El documento es un decreto real que indulta a Jordi Turull i Negre, condenado a 12 años de prisión y 12 años de inhabilitación por sedición y malversación. El indulto condiciona la libertad de Turull a no cometer delitos graves en los próximos 6 años. El decreto cita los informes del tribunal y fiscalía, y considera que hay razones de utilidad pública para otorgar el indulto, según la propuesta del Ministro de Justicia y la deliberación del Consejo de Ministros.