La orden del Consejero de Educación de Castilla-La Mancha reconoció a todos los centros públicos y docentes como aptos para tutelar prácticas no remuneradas de un máster universitario. Esto supone una cesión gratuita de recursos públicos a la universidad para su lucro, aumentando la carga de trabajo del profesorado sin compensación. Además, se firmó un convenio previo en el que ya se establecía que la tutoría no tendría retribución, ignorando la problemática de los centros y demostrando desprecio