El documento describe el sistema de control de la actividad de los poderes públicos en Venezuela. El sistema contencioso administrativo permite anular actos administrativos contrarios a derecho, compensar daños causados por la administración, y conocer reclamos por servicios públicos. El Tribunal Supremo de Justicia es el órgano competente para juzgar estos asuntos de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.