en un instrumento de
desarrollo al buscar la seguridad jurídica y la paz entre las partes que
voluntariamente se someten a ella.
Por cierto que en un trabajo de esta magnitud no se ha desarrollado los diferentes
matices que ahora se plantean, sobre todo en el ámbito internacional y a propósito
de las inversiones ya que como todos sabemos la caída del muro de Berlín así
como el desarrollo de las telecomunicaciones y otras nuevas tecnologías y la
implantación de lo que se denomina internacionalización o globalización ha
estimulado en la comunidad internacional un crecimiento importante del comercio
mundial y de las inversiones extranjeras.
Es esa denominada globalización la que genera nuevas oportunidades, acceso a
nuevos mercados, nuevas tecnologías e inversiones pero a su vez genera nuevos
riesgos y desafíos toda vez que, por ejemplo en el caso de las inversiones
extranjeras directas además de promoverse la transferencia de capitales,
tecnologías y servicios también es verdad que aumenta la litigiosidad por lo que es
necesario contribuir al logro de un cierto equilibrio entre las relaciones del Derecho
Internacional Privado, las inversiones extranjeras y el arbitraje internacional.
Ese es el espíritu que nos anima como abogados y profesores, tener una visión
actual y fresca de una forma diferente de encarar el Derecho que contribuya de
manera directa en el equilibrio social; y desde esa perspectiva, para nosotros el
arbitraje es una camino a seguir.-
5

El ARBITRAJE EN EL PERU
I.- Aspectos Generales:
Los sistemas jurídicos de determinados países contemplan la posibilidad que en
determinadas circunstancias y cumplidas determinadas formalidades las partes se
aparten, renuncien o sustraigan el conocimiento de su controversia o conflicto de
intereses de los órganos jurisdiccionales del Estado para someter la decisión de sus
controversias a jueces de su elección, los que adoptan la denominación de Arbitros.
De otro lado, en determinadas circunstancias y atendiendo a la naturaleza jurídica
de los actos o contratos en los que interviene el Estado, éste impone un arbitraje
obligatorio, sin que ello modifique sustancialmente su carácter jurídico. En el Perú
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, establece el
arbitraje obligatorio para el caso que en la ejecución de los contratos surgan
controversias, los medios alternativos a la solución de controversias (MARCs) están
regulados en los arts. 272 al 292 del citado Reglamento
Debemos señalar que, el Arbitro o los Arbitros, sea que se trate de un arbitraje con
Arbitro único o de un Tribunal Arbitral compuesto por tres Arbitros o más, reciben
sus facultades directamente de las partes y por ello en relación a éstas tienen el
carácter de jueces (aunque no gozan en su totalidades ni de las prerrogativas ni las
prohibiciones de éstos) estando obligados a pronunciarse en el Laudo Arbitral que
emitan acerca de las cuestiones litigiosas o dudosas propuestas por las partes.
Los Laudos Arbitrales tienen el carácter de sentencias y deben ser ejecutados por
los jueces ordinarios ya que los árbitros carecen del ius imperium que el Estado a
través de la ley les otorga a aquellos. El procedimiento para su ejecución en el Perú
está regulado en la Ley General de Arbitraje y se sujeta también a lo establecido en
el Código Procesal Civil.
El Arbitraje no es una institución moderna ya que la historia del Derecho nos
recuerda que era una forma de evitar que por el uso de la fuerza las partes en
conflicto resolvieran sus disputas.
6

Así, en Roma la figura del Arbitraje se conoce desde las XII Tablas; en España son
las Partidas donde se le legisla de manera orgánica; en Inglaterra existe la
Arbitration Act de 1889 cuerpo normativo más importante que regula esta materia;
en Estados Unidos la Ley del 12 de febrero de 1925 es de carácter federal y regula
el arbitraje comercial; en Francia se reguló con mayor precisión en el Código de
Procedimientos (arts. 1003 a 1028) hasta que se dictó la ley de 31 de diciembre de
1925 que estableció la validez de la cláusula compromisoria en materia comercial
El maestro Hugo Alsina1
al efectuar un resumen de las críticas que la institución del
arbitraje ha sido objeto explica que en algunos países pese a su aplicación cada vez
más frecuente, se la acepta con desconfianza. Y añade que se le considera un
procedimiento artificioso, lleno de sorpresas y peligros para los litigantes, en el que
los árbitros, en lugar de ser jueces se convierten en defensores de las partes que
los nombran, respetándose rara vez sus pronunciamientos.
Sin embargo, reconoce que la deficiencia no radica en la institución en sí misma
sino en su reglamentación y en la forma como se aplican las disposiciones de la ley.
Y agrega que en la práctica las partes designan árbitros a personas que de
antemano se comprometen a defender sus respectivos intereses, pero cuando la
designación recae en quien no tiene ninguna vinculación con ellas, como en el caso
que la designación de un tercer árbitro recae en un extraño (a las partes) la eficacia
del procedimiento es fácilmente apreciable.
II.- El Arbitraje en el Derecho Romano:
La doctrina más autorizada atribuye al Derecho Romano la época en que el arbitraje
se configuró como un sistema organizado de impartir solución pacífica a las
controversias surgidas entre familiares o familias, con la intervención de terceros
imparciales que, conocidas las causas del conflicto, decían su última palabra. Es la
época en que el proceso judicial oficial aún no tenía presencia.
1
Alsina Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo VII, pág. 21 y ss., 2da
Edición, EdIAR Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera, Bs. As. 1965
7

En ese sentido el Arbitraje puede ser entendido como la situación en que los
particulares en conflicto sólo estaban de acuerdo en escoger o elegir a un tercero
imparcial investido de auctoritas, con el propósito que solucione la controversia o
disputa por lo que su decisión debía ser obedecida por los litigantes en conflicto.
Inicialmente este rol fue ejercido por el paterfamilias, que actuaba como tercero
imparcial. Luego su lugar fue ocupado por un tercero imparcial. Posteriormente
esta función fue atribuida a un árbitro al que las partes recurrían voluntariamente
para plantearles las disputas o conflictos mediante una ordalía; para finalmente
aceptar que las partes estén facultadas para elegir libremente al tercero imparcial –
árbitro- para que resolviera sus disputas o discrepancias.
Según Feldstein y Leonardi2
es en la ley de las XII Tablas donde surge el
procedimiento y la intervención de un magistrado, cuya función era impedir el
ejercicio de la justicia privada basada en la venganza, a través de la imposición de
pactos entre las partes. Es así que la composición pecuniaria fija sustituye a la
venganza y determina como obligatorio un arbitraje que se pronuncia sobre la
justicia o injusticia de los reclamos formulados. De esa manera se intentaba
alcanzar la justicia desde los inicios del Derecho Romano sin suprimirle su carácter
privado y voluntario.
Este sistema privado de “solución de conflictos” en la práctica operó hasta que el
crecimiento natural de la población y, por ende de conflictos, dio lugar a que se
impusiera un procedimiento ordinario de administración de justicia el que sin
embargo, se nutrió del procedimiento arbitral.
No es propósito de estas líneas hacer un recorrido in extenso de las (5) etapas del
derecho romano, pero si señalar que al arbitraje se le denominaba compromissum y
al tercero elegido o designado por las partes para resolver la controversia se le
llamaba arbiter ex compromisso, quien gozaba de plena libertad para dictar
sentencia, siendo la única limitación el contenido del compromissum celebrado en
forma voluntaria por las partes, ya que éste era el presupuesto necesario para su
actuación posterior, como sostenía Cicerón: “ nadie puede actuar como Juez,
2
Feldstein, Sara y Leonardo,Hebe, El Arbitraje, Bs As. Abeledo Perrot, 1998, pág.37
8

sobre cuestiones que afectarán no ya a la reputación de una persona, sino incluso a
sus más pequeños intereses pecuaniarios, a menos que las partes convinieran en
aceptarlo” 3
En relación al cumplimiento de la sentencia emitida por el arbiter ex compromisso,
éste se hallaba en la autoridad (autoritas) que otorgaban las partes a aquél. No
existía la posibilidad de apelación. En caso de configurarse el incumplimiento de la
decisión arbitral se incurría en pena qui contra sentencia arbitrio petit y sólo cabía
el pago de la multa correspondiente, que previamente habían acordado las propias
partes para estos supuestos.
Finalmente se debe señalar que al margen de los diferentes tipos de procesos de
orden público que fueron apareciendo a lo largo de la evolución del Derecho
Romano, el arbitraje puro (compromissum) como se ha descrito no dejó de existir;
es más, Justiniano dictó medidas en apoyo de la eficacia de las decisiones de los
arbiter ex compromissum, ya que estableció la presunción legal de que las partes
confirmaban tácitamente la decisión arbitral transcurridos diez (10) días desde que
ésta fuera pronunciada.
III.- El Arbitraje en la Edad Media.
Mario Castillo Freyre en su ensayo Orígenes del Arbitraje4
sostiene que el Papado
fue el iniciador y promotor del arbitraje.
Así, la autoridad pontificia entendía que su misión no se encontraba circunscrita a la
difusión de la fe, la moral y valores cristianos, sino que también comprendía el
ejercicio de su autoridad tutelar sobre los poderes temporales, la que le permitía
resolver conflictos internos como internacionales.
Frente al surgimiento de innumerables conflictos entre burgueses, comerciantes y
artesanos emerge la tendencia de solucionar las referidas controversias en el seno
de sus propios gremios o corporaciones con el propósito de alcanzar una solución
3
Gaspar Lera, Silvia. El ámbito de aplicación del arbitraje. Navarra. Editorial Aranzandi, 1998, pág. 31
4
Castillo Freyre, Mario . Arbitraje y Debido Proceso, Palestra Editores, Volumen 2, Lima, 2007, pág. 29
9

más rápida y efectiva (y creo también que más económica). Esta nueva situación
permitió que los comerciantes optaran por el mecanismo del arbitraje en desmedro
de la justicia del monarca que se caracterizó por su lentitud y por lo complicado de
sus mecanismos procesales.
En el caso de los señores feudales era el rey quien actuaba como árbitro cuando se
le sometía algún conflicto.
Por esta época aparece el Fuero Juzgo que regula el arbitraje. El Fuero Juzgo es la
versión en lengua romance de una compilación de leyes visigodas reunidas en
doce (12) libros y un exordio o apéndice de dieciocho (18) leyes más.
Para superar la multiplicidad de legislaciones en vigor en el reino visigodo al
aplicarse los Códigos de Eurico, Alario, Recesvinto y Ervigio, Flavio Egica,
inspirándose, además, en el Derecho Romano presentó este fuero al XVI Concilio
de Toledo, que lo aprobó en el año 681 d.c.. El texto que ha llegado hasta nosotros
es la versión que mandó hacer Fernando III el Santo, para darlo como fuero a la
ciudad de Córdova (1241), y más tarde a la de Sevilla (1248), ordenando que se
tradujera al romance vulgar, momento en el que tomó el nombre por el que hoy es
conocido. Antes de esto, dicha compilación era conocida como Código de las
Leyes o Libro de los Godos5
Una de las denominaciones que recibía también el Fuero Juzgo era el de Liber
Iudiciorum o Libro de los Jueces, el que establecía una equivalencia entre árbitros y
jueces en lo concerniente al ámbito de su responsabilidad. Es en ese contexto que
se empieza a utilizar terminología judicial y a otorgar a las sentencias arbitrales
fuerza ejecutiva y valor de cosa juzgada.
Finalizando la edad media surge el procedimiento de la homologación del fallo
arbitral ante el juez. Mediante el cual el magistrado otorgará a la providencia arbitral
fórmula ejecutiva.
IV.- El Arbitraje en Francia
5
Citado por Castillo Freyre, op. Cit. Pág. 30
10

El arbitraje en Francia antes de la revolución de 1789 se establece por medio del
Edicto de Francisco II el que data de agosto de 1560, fue confirmado por la
Ordenanza de Moulins, donde se establecía la obligación de recurrir al arbitraje
forzoso en los supuestos de conflictos entre mercaderes, demandas de partición
entre parients próximo y la cuentas de tutela y administración. Estos conflictos se
solucionaban sumariamente por tres o más personas elegidas por las partes y a
falta de acuerdo en la elección, la realizaba el juez.
Acaecida la Revolución Francesa y proclamada la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789, se erigieron como nuevos principios de igualdad
civil e igualdad ante la justicia.
Este principio de igualdad ante la justicia conllevó que tanto nobles como villanos,
católicos como protestantes debían litigar ante los mismos tribunales de justicia,
dejándose de lado las antiguas situaciones de privilegios existentes para sustituirlas
por principios más justos como el de igualdad ante la justicia.
En ese sentido se instituyó la autoridad del juez de paz para la solución de
pequeños conflictos entre los ciudadanos de un cantón; la autoridad de un tribunal
civil en cada distrito, la autoridad de un tribunal criminal con asistencia del jurado
por departamento y la autoridad de un tribunal de casación o tribunal supremo, cuya
función sería la de velar por la exacta aplicación de la ley. Así mismo, el arbitraje
surge como la institución que refleja en el ámbito del derecho el ideal de justicia
entre los hombres6
Como señala Castillo Freyre, resulta pertinente destacar que en la Francia post
revolucionaria se reaccionó contra la corriente de pensamiento que propugnaba
conceder poco o ningún valor a la institución del arbitraje dado que ésta se
encontraba inspirada en los regímenes despóticos y absolutistas reinantes antes de
la Revolución.
El arbitraje se presenta como una reacción contra lo que significaba el antiguo
régimen en el que imperaban la complejidad y la lentitud frente a la concepción
6
Tulard, Jean y otros. Historia y Diccionario de la Revolución Francesa. Madrid. Ediciones Cátedra SA., 1989,
pp 917 y 918, citados por Castillo Freyre, Mario en Orígenes del Arbitraje, pág. 36
11

directa, simple y clara de la primera. Por tal circunstancia y razón la Asamblea
Constituyente establece en el art. 1 del Título I de la ley del 16 y 24 de agosto de
1970 que:
“El arbitraje es el modo más razonable de concluir las cuestiones entre los
ciudadanos, los legisladores no pueden hacer ninguna disposición
tendiente a disminuir el valor o la eficacia de los compromisos”
En consecuencia era materia arbitrable todas aquellas que involucraran el interés
privado de las partes en conflicto, se prohibía la apelación de la sentencia arbitral,
salvo el caso que estuviera expresamente pactado.
Castillo Freyre asegura que esta tendencia fue seguida por la Constitución de 1791
en la que se reconoció como derecho natural el derecho de comprometerse, por lo
que no podía ser restringido o disminuido por el Poder Legislativo.
V.- El Arbitraje en el Perú.
Antecedentes y referencias constitucionales.
Como antecedente del período republicano debemos señalar que en la Constitución
de Cádiz de 1812 se estableció en los arts. 28º y 281 el derecho de los españoles
de no privarlos del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros
elegidos por ambas partes; la sentencia que expidieren los árbitros se executará si
las partes al hacer el compromiso no se hubieran reservado el derecho de apelar.7
Producido el proceso de Independencia del Perú del Reino de España el Libertador
José de San Martín dictó el Reglamento Provisional de 1821, en cuyo artículo 18
textualmente se lee: “ Todas las leyes, ordenanzas y reglamentos que no estén en
oposición con los principios de libertad é independencia proclamados, con los
decretos expedidos desde el 8 de Setiembre anterior, y con lo establecido en el
presente, quedan en su fuerza y vigor, mientras no sean derogados, ó abrogados
por autoridad competente”8
7
García Belaunde, Domingo. Las Constituciones del Perú, Tomo I, pág. 73, Fondo Editorial Universidad San
Martín de Porres, Lima - 2006
8
El autor al hacer la transcripción de la norma toma el lenguaje original del texto
12

Estimamos que el arbitraje, que se pacta voluntariamente por las partes no se
oponía en absoluto a los decretos dictados por el Libertad San Martín y desde esa
perspectiva, estaban vigentes, por lo menos teóricamente.
La misma opinión puede aplicarse a la Constitución Política de 1823 que en su art.
121, repite más o menos la fórmula antes referida al señalar que: “ Todas las leyes
anteriores a esta Constitución, que no se opongan al sistema de la independencia, y
a los principios que aquí se establecen, quedan en su vigor y fuerza hasta la
organización de los códigos civil, criminal, militar y de comercio”
Es entendible una omisión expresa a la institución del arbitraje en tanto y en cuanto
que las principales preocupaciones de los fundadores de la República era
justamente esa: establecer los valores y las bases fundamentales que guíen al
establecimiento y funcionamiento de la nueva República, es decir, el régimen
político y de gobierno, los poderes del Estado, cómo se eligen a sus representantes,
los derechos de los ciudadanos, etc., por lo que consideramos que un tema técnico
como el Arbitraje no se discutió y por lo mismo, tampoco se prohibió, pues esta
circunstancia hubiera exigido un pronunciamiento expreso, que no se produjo, por
las circunstancias antes acotadas.
Lo mismo aconteció con la Ley del 10 de febrero de 1824 firmado por José María
Galdiano como Presidente del Congreso, Joaquín de Arrese y José Bartolomé
Zárate como diputados secretario, por el cual el propio Congreso Constituyente
acuerda su Receso, suspende el ejercicio del cargo del Presidente de la República
y otorga poderes al Libertador Simón Bolívar.
Posteriormente, por Ley del 10 de Febrero de 1825 se le otorgaron plenos poderes
al Libertador Simón Bolívar dada la delicada situación política que atravesaba el
proceso de consolidación de la independencia.
La efímera Constitución Vitalicia de 1826, como se le conoce no hace mención
expresa al arbitraje pero si a las conciliaciones, que las promueve de manera
decidida, por lo que considero que a la institución del arbitraje no se le prohibió de
13

manera expresa alguna sin que tampoco se le promoviera como se hacía con
relación a la Conciliación.
La Constitución Política de 1828 dada por el Congreso General Constituyente el 18
de marzo de 1828 en su capítulo referido a LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
arts. 119 a 131 no hace referencia expresa al arbitraje. Este texto constitucional
estuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1839 que fue dada
por el Congreso General el 10 de noviembre del citado año.
La Constitución Política de 1839 a diferencia de las Constituciones Políticas
anteriores si hace expresa referencia al arbitraje, como una garantía Individual
regulada dentro de as garantías nacionales. Así en el art. 164 establece:
“ Ningún Peruano puede ser privado del derecho de terminar sus
diferencias por medio de jueces árbitros”9
Esta tendencia continuaría con el Estatuto Provisorio de 1855 dictado por el
Libertador Ramón Castilla en su calidad de Presidente Provisorio, recogiéndose
fórmula legislativa similar a la anterior, en el artículo 11, que dice textualmente:
“Todo individuo en la República tiene el derecho de terminar sus
diferencias por medio de jueces árbitros conforme a las leyes.”
El nuevo texto constitucional agrega que el arbitraje debe desarrollarse “conforme a
las leyes”, es decir que el Estatuto Provisorio concebía la necesidad de legislar
dicho dispositivo con rango constitucional, es decir, dictar normas sobre arbitraje en
leyes conocidas como de desarrollo constitucional, que por supuesto no se dictaron
en su oportunidad.
Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1860 promulgada por el
propio Ramón Castilla, esta vez en su condición de Presidente Constitucional de la
República, el arbitraje sufre una especie de retroceso, pues en el texto
constitucional no se hace referencia expresa a ella como sí se hacía en el Estatuto
Provisorio de 1855. De igual forma se mantuvo en materia arbitral la Constitución
de 1867 durante el mandato del Presidente Mariano Ignacio Prado, que no hace
9
García Belaunde, Domingo op.cit. pág. 334
14

referencia alguna y que por el contrario, en el Título XVII Del Poder Judicial, en su
art. 121 precisa que “La justicia será administrada por los Tribunales y
juzgados” cerrándole el paso, en alguna forma y grado al arbitraje como
mecanismo de solución de controversias.
Con el advenimiento del siglo XX, luego de superada en alguna forma el trauma de
la guerra del pacífico y con Augusto B. Leguía en el poder, el arbitraje tuvo un mejor
tratamiento legislativo a nivel constitucional (Constitución Política de 1919) acorde
con el propósito modernizador introducido por el Presidente de la República. Así,
en el art. 48.0 referidos a “Los conflictos entre el Capital y el Trabajo serán
sometidos a arbitraje obligatorio”
No está demás indicar que en este texto constitucional también se hace referencia a
la justicia militar (art. 156) con lo que se perfila un sistema de administración de
justicia como la contenida en la Constitución de 1979 y de 1993.
VI.- LA CONSTITUCION POLITICA DE 1979 Y EL CODIGO CIVIL DE
1984
La Constitución Política del Estado de 1979, uno de los mejores textos
constitucionales concebidos a finales del siglo XX como producto de una
transacción política para devolver la democracia a la civilidad y que tuvo entre sus
miembros a destacados dirigentes políticos del Partido Aprista Peruano y del
Partido Popular Cristiano, incorporó en su texto y por vía de excepción a las
denominadas “jurisdicción” arbitral y militar, en el art. 233, numeral 1)
El desarrollo del arbitraje incorporado por el texto constitucional antes referido se
efectuó a través de la Cláusula Compromisoria y compromiso arbitral que fue
incorporado en el texto del Código Civil promulgado por el Decreto Legislativo Nº
29510
.
10
La versión oficial editada en 1984 por el Ministerio de Justicia en Editora Perú ha sido verificada por el
suscrito
15

Efectivamente, en el Libro VII – Fuentes de las Obligaciones; Título IX se regulan
los capítulos Primero referido a la Cláusula Compromisoria, arts. 1906 y 1907 y el
capítulo segundo concerniente al Compromiso Arbitral arts. 1909 a 1922.11
La cláusula compromisoria conforme a lo señalado en el art. 1906 del Código Civil
facultaba a las partes a obligarse mediante un pacto principal (que podía ser
independiente de un contrato específico) o una estipulación accesoria (dentro de un
contrato principal) a celebrar en el futuro un compromiso arbitral.
Este compromiso no requiere la designación de árbitros pero si fijar la extensión de
la materia a arbitrar y además generaba la obligación a las partes de materializar el
arbitraje compeliéndolos a la realización de cuantos actos sean necesarios para que
el compromiso pueda tener efecto y, en concreto, se designe a los árbitros y se
determine el asunto controvertido.
En buena cuenta y conforme lo establecía la propia norma derogada se trataba de
un contrato preliminar, con todas su formas.
El compromiso arbitral tenía una regulación más completa pues además de ser
definido legalmente en el art. 1909 del CC .”Por el compromiso arbitral dos o más
partes convienen que una controversia determinada, materia o no de un juicio, sea
resuelta por tercero o terceros a quienes designan y a cuya jurisdicción y decisión
se someten expresamente.”
La forma de celebración es escrita bajo sanción de nulidad y debe contener el
nombre y domicilio de los otorgantes y de los árbitros; la controversia que se
somete al fallo arbitral12
con expresión de sus circunstancias, el plazo para laudar y
la sede o lugar donde debe desarrollarse el arbitraje.
El art. 1913 del CC establecía que materias no pueden ser objeto de compromiso
arbitral, entre ellas las referidas al estado y la capacidad civil de las personas; las
que interesan a la moral y las buenas costumbres. El inc.2) hacía una larga
11
Dichas normas fueron derogadas en su integridad por el Decreto Ley Nº 25935
12
La norma no es feliz en su redacción, lo técnico era señalar laudo arbitral.
16

referencia al estado o sus bienes, que no referiré en esta parte del trabajo por
tratarse de una norma derogada.
Es interesante la norma contenida en el derogado art. 1914 del CC pues la
existencia de la cláusula compromisoria y del compromiso arbitral facultaba la
invocación como excepción en caso surgiera proceso ordinario.
De igual forma se establecía la diferencia entre arbitraje de derecho y de equidad
denominando a los árbitros que efectuaban este último tipo de arbitraje como
amigables componedores.
Finalmente, debemos señalar que el art. 1922 del CC ya derogado remitía el
procedimiento arbitral a las normas establecidas en el Código de Procedimientos
Civiles, actualmente derogado por el Código Procesal Civil.
VII.- LA CONSTITUCION POLITICA DE 1993
La Constitución Política del Perú de 1993 siguiendo la corriente impregnada por la
Constitución de 1920 y la derogada de 1979 también plasmó a nivel normativo el
arbitraje como una solución de controversias distinta a la ordinaria, la militar y la de
las comunidades campesinas y nativas que establece el art. 149 del texto
constitucional.
Efectivamente en el art. 139, numeral 1 de la carta magna referida se establece una
jurisdicción diferente a la ordinaria, en la arbitral y la militar.
VIII.- LEY GENERAL DE ARBITRAJE.- DECRETO LEY 25935
Ahora bien, como señalamos el Decreto Ley Nº 25935 publicado el 09/DIC/92 y
vigente desde el 10/DIC/92 derogó las normas del Código Civil referidas a la
Cláusula Compromisoria y al Compromiso Arbitral.
17

El nomen juris de este Decreto Ley es LEY GENERAL DE ARBITRAJE, tenía 109
artículos, cuatro disposiciones complementarias y transitorias y dos disposiciones
finales. Se trata de una ley que regula de manera especia e independiente la
materia arbitral
Su estructura normativa era la siguiente: Estaba dividido en 2 grandes secciones
uno referido a las disposiciones generales y el segundo al arbitraje internacional.
Esta última sección sólo tenía un capítulo único.
En cambio la sección primera tenía 4 capítulos divididos a su vez en títulos. El
capítulo primero tenía un título único referido a las disposiciones generales (arts. 1
al 3); el capítulo segundo también tenía un título único referido al convenio arbitral
(arts. 4 a 15); siguiendo igual sistemática legislativa el capítulo Tercero tenía un
título único referido a Los árbitros que se encontraba normado en los arts. 16 al 25.
El Proceso Arbitral está regulado en el Título Primero del capítulo Cuarto; lo
concerniente al Laudo Arbitral en el Título Cuarto y en el Título Sexto lo referido a
las Medidas cautelares y Ejecución del Laudo en el Título Sexto.
Este Decreto Ley si bien no definía lo que es el arbitraje establecía en su artículo 1º
que podían someterse a arbitraje las controversias determinadas o determinables
sobre las cuales las partes tienen facultad de disposición, extinguiendo respecto de
ellas el proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse.
De igual forma es materia arbitrable las pretensiones y controversias referentes a
bienes muebles o inmuebles u obligaciones del estado y sus dependencias, de los
Gobiernos Central, regional y local y de las demás personas de derecho público,
siempre que deriven de una relación jurídica patrimonial de derecho privado o de
naturaleza contractual. En esos casos el arbitraje será necesariamente de derecho.
El art. 2º contenía numeros clausus respecto de las materias no arbitrables,
estableciendo cinco supuestos: 1) las que sean de competencia exclusiva del Poder
Judicial o de la jurisdicción militar; 2) las que versan sobre el estado o la capacidad
civil de las personas, ni las relativas a bienes o derechos de incapaces sin la previa
18

autorización judicial; 3) aquellos sobre los que ha recaído resolución judicial firme,
salvo los que surjan de cómo consecuencia de su ejecución en cuanto conciernan
exclusivamente a las partes del proceso; 4) los que interesan a la moral, al orden
público o a las buenas costumbres o que versan sobre delitos o faltas. Sin
embargo, sí podrá arbitrarse sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en cuanto
ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme; 5) los directamente
concernientes a las atribuciones o funciones del estado o de personas o entidades
de derecho público.
El art. 3 establecía las clases o tipos de derecho, señalando la presunción que
cuando no se hacía referencia expresa al tipo de arbitraje de derecho o de
conciencia, se presume que es de derecho.
El arbitraje de conciencia cuando el o los árbitros resuelven la controversia
conforme a sus conocimientos y leal saber y entender, teniendo presente los usos
aplicables; a su vez, es de derecho cuando se resuelve conforme al derecho
aplicable.
En cuanto al laudo arbitral, necesariamente debe constar por escrito como también
deben constar por escrito los votos particulares de los árbitros, si los hubiera.
Tratándose de arbitraje colegiado basta que sea firmado por la mayoría requerida
para que haya decisión, entendiéndose que el árbitro que no firma ni emite voto
particular, adhiere su voto al de mayoría, lo que nos parece una solución eficiente
por parte de la ley.
El Capítulo Tercero regula en un título único quienes son los árbitros, la
designación, la forma de aceptación; quienes lo designan, la retribución de la
función arbitral, su número impar; quienes pueden ser árbitros, es decir personas
naturales, peruanas o extranjeras y, en caso de arbitraje de derecho, que sean
abogados y mayores de 25 años.
El art. 21 del referido Decreto Ley Nº 25935 establecía en 10 incisos quienes tenían
incompatibilidad para ser árbitros, estableciendo la sanción de nulidad del
nombramiento como del laudo; de igual forma el art. 22 señalaba los únicos casos
19

en que se el árbitro podía renunciar; luego se legislaba la posibilidad de recusar a
los árbitros y además la posibilidad de dispensar expresamente las causas de
recusación de los árbitros que ellos conocieran, señalando la ley que el laudo que
se emita no pueda ser impugnado por esta causa, lo que resulta lógico y coherente.
En cuanto al proceso arbitral en sí, el Decreto Ley 25935 fijaba la posibilidad que las
partes ejerciendo la autonomía de la voluntad puedan pactar las reglas a que se
sujeta el proceso correspondiente como también pueden disponer la aplicación del
reglamento que tenga establecido la institución encargada de su organización.
La citada norma estatuye la posibilidad que durante el desarrollo del proceso las
partes concilien, transijan o se desistan del mismo exigiendo que, en todo caso,
estos actos se desenvuelvan antes de la expedición del laudo arbitral
El Título Sexto del Capítulo Cuarto de la Sección Primera regulaba la interposición
de medidas cautelares las que podían ser presentadas en tres momentos
diferentes: a) antes de instalado el tribunal arbitral y por consiguiente antes de
iniciarse el proceso arbitral; b) una vez iniciado el proceso arbitral y antes de emitido
el laudo arbitral y c) una vez emitido el laudo arbitral y éste haya quedado
consentido y ejecutoriado.
En el primer supuesto, el art. 73 establece de manera expresa la medida cautelar
solicitada a una autoridad judicial antes de la iniciación del arbitraje no le es
incompatible ni se considera renuncia al mismo.
De igual forma el art. 75 fijaba que en cualquier estado del proceso (se entiende que
antes de la emisión de laudo) a petición de cualquiera de las partes y por cuenta,
costo y riesgo del solicitante, los árbitros podrán optar las medidas cautelares que
consideren necesarias para asegurar los bienes materia del proceso o garantizar el
resultado de éste.
Finalmente, los arts.76 a 80 establecen el procedimiento una vez que el laudo
arbitral tenga la calidad de cosa juzgada consentida y/o ejecutoriada.
20

En cuanto al Arbitraje Internacional el art. 84 del derogado Decreto ley 25935
establecía que tenía tal condición cuando 1) las partes de un convenio arbitral
tienen, al momento de la celebración de ese convenio, sus establecimientos en
Estados diferentes; o 2) Uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado
en el que las partes tienen sus establecimientos: a) el lugar del arbitraje, si éste se
ha determinado en el convenio arbitral o con arreglo al convenio arbitral; b)el lugar
del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación
comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha;
o; 3) las partes han convenido expresamente que la cuestión objeto del convenio
arbitral está relacionada con más de un Estado.
El art. 85 establecen que materias pueden ser objeto de arbitraje internacional; el
art. 86 contiene una serie de definiciones legales de conceptos como arbitraje,
tribunal arbitral; para en las demás normas desarrollar el proceso arbitral desde la
designación de los árbitros hasta la emisión de respectivo laudo arbitral y su
posterior ejecución.
IX.- LEY Nº 26572 – LEY GENERAL DE ARBITRAJE (LGA)
El Decreto Ley Nº 25935 fue derogado por la Ley Nº 26572 aprobada por el
Congreso el 20/DIC/95 y promulgada por el Presidente de la República Ing. Fujimori
el 03/ENE/96. Posteriormente se han dictado las leyes Nº 26698 del 03/DIC/96 que
modificó el art. 92; Nº 26742 del 06/ENE/97 y la Nº 28519 del 23/MAY/2005, que se
encuentran vigentes a la fecha.
Antes de continuar con el análisis de la vigente legislación sobre arbitraje nacional e
internacional, haremos referencia a las características del arbitraje. En ese sentido
podemos afirmar que son por lo menos 4 sus características esenciales a saber:
a) Es una institución autónoma
b) Su competencia proviene de la autonomía de la voluntad de las partes
que lo celebran
21

c) Es una excepción al principio de la unicidad y exclusividad de la función
jurisdiccional establecida en el art. 139 de la Constitución Política del Perú
d) Contiene la renuncia expresa al derecho de acción judicial en la vía
ordinaria.-
El Convenio Arbitral como Institución Autónoma de carácter excepcional
Debemos afirmar siguiendo ya la línea trazada por diversos profesores de la materia
que el arbitraje constituye una institución autónoma e independiente que se rige por
sus propias reglas y métodos especiales. Comporta el ejercicio de una facultad
delegada por los interesados a particulares – árbitros- para que decidan y resuelvan
los conflictos existentes o los que puedan derivarse de una relación jurídica material
(futuros), quines basados en el pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad
prefieren por la competencia arbitral para la solución de sus conflictos, renunciando
al ejercicio de la vía ordinaria impuesta por el Estado.
De esta manera, las partes acuerdan un convenio arbitral que tiene existencia y vida
propia independiente del contrato que lo contiene. Este acuerdo da origen al
principio denominado de Separabilidad del Convenio Arbitral que establece que
el contrato de arbitraje es un contrato independiente a pesar de estar contenido
(inserto) dentro de otro contrato (principal, si fuere el caso)
Voluntad de las partes
La ley de arbitraje exige a las partes que expresen su voluntad de manera cierta e
indubitable. En este aspecto, la validez del convenio arbitral esta condicionada a la
existencia de un acuerdo escrito entre las partes ya que no cabe realizar
presunciones ni interpretaciones sobre una voluntad no manifestada de manera
cierta y expresa.
De manera tal que la denominada competencia arbitral surge entonces por el
consenso entre los particulares y por una voluntad clara e indubitable de sustraerse
inequívocamente del sistema de justicia ordinaria (Poder Judicial)
22

Excepción al principio de la unicidad y exclusividad de la función jurisdiccional
establecida en el art. 139 de la Constitución Política del Perú
De esta manera el arbitraje se eleva como una excepción al Principio de la
Jurisdicción Predeterminada u Ordinaria de Administrar Justicia regulada a partir del
art. 138 y demás de la Constitución Política del Estado. Dicha excepción está
normada en el art. 139 inc. 1) del la carta Magna y además en el art. 4º de la Ley
General de Arbitraje.
De esta forma, el proceso arbitral se admite como una alternativa y excepción de la
del juez natural, para lo que se requiere acuerdo de voluntades de las partes que lo
celebran de manera expresa e inequívoca como así lo exigen los principios de
legalidad y literalidad, ya que no se puede legar a esta vía por el camino de las
interpretaciones o analogías.
En ese camino, el arbitraje importa la renuncia expresa al ejercicio de un derecho
sustantivo, esto es, al de recibir tutela judicial efectiva a través de la jurisdicción
ordinaria o común que proporciona el Poder Judicial.
Renuncia al Derecho de Acción Judicial
Como se trata de una renuncia expresa de derechos sustantivos y por ser una
institución de carácter excepcional, la ley entiende que para pactar el arbitraje las
personas naturales o jurídicas y sus representantes, deben contar con las
facultades especiales de manera expresa y específicamente otorgadas con tal
objeto.
En ese sentido, el convenio arbitral únicamente será válido para las personas
jurídicas en la medida que, quien se obligue por ella cuente con las facultades de
representación especiales, no siendo suficientes las facultades establecidas en el
art. 188 de la Ley General de Sociedades, por lo que, el acto jurídico mediante el
cual se haya celebrado el convenio arbitral será ineficaz para la sociedad en este
supuesto.
23

Esta tesis, que compartimos plenamente fue expuesta por el prof. Gonzalo García
Calderón Moreyra13
quien sostiene que siendo el arbitraje voluntario y requiriendo
celebrarse por escrito, el Gerente por su sola decisión –amparado por la Ley
General de Sociedades- al no contar con el acuerdo de socios, ni poderes
especiales, no puede obligar a la empresa a que el conflicto que emane de dicho
contrato sea resuelto por Arbitraje.
Es claro entonces – continúa- que un contrato ajeno o extraordinario al objeto social
requiere de un Poder Especial, por lo que es válido sostener entonces, que el
convenio arbitral contenido dentro de un contrato celebrado por el Gerente en uso
de las facultades del art. 188 de la LGS no es válido, al no ser un acto de
administración ordinaria de la sociedad y no encontrándose comprendido dentro del
objeto social de la empresa.
X.- DESCRICPION NORMATIVA DE LA LEY Nº 26572
Al igual que el derogado Decreto Ley Nº 25935 la actual Ley General de Arbitraje
tiene 2 secciones: la primera que regula el arbitraje nacional ( o doméstico) y la
segunda que regula el arbitraje internacional, igualmente cuenta con Disposiciones
Complementarias y Transitorias; Disposiciones Modificatorias y Disposiciones
Finales.
Los arts. 1 a 8 de la LGA contienen las disposiciones generales. Estas normas no
contienen una definición legal del arbitraje lo que nos parece acertado pues deja a
la doctrina o la jurisprudencia la especificación de su extensión y concepción; es
más, en nada afecta la omisión de una definición legal sobre el particular.
El art. 1 de la LGA hace referencia expresa a aquellas materia objeto de arbitraje y
aquellas que no pueden promoverse. En ese sentido, pueden ser materia arbitral:
a) las controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes
tienen facultad de libre disposición
13
García Calderón Moreya, Gonzalo, en Validez del Sometimiento de una Persona Jurídica a Arbitraje, Revista
Derecho y Sociedad Asociación Civil, págs 199 y ss.
24

b) aquellas relativas a materia ambiental
los efectos de llevar estas materia al ámbito arbitral es que se extingue, respecto de
ellas el proceso judicial existente o evita el que podría promoverse.
De igual forma, y vía excepción, el art. 1 de la LGA señala de manera expresa que
materias NO SON ARBITRABLES:
1.- Las que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas, ni las
relativas a bienes o derechos de incapaces sin la previa autorización judicial.
2.- Aquellas sobre las que ha recaido resolución judicial firme, salvo las
consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución, en cuanto conciernan
exclusivamente a las partes
3.- Los que interesan al orden público o que versan sobre delitos o faltas. Sin
embargo, si podrá arbitrarse sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en cuanto a
ella no hubiera sido fijada por resolución judicial firme
4.- las directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del
Estado o de personas o entidades de derecho público.
Haciendo una comparación entre la anterior norma (D.L Nº 25935) y la actual,
podemos afirmar que la actual dejo de lado el inc.1 del art. 2 del DL 25935 porque
era obvio y tautológico, es decir, no tenía sentido señalar que no es arbitrable
aquellas materias “que sean de competencia exclusiva del Poder Judicial o de
la jurisdicción militar” (el énfasis es nuestro).
Por ello los numerales 1, 2y 4, recogen las mismas excepciones que la anterior
(incisos 2 , 3 y 5).
En relación a la actual excepción Nº 3; tiene una mejor redacción legislativa que la
anterior pues ha suprimido las referencias a la moral o a las buenas costumbres que
podrían traer problemas de interpretación por la subjetividad de los conceptos, por
lo que la norma actual es de mejor calidad
25

El art. 2 de LGA autoriza el arbitraje nacional, sin necesidad de autorización previa,
a las controversias derivadas de los contratos que el Estado Peruano y las personas
de derecho público (interno) celebren con nacionales o extranjeros domiciliados así
como las que se refieren a sus bienes.
La propia norma desarrolla que el concepto de Estado comprende al Gobierno
Central (Poder Ejecutivo), Gobiernos Regionales y Locales y sus respectivas
dependencias.
Finalmente la norma citada autoriza a las empresas estatales de derecho privado o
de economía mixta pueden acordar libremente y sin requisito de previa autorización
la celebración de arbitraje nacional.
Esta norma es importante y trascendente pues faculta al Estado en sus diversos
niveles sustraerse del Fuero ordinario, agilizando las disputas, controversias y
similares que puedan derivarse de la interpretación y/o ejecución de un contrato. Lo
mismo acontece con las empresas del Estado que tienen un régimen privado o
mixto, que gozan de la misma facultad, sin autorización previa.
El art. 3 de LGA señala las clases de arbitraje: de derecho o de conciencia;
definiendo esta vez que será de derecho cuando los árbitros resuelven la cuestión
controvertida con arreglo al derecho aplicable; y de conciencia cuando resuelven
conforme a sus conocimientos y leal saber y entender.
El arbitraje de derecho debe pactarse de manera expresa caso contrario se
entenderá de conciencia.
Finalmente la norma impone a los árbitros la obligación de tener en cuenta en
asuntos de carácter comercial los usos mercantiles aplicables al caso.
El artículo 4 de la LGA tiene una adecuada redacción pero una mala ublicación.
Consideramos que pudo haberse ubicado como art. 2 y el 2 como artículo 3; ya que
su redacción es buena cuando prescribe: “Salvo en contrario, las partes podrán
26

someterse de modo exclusivo y excluyente a la jurisdicción arbitral” (el énfasis
es nuestro)
El art. 5 de la LGA resulta nuevo en relación a la derogada norma del DL Nº 25935;
pues autoriza a las partes acordar la intervención de un tercero, incluida una
institución arbitral, para decidir libremente sobre una cuestión que ellas mismas
pueden resolver directamente
En cuanto a los plazos en que debe desarrollarse el proceso arbitral la regla general
es que computan por días hábiles excluyéndose los sábados, domingos, feriados y
los declarados duelo nacional no laborables; salvo que las partes hayan pactado
algo distinto y/o en su caso, los árbitros habiliten día inhábil para la actuación de
determinadas pruebas o diligencias, previa notificación a las partes.
De igual forma en cuanto a la entrega y recepción de comunicaciones que se dirijan
las partes, la LGA en su art. 8 dispone que salvo acuerdo en contrario de las partes,
se considerará recibida toda comunicación que haya sido entregada al destinatario
o que haya sido entregada en el domicilio señalado en el contrato. Y en caso que
no se haya señalado alguno, podrá hacerse en el domicilio real o en la residencia
habitual.
Ahora bien, la propia norma estatuye que en caso que no se pueda determinar
ninguno de los lugares antes citados – tras una indagación razonable-se
considerará recibida toda notificación toda notificación que haya sido enviada al
último domicilio real o residencia habitual conocido del destinatario por carta
certificada o cualquier otro medio que deje constancia fehaciente de la entrega. Y
en ese sentido, son válidas las notificaciones por cable, telex, facsímil o medios
(tecnológicos) similares) que inequívocamente dejen constancia del (envío) de la
comunicación, salvo que lo contrario estuviera previsto en el convenio arbitral o en
el reglamento de la institución arbitral.
Finalmente la norma dispone que toda comunicación se considerará recibida el día
en que se haya realizado su entrega.
27

El art. 6 faculta que la organización y el desarrollo del arbitraje pueda ser
encomendada a una Institución Arbitral que deberá ser necesariamente una
Persona Jurídica; en esos casos, dicha institución está autorizada a designar a los
árbitros, fijar las reglas del procedimiento y las demás disposiciones necesarias
para que el arbitraje cumpla con su cometido.
Siguiente la pauta del Decreto Ley 25935 la actual LGA define en su art. 9 el
convenio arbitral.
“Art. 9: Definición de convenio arbitral. El convenio arbitral es el acuerdo
por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que
hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una
determinada relación jurídica contractual o no contractual, sean o no
materia de un proceso judicial. El convenio arbitral obliga a las
partes y a sus sucesores….”
Esta definición es medular dentro de la estructura de LGA puede es su punto de
partida o de inicio, sin en el convenio arbitral suscrito por las partes no hay proceso
arbitral ni laudo arbitral válido. De allí la necesidad de fijar un marco jurídico lo
suficientemente explícito para entender lo que es convenio arbitral, que implica y a
qué y quienes obliga.
No sólo ello, también dispone la norma que pactado el arbitraje en el respectivo
convenio, las controversias que se sometan a este procedimiento pueden nacer de
una relación jurídica contractual o no contractual, lo que nos lleva al ámbito de
aplicación de la responsabilidad contractual en todos sus matices e implicancias.
La norma en comentario establece una serie de sanciones y garantías para que el
laudo arbitral pueda cumplirse.
El art. 10 es significativo pues establece la forma ad solemnitaten en que debe
celebrarse el convenio arbitral, que necesariamente debe ser escrito, bajo sanción
de nulidad. Puede adoptar la forma de una cláusula dentro de un contrato o la
forma de un acuerdo independiente. Esta redacción es similar a la contenida en el
art. 5 del derogado D.L.Nº 25935.
28

El art. 11 de la LGA se refiere a las cláusulas arbitrales contenidas en las Cláusulas
Generales de Contratación o Contratos de Adhesión ( contratos masivos)
estableciendo la norma que dichos convenios serán exigibles si han sido conocidos
o hayan sido conocibles por la contraparte usando la diligencia ordinaria. En esta
hipótesis se establece una presunción jure et de jure en el sentido que se entenderá
que el convenio era conocible si se cumplen cualquiera de los 4 supuestos de
hecho contenidos en la norma citada.
Los arts. 12 y 13 establecen casos especiales de arbitraje. El art. 12 contiene la
figura del Arbitraje Estatutario obligatorio en caso que se establezca en los estatutos
de personas jurídicas sean de naturaleza mercantil o civil o asociaciones civiles y
demás personas jurídicas para la controversia que puedan surgir con sus socios,
accionistas o asociados respecto de sus derechos, validez de los acuerdos y demás
que versen sobre la materia relacionada con el objeto social.
En el caso del art. 13 se refiere al Arbitraje Testamentario, la LGA entiende como
cláusula arbitral aquella disposición testamentaria que dispone el arbitraje para
solucionar conflictos que pudieran surgir entre herederos no forzosos o legatarios o
para la porción de la herencia no legítima o para la controversia que surja de la
valoración, administración o partición de la herencia o para las controversias que
surjan en todos estos casos con los albaceas.
El art. 14 de LGA estable la separabilidad del convenio arbitral. La ubicación de esta
norma pudo ser mejor, opinamos que debió estar ubicado en el lugar que ocupa el
art. 11, aunque esto no es significativo sino por una mejor sistemática de la LGA.
En cuanto a su contenido si es muy relevante pues regula la hipótesis que se
presente la inexistencia, rescisión, resolución, nulidad o anulabilidad total o parcial
de un contrato u otro acto jurídico que contenga un convenio arbitral, lo que no
implica necesariamente su inexistencia, ineficacia o invalidez. Autorizando a los
árbitros decidir libremente sobre la controversia sometida a su pronunciamiento, la
que podrá versar inclusive sobre la inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato o
acto jurídico que contenga el convenio arbitral.
29

Este principio de la separabilidad o autonomía de la cláusula o convenio arbitral
establece que el acuerdo arbitral es autónomo del contrato principal; de esta
manera el Tribunal Arbitral que se constituya retiene jurisdicción para resolver la
controversia, incluso en el caso que el contrato principal sea nulo o inválido,
siempre y cuando las condiciones de la nulidad no afecten la cláusula arbitral
misma.
Esta doctrina está muy relacionada con el denominado principio “ Kompetenz –
Kompetenz” por el cual debe ser el mismo Tribunal Arbitral el que resuelva si es o
no competente para atender la controversia, lo que se encuentra regulado en el art.
39 de LGA. Esta resolución podrá ser plasmada en un laudo arbitral parcial o
definitivo y se sustenta tanto en la cláusula arbitral como en el contrato principal y
en otros antecedentes emergentes de la relación contractual entre las partes.
En ese sentido, podemos mencionar algunas situaciones que pueden dar lugar a
posibles objeciones a la competencia del Tribunal Arbitral y que se presentan
cuando las partes en su cláusula arbitral no especifican claramente ni el lugar donde
se desenvolverá el proceso arbitral ni la forma de selección de los árbitros ni su
número.
Los arts. 15, 16 y 17 de LGA se refieren a diferentes situaciones jurídicas
vinculadas al convenio arbitral y que pueden, en algunos casos, presentarse con
posterioridad a su celebración.
Así por ejemplo, el art. 15 prevé el caso de la renuncia al arbitraje en dos hipótesis:
a) Convenio expreso; b) de manera tácita cuando interpuesta la demanda por la otra
parte el demandado no invoca la excepción arbitral dentro de los plazos previstos
para cada tipo de proceso.
En caso se haya iniciado proceso judicial en materia relativa al convenio arbitral o
cuya materia estuviera ya sometido a proceso arbitral, puede invocarse la excepción
de convenio arbitral establecida en el art. 446 numeral 13 en los plazos y la forma
establecida por el Código Procesal Civil. Vencido dicho plazo sin ejercerse ese
derecho, LGA entiende que la parte ha renunciado al derecho a invocarla y la
30

consecuencia jurídica inmediata es que el convenio arbitral queda sin efecto legal
alguno.
Una última hipótesis surge cuando desarrollándose un proceso judicial sin que haya
sentencia definitiva las partes formalizan voluntariamente un convenio arbitral total o
parcial en relación a las materias controvertidas.
En esa situación las partes deberán presentar un recurso con firmas legalizadas por
el auxiliar jurisdiccional con copia del convenio arbitral. El Juez no puede objetar el
acuerdo arbitral salvo que se trate de materia no arbitrable. Los medios probatorios
actuados en el proceso judicial surten eficacia en el arbitral con el valor que los
árbitros le asignen, salvo que exista pacto expreso en contrario contenido en el
convenio arbitral.
Lo referido a los árbitros, funciones, remuneraciones, nombramiento, clases
(titulares o suplentes) aceptación, responsabilidad; nombramiento judicial; número,
calificaciones legales que deben reunir los árbitros designados; impedimentos o
incompatibilidades; renuncia ; causas de recusación y procedimiento como
designación de árbitro sustituto se encuentran regulados in extenso en el Capítulo
Tercero de la Sección primera, arts. 18 a 32 de la LGA.
El Proceso Arbitral y su regulación, procedimientos supletorio, presentación de
escritos, pruebas, facultad de los árbitros para decidir sobre su propia competencia
y el auxilio jurisdiccional para la actuación de pruebas está normado en los arts. 33
a 40 de la LGA.
Cabe destacar que el art. 33 de la citada norma autoriza a las partes a pactar
libremente el lugar y las reglas a las que se sujeta el proceso arbitral
correspondiente dentro del esquema del ejercicio de la autonomía de la voluntad; de
igual forma pueden disponer la aplicación del reglamento arbitral de la institución
encargada de organizarlo y, finalmente, a falta de acuerdo, el o los árbitros dentro
de los 10 días siguientes a su designación establecen las reglas del proceso.
31

No obstante, el art. 34 establece normas supletorias que podrán ser tomadas en
consideración para el caso que se presenten los supuestos de facto arriba
señalados.
La LGA ha regulado los casos de conciliación o transacción entre las partes durante
el desarrollo del proceso arbitral antes que se dicte el laudo arbitral así como
también los casos de suspensión voluntaria y desistimiento en los arts. 41 a 43.
Para el caso de conciliación o transacción esto puede ser fuera del proceso, en
cuyo caso los árbitros dictan una orden de conclusión del proceso; pueden las
partes solicitar incorporan el acuerdo al laudo, lo que puede ser aceptado por los
árbitros en cuyo caso, no es necesario motivar el laudo. Si el acuerdo es parcial,
continúa el arbitraje respecto de aquellas materias no acordadas.
En caso de suspensión, las partes de común acuerdo fijan el plazo lo que deberá
ser comunicado a los árbitros; en el mismo sentido, las partes pueden acordar
desistir del arbitraje, debiendo cumplir con comunicar a los señores árbitros.
Lo referido a la competencia de los árbitros; la mayoría de concurrencia para el
funcionamiento del tribunal Arbitral, la forma de sus deliberaciones; las votaciones –
que son obligatorias, los acuerdos que se adoptan por mayoría (salvo pacto en
contrario) las facultad de dirimencia y la decisión del Presidente del Tribunal Arbitral
así como la designación de un Arbitro Dirimente de ser el caso, están fijados de
manera clara y específica en los arts. 44 a 47 de la LGA.
XI.- RECURSOS
La Ley General de Arbitraje en principio señala que en caso de Arbitraje de
Conciencia no procede recurso de apelación.
En caso de Arbitraje de Derecho regula cuatro tipos de recursos en el proceso
arbitral:
32

a) recurso de reposición, que se presenta dentro de los 3 días siguientes de
notificada la resolución;
b) recurso de apelación que se interpone ante el Poder Judicial o ante una segunda
instancia arbitral o si está previsto en el reglamento arbitral de la institución arbitral
la que las partes hubieran sometido su controversia. A falta de acuerdo expreso o
en caso de duda, se entiende que las partes han pactado el recurso de apelación
ante una segunda instancia arbitral.
Este recurso tiene por objeto efectuar un reexamen del laudo en cuanto a los
fundamentos expuestos por las partes, las pruebas aportadas y en su caso, la
aplicación e interpretación del derecho. Se resuelve confirmando o revocando, total
o parcialmente el laudo.
c) recurso de anulación sólo procede en los casos taxativamente señalados en el
art. 73 de LGA. Este recurso tiene por objeto la revisión de su validez, sin entrar al
fondo de la controversia y se resuelve declarando su validez o su nulidad. La
norma prohíbe, bajo responsabilidad del juez, la revisión del fondo de la
controversia.
d) recurso de casación contra lo resuelto por la Corte Superior (recurso de
anulación) en caso que el laudo hubiera sido anulado total o parcialmente.
XII.- EL LAUDO ARBITRAL
Lo referido al Laudo Arbitral está contenido en el Título Cuarto de la LGA. El laudo
es el pronunciamiento definitivo del Tribunal Arbitral y recibe esa denominación para
distinguirlas de las sentencias que dictan los jueces. En el Laudo cada cuestión
propuesta en el convenio arbitral debe ser materia de un pronunciamiento expreso y
debidamente fundado, sin perjuicio del que corresponda como resolución definitiva.
En principio las partes fijan el plazo para laudar salvo ello, el laudo debe
pronunciarse dentro de los 20 días hábiles siguientes de vencida la etapa de
prueba, pudiendo extenderse por 15 días adicionales; hay supuestos en que si en
laudo no se emite dentro de ese plazo el convenio arbitral se extingue y en
consecuencia el laudo que se emita con posterioridad podrá ser declarado nulo
siempre y cuando sea impugnado en tiempo hábil.
33

Ahora bien, el Laudo arbitral de un proceso arbitral de Derecho debe contener
necesariamente conforme lo dispone el art. 50 de LGA:
1.- Lugar y fecha de expedición
2.- Nombre de las partes y de los árbitros
3.- la cuestión sometida a arbitraje y una sumaria referencia de las alegaciones y
conclusiones de las partes
4.- Valoración de las pruebas en que se sustente la decisión
5.- Fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas
pretensiones y defensas; y
6.- La decisión.
En el caso del laudo de conciencia necesariamente debe contener los incisos 1,2,3
y 6 del art. 50 anteriormente referido
El Laudo debe contener además lo referido a los gastos del arbitraje que
comprenden las retribuciones de los árbitros y de los abogados de las partes; del
secretario que se hubiere nombrado si éste no fuese árbitro; los gastos de
protocolización del laudo y, en su caso de la retribución de la institución arbitral.
El plazo para notificar el laudo a las partes es de 05 días de emitido; dentro de los
05 días siguientes a solicitud de los árbitros éstos pueden corregir errores
materiales, numéricos, de cálculo, tipográfico y de similar naturaleza y dentro de
dicho plazo también podrá integrarse el laudo en caso que no se hubiera resuelto
algún punto materia de controversia. Dentro de ese mismo plazo cualquiera de las
partes puede solicitar a los árbitros la aclaración del laudo. Dicha aclaración forma
parte del laudo.
El laudo arbitral consentido o ejecutoriado tiene valor equivalente al de una
sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las
partes, reza el art. 83 de LGA. Si lo ordenado en el laudo no se cumple por la parte
o partes a quienes corresponda hacerlo, el interesado podrá solicitar su ejecución
forzada ante el Juez Especializado en lo Civil del lugar sede del arbitraje en que
34

corresponda en la fecha de solicitud, cuando no hubiera podido ser ejecutada por
los propios árbitros o por la institución organizadora en rebeldía del obligado.
El Laudo se ejecutará como una sentencia, sin admitir otra oposición que la que se
fundamenta acreditando documentalmente la interposición y pendencia de la
apelación ante una segunda instancia arbitral o de la apelación o anulación ante el
Poder Judicial, en cuyo caso el Juez suspenderá la ejecución (art. 84 LGA). La ley
ordena al Juez que de plano y bajo responsabilidad rechace y declare improcedente
cualquier otra oposición basada en razones distintas al cumplimiento.
En ese mismo sentido el art. 86 de LGA prohíbe expresamente al Juez ejecutor,
bajo responsabilidad, admitir apelaciones o articulaciones que entorpezcan la
ejecución del laudo, siendo nula la resolución respectiva.
Finalmente, la Ley General de Arbitraje autoriza al Juez a ordenar la publicación en
los diarios y/o revistas de un aviso en donde se haga mención de haberse tenido
que recurrir a la instancia judicial para obtener la ejecución de laudo. Obviamente
los costos de esta publicación es de la parte que lo solicita.
En cuanto a la conservación del expediente arbitral el art. 57 de la LGA establece
que si el laudo es protocolizado, el expediente lo custodia el notario público que sólo
puede expedir testimonio o copia simple de la escritura de protocolización del laudo.
En los demás casos la custodia corresponde al Presidente del Tribunal Arbitral; o la
institución encargada de la organización del arbitraje o por el árbitro único, en su
caso.
XIII.- RECURSO DE ANULACION CONTRA LAUDO ARBITRAL
El art. 73 de la LGA regula de manera expresa las causales de anulación de los
laudos arbitrales. En ese caso, la parte que lo alegue debe probar:
1.- La nulidad del convenio arbitral, siempre que quien lo pida lo hubiese reclamado
conforme al art. 39 de la LGA
35

2.- Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer sus
derechos, siempre y cuando se haya perjudicado de manera manifiesta el derecho
de defensa, etc.
3.- Que la composición del tribunal arbitral no se ha ajustado al convenio de las
partes, salvo que dicho convenio estuviera en conflicto con una disposición legal de
la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de convenio, que no se han
ajustado a dicha disposición, siempre que la omisión haya sido objeto de reclamo
expreso en su momento por la parte que se considera afectada, sin ser subsanado
oportunamente.
4.- Que se ha laudado sin las mayorías requeridas
5.- Que se ha expedido el laudo fuera de plazo, siempre que la parte que invoque
esta causal lo hubiere manifestado por escrito a los árbitros antes de ser notificado
con el laudo.
6.- Que se ha laudado sobre materia no sometida expresa o implícitamente a la
decisión de los árbitros. En estos casos, la anulación afectará sólo a los puntos no
sometidos a decisión o no susceptibles de ser arbitrados, siempre que los mismos
tengan sustantividad propia y no aparezcan inseparablemente unidos a la cuestión
principal
7.- No obstante lo establecido en los incisos anteriores, el Juez que conoce el
recurso de anulación podrá anular de oficio el laudo, total o parcialmente, si la
materia sometida a la decisión de los árbitros no pudiera ser, manifiestamente,
objeto de arbitraje, conforme al art. 1. la anulación parcial procederá sólo en el caso
de que la parte anulada sea separable del conjunto del laudo.
Las consecuencias de la Anulación del Laudo Arbitral, están reguladas en el art. 78
de LGA, estableciendo dicho dispositivo como se actúa en cada uno de los casos
específicos Así:
1.- Si se anula el laudo arbitral por la causal de la nulidad del convenio arbitral, se
restablece la competencia del Poder Judicial, salvo acuerdo distinto de las partes.
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2.- En caso se anule el laudo por la causal 2) del art. 73, el Poder Judicial remite la
causa a los árbitros para que reinicien el arbitraje en el estado en que se cometió la
violación.
3.- En caso se anule el laudo por la causal de la composición de los árbitros
señalada en el numeral 3) del art. 73, queda expedito el derecho de las partes para
que se proceda a una nueva designación de los árbitros
4.- En caso que la anulación se haya debido a que se laudó sin contar con las
mayorías requeridas, el Poder Judicial remitirá la causa a los árbitros para que se
pronuncien con dichas mayorías.
En caso que el laudo arbitral haya sido anulado por las causales señaladas en los
incisos 5, 6 y 7 del art. 73 la competencia del Poder Judicial quedará reestablecida
XIV.- MEDIDAS CAUTELARES
Al igual que en el derogado Decreto Ley Nº 25935 la vigente Ley General de
Arbitraje regula la interposición de medidas cautelares. Hagamos una brevísima
mención a ello.
El Capítulo Sexto de la Sección Primera regulaba la interposición de medidas
cautelares las que podían ser presentadas en tres momentos diferentes: a) antes de
instalado el tribunal arbitral y por consiguiente antes de iniciarse el proceso arbitral;
b) una vez iniciado el proceso arbitral y antes de emitido el laudo arbitral y c) una
vez emitido el laudo arbitral y éste haya quedado consentido y ejecutoriado.
En el primer supuesto, el art. 79 establece de manera expresa la medida cautelar
solicitada a una autoridad judicial antes de la iniciación del arbitraje no le es
incompatible ni se considera renuncia al mismo. A estos efectos serán de
aplicación las normas contenidas en el Código Procesal Civil, con la salvedad que
ejecutada la medida antes de iniciado el proceso arbitral, el beneficiario deberá
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requerir a la otra parte el nombramiento de él o los árbitros o gestionar la iniciación
del arbitraje, dentro de los 10 días posteriores a dicho acto.
De igual forma el art. 81 de la LGA fijaba que en cualquier estado del proceso (se
entiende que antes de la emisión de laudo) a petición de cualquiera de las partes y
por cuenta, costo y riesgo del solicitante, los árbitros podrán optar las medidas
cautelares que consideren necesarias para asegurar los bienes materia del proceso
o garantizar el resultado de éste. Los árbitros pueden exigir contracautela a quien
solicita la medida. Contra lo resuelto por los árbitros no cabe recurso alguno
Finalmente, los arts.84 a 87 establecen el procedimiento una vez que el laudo
arbitral tenga la calidad de cosa juzgada consentida y/o ejecutoriada.
El Laudo se ejecutará como una sentencia, sin admitir otra oposición que la que se
fundamenta acreditando documentalmente la interposición y pendencia de la
apelación ante una segunda instancia arbitral o de la apelación o anulación ante el
Poder Judicial, en cuyo caso el Juez suspenderá la ejecución (art. 84 LGA). La ley
ordena al Juez que de plano y bajo responsabilidad rechace y declare improcedente
cualquier otra oposición basada en razones distintas al cumplimiento.
En ese mismo sentido el art. 86 de LGA prohíbe expresamente al Juez ejecutor,
bajo responsabilidad, admitir apelaciones o articulaciones que entorpezcan la
ejecución del laudo, siendo nula la resolución respectiva.
Finalmente, la Ley General de Arbitraje autoriza al Juez a ordenar la publicación en
los diarios y/o revistas de un aviso en donde se haga mención de haberse tenido
que recurrir a la instancia judicial para obtener la ejecución de laudo. Obviamente
los costos de esta publicación es de la parte que lo solicita.
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CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES
1.- El arbitraje se ha constituido en el Perú en un eficaz mecanismo
alternativo de solución de controversias, pero corres el riesgo de
desnaturalizarce por la interposición de recurso de anulación .
2.- Es necesario difundir a los estudiantes de Derecho y a los Abogados
en general las normas de la Ley General de Arbitraje para que
progresivamente las incorporen en los actos y contratos que sugieran
suscribir a sus clientes.
3.- Sin que sea un tema urgente ni alarmante, es recomendable
efectuar algunos reajustes a la Ley General de Arbitraje para
perfeccionarla más, incorporando algunos principios esbozados
últimamente por el Tribunal Constitucional
4.- Las Facultades de Derecho tienen el desafío de promover el estudio
de las normas del arbitraje internacional frente a la globalización e
internacionalización de las inversiones y a la suscripción de tratados
bilaterales y multilaterales de comercio así como Tratados de Libre
Comercio o similares que incorporan a sus normas, reglas de arbitraje
internacional.
5.- Dado que el Estado Peruano está facultado para efectuar arbitrajes
nacionales e internacionales, sería recomendable centralizar y
especializar esta labor en una oficina que puede depender o del
Ministerio de Economía y Finanzas o de la Procuraduría General de la
República o del Ministerio de Justicia o del Primer Ministro.
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6.- La creación en la Facultad de Derecho de un centro de Conciliación
y Arbitraje en el que además de brindar un servicio a la comunidad
descongestionando la labor del Poder Judicial, resolviendo la
controversia en menores plazos y a costos razonables, los estudiantes
desarrollen sus prácticas profesionales y los docentes ejerzan
activamente esta actividad que inicialmente está muy restringida a los
profesionales en general.
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FUENTES CONSULTADAS
- ALSINA, HUGO. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal
Civil y Comercial, Tomo VII, 2da Edición, Bs.As. 1965
- GARCIA BELAUNDE, DOMINGO. Las Constituciones del Perú,
Tomos I y II, Fondo Editorial de la U. San Martín de Porres, Lima,
2006
- CASTILLO FREYRE, MARIO y VASQUEZ KUNZE, Ricardo.
Arbitraje, El Juicio Privado: La verdadera reforma de la Justicia.
Volumen I y II, Editorial Palestra, Lima – 2007
- Código Civil de 1984, Edición oficial Ministerio de Justicia, Lima
1984
- Decreto ley Nº 25935 Ley General de Arbitraje en Editora Normas
Legales, Tomo 199 Diciembre 1992, Trujillo
- Separata del 1º Curso internacional de Arbitraje de Inversión –
USMP
- Revista Peruana de Arbitraje, Nº 4/2007, MS Editores EIRL, Lima
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