El decreto legislativo permite a la policía acceder a la información de localización de teléfonos móviles sin orden judicial. Esto genera controversia porque puede violar la privacidad. Los que apoyan la ley dicen que ayudará a combatir el crimen, mientras que los críticos dicen que no respeta el debido proceso. El gobierno dice que tiene salvaguardas pero otros creen que pone en riesgo derechos fundamentales.