Las leyes orgánicas se determinan por ser necesarias para regular aspectos de la vida social y son un aparato contralor de los derechos sociales. Las leyes habilitantes autorizan al Presidente a dictar decretos con rango de ley y deben cumplir una serie de pasos antes de su promulgación. Algunos analistas sostienen que las leyes habilitantes recientes en Venezuela se han apartado de los requisitos constitucionales y las políticas económicas resultantes han tenido poco efecto en reducir la inflación y escasez.