El documento resume los principales cambios introducidos por la nueva ley de contrataciones del estado peruano, incluyendo la creación de un Plan Anual de Contrataciones, la determinación de valores de referencia basados en estudios de mercado, y la necesidad de regular contrataciones menores a 3 UIT para prevenir el fraccionamiento de contratos. También discute desafíos como asegurar que las entidades estatales solo contraten bienes y servicios que usarán efectivamente y estandarizar cómo se calculan los valores de referencia.