El documento resume la aplicación de la Directiva Marco del Agua en España entre 2000 y 2010. Señala que España no ha asumido plenamente los objetivos de proteger el estado ecológico de las aguas por encima de los usos. También critica la falta de coordinación entre administraciones y la escasa participación pública. Además, los instrumentos económicos y ecológicos han tenido un desarrollo insuficiente para cumplir los objetivos de la directiva.