El documento discute la Ley Universitaria y la investigación universitaria. Señala que la ley destina $25 millones para fomentar la investigación y bonificar a docentes investigadores. Explica que la investigación universitaria debe ser un esfuerzo conjunto entre académicos, empresas privadas y el Estado. Cada grupo juega un papel clave: los académicos con su trabajo de investigación, las empresas resolviendo problemas del país, y el Estado desarrollando políticas y financiamiento.