Esta reforma constitucional de 2008 introdujo un sistema acusatorio oral en México, reemplazando el anterior sistema escrito e inquisitorio. Se crearon nuevas figuras como el juez de control de garantías para supervisar las medidas cautelares y el juzgador de ejecución de sentencias. El objetivo es otorgar mayor transparencia al proceso penal y proteger mejor los derechos de los acusados.