Moción presentada por Unión Progreso y Democracia al Pleno municipal de Alcobendas de julio de 2014 para a supresión de la figura del aforamiento.

1. El Grupo de concejales de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de
Alcobendas presenta para su discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN relativa a
REFORMAS LEGALES NECESARIAS A FIN DE ELIMINAR LOS PRIVILEGIOS DE
AFORAMIENTO DE POLÍTICOS, CARGOS PÚBLICOS Y OTROS sobre la base del siguiente
texto.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Lo que a lo largo de la Historia nació como una garantía para hacer efectiva la
separación de poderes y evitar que los jueces –como miembros del Poder Judicial–
actuaran contra el Ejecutivo o el Legislativo se ha convertido en un privilegio de los
políticos del que se benefician miles de cargos públicos. Hasta 10.000 personas gozan
de aforamiento en España. Es decir, sólo pueden ser investigadas y juzgadas por el
Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia de las comunidades o las
audiencias provinciales en razón de su cargo.
Desde Unión Progreso y Democracia no dudamos de que la inviolabilidad e inmunidad
parlamentarias, al igual que el aforamiento, pudieron tener sentido en el pasado, pero
hoy en día, como han tenido oportunidad de denunciar muchos juristas y las
principales asociaciones judiciales, suponen un verdadero anacronismo, y en modo
alguno pueden ser visualizadas como en tiempos pretéritos en el sentido de privilegios
personales de los parlamentarios.
Especial atención merece lo que corresponde a la institución del aforamiento, que
lejos de restringirse ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes, al calor
del desarrollo del Estado de las Autonomías y de la colonización de los partidos
políticos de todas las instituciones del estado, comenzando por la Justicia, pero
continuando con otras ámbitos como los organismos supuestamente independientes,
como los entes reguladores, el Defensor del Pueblo y todos sus homólogos de ámbito
autonómico.

2. En la actualidad, además de los jueces y fiscales, entre los beneficiados se incluyen los
aforados ante el Tribunal Supremo (miembros del Gobierno, diputados y senadores,
vocales del Poder Judicial, magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional, el
defensor del Pueblo, sus adjuntos, consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de
Estado, altos mandos militares...), ante los Tribunales Superiores de
Justicia (presidentes autonómicos, consejeros y diputados en asambleas regionales...)
y en las Audiencias Provinciales (policías, guardias civiles, agentes autonómicos...).
En este sentido en las últimas fechas hemos conocido que tanto los jueces a través
del Consejo General del Poder Judicial, como los fiscales, desde el Consejo Fiscal,
presentarán sendos informes para que el Gobierno y la opinión pública sean
consciente de la necesidad de tomar medidas para reducir el número de aforados que
hay en España.
El aforamiento supone una excepción del principio de igualdad, una diferenciación,
una distinción de trato respecto al resto de los ciudadanos. Este hecho suele retrasar
los procedimientos y sobrecargar las más altas instancias de los tribunales españoles
provocando disfunciones y una sensación entre la ciudadanía de que la Justicia no es
igual para todos porque a los aforados se les trata de modo distinto que al resto.
Además, ostentar la condición de aforado también tiene alguna consecuencia
negativa, como la pérdida en algunos casos del derecho a la segunda instancia, lo cual
es especialmente perjudicial para todos aquellos no aforados que se ven arrastrados
por el imputado aforado a un tribunal distinto del suyo natural, que le correspondería
en aplicación de las reglas normales de atribución de competencia.
Llegado a este punto cabe destacar que en casi todos los países de nuestro entorno,
estas prebendas se han ido reduciendo con la consolidación de la democracia. En
Portugal e Italia, no existe más aforado que el jefe del Estado (ante el Supremo y el
Tribunal Constitucional, respectivamente). En Francia, hay en torno a 10 o 15 aforados
(sólo el presidente, el primer ministro y los ministros). Y en Alemania o el Reino Unido
–país donde se creó la figura en la Edad Media–, ya no existe ningún aforado en la
actualidad. Además, en ninguno de los países citados los parlamentarios nacionales –y
menos los regionales– están aforados.

3. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo de concejales de Unión Progreso y
Democracia en el Ayuntamiento de Alcobendas propone al Pleno la siguiente
MOCIÓN:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de España a
que en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminen los supuestos de
aforamiento previstos en la Constitución.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de España a
que someta a revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias como el
privilegio que permite declarar por escrito a determinados cargos públicos, o bien
prestar declaración desde el despacho, en lugar de personarse en las instancias
judiciales como el resto de ciudadanos.
TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior, y mientras ese proceso de revisión
constitucional se produce, en el plazo máximo de seis meses, el Pleno del
Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de España a impulsar todas las
reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos
y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas Leyes.
CUARTO.- Sin perjuicio de lo anterior, y mientras ese proceso de revisión constitucional
se produce, en el plazo máximo de seis meses, el Pleno del Ayuntamiento de
Alcobendas insta al Gobierno Regional a impulsar todas las reformas legales necesarias
a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos
de aforamiento que han proliferado en distintas Leyes.
Miguel Ángel Arranz Molins
Portavoz Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia
Ayuntamiento de Alcobendas