Si bien en España, por ser un Estado social y democrático de derecho, existe formalmente una división entre los diferentes poderes del Estado, lo cierto es que en actualidad la separación de poderes es más formal que real. Ciudadanos -Movimiento Ciudadano defiende la Independencia del Poder Judicial como marca la Constitución y para ello propone: 1) Elección democrática de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial. 2) El juez deberá seguir conservando la instrucción del proceso penal 3) Inversión en justicia conforme a la media europea del 3% 4) Supresión de tasas judiciales 5)  Reorganización de la planta judicial. 6) Establecimiento de una policía judicial 7) Implantación de peritos contables, financieros y fiscales 8) Impulsar medidas para limitar la litigiosidad abusiva o ineficiente. 9) Una única carrera judicial y un único cuerpo de funcionarios 10) Una defensa eficaz para todos.

1. DIVISIÓN DE PODERES

2. 2
1. Introducción.
Si bien en España, por ser un Estado social y
democrático de derecho, existe formalmente
una división entre los diferentes poderes
del Estado, lo cierto es que en actualidad la
separación de poderes es más formal que
real y como consecuencia vivimos una crisis
política e institucional que está agravando
la crisis económica y financiera que también
sufrimos.
Superar la actual situación exige una
regeneración profunda de nuestro
sistema político e institucional. Resulta
imprescindible separar poder político y
poder económico; cortar los tentáculos
de la partitocracia sobre el Poder Judicial
y los medios de comunicación; romper
los vínculos de los poderes económicos y
políticos con los organismos reguladores
y supervisores.
Solo así el Poder Judicial y los organismos
reguladores y supervisores podrán
actuar conforme a la finalidad para la
que fueron creados, es decir, como
contrapesos, como garantes del equilibrio
entre Poderes que toda sociedad
democráticamente sana necesita para su
adecuado funcionamiento.
2. Independencia del Poder Judicial.
El desmesurado grado de politización
y pérdida de independencia en que se
encuentra sumido el Poder Judicial en
nuestro país, es consecuencia del proceso
de contaminación política y ocupación
progresiva del espacio judicial que desde
1985 inició el poder político dominante.
En España la invasión del poder, de
la partitocracia, se ha materializado
también en la presencia determinante
de la política en nuestros órganos
jurisdiccionales. “Montesquieu ha
muerto”, proclamó hace años el que era
Vicepresidente de Gobierno, Alfonso
Guerra. Lamentablemente su desparpajo
se correspondía a la amarga realidad,
incrementada incluso a día de hoy.
Pero no existe democracia verdadera
sin un poder judicial independiente que
garantice nuestros derechos individuales y
sociales frente al poder progresivamente
exorbitante del ejecutivo, un poder
ejecutivo que en España no solo domina
el legislativo sino mediatiza el poder
judicial.
La independencia judicial no sólo la
exige nuestra Constitución sino que
también los textos y resoluciones
internacionales como los Principios
Fundamentales de las Naciones
Unidas relativos a la Independencia
de la Magistratura de 1985 (PFNUIM),
la Recomendación nº R (94) 12 del
Comité de Ministros del Consejo de
Europa, la Carta Europea sobre el Estatuto
de los Jueces de 1998 (CEEJ), el informe
1 (2001) y opiniones 1(2000), 3 (2002 y 6
(2004) del Consejo Consultivo de Jueces
Europeos del Consejo de Europa (CCJE)
y la Carta Magna del Poder Judicial de
2008 (CMPJ).
Para garantizar esta independencia
consideramos primordial el mantenimiento
de un único Poder Judicial para toda
España, con una sola Jurisdicción
Ordinaria, cuya cúspide sea el Tribunal
Supremo. C’s sostiene que, para que todos
los ciudadanos españoles, vivan donde
vivan, mantengan el mismo derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva,
debe preservarse al TS como el más
alto tribunal de la jurisdicción ordinaria,
manteniendo los recursos de casación que
le son atribuidos.
3. La Independencia del Poder Judicial
en nuestra Constitución.
La Constitución española de 1978 tras
propugnar en su Título Preliminar que
la Justicia es uno de los cuatro valores
superiores de nuestro ordenamiento
jurídico, quiso garantizar la efectiva
independencia de los encargados de
impartirla: los jueces y magistrados.
La Constitución quiso asegurarse que
los jueces “independientes y sometidos

3. 3
únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1
CE) fuesen inmunes a cualquier intento
de intromisión política por parte de los
demás poderes del Estado. A tal fin,
creó un órgano de autogobierno interno:
El Consejo General del Poder Judicial;
organismo de carácter democrático y
composición plural que estaría integrado
no sólo mayoritariamente por jueces de
todas las categorías, sino también, en
menor número, por juristas de reconocida
competencia elegidos por las dos cámaras
parlamentarias.
La reforma de 1985: inicio de la
progresiva ocupación del Poder Judicial
por el Poder Político.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de
1985 procedió a desposeer a los jueces y
magistrados de su originario derecho a
elegir a 12 de los 21 miembros integrantes
del CGPJ) transfiriendo íntegramente al
parlamento la elección de todos ellos.
Este drástico cambio legislativo recibió
el respaldo del Tribunal Constitucional
pero en una sentencia interpretativa (STC
108/86) que condicionó su
constitucionalidad a la observancia de
ciertas cautelas por parte de las fuerzas
parlamentarias, con el fin de evitar la
politización y pérdida de autonomía de
este supremo órgano de autogobierno de
los jueces.
“Ciertamente, se corre el riesgo de
frustrar la finalidad señalada de la norma
constitucional si las Cámaras, a la hora de
efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo
perseguido y, actuando con criterios
admisibles en otros terrenos, pero no en
éste, atiendan sólo a la división de fuerzas
existente en su propio seno y distribuyen
los puestos a cubrir entre los distintos
partidos, en proporción a la fuerza
parlamentaria de éstos. La lógica del
Estado de partidos empuja a actuaciones
de este género, pero esa misma lógica
obliga a mantener al margen de la lucha de
partidos ciertos ámbitos de poder y entre
ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”.
Sin embargo, el poder político, fiel
una vez más a su insaciable afán por
controlar a su controlador, lejos de
respetar esas advertencias y condiciones
del TC procedió a renovar los sucesivos
Consejos judiciales en clave política,
haciendo reiteradamente uso abusivo y
marcadamente partidista de este sistema
de total elección parlamentaria, hasta
el extremo de convertir su composición
en un retrato de las fuerzas políticas
representadas en el parlamento.
Y así, el informe del Relator Especial de
la ONU sobre la independencia de la
judicatura del año 2009 señaló:
“El principio de la separación de poderes,
junto con el estado de derecho son la clave
de una administración de justifica con
garantía de independencia, imparcialidad
y transparencia…, en su Observación
general Nº 32, el Comité de Derechos
Humanos subrayó que toda situación
en que las funciones y competencias
del poder judicial y del poder ejecutivo
no fueran claramente distinguibles o en
la que este último pudiera controlar o
dirigir al primero era incompatible con el
concepto de un tribunal independiente.
Por consiguiente, el Comité ha expresado
preocupación al respecto en varias de sus
recomendaciones finales y ha instado a
que se establezca una diferenciación clara
entre los órganos de las diferentes ramas
del poder”.
Los nocivos efectos de este degradado
uso partidista del nuevo sistema no se
hicieron esperar. Rápidamente fueron
quedando impregnadas del mismo tinte
político las más relevantes decisiones
del órgano así elegido (especialmente
en materia de nombramientos de la alta
cúpula judicial y del propio TC), lo que
trajo consigo las más nefastas y lesivas
consecuencias para la independencia
judicial y un progresivo descrédito y
desconfianza de los ciudadanos en la
Justicia como último baluarte del Estado
de Derecho.

4. 4
Por ello el Grupo Anticorrupción
del Consejo de Europa (GRECO) en
su informe de 15 de Enero de 2014
recomienda que la Ley que rige el
nombramiento de los rangos más altos
de la judicatura (Presidentes de la
Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo,
los Tribunales Superiores de Justicia y
las Audiencias Provinciales) establezca
“criterios objetivos” de independencia,
imparcialidad y transparencia.
2. ¿Fiscal del estado o Fiscal del
Gobierno?
La Fiscalía se estructura en teoría a través
de un doble principio: de legalidad y
jerarquía. Pero la realidad demuestra que
prevalece el principio jerárquico.
Pero la realidad demuestra la prevalencia
del principio jerárquico dado que el Fiscal
General del Estado es un nombramiento
de confianza nombrado por el Ministro
de Justicia, resulta ilusorio que este
discrecional nombramiento pueda
simultáneamente reclamar y practicar la
necesaria independencia que se requiere
incluso cuando ello pueda llevar a
confrontar, por imperativo de la legalidad,
con el propio poder ejecutivo que le ha
nombrado.
Y así, en lo relativo al nombramiento
de Fiscales, el Grupo Anticorrupción
del Consejo de Europa (GRECO) en su
informe de 15 de Enero de 2014 pide a
España que “reconsidere” el método de
selección y el tiempo de permanencia en
el cargo de los miembros de la Fiscalía
General del Estado y que “aumente”
la transparencia de los canales de
comunicación entre el fiscal general y el
Gobierno. Asimismo, el informe requiere
a España a estudiar nuevas formas de
proporcionar “mayor autonomía” en la
gestión de los medios de servicio de
la fiscalía y pide que las autoridades
desarrollen un marco legislativo específico
sobre las “cuestiones disciplinarias” del
Ministerio Público.
Por ello similar reflexión y reproche
crítico cabe hacer de la proyectada
atribución al Ministerio Fiscal de toda
la instrucción del proceso penal sin
efectuar previamente una reforma de su
estatuto orgánico que garantice su total
desvinculación del poder ejecutivo y,
por tanto, su efectiva independencia e
imparcialidad. Porque si esa atribución
se lleva a cabo manteniendo incólume la
actual estructura jerárquica y dependiente
del Ministerio Fiscal, a nadie se le escapa
lo que podría suceder con cualquier caso
de corrupción que afectase a miembros
del partido político que en ese momento
tuviese las riendas del Gobierno y, por
tanto, autoridad directa sobre el máximo
jefe de todos los fiscales del país.
3. Paralelo mantenimiento de la Justicia
en su histórica carencia de medios.
Este proceso de ocupación del poder
judicial, no ha ido acompañado de una
paralela inquietud por mejorar de manera
efectiva la penuria de medios personales y
materiales en que desde mucho antes de
la llegada de la democracia se encontraba
la Administración de Justicia pues, fuera
de algunos ligeros cambios poco más
que cosméticos, nuestra Justicia sigue
siendo a día de hoy la cenicienta de los
presupuestos del Estado con una inversión
del 1% (bien alejada del 3,5% en que se
sitúa la media de los países europeos) y
con una planta de jueces de apenas 10
por cada 100.000 habitantes (frente a los
20/100.000 de la media europea).
Queremos una Administración de Justicia
independiente de los otros poderes
públicos, más eficiente, cercana al
ciudadano y ágil. Para este objetivo, será
necesario dotarla de recursos materiales
y humanos suficientes y apostar
decididamente por las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Queremos una Administración judicial en
la que los legajos se vean desplazados
por archivos digitales, en la que cualquier
ciudadano o empresa pueda presentar
una demanda por vía telemática y

5. 5
en la que la coordinación de medios
electrónicos sea plena en todo el territorio
aumentando así la eficacia en los procesos
y las resoluciones y la eficiencia de la
Administración de Justicia.
Para conseguir una Justicia
tecnológicamente avanzada se debe
avanzar en hacer posible que los
Juzgados y Tribunales puedan trabajar
en red mediante un sistema que integre
las distintas aplicaciones informáticas al
servicio de la Administración de Justicia
y de este modo la interoperabilidad entre
órganos judiciales, lograr el objetivo
“papel 0”, desplegar al completo el
sistema seguro de intercambio de
documentos (Lexnet) que permite que
todas las comunicaciones procesales se
realicen por vía electrónica, la creación
del expediente Judicial Electrónico
mediante la implantación de un nuevo
Sistema de Gestión Procesal que
permita a los ciudadanos consultar el
estado de su procedimiento judicial, el
desarrollo de una Plataforma de Firma
Electrónica propia de la Administración
de Justicia, e incrementar los medios de
grabación audiovisual y videoconferencia
en las vistas y mejora de la gestión
del almacenamiento de las piezas de
convicción a través del sistema de
identificación por radiofrecuencia.
También resulta muy necesario establecer
un sistema eficiente de información sobre
la actividad de los órganos judiciales
a partir de las nuevas aplicaciones
informáticas que informe en tiempo
real sobre litigiosidad, carga de trabajo,
resoluciones judiciales adoptadas,
duración de los procedimientos, dilación,
ejecuciones, etc. Ofrecer a los órganos
judiciales, por parte del Departamento y
de sus servicios territoriales, instrumentos
de autoevaluación y de apoyo a la gestión
que permitan identificar áreas de mejora,
a partir de la información anteriormente
mencionada.
4.- Conclusión.
Es preciso un pacto democrático
por la despolitización de la justicia y
la plena independencia, efectividad
y dignidad del poder judicial con
los siguientes OBJETIVOS
BÁSICOS ineludibles:
1) Elección democrática de todos los
órganos de gobierno interno del poder
judicial: del Juez decano (en los partidos
judiciales donde simplemente existan más
de dos jueces, por sufragio directo de
estos), de los Presidentes de audiencias
provinciales y nacional (por sufragio
directo de los jueces de su respectivo
territorio), de las Salas de gobierno (por
sufragio directo de los jueces de su
jurisdicción y con arreglo a un sistema
proporcional) y de los Presidentes de
tribunales superiores de justicia (por
las respectivas salas de gobierno, que
igualmente podrán acordar por mayoría su
cese). Y, asimismo, elección por sufragio
universal directo y secreto por todos
los jueces y magistrados del país de
los 12 vocales de procedencia judicial
que integran el CGPJ. Pretensión esta
última que se encuentra expresamente
avalada por la Carta Europea sobre el
Estatuto de los Jueces de 1998 (apartado
1.3), el propio CCJE del Consejo de
Europa (conclusión 4 del informe de
23-11-2001) y la Carta Magna del Poder
Judicial de 2008 (apart. 1.3) que señalan
la necesidad de un órgano independiente
de autogobierno de los jueces en el que, al
menos la mitad de sus componentes sean
elegidos por ellos mismos.
Esta reforma, al acabar con todos los
cargos de libre designación actualmente
existentes en el poder judicial,
democratizando así su constitucional
autogobierno interno, no sólo
comportaría para cada uno de los jueces
y magistrados la mayor y más firme
garantía de su independencia externa
e interna, sino que además terminaría
radicalmente con el actual estado de
politización de la Justicia cortando, a

6. 6
su vez, de raíz, cualquier posibilidad de
hacer carrera dentro del ámbito judicial al
margen de los propios méritos personales
y jurídicos.
2) El juez deberá seguir conservando la
instrucción del proceso penal en tanto
su proyectado candidato, el M. Fiscal,
no sufra una profunda catarsis orgánica
que le garantice su no dependencia del
ejecutivo.
3) Inversión en justicia conforme a la
media europea del 3% del presupuesto,
en lugar de 1% actual, y cuyo objetivo se
logre progresivamente en un máximo de
cinco años.
4) Supresión de tasas judiciales de acceso
a la justicia, ya que vulneran el derecho
a la tutela judicial efectiva, consagrado
en la Constitución, y supone impedir que
acceda a la justicia quien no tenga dinero
en lugar de quien no tiene razones.
5) Reorganización de la planta judicial,
Adecuando el número de jueces a la
media europea de 20 jueces/100.000
habitantes, en lugar de los 11/100.000
actual. Igualmente pensamos que hay
que separar la Administración de justicia
en dos niveles en función del grado de
complejidad de los asuntos. Aquellos
penales o civiles más sencillos se
enjuiciarían por tribunales unipersonales
mediante juicios verdaderamente
rápidos, mientras que las apelaciones
a esas decisiones y la primera instancia
e instrucción de los más complejos se
resolverían por tribunales colegiados
6) Establecimiento de una policía
judicial que dependa directamente de
los jueces y sólo de los jueces, lo que
facilitaría muchísimo la instrucción de los
casos judiciales, especialmente los más
complicados.
7) Implantación de peritos contables,
financieros y fiscales que, dependiendo
de los jueces, fueran los responsables de
emitir los preceptivos informes.
8) Impulsar medidas para limitar la
litigiosidad abusiva o ineficiente,
estableciendo un programa de
desjudicialización de conflictos banales,
sobre cuestiones irrelevantes y aquellos
claramente antieconómicos en que sus
costes públicos superen el importe de
la solución jurídica, con la finalidad de
reducir el número de asuntos judiciales.
9) Una única carrera judicial y un único
cuerpo de funcionarios cuyos miembros
sean seleccionados por parámetros
objetivos, basados en la competencia y el
mérito.
10) Una defensa eficaz para todos.
Mejorar el turno de oficio mediante la
equiparación gradual de la retribución
de la prestación del servicio de turno de
oficio y de asistencia jurídica gratuita a
los criterios orientadores del Consejo de
Colegios de Abogados de Cataluña. Nos
opondremos a cualquier modificación
del sistema de Asistencia Jurídica
Gratuita que suponga intervencionismo
de la Administración sobre la labor de
abogados y colegios profesionales.
Abogamos por el mantenimiento del
sistema actual y nos opondremos a todo
intento de que la asistencia se preste por
abogados expresamente contratados
por la Administración con la creación de
más organismos administrativos nuevos,
así como a la concesión del servicio a
determinados despachos.

7. 7
I. Independencia de los organismos
reguladores y supervisores.
La independencia de los organismos
reguladores y supervisores tiene una
doble vertiente: independencia respecto
a los poderes fácticos y respecto a la
colonización por los partidos políticos.
En una economía como la Española,
fuertemente intervenida y muy
dependiente del sector público, la
regulación resulta determinante en
muchísimas ocasiones para el fracaso o
el éxito de un negocio. La complicidad
y connivencia con el regulador puede
conseguir una regulación con la que
obtener ventajas competitivas, o incluso
que impida la competencia, en lugar de
que la ley se haga con el objetivo de
proteger el interés general.
La falta de independencia de los
organismos reguladores y supervisores
origina el “capitalismo de amiguetes” en
el que no triunfa quien más se esfuerza
y más vende sino aquel que está más
cerca del poder y obtiene de éste favores
y ventajas competitivas. Este modo de
hacer perjudica las posibilidades de
crecimiento y desarrollo económico
porque cuando las empresas no tienen
que competir entre sí para mejorar y
abaratar sus productos y servicios, la
economía no crece de forma adecuada.
El buen funcionamiento de las
instituciones, el imperio de la ley, la
seguridad jurídica, no son sólo necesarias
por pura higiene democrática, sino que
también son cruciales para el crecimiento
económico. Por eso los países que
prosperan son aquellos con instituciones
político-jurídicas abiertas e inclusivas que
permiten aprovechar mejor el talento y las
habilidades de las personas.
En múltiples ocasiones el modo de elegir
a los miembros de estos organismos
reguladores responde a la voluntad de los
partidos políticos mayoritarios de tener
organismos dóciles y a su servicio, por lo
que de manera muy frecuente nombran
a personas afines para dirigirlos. Estas
personas en lugar de ser independientes
y tener experiencia en el sector, en la
mayoría de ocasiones, carecen de los
conocimientos y experiencia necesarios
para ocupar los puestos para los que han
sido nombrados.
La consecuencia evidente de todo esto
es que los organismos no son capaces de
cumplir bien su función y la ciudadanía
somos los paganos, la estafa de las
preferentes o el precio y complejidad de
la factura de la luz son claros ejemplos.