El documento critica el uso de leyes habilitantes en Venezuela, argumentando que generan centralización, corrupción y reducen la producción. Se señala que estas leyes han socavado el poder municipal y fomentado mecanismos ineficientes de control, además de empeorar la economía. La falta de legislación para asegurar la transparencia gubernamental ha conducido a un incremento en la corrupción y al debilitamiento de la producción nacional.