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1 Edición 1036 www.ccooxustiza.com 28 de outubro de 2014 
Os compromisarios de CCOO gañan as eleccións á Mutualidade 
O mércores 22 tiveron lugar as eleccións de compromisarios a Mugeju en Galicia co seguinte resultado: 
GRUPO I: CCOO 327 CSIF 28. Compromisario electo Nicolás Santos GRUPO II CCOO 322 CSIF 30. Compromisario electo Juan Manuel Amado 
Dende o sector de xustiza de CCOO queremos dar as GRAZAS a todos/as: afiliados, simpatizantes, aos sindicatos UGT e CIG que respaldaron a candidatura e, en definitiva, aos que confiastes na labor feita por CCOO na mutualidade estes últimos anos de recortes. Damos os nosos parabéns a Nico e Juanma e desexámoslles un bo traballo de reivindicación e denuncia na asemblea de compromisarios da Mutualidade.
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Privatización do Rexistro: a escopeta nacional 
En que estado se atopa a privatización do Rexistro Civil? O 8 de outubro publicouse no BOE a lei 18/2014 pola que se determina a súa dependencia dos Rexistradores Mercantís. Todo o proceso de privatización está baixo a sombra da corrupción e o negociete privado para uns cantos privilexiados, a costa da cidadanía e dos traballadores e traballadoras, nalgúns dos seguintes puntos resúmese a historia dun despropósito, iso si, moi lucrativo: 
1. A privatización foi votada no Congreso e no Senado por deputados e senadores galegos, eses mesmos que pertencen a un Partido Popular Galego, os mesmos que nas vilas e concellos amosáronse a favor da permanencia do Rexistro Civil como público e na estrutura actual (os Rexistradores teñen ámbito provincial) 
2. A creación dunha corporación de dereito público para xestionar o traspaso do Rexistro Civil ao ámbito privado é inadmisible polo propio Consejo de Estado e supón, segundo os Rexistradores, un entramado que xestionará 80 millóns de euros anuais 
3. A reforma afectará a 3000 traballadores no Estado, máis de 200 no noso país, e ameaza directamente aos Xulgados de Paz que veranse privados de competencias, máis aínda se avanza o Código Procesual Penal, que elimina os xuízos de faltas. Sen competencias e malia as argumentacións que se queiran dar, é a sentenza de morte da Xustiza de Paz
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4. Os vínculos familiares entre o anterior Ministro e o Presidente do Goberno con Rexistradores (él mesmo o é) eran motivo máis que suficiente para a necesaria abstención nesta iniciativa, circunstancia denunciada por CCOO na Fiscalía Xeral do Estado e na Oficina de incompatibilidades do Ministerio de Facenda 
5. Parece ser que todo este proceso non convence xa a ninguén: onte mesmo soubemos que dimitían o Director e o Subdirector General de Registros y Notariado 
6. O Ministerio de Xustiza xa da por vendido e liquidado o Rexistro, aínda que non pasaría a mans privadas ata 2015 e os funcionarios continuarían prestando servizos ata 2016, feito demostrable e constatable nas sorprendentes respostas que da o CAU do Rexistro Civil a consultas dos rexistros: 
Pese a que nos medios de comunicación a Xustiza e as súas “peripecias” impulsadas polo goberno que conducen a súa demolición non espertan tanto interese como a Sanidade ou a Educación -aínda que a inmediata consecuencia é a indefensión da cidadanía e o amparo da corrupción- si existe prensa seria que se ocupa detalladamente de denunciar que se esnaquice a Xustiza pública, como o medio Infolibre do que vos achegamos unha interesante crónica da nosa pequena trama siciliana:
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Artículo de Prensa publicado en www.infolibre.es 
ENLACE A LA NOTICIA El contrato ha sido licitado por una empresa pública del Ministerio de Defensa, Isdefe, en un procedimiento cerrado Los registradores advierten de que el concurso opaco ha sido diseñado para que lo gane la empresa Futuver Denuncian que una minoría dentro del gremio, en cuya órbita sitúan al hermano del presidente Rajoy, maniobra para crear un Colegio paralelo Futuver dice que no se presenta a la licitación, pero que se asociará con la adjudicataria BEGOÑA P. RAMÍREZ 
Actualizada 27/09/2014 a las 18:22 
Enrique Rajoy es el primero por la izda.; Mariano Rajoy, el tercero por la derecha.DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto un paréntesis en el pulso que los registradores de la Propiedad llevan meses sosteniendo con el Ministerio de Justicia por culpa de la reforma de los registros y la integración del Registro Civil. Un pulso que amenaza con terminar en cisma dentro del Colegio Oficial de Registradores, al tiempo que en una auténtica batalla judicial para detener los cambios ya en marcha. Antes del próximo día 4 de octubre debería aprobar el Consejo de Ministros los estatutos de la nueva Corporación de Derecho Públicodonde el Gobierno quiere integrar a los registradores mercantiles que
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5 se encargarán de gestionar el Registro Civil desde el 15 de julio de 2015. Al menos ése fue el plazo que se puso a sí mismo el Ministerio de Justicia cuando el pasado 4 de julio aprobó la cesión: tres meses. La nueva corporación es también la que debe formalizar –y pagar– el contrato del sistema electrónico integrado que compartirán todos los registros de la Propiedad y Mercantiles a partir del 15 de julio de 2015. Pero, antes, la aplicación informática habrá sido licitada y adjudicada por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa. Según las fuentes consultadas por infoLibre, el reglamento que incluye los estatutos de la nueva corporación se encuentra pendiente del preceptivo, aunque no vinculante, dictamen del Consejo de Estado, ante el que 150 registradores han presentado alegaciones. “Estamos en condiciones de cumplir el plazo”, se limita a decir, por su parte, una portavoz de Justicia. Menos aún se sabe de la licitación del Isdefe: se trata de un procedimiento cerrado, del que se encarga Defensa por razones de “máxima seguridad” y confidencialidad, la de los millones de datos que manejará ese sistema integrado. Las fuentes consultadas cifran en cerca de 80 millones de euros el importe del contrato, aunque algunos especialistas consideran que esa cantidad es “disparatada” respecto al “valor de mercado de un software similar”. Arancel sí, sueldo no Si ambos trámites se cierran tal y como fueron diseñados antes de marcharse Ruiz-Gallardón, se consumará una reforma que la mayoría de los registradores consideran un atentando contra su “independencia”. No sólo temen que se les someta a la “estructura jerárquica de la Administración”, sino que además, se les convierta en los “paganos” del Registro Civil, toda vez que éste dejará de sufragarse a cargo de los Presupuestos del Estado pero seguirá siendo gratuito para el ciudadano. Según el proyecto de Justicia, los trámites del Registro Civil los abonarán los registradores mercantiles de los aranceles que cobren por sus servicios. También serán los registradores quienes paguen el nuevo sistema informático integrado. Para el gremio, el arancel, además de la fuente de sus cuantiosos ingresos, es la garantía de su independencia.“Si me ponen a sueldo [de la Administración], me voy a [el Tribunal Internacional de] La Haya”, advierte un registrador consultado por este periódico. A su juicio, la “sueldización”, como lo llaman estos profesionales, “expropia las condiciones del contrato” que firmaron tras aprobar la oposición. Del Registro Civil se van a encargar finalmente los registradores mercantiles, unos 100 en toda España, porque los de la Propiedad, un millar, se han negado. Alegan que el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha dejado muy tocados –“Vivimos de inscribir inmuebles”, explican– y que muchos de ellos han tenido que ejecutar ERE temporales porque no podían sostener sus plantillas, después de haber sufrido más de 100 rebajas del arancel desde los años 80.
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6 La memoria económica, sin una sola cifra Además, critican que se les haya endosado una tarea de considerable envergadura –un millón de trámites al año– sin haber hecho un estudio previo de costes. El real decreto de 4 de julio que cede la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles cuenta con una breve “memoria del análisis de impacto normativo” –como es preceptivo–. De sus 10 páginas, sólo dos están dedicadas a analizar el impacto económico y presupuestario de la reforma. Y no contienen ni una sola cifra. El texto se limita a glosar el “evidente ahorro de costes”que supondrán los cambios en los registros. “Los costes de explotación del Registro Civil dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado y para los de las comunidades autónomas”, explica la memoria, porque esos gastos “pasarán a ser sufragados por los registradores”, que poseen “recursos humanos e infraestructuras suficientes”. Pero no precisa cuáles son esos costes de explotación ni con qué recursos e infraestructuras cuenta el gremio. Los registradores creen también que el Gobierno va a utilizar la Corporación de Derecho Público para crear un “colegio paralelo” con el que soslayar la oposición del gremio. De hecho, aunque en principio sólo la integrarán los registradores mercantiles, el proyecto de estatutos elaborado por el ministerio establece que también los de la Propiedad deberán sumarse. Los opositores a la reforma advierten, además, que la intención de Justicia es “absorber” el cuantioso patrimonio del Colegio de Registradores. Así, el proyecto de estatutos cita entre los recursos económicos que tendrá la nueva corporación las “cesiones, ordinarias y extraordinarias, de fondos que le haga el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España”. Para poner en marcha la reforma, la corporación se regirá por unConsejo Ejecutivo Provisional, hasta el 15 de julio de 2015, cuyossiete miembros, registradores mercantiles, serán nombrados por el Ministerio de Justicia. Otro detalle fundamental que despierta los recelos en el gremio: será el Consejo Provisional el encargado de firmar el contrato del sistema electrónico. Y ese contrato se ha convertido en el ojo del huracán de todas las críticas. Un contrato a la medida de Futuver Consulting Los registradores con los que ha hablado este periódico coinciden en interpretar todos los cambios preparados por el Ministerio de Justicia como una maniobra para adjudicar el sistema informático integrado a una empresa muy concreta: Futuver Consulting. Empresa asturiana cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira, Futuver se dedica desde 1997 a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Tiene su sede madrileña en el mismo edificio propiedad de IICRE –una empresa del Colegio de Registradores–, donde están situados los registrosmercantiles y de la propiedad de la capital. Su aplicación Futuregfunciona en una buena parte de los registros de España. Además, fue elegida por el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, para acabar con el atasco que sufrían los expedientes de nacionalidad. También ha informatizado los registros de México DF yPanamá. Hace dos semanas, CCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al director general del
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7 Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la propiedad en Lleida y el segundo, mercantil en Zaragoza. Angulo, además, era administrador solidario de Futuver Rumania SRL –que fue filial de Futuver Consulting SL–, cuando resultó designado para trabajar en la Dirección General del Notariado del Ministerio de Justicia. El sindicato reproduce la información que reveló el pasado mes de julio el diario digital 20minutos.es, según la cual el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación, que pretendía resolver un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Tras la publicación, Javier Angulo envió una carta al Colegiopara que éste rectificara el relato del digital. En ella, el registrador de Lleida niega haber simultaneado su cargo en Futuver Rumania y su puesto en la Dirección General de Registros. Dice que no le nombró su responsable y que allí trabaja en comisión de servicios. También asegura que su trabajo se limita a “proponer medidas para modernizar los registros”. Y que Futuver Rumanía ya no es filial de Futuver Consulting:“Sólo ostentó una participación minoritaria en su constitución”. Además rebaja el precio de la aplicación hasta los 600.000 euros. Informe a favor de Futuver Según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Javier Angulo fue el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. El documento data denoviembre de 2011, cuando el Ejecutivo del PSOE ya había aprobado la creación de ese registro electrónico y el PP aún no había llegado al Gobierno. Entonces, según asegura el propio Angulo en su carta de rectificación al Colegio, únicamente era administrador de Futuver Rumanía, una empresa que “sólo se dedica desde su constitución a proyectos en materia de turismo y energías renovables” y que, dice, no tenía relación accionarial con Futuver Consulting. El actual administrador de Futuver Rumanía es Antonio Otero, el consejero delegado de Futuver Consulting. Las fuentes consultadas apuntan que el informe lo presentó Javier Angulo como registrador de Estepona (Málaga). Durante años ha ocupado cargos relacionados con la informática y trabajado en proyectos tecnológicos para el Colegio Oficial. “No hay otra empresa que disponga de una solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalca en el documento. “Para tomar decisiones sobre este asunto no tiene sentido encargar un análisis a una gran empresa tipo Price & Waterhouse [sic], Ernst & Young, Deloitte, Indra, Corte Inglés, etcétera. No tienen experiencia sobre lo nuestro”, abunda. “En conclusión, antes, más tarde, después y ahora, he defendido que la solución en España pasa por Futuver, pero desde el momento en que he conocido internamente cómo se trabaja y me he hecho una idea clara de las posibilidades que un acuerdo estratégico global entre el Colegio y Futuver significaría para ambos interlocutores, no puedo más que insistir nuevamente en que tenemos la solución a nuestro alcance para dar un salto de gran magnitud para los Registros en España y fuera de
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8 España”, concluye. No se presentará al concurso pero se asociará al ganador Javier Angulo no ha contestado a las llamadas de infoLibre. Tampoco el Colegio de Registradores ha querido responder, a la espera de lo que ocurra en los próximos días y sujeto a la confidencialidad exigida en el concurso sobre la adjudicación de la plataforma tecnológica. Por el contrario, un portavoz de Futuver explica que la empresa ni se ha presentado ni se va a presentar al concurso de Isdefe. “No tiene capacidad para un contrato de tal volumen”, admite. Pero sí espera “asociarse o ser subcontratada” por alguna de las “grandes compañías” que sí participarán en la licitación, a fin de “ejecutar” el contrato. Casi lo que Javier Angulo explicaba al Colegio de Registradores si elegía a una gran compañía de consultoría o informática, que carecerá de la solución tecnológica requerida: “Caso de ser adjudicatarios, se dirigirán a Futuver para hacerse con su solución y, previo lavado de cara, la colocarán al cliente, el Colegio, en el doble de precio que hayan pagado”. Por el breve plazo de tiempo que Justicia ha previsto para poner en marcha el registro electrónico integrado, el portavoz de la empresa asturiana mostró su seguridad en que la adjudicataria “recurrirá a Futuver porque ya tiene el trabajo adelantado”. “Son la empresa con mayor especialización en este campo”, destaca. El representante de Futuver atribuye lo que tacha de “intoxicaciones” a un “intento de desprestigiar” a la empresa: “Hay muchos interesados enfrentados para conseguir el concurso”, señala. También niega que Futuver esté haciendo lobby para hacerse con el contrato. “Por su especialización se la señala continuamente”, concluye. Enrique Rajoy y Arbo Los últimos meses han sido agitados dentro del gremio de los registradores. La mayoría se opone a las reformas y adivina oscuros intereses tras ellas. Responsabiliza de la iniciativa a una minoría de sus colegas, reunidos en la asociación Arbo y algunos aupados a la Dirección General de los Registros. Dicen que nunca ha habido tantos registradores como ahora ocupando cargos en el Ministerio de Justicia, pero les acusan de haberse arrogado la representación de todos sus compañeros para lanzar los “más duros ataques” que jamás ha sufrido el gremio. Además, ven el hecho de que tanto el presidente del Gobierno como dos de sus hermanos sean registradores, y de que el ya exministro Ruiz-Gallardón tenga, a su vez, una nuera y un cuñado en el gremio, como un claro perjuicio para la profesión. Ambos, Rajoy y Gallardón, han sido igualmente denunciados por CCOO ante la Fiscalía General del Estado por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma. En efecto, el hermano pequeño de Mariano Rajoy, Enrique, es registrador de la Propiedad en Cáceres desde febrero de 2009. En 2005 ocupó el cargo de secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral (Cinder), una suerte de lobby internacional de los registradores. Creado en 1972, tiene su sede en Madrid y su área original de influencia era América Latina. Enrique Rajoy también ha sido director de Relaciones Internacionales del Colegio.
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9 Los registradores consultados sitúan al hermano del presidente en el entorno de la asociación que congrega a los defensores de la reforma. Éstos, a su vez, acusan al Colegio Oficial de sostener una “táctica suicida” enfrentándose al Gobierno. También le culpan de que, gracias a sus continuas negativas al ministro, la cesión del Registro Civil sea finalmente “gratis total” y de que se haya excluido al gremio del diseño de la reforma integral. En su página web defienden a Javier Angulo, a los hermanos de Rajoy y a los responsables de la Dirección General de los Registros de las críticas vertidas en los últimos meses por sus compañeros. La próxima batalla la quieren dar los opositores en los tribunales, impugnando todas las decisiones del Gobierno, desde decretos hasta adjudicaciones. Para ello ya han creado una nueva asociación, bautizada con el nombre de Francisco Cárdenas. Mientras, las espadas siguen en alto en el Colegio de Registradores, donde algunos ven incluso la amenaza de una moción de censura para descabalgar a la actual junta de gobierno. Para conseguir apoyos suficientes, éstos denuncian los intentos de la minoría de “captar voluntades de los registradores más jóvenes”. Aún es una incógnita cuál será la política del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, al respecto. Tomará posesión esta misma semana.
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Reunión de CCOO co Ministro de Xustiza 
La resistencia activa de CCOO contra la supresión de los Partidos Judiciales, Juzgados de Paz y Audiencias Provinciales; el rechazo de otros operadores jurídicos, de cientos de Ayuntamientos (muchos de ellos gobernados por el PP, que en sus plenos, han dado voz a CCOO y han aprobado exigir al Gobierno la retirada de la reforma de Gallardón); de varias CCAA como Galicia, Castilla-León, Extremadura (también con gobiernos del PP) y Andalucía; de decenas de Diputaciones Provinciales, y de multitud de asociaciones ciudadanas, logran que el Gobierno, con un nuevo ministro de Justicia, retire el anteproyecto de reforma de LOPJ que había aprobado el Consejo de Ministros en el mes de abril, a instancia de Gallardón. 
Todo ello, y los intereses electorales en juego (en la primavera de 2015, elecciones municipales y autonómicas), ha sido determinante, mientras otros sindicatos firmantes de un preacuerdo inservible que no garantizaba los derechos básicos de los trabajadores/as y que ahora se queda en agua de borrajas, renunciaron a la lucha a cambio de la paz social. 
CCOO ha propuesto al ministro de Justicia, que, además de abandonar los proyectos de Gallardón, debe posibilitar un compromiso general en la Administración de Justicia para garantizar, el empleo público y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, incluir una OPE que convoque todas las plazas vacantes que existen, asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras sus retribuciones actuales en el caso de reordenaciones y redistribuciones de puestos de trabajo, el respeto escrupuloso a la localidad de destino de cada persona y la garantía de que no podrá existir movilidad forzosa fuera del municipio, y que se fije un calendario para la restitución de todos los derechos que nos han sido arrebatados, entre otros aspectos imprescindibles para nuestros derechos.
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CCOO ha reclamado al ministro Catalá: Ley Orgánica del Poder Judicial: 
En relación con el proyecto de reforma de la LOPJ del exministro Gallardón, que se dé definitivamente por muerto. Porque era un infame proyecto que creaba los Tribunales provinciales de Instancia, que suprimía una gran parte de los partidos judiciales y de los Juzgados de Paz y sus Agrupaciones, que eliminaba también muchos órganos judiciales como las Audiencias Provinciales, que suprimía cientos de puestos de trabajo…. El ministro ha contestado que comparte el objetivo de CCOO, porque no se puede pretender imponer un proyecto que cuenta con el rechazo de la mayoría social, de los y las trabajadores/as, ayuntamientos, organizaciones profesionales y ciudadanas. CCOO espera a ver plasmado este compromiso del ministro para afirmar con rotundidad que los trabajadores hemos ganado esta batalla. 
CCOO también ha reiterado al ministro que es imprescindible que se retire la privatización de los actos de comunicación mediante su entrega a los procuradores, para que continúen siendo competencia exclusiva del personal de la Administración de Justicia. También hemos reiterado nuestra exigencia de que se retiren todas las medidas de privatización contenidas en la Ley de Jurisdicción voluntaria. 
El ministro ha afirmado ante CCOO “que una reforma integral de la LOPJ se tiene que dar con cierto consenso si quiere tener ciertas garantías en su puesta en marcha y esas condiciones no se dan en este momento, y tampoco hay margen temporal para construirlo en lo que queda de legislatura”, por lo que solo presentará una propuesta de reforma parcial de algunas cuestiones de la LOPJ, renunciando por tanto a la creación de los tribunales provinciales de instancia, a la supresión de los partidos judiciales y de los juzgados de paz, por el contrario incrementará las funciones de estos últimos. Y ha afirmado tajantemente que se mantendrán los Jueces de Paz como venía reclamando en solitario CCOO. CCOO ha reclamado también la eliminación, en el proyecto de código penal, de la
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criminalización de la protesta social que solo pretende impedir la movilización contra las agresiones y pérdida de derechos de la ciudadanía. Registro Civil: 
Sobre el Registro Civil, CCOO ha exigido de nuevo a Catalá la derogación de la Ley por la que se privatizan los Registros Civiles y se entregan a los Registradores mercantiles. El ministro ha contestado que seguirán con dicho proyecto y, utilizando un argumento falaz, ha mantenido que los registradores son funcionarios públicos cuando todo el Gobierno sabe, incluido el registrador Rajoy, que la UE los considera empresarios privados que deben cobrar el IVA, y las sentencias de la UE son de obligado cumplimiento para el Gobierno de España. 
CCOO. le ha trasladado que no cejaremos hasta lograr que los Registros Civiles permanezcan en el ámbito de la Administración de Justicia. Y mantendremos e impulsaremos las acciones necesarias para lograrlo. Le hemos manifestado que es contradictorio que el Gobierno manifieste que desea normas que gocen de consenso, porque de lo contrario serían modificadas si se produce cambio de Gobierno, e imponga una norma que es rechazada por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, y toda la sociedad. El ministro ha afirmado literalmente que materializará una disposición que garantice todo el empleo actual, titular e interino, pero no ha comprometido de ninguna manera a qué norma legal lo llevará para que obligue a las CCAA con competencias transferidas. CCOO le ha entregado nuestra propuesta (ya remitida al director general el pasado 31 de julio) que asegura que no se pierda ni un solo puesto de trabajo Oferta de Empleo Público 
Sobre la Oferta de Empleo Público (OPE), CCOO ha exigido que en la Administración de Justicia se tienen que convocar todas las plazas vacantes existentes porque no generan gasto alguno, y mediante el sistema de concurso-oposición, para garantizar los derechos de todos. La respuesta del ministro y de la secretaria de Estado ha sido que no
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se comprometen a una OPE de las características y cuantías de plazas que CCOO reclama, pero que están dispuestos a elaborar un calendario en el que fijarían los plazos para acercarse a nuestra demanda en varios años. 
Ley de tasas judiciales 
CCOO ha reclamado de nuevo su derogación y que, como mínimo las personas físicas no tengan que pagar tasas en su acceso a la Administración de Justicia. El ministro no ha adquirido compromiso alguno, pero ha aceptado tácitamente que dicha ley pudiera estar impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva a muchas personas que han dejado de recurrir por incapacidad económica. Restitución de derechos robados desde 2010 (salario, paga extra, días de asuntos, vacaciones, IT…). 
Ante la exigencia de CCOO de establecer un calendario para la devolución de todos los derechos robados, incluida la reposición del 100% del salario en los casos de IT (así, le hemos recordado la injusta desigualdad entre las excepciones que se establecieron para jueces y fiscales y las que no se regularon de la misma forma para el resto del personal de la Administración de Justicia), se nos ha contestado por la secretaria de Estado que estas devoluciones de derechos son de carácter general y afectan al conjunto de los y las empleados públicos por lo que la decisión debe ser del Gobierno, y no se puede resolver solo para nuestro ámbito. 
CCOO le ha contestado que el establecimiento de un calendario de devolución de derechos es imprescindible porque es de justicia con los trabajadores/as a los que se les lleva saqueando desde 2010, en segundo lugar por las contradicciones entre las numerosas declaraciones del ministro Montoro y del presidente del Gobierno en la que hablan reiteradamente de que se está produciendo una recuperación económica, mientras la realidad es que esta recuperación solo la percibe el Gobierno, pero, en el caso de la paga de 2012, además, por la imperiosa obligación del Gobierno de devolver el 100 % de la misma (no solo ese escaso y patético 24 % que anuncia Montoro en el
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14 proyecto de la LPGE), ya que en la Administración de Justicia dicha paga extra 2012 había sido devengada completa cuando se publicó la reforma de la LOPJ. 
Mugeju 
Hemos reclamado la paralización de la reforma del reglamento de órganos de gobierno de MUGEJU, porque elimina la posibilidad de actuación de los representantes de los y las mutualistas que les molesta de forma especial, y así impiden que se puedan defender los derechos, que, de aprobarse esa reforma, dejará indefensos. No ha habido compromiso del nuevo equipo del Ministerio de Justicia ante esta exigencia. Ley de Justicia Gratuita 
En relación con la Ley de Justicia Gratuita, CCOO defiende que el umbral de ingresos para tener acceso a la justicia gratuita se eleve de forma importante, y que se garantice (por ser uno de los pocos avances, exigidos y logrados por CCOO, que se produjeron en la anterior etapa) el restablecimiento del derecho del personal funcionario para que pueda intervenir ante la Administración de Justicia, en defensa de sus legítimos derechos laborales y profesionales, sin abogado ni procurador. Apertura mesa negociación sustituciones, interinos y productividad 
CCOO ha demandado que de inmediato, tras la reunión de la mesa sectorial (que vuelve a retrasarse hasta el 12 de noviembre, pues estaba prevista para la semana próxima) se abra la negociación sobre varios aspectos fundamentales para nuestros derechos: mejora de la regulación del régimen de sustituciones verticales, así como la regulación de las horizontales con todos los derechos, la mejora de la regulación de las bolsas de personal interino para la garantía de sus derechos laborales, el pago de la productividad a todos los trabajadores/as del órgano judicial, y no solo a los secretarios judiciales como hasta el momento,….) Nueva Oficina Judicial
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CCOO ha exigido de nuevo la paralización de la implantación de la NOJ hasta que no se resuelvan todos los problemas actualmente existentes y que datan desde las primeras implantaciones, exigiendo la constitución inmediata de una mesa de negociación. 
Cuotas impagadas de la Seguridad Social 
Hemos trasladado a este nuevo equipo que conteste a la denuncia presentada por CCOO y que se resuelvan de una vez las numerosas lagunas y vacíos existentes en las cuotas de la Seguridad Social, bastante extendidas, y que afectan de manera importante a muchos compañeros y compañeras interinos y personal laboral. Exigimos que se adopte, de una vez, una decisión pactada entre la Seguridad Social y el Ministerio de Justicia, que recupere esos vacíos y ponga al día las cotizaciones sociales de las personas afectadas, pues son víctimas de los errores de la Administración. En caso de que esta solución no se produzca en un breve plazo, CCOO, como hemos informado, presentará denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para defender a todos estos trabajadores/as. 
Hemos exigido que el nuevo ministro de Justicia impulse la mejora de las condiciones de trabajo y retributivas del personal laboral de la Administración de Justicia, personal que ha sido abandonado desde hace muchos años por la Administración y que todos los ministros de Justicia y equipos anteriores han mantenido en una situación intolerable. Existen numerosas y justas reivindicaciones de este personal, que hemos planteado hoy de nuevo, como el establecimiento de un programa de productividad general para todo el personal laboral (recordamos que siguen existiendo cientos de salarios del personal laboral muy por debajo de los 1.000 euros), la traslación de todas las directivas europeas a la norma española, como la directiva en relación a la traducción e interpretación que obliga al Gobierno español a la reclasificación al nivel 1 a todos estos compañeros/as, la garantía de la promoción interna (inexistente en los últimos años), la cobertura de todas las vacantes, pues cientos de puestos de trabajo
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16 siguen sin cubrirse, con la consiguiente sobreexplotación de las y los trabajadores…, y muchas más reivindicaciones. 
Plan de Igualdad 
Hemos reclamado el establecimiento de un Plan de Igualdad en la Administración de Justicia de forma urgente, que CCOO lleva exigiendo desde hace años y ya existen en varias administraciones públicas.
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Concurso de traslados. Tomas de posesión e cesamento 
O vindeiro martes 4 de novembro publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 20 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 29 de abril de 2014. Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9.00 e as 11.30 e a dos cesamentos entre as 11.30 e as 14.00 de luns a venres. Á marxe das datas de cesamento fixadas na Resolución (corpo de tramitación o día 11/11/2014, auxilio e xestión o día 17/11/2014), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza de outro que tamén obtivese destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.
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No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa Resolución de adxudicación. Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes persoanais das persoas que tomen posesión dun novo posto. 
Persoal procedente de fóra da comunidade: 
· Fotocopia DNI · Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) · Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e/o tarxeta de MUGEJU · Certificado de haberes · Certificado ou copia dos trienios · Certificación das vacacións e días gozados na Administración da que procedan · Modelo 145 (IRPF)
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Persoal destinado na comunidade 
· Fotocopia DNI · Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da CCAA de Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia. No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal, ao correspondente servizo de xustiza. Para ter acceso a información sobre as adxudicacións definitivas, prema o seguinte enlace coa páxina do Ministerio.
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20 
Correo de contacto: sectorxustizaccoo@gmail.com 
Tfno do Sector de Xustiza: 619282917 
Delegados/as: 
Coruña: Raquel ccooxustizacoruna@gmail.com 
Ferrol Mati matildeav1@gmail.com 
Santiago: Ana ccooxustiza.santiago@gmail.com 
Vigo e Pontevedra: Tino Novoa cnovoa-fsc-vigo@galicia.ccoo.es 
Ourense: Sonia soniaxustizaourense@gmail.com 
Lugo. Rafa saxgccoo@gmail.com 
Coordinación: Jorge jorgesuarez@galicia.ccoo.es

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Novas da xustiza nº1036 Boletín de CCOO

  • 1. www.ccooxustiza.com 1 Edición 1036 www.ccooxustiza.com 28 de outubro de 2014 Os compromisarios de CCOO gañan as eleccións á Mutualidade O mércores 22 tiveron lugar as eleccións de compromisarios a Mugeju en Galicia co seguinte resultado: GRUPO I: CCOO 327 CSIF 28. Compromisario electo Nicolás Santos GRUPO II CCOO 322 CSIF 30. Compromisario electo Juan Manuel Amado Dende o sector de xustiza de CCOO queremos dar as GRAZAS a todos/as: afiliados, simpatizantes, aos sindicatos UGT e CIG que respaldaron a candidatura e, en definitiva, aos que confiastes na labor feita por CCOO na mutualidade estes últimos anos de recortes. Damos os nosos parabéns a Nico e Juanma e desexámoslles un bo traballo de reivindicación e denuncia na asemblea de compromisarios da Mutualidade.
  • 2. www.ccooxustiza.com 2 Privatización do Rexistro: a escopeta nacional En que estado se atopa a privatización do Rexistro Civil? O 8 de outubro publicouse no BOE a lei 18/2014 pola que se determina a súa dependencia dos Rexistradores Mercantís. Todo o proceso de privatización está baixo a sombra da corrupción e o negociete privado para uns cantos privilexiados, a costa da cidadanía e dos traballadores e traballadoras, nalgúns dos seguintes puntos resúmese a historia dun despropósito, iso si, moi lucrativo: 1. A privatización foi votada no Congreso e no Senado por deputados e senadores galegos, eses mesmos que pertencen a un Partido Popular Galego, os mesmos que nas vilas e concellos amosáronse a favor da permanencia do Rexistro Civil como público e na estrutura actual (os Rexistradores teñen ámbito provincial) 2. A creación dunha corporación de dereito público para xestionar o traspaso do Rexistro Civil ao ámbito privado é inadmisible polo propio Consejo de Estado e supón, segundo os Rexistradores, un entramado que xestionará 80 millóns de euros anuais 3. A reforma afectará a 3000 traballadores no Estado, máis de 200 no noso país, e ameaza directamente aos Xulgados de Paz que veranse privados de competencias, máis aínda se avanza o Código Procesual Penal, que elimina os xuízos de faltas. Sen competencias e malia as argumentacións que se queiran dar, é a sentenza de morte da Xustiza de Paz
  • 3. www.ccooxustiza.com 3 4. Os vínculos familiares entre o anterior Ministro e o Presidente do Goberno con Rexistradores (él mesmo o é) eran motivo máis que suficiente para a necesaria abstención nesta iniciativa, circunstancia denunciada por CCOO na Fiscalía Xeral do Estado e na Oficina de incompatibilidades do Ministerio de Facenda 5. Parece ser que todo este proceso non convence xa a ninguén: onte mesmo soubemos que dimitían o Director e o Subdirector General de Registros y Notariado 6. O Ministerio de Xustiza xa da por vendido e liquidado o Rexistro, aínda que non pasaría a mans privadas ata 2015 e os funcionarios continuarían prestando servizos ata 2016, feito demostrable e constatable nas sorprendentes respostas que da o CAU do Rexistro Civil a consultas dos rexistros: Pese a que nos medios de comunicación a Xustiza e as súas “peripecias” impulsadas polo goberno que conducen a súa demolición non espertan tanto interese como a Sanidade ou a Educación -aínda que a inmediata consecuencia é a indefensión da cidadanía e o amparo da corrupción- si existe prensa seria que se ocupa detalladamente de denunciar que se esnaquice a Xustiza pública, como o medio Infolibre do que vos achegamos unha interesante crónica da nosa pequena trama siciliana:
  • 4. www.ccooxustiza.com 4 Artículo de Prensa publicado en www.infolibre.es ENLACE A LA NOTICIA El contrato ha sido licitado por una empresa pública del Ministerio de Defensa, Isdefe, en un procedimiento cerrado Los registradores advierten de que el concurso opaco ha sido diseñado para que lo gane la empresa Futuver Denuncian que una minoría dentro del gremio, en cuya órbita sitúan al hermano del presidente Rajoy, maniobra para crear un Colegio paralelo Futuver dice que no se presenta a la licitación, pero que se asociará con la adjudicataria BEGOÑA P. RAMÍREZ Actualizada 27/09/2014 a las 18:22 Enrique Rajoy es el primero por la izda.; Mariano Rajoy, el tercero por la derecha.DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto un paréntesis en el pulso que los registradores de la Propiedad llevan meses sosteniendo con el Ministerio de Justicia por culpa de la reforma de los registros y la integración del Registro Civil. Un pulso que amenaza con terminar en cisma dentro del Colegio Oficial de Registradores, al tiempo que en una auténtica batalla judicial para detener los cambios ya en marcha. Antes del próximo día 4 de octubre debería aprobar el Consejo de Ministros los estatutos de la nueva Corporación de Derecho Públicodonde el Gobierno quiere integrar a los registradores mercantiles que
  • 5. www.ccooxustiza.com 5 se encargarán de gestionar el Registro Civil desde el 15 de julio de 2015. Al menos ése fue el plazo que se puso a sí mismo el Ministerio de Justicia cuando el pasado 4 de julio aprobó la cesión: tres meses. La nueva corporación es también la que debe formalizar –y pagar– el contrato del sistema electrónico integrado que compartirán todos los registros de la Propiedad y Mercantiles a partir del 15 de julio de 2015. Pero, antes, la aplicación informática habrá sido licitada y adjudicada por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa. Según las fuentes consultadas por infoLibre, el reglamento que incluye los estatutos de la nueva corporación se encuentra pendiente del preceptivo, aunque no vinculante, dictamen del Consejo de Estado, ante el que 150 registradores han presentado alegaciones. “Estamos en condiciones de cumplir el plazo”, se limita a decir, por su parte, una portavoz de Justicia. Menos aún se sabe de la licitación del Isdefe: se trata de un procedimiento cerrado, del que se encarga Defensa por razones de “máxima seguridad” y confidencialidad, la de los millones de datos que manejará ese sistema integrado. Las fuentes consultadas cifran en cerca de 80 millones de euros el importe del contrato, aunque algunos especialistas consideran que esa cantidad es “disparatada” respecto al “valor de mercado de un software similar”. Arancel sí, sueldo no Si ambos trámites se cierran tal y como fueron diseñados antes de marcharse Ruiz-Gallardón, se consumará una reforma que la mayoría de los registradores consideran un atentando contra su “independencia”. No sólo temen que se les someta a la “estructura jerárquica de la Administración”, sino que además, se les convierta en los “paganos” del Registro Civil, toda vez que éste dejará de sufragarse a cargo de los Presupuestos del Estado pero seguirá siendo gratuito para el ciudadano. Según el proyecto de Justicia, los trámites del Registro Civil los abonarán los registradores mercantiles de los aranceles que cobren por sus servicios. También serán los registradores quienes paguen el nuevo sistema informático integrado. Para el gremio, el arancel, además de la fuente de sus cuantiosos ingresos, es la garantía de su independencia.“Si me ponen a sueldo [de la Administración], me voy a [el Tribunal Internacional de] La Haya”, advierte un registrador consultado por este periódico. A su juicio, la “sueldización”, como lo llaman estos profesionales, “expropia las condiciones del contrato” que firmaron tras aprobar la oposición. Del Registro Civil se van a encargar finalmente los registradores mercantiles, unos 100 en toda España, porque los de la Propiedad, un millar, se han negado. Alegan que el estallido de la burbuja inmobiliaria les ha dejado muy tocados –“Vivimos de inscribir inmuebles”, explican– y que muchos de ellos han tenido que ejecutar ERE temporales porque no podían sostener sus plantillas, después de haber sufrido más de 100 rebajas del arancel desde los años 80.
  • 6. www.ccooxustiza.com 6 La memoria económica, sin una sola cifra Además, critican que se les haya endosado una tarea de considerable envergadura –un millón de trámites al año– sin haber hecho un estudio previo de costes. El real decreto de 4 de julio que cede la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles cuenta con una breve “memoria del análisis de impacto normativo” –como es preceptivo–. De sus 10 páginas, sólo dos están dedicadas a analizar el impacto económico y presupuestario de la reforma. Y no contienen ni una sola cifra. El texto se limita a glosar el “evidente ahorro de costes”que supondrán los cambios en los registros. “Los costes de explotación del Registro Civil dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado y para los de las comunidades autónomas”, explica la memoria, porque esos gastos “pasarán a ser sufragados por los registradores”, que poseen “recursos humanos e infraestructuras suficientes”. Pero no precisa cuáles son esos costes de explotación ni con qué recursos e infraestructuras cuenta el gremio. Los registradores creen también que el Gobierno va a utilizar la Corporación de Derecho Público para crear un “colegio paralelo” con el que soslayar la oposición del gremio. De hecho, aunque en principio sólo la integrarán los registradores mercantiles, el proyecto de estatutos elaborado por el ministerio establece que también los de la Propiedad deberán sumarse. Los opositores a la reforma advierten, además, que la intención de Justicia es “absorber” el cuantioso patrimonio del Colegio de Registradores. Así, el proyecto de estatutos cita entre los recursos económicos que tendrá la nueva corporación las “cesiones, ordinarias y extraordinarias, de fondos que le haga el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España”. Para poner en marcha la reforma, la corporación se regirá por unConsejo Ejecutivo Provisional, hasta el 15 de julio de 2015, cuyossiete miembros, registradores mercantiles, serán nombrados por el Ministerio de Justicia. Otro detalle fundamental que despierta los recelos en el gremio: será el Consejo Provisional el encargado de firmar el contrato del sistema electrónico. Y ese contrato se ha convertido en el ojo del huracán de todas las críticas. Un contrato a la medida de Futuver Consulting Los registradores con los que ha hablado este periódico coinciden en interpretar todos los cambios preparados por el Ministerio de Justicia como una maniobra para adjudicar el sistema informático integrado a una empresa muy concreta: Futuver Consulting. Empresa asturiana cuyo consejero delegado es Antonio Otero Carreira, Futuver se dedica desde 1997 a la “modernización de la Administración pública y los registros públicos de la Propiedad”. Tiene su sede madrileña en el mismo edificio propiedad de IICRE –una empresa del Colegio de Registradores–, donde están situados los registrosmercantiles y de la propiedad de la capital. Su aplicación Futuregfunciona en una buena parte de los registros de España. Además, fue elegida por el Colegio de Registradores, previa encomienda del Ministerio de Justicia, para acabar con el atasco que sufrían los expedientes de nacionalidad. También ha informatizado los registros de México DF yPanamá. Hace dos semanas, CCOO denunció ante la Fiscalía General del Estado al director general del
  • 7. www.ccooxustiza.com 7 Registro, José Joaquín Rodríguez, y al jefe del proyecto de gestión de expedientes de nacionalidad, Javier Angulo, por haber intervenido en “actividades, negociaciones y asesoramientos” vedadas a funcionarios públicos. Tanto Angulo como Rodríguez son registradores: el primero, de la propiedad en Lleida y el segundo, mercantil en Zaragoza. Angulo, además, era administrador solidario de Futuver Rumania SRL –que fue filial de Futuver Consulting SL–, cuando resultó designado para trabajar en la Dirección General del Notariado del Ministerio de Justicia. El sindicato reproduce la información que reveló el pasado mes de julio el diario digital 20minutos.es, según la cual el Colegio de Registradores pagó 5,15 millones de euros a Futuver por la aplicación, que pretendía resolver un atasco de casi medio millón de expedientes sin tramitar. Tras la publicación, Javier Angulo envió una carta al Colegiopara que éste rectificara el relato del digital. En ella, el registrador de Lleida niega haber simultaneado su cargo en Futuver Rumania y su puesto en la Dirección General de Registros. Dice que no le nombró su responsable y que allí trabaja en comisión de servicios. También asegura que su trabajo se limita a “proponer medidas para modernizar los registros”. Y que Futuver Rumanía ya no es filial de Futuver Consulting:“Sólo ostentó una participación minoritaria en su constitución”. Además rebaja el precio de la aplicación hasta los 600.000 euros. Informe a favor de Futuver Según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Javier Angulo fue el autor de un informe enviado a la junta de gobierno del Colegio de Registradores donde le ofrece la aplicación informática de Futuver para gestionar el Registro Electrónico. El documento data denoviembre de 2011, cuando el Ejecutivo del PSOE ya había aprobado la creación de ese registro electrónico y el PP aún no había llegado al Gobierno. Entonces, según asegura el propio Angulo en su carta de rectificación al Colegio, únicamente era administrador de Futuver Rumanía, una empresa que “sólo se dedica desde su constitución a proyectos en materia de turismo y energías renovables” y que, dice, no tenía relación accionarial con Futuver Consulting. El actual administrador de Futuver Rumanía es Antonio Otero, el consejero delegado de Futuver Consulting. Las fuentes consultadas apuntan que el informe lo presentó Javier Angulo como registrador de Estepona (Málaga). Durante años ha ocupado cargos relacionados con la informática y trabajado en proyectos tecnológicos para el Colegio Oficial. “No hay otra empresa que disponga de una solución integral como la de Futuver. No hay otra empresa que disponga de su experiencia. No hay otra empresa que pueda afrontar en un plazo de ejecución breve el paso al Registro Electrónico en España”, recalca en el documento. “Para tomar decisiones sobre este asunto no tiene sentido encargar un análisis a una gran empresa tipo Price & Waterhouse [sic], Ernst & Young, Deloitte, Indra, Corte Inglés, etcétera. No tienen experiencia sobre lo nuestro”, abunda. “En conclusión, antes, más tarde, después y ahora, he defendido que la solución en España pasa por Futuver, pero desde el momento en que he conocido internamente cómo se trabaja y me he hecho una idea clara de las posibilidades que un acuerdo estratégico global entre el Colegio y Futuver significaría para ambos interlocutores, no puedo más que insistir nuevamente en que tenemos la solución a nuestro alcance para dar un salto de gran magnitud para los Registros en España y fuera de
  • 8. www.ccooxustiza.com 8 España”, concluye. No se presentará al concurso pero se asociará al ganador Javier Angulo no ha contestado a las llamadas de infoLibre. Tampoco el Colegio de Registradores ha querido responder, a la espera de lo que ocurra en los próximos días y sujeto a la confidencialidad exigida en el concurso sobre la adjudicación de la plataforma tecnológica. Por el contrario, un portavoz de Futuver explica que la empresa ni se ha presentado ni se va a presentar al concurso de Isdefe. “No tiene capacidad para un contrato de tal volumen”, admite. Pero sí espera “asociarse o ser subcontratada” por alguna de las “grandes compañías” que sí participarán en la licitación, a fin de “ejecutar” el contrato. Casi lo que Javier Angulo explicaba al Colegio de Registradores si elegía a una gran compañía de consultoría o informática, que carecerá de la solución tecnológica requerida: “Caso de ser adjudicatarios, se dirigirán a Futuver para hacerse con su solución y, previo lavado de cara, la colocarán al cliente, el Colegio, en el doble de precio que hayan pagado”. Por el breve plazo de tiempo que Justicia ha previsto para poner en marcha el registro electrónico integrado, el portavoz de la empresa asturiana mostró su seguridad en que la adjudicataria “recurrirá a Futuver porque ya tiene el trabajo adelantado”. “Son la empresa con mayor especialización en este campo”, destaca. El representante de Futuver atribuye lo que tacha de “intoxicaciones” a un “intento de desprestigiar” a la empresa: “Hay muchos interesados enfrentados para conseguir el concurso”, señala. También niega que Futuver esté haciendo lobby para hacerse con el contrato. “Por su especialización se la señala continuamente”, concluye. Enrique Rajoy y Arbo Los últimos meses han sido agitados dentro del gremio de los registradores. La mayoría se opone a las reformas y adivina oscuros intereses tras ellas. Responsabiliza de la iniciativa a una minoría de sus colegas, reunidos en la asociación Arbo y algunos aupados a la Dirección General de los Registros. Dicen que nunca ha habido tantos registradores como ahora ocupando cargos en el Ministerio de Justicia, pero les acusan de haberse arrogado la representación de todos sus compañeros para lanzar los “más duros ataques” que jamás ha sufrido el gremio. Además, ven el hecho de que tanto el presidente del Gobierno como dos de sus hermanos sean registradores, y de que el ya exministro Ruiz-Gallardón tenga, a su vez, una nuera y un cuñado en el gremio, como un claro perjuicio para la profesión. Ambos, Rajoy y Gallardón, han sido igualmente denunciados por CCOO ante la Fiscalía General del Estado por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la reforma. En efecto, el hermano pequeño de Mariano Rajoy, Enrique, es registrador de la Propiedad en Cáceres desde febrero de 2009. En 2005 ocupó el cargo de secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral (Cinder), una suerte de lobby internacional de los registradores. Creado en 1972, tiene su sede en Madrid y su área original de influencia era América Latina. Enrique Rajoy también ha sido director de Relaciones Internacionales del Colegio.
  • 9. www.ccooxustiza.com 9 Los registradores consultados sitúan al hermano del presidente en el entorno de la asociación que congrega a los defensores de la reforma. Éstos, a su vez, acusan al Colegio Oficial de sostener una “táctica suicida” enfrentándose al Gobierno. También le culpan de que, gracias a sus continuas negativas al ministro, la cesión del Registro Civil sea finalmente “gratis total” y de que se haya excluido al gremio del diseño de la reforma integral. En su página web defienden a Javier Angulo, a los hermanos de Rajoy y a los responsables de la Dirección General de los Registros de las críticas vertidas en los últimos meses por sus compañeros. La próxima batalla la quieren dar los opositores en los tribunales, impugnando todas las decisiones del Gobierno, desde decretos hasta adjudicaciones. Para ello ya han creado una nueva asociación, bautizada con el nombre de Francisco Cárdenas. Mientras, las espadas siguen en alto en el Colegio de Registradores, donde algunos ven incluso la amenaza de una moción de censura para descabalgar a la actual junta de gobierno. Para conseguir apoyos suficientes, éstos denuncian los intentos de la minoría de “captar voluntades de los registradores más jóvenes”. Aún es una incógnita cuál será la política del nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, al respecto. Tomará posesión esta misma semana.
  • 10. www.ccooxustiza.com 10 Reunión de CCOO co Ministro de Xustiza La resistencia activa de CCOO contra la supresión de los Partidos Judiciales, Juzgados de Paz y Audiencias Provinciales; el rechazo de otros operadores jurídicos, de cientos de Ayuntamientos (muchos de ellos gobernados por el PP, que en sus plenos, han dado voz a CCOO y han aprobado exigir al Gobierno la retirada de la reforma de Gallardón); de varias CCAA como Galicia, Castilla-León, Extremadura (también con gobiernos del PP) y Andalucía; de decenas de Diputaciones Provinciales, y de multitud de asociaciones ciudadanas, logran que el Gobierno, con un nuevo ministro de Justicia, retire el anteproyecto de reforma de LOPJ que había aprobado el Consejo de Ministros en el mes de abril, a instancia de Gallardón. Todo ello, y los intereses electorales en juego (en la primavera de 2015, elecciones municipales y autonómicas), ha sido determinante, mientras otros sindicatos firmantes de un preacuerdo inservible que no garantizaba los derechos básicos de los trabajadores/as y que ahora se queda en agua de borrajas, renunciaron a la lucha a cambio de la paz social. CCOO ha propuesto al ministro de Justicia, que, además de abandonar los proyectos de Gallardón, debe posibilitar un compromiso general en la Administración de Justicia para garantizar, el empleo público y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, incluir una OPE que convoque todas las plazas vacantes que existen, asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras sus retribuciones actuales en el caso de reordenaciones y redistribuciones de puestos de trabajo, el respeto escrupuloso a la localidad de destino de cada persona y la garantía de que no podrá existir movilidad forzosa fuera del municipio, y que se fije un calendario para la restitución de todos los derechos que nos han sido arrebatados, entre otros aspectos imprescindibles para nuestros derechos.
  • 11. www.ccooxustiza.com 11 CCOO ha reclamado al ministro Catalá: Ley Orgánica del Poder Judicial: En relación con el proyecto de reforma de la LOPJ del exministro Gallardón, que se dé definitivamente por muerto. Porque era un infame proyecto que creaba los Tribunales provinciales de Instancia, que suprimía una gran parte de los partidos judiciales y de los Juzgados de Paz y sus Agrupaciones, que eliminaba también muchos órganos judiciales como las Audiencias Provinciales, que suprimía cientos de puestos de trabajo…. El ministro ha contestado que comparte el objetivo de CCOO, porque no se puede pretender imponer un proyecto que cuenta con el rechazo de la mayoría social, de los y las trabajadores/as, ayuntamientos, organizaciones profesionales y ciudadanas. CCOO espera a ver plasmado este compromiso del ministro para afirmar con rotundidad que los trabajadores hemos ganado esta batalla. CCOO también ha reiterado al ministro que es imprescindible que se retire la privatización de los actos de comunicación mediante su entrega a los procuradores, para que continúen siendo competencia exclusiva del personal de la Administración de Justicia. También hemos reiterado nuestra exigencia de que se retiren todas las medidas de privatización contenidas en la Ley de Jurisdicción voluntaria. El ministro ha afirmado ante CCOO “que una reforma integral de la LOPJ se tiene que dar con cierto consenso si quiere tener ciertas garantías en su puesta en marcha y esas condiciones no se dan en este momento, y tampoco hay margen temporal para construirlo en lo que queda de legislatura”, por lo que solo presentará una propuesta de reforma parcial de algunas cuestiones de la LOPJ, renunciando por tanto a la creación de los tribunales provinciales de instancia, a la supresión de los partidos judiciales y de los juzgados de paz, por el contrario incrementará las funciones de estos últimos. Y ha afirmado tajantemente que se mantendrán los Jueces de Paz como venía reclamando en solitario CCOO. CCOO ha reclamado también la eliminación, en el proyecto de código penal, de la
  • 12. www.ccooxustiza.com 12 criminalización de la protesta social que solo pretende impedir la movilización contra las agresiones y pérdida de derechos de la ciudadanía. Registro Civil: Sobre el Registro Civil, CCOO ha exigido de nuevo a Catalá la derogación de la Ley por la que se privatizan los Registros Civiles y se entregan a los Registradores mercantiles. El ministro ha contestado que seguirán con dicho proyecto y, utilizando un argumento falaz, ha mantenido que los registradores son funcionarios públicos cuando todo el Gobierno sabe, incluido el registrador Rajoy, que la UE los considera empresarios privados que deben cobrar el IVA, y las sentencias de la UE son de obligado cumplimiento para el Gobierno de España. CCOO. le ha trasladado que no cejaremos hasta lograr que los Registros Civiles permanezcan en el ámbito de la Administración de Justicia. Y mantendremos e impulsaremos las acciones necesarias para lograrlo. Le hemos manifestado que es contradictorio que el Gobierno manifieste que desea normas que gocen de consenso, porque de lo contrario serían modificadas si se produce cambio de Gobierno, e imponga una norma que es rechazada por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, y toda la sociedad. El ministro ha afirmado literalmente que materializará una disposición que garantice todo el empleo actual, titular e interino, pero no ha comprometido de ninguna manera a qué norma legal lo llevará para que obligue a las CCAA con competencias transferidas. CCOO le ha entregado nuestra propuesta (ya remitida al director general el pasado 31 de julio) que asegura que no se pierda ni un solo puesto de trabajo Oferta de Empleo Público Sobre la Oferta de Empleo Público (OPE), CCOO ha exigido que en la Administración de Justicia se tienen que convocar todas las plazas vacantes existentes porque no generan gasto alguno, y mediante el sistema de concurso-oposición, para garantizar los derechos de todos. La respuesta del ministro y de la secretaria de Estado ha sido que no
  • 13. www.ccooxustiza.com 13 se comprometen a una OPE de las características y cuantías de plazas que CCOO reclama, pero que están dispuestos a elaborar un calendario en el que fijarían los plazos para acercarse a nuestra demanda en varios años. Ley de tasas judiciales CCOO ha reclamado de nuevo su derogación y que, como mínimo las personas físicas no tengan que pagar tasas en su acceso a la Administración de Justicia. El ministro no ha adquirido compromiso alguno, pero ha aceptado tácitamente que dicha ley pudiera estar impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva a muchas personas que han dejado de recurrir por incapacidad económica. Restitución de derechos robados desde 2010 (salario, paga extra, días de asuntos, vacaciones, IT…). Ante la exigencia de CCOO de establecer un calendario para la devolución de todos los derechos robados, incluida la reposición del 100% del salario en los casos de IT (así, le hemos recordado la injusta desigualdad entre las excepciones que se establecieron para jueces y fiscales y las que no se regularon de la misma forma para el resto del personal de la Administración de Justicia), se nos ha contestado por la secretaria de Estado que estas devoluciones de derechos son de carácter general y afectan al conjunto de los y las empleados públicos por lo que la decisión debe ser del Gobierno, y no se puede resolver solo para nuestro ámbito. CCOO le ha contestado que el establecimiento de un calendario de devolución de derechos es imprescindible porque es de justicia con los trabajadores/as a los que se les lleva saqueando desde 2010, en segundo lugar por las contradicciones entre las numerosas declaraciones del ministro Montoro y del presidente del Gobierno en la que hablan reiteradamente de que se está produciendo una recuperación económica, mientras la realidad es que esta recuperación solo la percibe el Gobierno, pero, en el caso de la paga de 2012, además, por la imperiosa obligación del Gobierno de devolver el 100 % de la misma (no solo ese escaso y patético 24 % que anuncia Montoro en el
  • 14. www.ccooxustiza.com 14 proyecto de la LPGE), ya que en la Administración de Justicia dicha paga extra 2012 había sido devengada completa cuando se publicó la reforma de la LOPJ. Mugeju Hemos reclamado la paralización de la reforma del reglamento de órganos de gobierno de MUGEJU, porque elimina la posibilidad de actuación de los representantes de los y las mutualistas que les molesta de forma especial, y así impiden que se puedan defender los derechos, que, de aprobarse esa reforma, dejará indefensos. No ha habido compromiso del nuevo equipo del Ministerio de Justicia ante esta exigencia. Ley de Justicia Gratuita En relación con la Ley de Justicia Gratuita, CCOO defiende que el umbral de ingresos para tener acceso a la justicia gratuita se eleve de forma importante, y que se garantice (por ser uno de los pocos avances, exigidos y logrados por CCOO, que se produjeron en la anterior etapa) el restablecimiento del derecho del personal funcionario para que pueda intervenir ante la Administración de Justicia, en defensa de sus legítimos derechos laborales y profesionales, sin abogado ni procurador. Apertura mesa negociación sustituciones, interinos y productividad CCOO ha demandado que de inmediato, tras la reunión de la mesa sectorial (que vuelve a retrasarse hasta el 12 de noviembre, pues estaba prevista para la semana próxima) se abra la negociación sobre varios aspectos fundamentales para nuestros derechos: mejora de la regulación del régimen de sustituciones verticales, así como la regulación de las horizontales con todos los derechos, la mejora de la regulación de las bolsas de personal interino para la garantía de sus derechos laborales, el pago de la productividad a todos los trabajadores/as del órgano judicial, y no solo a los secretarios judiciales como hasta el momento,….) Nueva Oficina Judicial
  • 15. www.ccooxustiza.com 15 CCOO ha exigido de nuevo la paralización de la implantación de la NOJ hasta que no se resuelvan todos los problemas actualmente existentes y que datan desde las primeras implantaciones, exigiendo la constitución inmediata de una mesa de negociación. Cuotas impagadas de la Seguridad Social Hemos trasladado a este nuevo equipo que conteste a la denuncia presentada por CCOO y que se resuelvan de una vez las numerosas lagunas y vacíos existentes en las cuotas de la Seguridad Social, bastante extendidas, y que afectan de manera importante a muchos compañeros y compañeras interinos y personal laboral. Exigimos que se adopte, de una vez, una decisión pactada entre la Seguridad Social y el Ministerio de Justicia, que recupere esos vacíos y ponga al día las cotizaciones sociales de las personas afectadas, pues son víctimas de los errores de la Administración. En caso de que esta solución no se produzca en un breve plazo, CCOO, como hemos informado, presentará denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para defender a todos estos trabajadores/as. Hemos exigido que el nuevo ministro de Justicia impulse la mejora de las condiciones de trabajo y retributivas del personal laboral de la Administración de Justicia, personal que ha sido abandonado desde hace muchos años por la Administración y que todos los ministros de Justicia y equipos anteriores han mantenido en una situación intolerable. Existen numerosas y justas reivindicaciones de este personal, que hemos planteado hoy de nuevo, como el establecimiento de un programa de productividad general para todo el personal laboral (recordamos que siguen existiendo cientos de salarios del personal laboral muy por debajo de los 1.000 euros), la traslación de todas las directivas europeas a la norma española, como la directiva en relación a la traducción e interpretación que obliga al Gobierno español a la reclasificación al nivel 1 a todos estos compañeros/as, la garantía de la promoción interna (inexistente en los últimos años), la cobertura de todas las vacantes, pues cientos de puestos de trabajo
  • 16. www.ccooxustiza.com 16 siguen sin cubrirse, con la consiguiente sobreexplotación de las y los trabajadores…, y muchas más reivindicaciones. Plan de Igualdad Hemos reclamado el establecimiento de un Plan de Igualdad en la Administración de Justicia de forma urgente, que CCOO lleva exigiendo desde hace años y ya existen en varias administraciones públicas.
  • 17. www.ccooxustiza.com 17 Concurso de traslados. Tomas de posesión e cesamento O vindeiro martes 4 de novembro publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 20 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 29 de abril de 2014. Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9.00 e as 11.30 e a dos cesamentos entre as 11.30 e as 14.00 de luns a venres. Á marxe das datas de cesamento fixadas na Resolución (corpo de tramitación o día 11/11/2014, auxilio e xestión o día 17/11/2014), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza de outro que tamén obtivese destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.
  • 18. www.ccooxustiza.com 18 No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa Resolución de adxudicación. Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes persoanais das persoas que tomen posesión dun novo posto. Persoal procedente de fóra da comunidade: · Fotocopia DNI · Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) · Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e/o tarxeta de MUGEJU · Certificado de haberes · Certificado ou copia dos trienios · Certificación das vacacións e días gozados na Administración da que procedan · Modelo 145 (IRPF)
  • 19. www.ccooxustiza.com 19 Persoal destinado na comunidade · Fotocopia DNI · Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da CCAA de Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia. No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal, ao correspondente servizo de xustiza. Para ter acceso a información sobre as adxudicacións definitivas, prema o seguinte enlace coa páxina do Ministerio.
  • 20. www.ccooxustiza.com 20 Correo de contacto: sectorxustizaccoo@gmail.com Tfno do Sector de Xustiza: 619282917 Delegados/as: Coruña: Raquel ccooxustizacoruna@gmail.com Ferrol Mati matildeav1@gmail.com Santiago: Ana ccooxustiza.santiago@gmail.com Vigo e Pontevedra: Tino Novoa cnovoa-fsc-vigo@galicia.ccoo.es Ourense: Sonia soniaxustizaourense@gmail.com Lugo. Rafa saxgccoo@gmail.com Coordinación: Jorge jorgesuarez@galicia.ccoo.es