El documento resume el interés del gobierno colombiano en la minería en Pijao, Quindío. Incluyó el área en su lista de "áreas estratégicas mineras" debido a su potencial para plata y níquel. Esto despertó preocupaciones sobre posibles impactos ambientales y sociales de la minería en la región, que históricamente se ha opuesto a esta actividad.

1. El Estado con interés de minería en Pijao
El corredor comprendido entre Pijao, Quindío, y Roncesvalles, Tolima,
tendría gran riqueza de minerales como plata y níquel.
Armenia - Quindío, Domingo, 31 Mar, 2013 crónicas del Quindio
Renacieron los llamados de alerta por una potencial amenaza de
actividad minera en el territorio departamental con la inclusión de un
sector del municipio de Pijao en las áreas estratégicas mineras por
parte del ministerio de Minas y Energía.
La determinación de la cartera nacional fue consignada en la
resolución 180241 del 24 de febrero de 2012. Documento que es
resultado de un estudio realizado por Ingeominas y en el que se
fundamentó en la información cartográfica del servicio geológico
colombiano.
Es así como Pijao fue incluido en el bloque 106 de los 313 definidos
por la dependencia junto con el área de Roncesvalles, en el Tolima,
comprendiendo un área de 440 mil 361 hectáreas; esta es la única
mención que el ministerio hace del departamento del Quindío,
mientras que el resto de las áreas incluidas pertenecen a entes
territoriales como Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó,
Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima,
Risaralda y Valle del Cauca.
Añade la entidad que se tiene conocimiento de un importante
potencial en el territorio nacional para el hallazgo de oro, cobre,
hierro, coltán, uranio, metales del grupo de los platinoides, carbón
metalúrgico y minerales asociados, minerales de fosfatos, minerales
de potasio, minerales de magnesio.
Anteriormente este medio de comunicación habría publicado, el 8 de
noviembre de 2010 en el artículo Cerro Matoso presentó al concejo de
Pijao sus actividades de prospección en el municipio, el interés de la

2. mencionada empresa por buscar reservas aprovechables de níquel,
plata y oro en su jurisdicción.
La identificación de estas zonas en dicho registro establecería que no
serían objeto de nuevas propuestas por parte de empresas privadas
ni se suscribirían contratos de concesión minera para su exploración o
explotación.
Entre los objetivos definidos por el gobierno nacional se encuentran
propósitos como “fomentar la exploración técnica y la explotación de
los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas
actividades con miras a satisfacer los requerimientos de la demanda
interna y externa de éstos y a que su aprovechamiento se haga de
manera armónica con los principios y normas de explotación racional
de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un
concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento
socioeconómico del país”.
Para la selección de estas áreas se habrían excluido “los títulos
mineros legalmente otorgados e inscritos en el Registro
Minero Nacional y las zonas excluibles de la minería, como los
parques naturales nacionales, parques naturales de carácter
regional, zonas de reserva forestal protectora, ecosistemas de
páramo y humedales designados dentro de la lista de
importancia internacional de la convención Ramsar, respecto
de las cuales se efectuaron los recortes y exclusiones
correspondientes”.
Asimismo “se efectuaron recortes con las zonas mineras indígenas y
zonas mineras de comunidades negras, respecto de las cuales es
necesario garantizar el derecho de prelación consagrado en el Código
de Minas a favor de dichas comunidades”, indica el organismo.
Y aunque este concepto debería brindar una mayor tranquilidad en un
departamento en el que su población logró un consenso histórico en
contra de la minería en su territorio, el mismo ministerio subraya que
el objeto de esta delimitación será otorgarlas “en contrato de
concesión especial a través de un proceso de selección objetiva, en el
cual la autoridad minera establecerá en los términos de referencia las
contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, que
los interesados deben ofrecer”.
El documento expresa además que restricciones interpuestas
tradicionalmente para la explotación productiva de zonas de alta
cordillera por estar comprendidas en zonas de reserva forestal por la
Ley 2 de 1959 no aplicarían.
“Se hizo la verificación de los bloques a declarar como áreas

3. estratégicas mineras relacionadas con las zonas de reserva forestal,
las áreas de reserva forestal regionales y zonas de utilidad pública
declaradas por el gobierno nacional, que se encontraron reportados a
la fecha de expedición de la resolución por medio de la cual se
declara y delimita unas áreas estratégicas mineras, las cuales no
fueron objeto de recorte o exclusión, teniendo en cuenta que la
actividad minera puede desarrollarse surtiendo los trámites
administrativos y obteniendo los permisos correspondientes”.
Se podría entender este párrafo como el derecho que el Estado
tendría a disponer de los recursos naturales de la región por encima
del rechazo que sus pobladores hagan del ejercicio y sobre los
impactos ambientales y sociales que la actividad pueda conllevar.
Fuentes consultadas por La Crónica del Quindío señalaron que la
decisión de la cartera obedecería al proceso de concesión de zonas
con potencial minero que se adelantó hace unos años como respuesta
a las solicitudes de empresas multinacionales, lo que habría dejado a
la nación con pocas reservas propias, a diferencia de la dinámica de
explotación de hidrocarburos en la que el Estado es el único
autorizado para llevar a cabo la actividad por medio de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, ANH.
Sea el curso que esta historia siga, representa un campanazo
de alerta por las decisiones que desde Bogotá se puedan
tomar a puerta cerrada y sin que medie la voluntad regional;
así como un llamado al gobierno nacional para que se cumpla
la promesa del presidente de la República, Juan Manuel Santos
Calderón, que en el Acuerdo para la Prosperidad realizado en
el Parque Nacional del Café el 13 de agosto del año anterior y
en el que aseguró que el Quindío quedaría por fuera de
cualquier práctica de minería en su paisaje.