Este documento denuncia el espionaje político ilegal ordenado por el presidente Macri sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes opositores. Señala que las escuchas telefónicas a Parrilli fueron realizadas entre junio y septiembre del año pasado, cuando Cristina retomó actividades políticas, y que la difusión de las conversaciones privadas es responsabilidad de la Corte Suprema, la AFI y jueces federales. El documento también critica la manipulación de los medios afines al gobi