Este documento establece los principios fundamentales del derecho administrativo. Define que la Administración Pública está constituida por el Estado y otros entes públicos con personalidad jurídica. Establece la jerarquía de las fuentes del derecho administrativo y que se aplicarán principios generales como la costumbre y jurisprudencia cuando no haya normativa escrita. También determina que la Administración actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar actos autorizados por este.