La Ley de Minería norma el ejercicio de los derechos del Estado sobre el sector minero bajo principios de sostenibilidad. El Estado puede delegar actividades mineras a empresas mixtas u otros actores privados. La ley crea una Empresa Nacional Minera y una agencia reguladora, y establece requisitos como estudios de impacto ambiental y consulta previa para proyectos mineros.