El documento describe las tecnologías que se usan actualmente en países desarrollados para prevenir delitos de cualquier tipo. Explica que muchos delitos cibernéticos quedan impunes debido a que las autoridades y policías carecen de las herramientas adecuadas para investigar este tipo de infracciones. También define que cualquier delito que viole la privacidad de una persona u organización en el ciberespacio se considera un delito penal.